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sábado, 5 de septiembre de 2026

“¿VAN A APRETAR MÁS?: los SATrapas del FISCO VAN por los MISMOS CONTRIBUYENTES CAUTIVOS”…perfeccionan el arte de exprimir a los ya localizados.


Mientras en el Congreso federal vuelven a sacar del cajón las propuestas para “ajustar” impuestos —ese eufemismo burocrático que suele significar pagar más, declarar más y equivocarse menos—, el SAT mantiene intacta su vocación de SATrapía: no amplía de manera significativa el universo de contribuyentes, pero sí perfecciona el arte de exprimir a los ya localizados.

El padrón de contribuyentes activos apenas creció 0.97 por ciento en 2025, según el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. La base quedó en 87.7 millones de personas físicas y morales. En español fiscal: el fisco casi no encontró nuevos cautivos, así que decidió revisar con mayor entusiasmo a los que ya tienen RFC, buzón tributario y la mala costumbre de contestar requerimientos.

La tasa de expansión de la base gravable es la más baja, cuando menos, desde el año 2000. Pero lejos de ser una señal para preguntarse por qué millones permanecen fuera de la formalidad, el aparato tributario parece haber elegido una solución más eficiente para sus indicadores: cobrarle, revisarle y fiscalizarle más al contribuyente identificado. Si no crece el padrón, que crezca la auditoría.

Los números describen la evolución del modelo: los actos de fiscalización terminados pasaron de 21 mil 572 en 2021 a 47 mil 525 en 2025. En los primeros meses de 2026, el SAT ya reportó 32 mil 557 actos concluidos y proyecta cerrar el año con 62 mil 229. Es decir, la recaudación no necesariamente se está construyendo con más inclusión tributaria, sino con una creciente capacidad de tocar la puerta —electrónica, desde luego— de los mismos contribuyentes de siempre.

El mensaje implícito parece claro: no importa tanto ensanchar la base, sino profundizar la zanja. México conserva una informalidad laboral cercana a 55 por ciento de la población ocupada, pero el aparato fiscal concentra su puntería en la mitad que sí está visible, facturando, declarando y dejando huella digital en cada CFDI. A los invisibles de la economía informal se les observa como fenómeno estructural; a los formales, como oportunidad de cumplimiento.

Mario Rizo, socio de Gobierno Corporativo de Salles Sainz Grant Thornton, advierte que una base tributaria que deja de crecer al ritmo de la economía limita la capacidad futura de financiamiento del Estado. Dicho sin lenguaje de presentación corporativa: si el gobierno no logra incorporar nuevos contribuyentes, tarde o temprano agotará la paciencia, el flujo y la capacidad de pago de los mismos de siempre.

Rizo atribuye el freno a la formalidad a una combinación conocida, pero persistentemente ignorada: baja productividad de las microempresas, burocracia administrativa, costos laborales, contribuciones de seguridad social, escasos incentivos tangibles y un crecimiento económico moderado. Para un pequeño negocio, formalizarse no siempre se percibe como entrar al sistema; con frecuencia se siente como entrar a una sala de espera con obligaciones, recargos potenciales, declaraciones periódicas y una ventanilla que nunca termina de cerrar.

La paradoja es incómoda: el Estado necesita más contribuyentes, pero la formalidad sigue siendo cara, compleja y poco seductora para millones. En vez de convertirla en una ruta accesible y rentable, el SAT parece consolidar otro principio rector: al que ya cayó en la red, que no se le escape ni una deducción.

Con información: ELNORTE/

“¿CÁRTEL YA VENDE FLORES?: PERMISIVIDAD TÓXICA de AMÉRICO PERMITE la EXTORSIÓN del CDG en REYNOSA a COMERCIANTES”… y responden con operativo panchero los "poligatos” del CDG.


