En el Tamaulipas de la «transformación y el humanismo» bajo el gobierno mañoso de Américo Villarreal, parece que la verdadera vocación de la Policía Ministerial, Investigadora y de la Guardia Estatal en Reynosa no es perseguir criminales, sino hacerla de cadeneros la via publica con tarifas dinámicas. Con la época decembrina a la vuelta de la esquina, los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado a cargo del ex-presidiario Jesus Eduardo Goeva Orozco, ya inauguraron su propia temporada de recolección de aguinaldos a costa de los automovilistas.
El modus operandi es una joya del surrealismo burocrático y el cinismo policial: vas manejando por Reynosa, te cierran el paso y, por arte de magia, te informan que tu vehículo —ese del que traes los documentos originales en la guantera, tu licencia vigente y tu identificación en mano— tiene «placas sobrepuestas» o un flamante reporte de robo.
El montaje viene acompañado del paquete básico de intimidación: te decomisan el celular para que no pidas ayuda, te amenazan con fabricarte una carpeta de investigación aún más gorda si te pones a «marcarle a cualquier gente para pedir favores» y te arrastran a las instalaciones de la Fiscalía en la colonia Rodríguez.
Ahí, en la cueva de la legalidad donde ni los mandos policiales ni el agente del Ministerio Público de robo de vehículos tienen la decencia de dar la cara o el nombre, empieza la subasta de la libertad.
La tarifa de apertura por no procesarte por un delito inexistente arranca en unos módicos 50 mil pesos. Pero como buenos negociantes que empatizan con la economía familiar, si ven que el ciudadano acredita legalmente la propiedad del auto y aun así se niegan a soltarlo, aplican el descuento escalonado: bajan a 10 mil y terminan mendigando 3 mil pesos para «dejarte ya en total libertad».
El pequeño detalle que no calcularon los sabuesos de la Fiscalía en su más reciente numerito —donde tuvieron que liberar a un ciudadano únicamente porque se les promovió un juicio de amparo en la cara ante la evidente privación ilegal de la libertad— fue con quién se toparon.
Quien hoy les exhibe el negocio, con nombres de agentes anotados, patrullas fotografiadas y al menos cuatro casos documentados (incluyendo a elementos de la Guardia Estatal), no es un ciudadano improvisado al que puedan asustar con el código penal. Se trata de José Andrés Méndez Ñeco.
Para dimensionar el tamaño del tope con el que se estrellaron los investigadores: el 26 de octubre de 2013, a José le desaparecieron a su hermana mayor, Yasmín del Carmen Méndez Ñeco, de 26 años, luego de ser interceptada por tres vehículos mientras su madre escuchaba el secuestro por teléfono en la ciudad subcampeona,después de Tijuana, del levanton nacional bajo el gobierno de Villarreal Anaya,gobernado por el Cartel del Golfo.
Esa tragedia destrozó a su familia; sus padres enfermaron y fallecieron esperando respuestas, dejando a José completamente solo en la casa familiar con una promesa a cuestas: encontrar a su hermana viva o muerta.
En lugar de doblarse, José dejó la carrera que cursaba y se convirtió en el peor dolor de cabeza para la ineptitud oficial:estudió una maestría y posgrados en Criminología y Ciencias Forenses, se integró al colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas y hoy funge como Consejero Honorífico del Sistema Nacional de Búsqueda en México.
Es el hombre que literalmente se mete a las casas de seguridad y a los campos de exterminio en Tamaulipas para hacer el trabajo pericial y de rastreo que la Fiscalía es incapaz de coordinar.
Resulta de una ironía exquisita —por no decir grotesca— que la misma Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, esa cuyas oficinas «no han funcionado correctamente», que mantiene las bases de datos prácticamente en cero y que les pone un mar de obstáculos a los buscadores para identificar los cuerpos que ellos mismos desentierran en el monte, tenga a sus policías investigadores tan ocupados y eficientes… pero montando retenes piratas para regatear moches de tres mil pesos a gente trabajadora.
Para buscar desaparecidos en las brechas no hay coordinación ni estado de derecho, pero para secuestrar automovilistas con papeles en regla en plena ciudad y exigir rescate desde las oficinas del Ministerio Público, la maquinaria estatal opera con una precisión de relojería.
Con información: @Redes/ HoyTamaulipas/
