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| Imagen.-TeleSurTV |
La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala en septiembre pasado fue un acto de barbarie, como lo calificó el presidente Enrique Peña Nieto, ¿cómo podría llamarse a lo que sucedió la segunda semana de mayo en Chilapa? En los dos casos que cruzan por las venas violentas de Guerrero, se argumentan conflictos entre bandas criminales donde personas que no tienen nada que ver en sus disputas, pagan con su vida.
En ambos hechos son jóvenes los involucrados; estudiantes en el primer caso, trabajadores de mano de obra intensiva, en el segundo. En Ayotzinapa se probó la integración orgánica del crimen organizado con autoridades municipales; en Chilapa, la complacencia de las autoridades, con el crimen organizado.
El primer ataque fue sorpresivo, intempestivo; el segundo, en cámara lenta por la pasividad de la autoridad, cómplice por negligencia de un acto criminal. Chilapa, mucho más que Ayotzinapa, es la demostración patente de un Estado incapaz e ineficiente. Rebasado, arrasado y arrodillado por la fuerza del crimen organizado. La putrefacción emergió la tarde del 1 de mayo, cuando asesinaron al candidato del PRI a la alcaldía, Ulises Fabián Quiroz.
El fiscal de Guerrero dijo que era evidente la participación del crimen organizado, y que la Policía Federal ya se había desplazado a la zona para evitar que hubiera más actos violentos. Para lo que sirvió. Una semana después, vino la debacle de las fuerzas de seguridad.
El 9 de mayo, cerca de la hora del crepúsculo, un comando de alrededor de 200 personas entraron a Chilapa a bordo de 12 vehículos, de acuerdo con testigos. Sin resistencia, detuvieron a policías municipales y rodearon el hotel donde duermen los miembros de la Gendarmería, a quienes también sometieron.
Cuando avistaron presencia militar se replegaron y establecieron un campamento en uno de los cuatro accesos que tiene Chilapa, la carretera que conecta con Zitlala, un municipio de la montaña, convertido en los últimos meses en un tiradero de cuerpos, resultado de la batallas entre bandas criminales.
Oficialmente no se ha informado de quiénes integraban el comando armado que secuestró al municipio, retuvo a policías municipales y federales, y se salió con la suya. Pero de acuerdo con el alcalde de Chilapa, Francisco Javier García, en ese grupo había una mezcla de comisarios municipales y ejidatarios de esa zona, –“todos nos conocemos”, dijo el miércoles en una entrevista en el noticiero Al Instante en Radio Capital-, junto con personas, que eran quienes daban las órdenes, “vestidas con uniformes tácticos, armas largas y botas tipo militar”. Estas personas, embozados todas, no eran conocidas por los lugareños.
Entre el 9 y el 14 de mayo, el comando hizo un levantamiento de jóvenes entre 15 y 30 años. Todas las declaraciones hechas hasta ahora sobre esos días, revelan que no fueron secuestros aleatorios, sino quirúrgicos.
El comando, que fue identificado por las autoridades estatales de actuar en nombre de Los Ardillos, una de las siete bandas criminales que hay en Guerrero, operó durante toda la semana sin ser molestado. Los testigos dijeron que los embozados comentaron que iban a buscar a Zenón Nava, considerado jefe de la plaza de la banda contraria de Los Rojos, a quien nunca encontraron.
Cuando terminaron de hurgar en todo Chilapa y secuestrar a quienes aparentemente buscaban, el comando armado se fue del municipio con los secuestrados. El Ejército, la Policía Federal y un grupo táctico de aproximadamente 100 personas de las fuerzas de seguridad en Guerrero rodeaban el municipio, pero cuando se fue el comando, se abrieron para que pasaran, junto con sus secuestrados.
Nadie los siguió. Chilapa no era un municipio que súbitamente había sido envuelto por la violencia. La historia reciente de Chilapa, describió en un detallado reportaje en El Financiero la semana pasada, marca a julio del año pasado en el calendario de la tragedia, cuando se inició la lucha criminal entre Los Ardillos y Los Rojos -esta banda peleó contra Guerreros Unidos en Iguala-, que ha provocado la desaparición de 101 personas, de acuerdo con las denuncias. Alrededor del 10% de ellas, aparecieron decapitadas. Pese a los antecedentes, no hubo o reforzamiento de la vigilancia en estos 10 meses, ni acción alguna que castigara los crímenes y previniera nuevos ataques.
El alcalde García dijo que durante la semana que fue tomado Chilapa las fuerzas de seguridad no actuaron porque eran superadas en número por los criminales. Pero tampoco hubo ninguna disposición para incrementar el número de efectivos de forma suficiente para intentar un rescate de Chilapa. Lo que hubo en ese municipio fue lo que sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala y en varios municipios michoacanos el año pasado: el Ejército y la Policía Federal sellaron la comunidad y dejaron que los grupos criminales limpiaran a la población.
Una vez que acabaron, les permitieron irse. Iguala, La Ruana y Chilapa son nombres que se vienen sumando a un patrón de actuar federal. Demasiada coincidencia para que sea coincidencia. Demasiado preocupante para que se siga repitiendo la misma receta: delincuentes matan a delincuentes, mientras las fuerzas federales observan y acotan el teatro de acción criminal.
Fuente.- EjeCentral/ rrivapalacio /@rivapa/TelesurTV
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