El ramo del comercio floral de Reynosa no cerró por una “pausa temporal” romántica: cerró porque, según reportes y publicaciones de los propios negocios, la extorsión ya no se limita a cobrar cuota, sino que busca dictarles hasta quién puede venderles la mercancía. La ley antiextorsión presume herramientas para investigar, pero en la calle la respuesta parece seguir siendo el viejo libreto: silencio oficial, llamados tardíos, mesas de coordinación que no sirven salvo para perder el tiempo, y operativos para la foto.

En Reynosa, hasta las flores pagan peaje

En Reynosa ya no basta con vender flores, arreglos y condolencias: para trabajar también habría que rendirle cuentas al cobrador criminal. 

Varios negocios del ramo floral han anunciado cierres, suspensiones o “pausas temporales”, una fórmula cuidadosamente diplomática para decir lo que nadie quiere escribir con todas sus letras: operar se volvió demasiado caro, demasiado riesgoso y demasiado solitario frente a la extorsión.

No se trata únicamente del vulgar cobro de piso —esa aduana criminal que convierte al comerciante en cautivo—, sino de una modalidad todavía más voraz: la imposición de proveedores. Es decir, el delincuente no sólo cobra por dejar trabajar; también pretende decidir quién vende, quién compra, de dónde llega el producto y quién se queda con la utilidad. La extorsión se disfraza de “regla comercial”, pero en realidad es monopolio armado: primero la cuota, luego el proveedor impuesto y, al final, el cierre del negocio si alguien se atreve a cuestionar el trato.

Las florerías han empezado a bajar cortinas no porque se les haya marchitado el mercado, sino porque el Estado ha dejado que la amenaza florezca. Y mientras los comerciantes calculan si les conviene más cerrar que seguir pagando por trabajar, el discurso oficial insiste en pedir denuncias como si denunciar en una plaza dominada por el miedo fuera llenar un formulario de quejas por mal servicio.

La ley de adorno

La contradicción es grotesca. Por un lado, se anuncian marcos legales, coordinación institucional, inteligencia y capacidad para prevenir e investigar delitos; por el otro, cuando las víctimas exhiben públicamente el patrón de extorsión, las autoridades parecen necesitar que el comerciante se coloque una diana en la espalda, entregue pruebas, nombre al verdugo y firme su propia sentencia antes de mover una patrulla. 

La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, publicada en julio de 2025, está diseñada precisamente para fortalecer la coordinación y la investigación de los delitos, no para que el gobierno espere cómodamente a que la víctima haga el trabajo que le corresponde al Estado.

En otras palabras: cuando las extorsiones son públicas, repetidas y sectorizadas; cuando los negocios cierran; cuando las redes sociales se llenan de avisos de suspensión; cuando organizaciones empresariales piden cautela ante amenazas; cuando el miedo tiene domicilio comercial, la autoridad ya no puede fingir que no sabe dónde mirar. No necesita una bola mágica; necesita voluntad, inteligencia financiera, investigación de campo y el mínimo pudor de no convertir a la víctima en informante forzoso.

La extorsión no es un delito invisible. Deja negocios cerrados, empleos suspendidos, familias endeudadas, proveedores sometidos y ciudades enteras acostumbrándose a que la economía tenga dueño, aunque ese dueño no pague impuestos ni aparezca en el padrón de contribuyentes.

El operativo panchero

Y entonces aparece el ritual conocido: patrullas, uniformes, recorridos, fotografías, declaraciones y quizá alguna cinta amarilla para que la escenografía parezca combate. El problema es que el comerciante ya aprendió a distinguir entre una investigación real y un operativo panchero: el primero desarticula redes de cobro, rastrea cuentas, identifica halcones, protege víctimas, judicializa carpetas y detiene responsables; el segundo dura lo que tarda la cámara en tomar la foto.

Las denuncias públicas sobre la cercanía de la policias ministeriales y de investigación con lugarteniente del Cartel del Golfo han sido documentadas.

Una ciudad bajo cuota

Reynosa no enfrenta un problema aislado de florerías. El cierre de estos negocios es la alarma de una economía bajo asedio:hoy son flores, mañana pueden ser abarrotes, talleres, transportistas, restauranteros, casas de cambio o cualquier giro donde haya una caja registradora que alguien quiera convertir en renta criminal. 

Las versiones periodísticas publicadas por El Universal,ubican a Tamaulipas y Reynosa dentro de este deterioro y esta realidad obliga a una respuesta estatal y federal seria, no a una colección de pretextos burocráticos

El alcalde Carlos Peña Garza, quien no cuenta con policía municipal debido a una reforma de abril de 2013 que instauró el Mando Único y desapareció esa corporación en los 43 municipios de Tamaulipas. Aquel modelo se presentó como una respuesta a la inseguridad; sin embargo, el debate sobre su eficacia y la necesidad de recuperar policías municipales sigue abierto, especialmente tras la reforma de 2025 que volvió a colocar el tema en la discusión pública. 

Carlos Peña Ortiz ha dicho que los comerciantes pueden organizarse; los medios pueden documentar el miedo; las víctimas pueden advertir que la cuota ya devoró su margen de ganancia. Pero ninguna de esas acciones sustituye el deber de investigar de las fiscalías, las policías ministeriales, las corporaciones de seguridad —incluidos los militares— y el gobierno estatal.

Porque si la única estrategia oficial consiste en esperar una denuncia formal de quien ya fue amenazado, como incorrectamente ha citado públicamente Americo Villarreal ,entonces la ley antiextorsión corre el riesgo de convertirse en letra muerta con membrete: muy moderna en el discurso, muy útil en el boletín y completamente ausente en el negocio que acaba de cerrar.

En Reynosa, las flores no deberían pedir permiso para venderse. Y un gobierno que no puede —o no quiere— impedir que el crimen decida quién compra, quién vende y quién cierra, no está combatiendo la extorsión: está administrando sus consecuencias.

Con información: INOTICIAS/

«LEVANTÓN y MUERTE de SÍNDICO, y PARTE de GUERRA en SINALOA dejan VER al CDS decidiendo quién DUERME, quién DESAPARECE y quién AMANECE MUERTO… en medio del PLAN HARFUCH y el INUTIL despliegue militar.


El último parte de guerra de la “pacificación” en Sinaloa dejó otra prueba incómoda: ni los más de 16 mil militares desplegados, ni el aparato federal de Omar García Harfuch,ni las escuálidas policias estatales o la marina, evitaron que un síndico municipal fuera levantado de madrugada en su propia casa, asesinaran a su hermano y, 12 horas después, apareciera ejecutado cerca de Tepuchito, al norte de Culiacán.

La estrategia de seguridad en Sinaloa vuelve a rendir cuentas, pero no ante los ciudadanos: ante la morgue.

David Guadalupe Ramírez González, síndico de Tepuche, fue sacado por la fuerza de su domicilio durante la madrugada por un grupo armado. Su hermano intentó impedir el levantón y recibió un disparo en la cabeza; fue llevado a Culiacán, pero murió horas después. El síndico apareció sin vida alrededor de 12 horas más tarde, tirado en una zona de granjas de pollo cerca de Tepuchito.

El mensaje criminal fue ejecutado con puntualidad y sin que el monumental despliegue oficial pudiera evitarlo. Más de 16 mil militares en el estado, patrullajes, operativos, comunicados, conferencias y promesas de control territorial, pero un funcionario municipal fue arrancado de su casa y asesinado en su propia sindicatura.

El Ayuntamiento de Culiacán, mientras tanto, resumió la crisis con la burocrática frase de que no había podido “establecer comunicación” con el síndico. No hacía falta demasiada comunicación para entender el tamaño del fracaso: habían irrumpido hombres armados en su vivienda, se lo llevaron por la fuerza y dejaron a su hermano baleado.

Ramírez González ni siquiera tenía cinco meses en el cargo. Fue designado el 18 de abril para sustituir a Héctor Bartolo Zamudio Ríos, el anterior síndico de Tepuche, asesinado a finales de marzo en la colonia Villa Universidad. En Tepuche, el relevo institucional parece funcionar como una lista de espera: matan al síndico, nombran a otro y el nuevo termina convertido en otra cifra.

La imagen del saldo acumulado es todavía más devastadora: del 9 de septiembre de 2024 al 3 de septiembre de 2026 se registran 3,803 homicidios dolosos, 4,406 personas privadas de la libertad, 12,418 vehículos robados, 3,921 detenidos y 211 personas abatidas. Es decir: 5.2 asesinatos y 6.1 levantones diarios, mientras el Estado presume presencia y el crimen conserva capacidad para decidir quién duerme, quién desaparece y quién amanece muerto.

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También han sido asesinados:

◉ Faustino Hernández Álvarez (30 de septiembre de 2024): Presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, ex regidor de Culiacán y ex candidato a la Alcaldía por el PRI. Fue asesinado a tiros en su domicilio.

◉ Homar Salas Gastélum (30 de abril de 2026): Secretario general electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, asesinado afuera de su hogar junto a Benjamín Olivares, quien era secretario de Deportes en su plantilla.

 Héctor Bartolo Zamudio Ríos (31 de marzo de 2026): Síndico municipal de Tepuche, Culiacán, ejecutado a balazos a bordo de una patrulla oficial de la sindicatura.

◉ David Guadalupe Ramírez González (4 de septiembre de 2026): Síndico municipal de Tepuche, raptado y hallado asesinado al norte de Culiacán el mismo día.
Otras figuras políticas que han sido agredidos a balazos son:

 Sergio Torres Félix (28 de enero de 2026): Diputado local y líder estatal del partido Movimiento Ciudadano. Fue emboscado y atacado a tiros por sujetos armados a bordo de una camioneta minutos después de salir del Congreso del Estado en el centro de Culiacán. Resultó herido de gravedad; su escolta repelió la agresión y lo trasladó al hospital.

 Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda (28 de enero de 2026): Diputada local (también de Movimiento Ciudadano), quien viajaba en el mismo vehículo que Sergio Torres al momento del atentado. Sufrió lesiones graves por impactos de arma de fuego, perdió un ojo y fue trasladada de urgencia a un hospital en la capital del estado. Retomó sus funciones legislativas en el Congreso del Estado.

◉ Óscar Roberto Osuna Tirado (2 de septiembre de 2026): Coordinador de Protección Civil del municipio de Mazatlán. Fue blanco de un ataque directo por parte de civiles armados a bordo de una motocicleta mientras circulaba por la avenida Gutiérrez Nájera. Su camioneta oficial recibió al menos 16 impactos de bala; el funcionario sobrevivió al atentado pero resultó lesionado. Este evento provocó el blindaje inmediato con fusiles de asalto en el Palacio Municipal de Mazatlán.

Omar García Harfuch podrá hablar de coordinación, inteligencia y resultados operativos. Pero en Tepuche la realidad volvió a desmentir el discurso: los criminales entraron, levantaron, mataron y abandonaron un cadáver. El Ejército llegó después, junto con las demás autoridades, para asegurar la escena de un delito que no logró impedir.

No es sólo el asesinato de un funcionario local en medio de muchos mas. Es la evidencia de que, pese al despliegue militar y al discurso de control, hay regiones donde el Estado sigue llegando después: después del levantón, después del disparo, después de la ejecución y, como siempre, después del miedo.

Con información: NOROESTE/ NOROESTE/

ES «ATOLE con el DEDO,PIDAN MAS: DIARIO ESPAÑOL infiere la CALIDAD ZACATONA de la FGR y HARFUCH ante la BRUTAL COLUSIÓN de la MARINA HUACHICOLERA»… no son dos, son cientos.


Hace exactamente un año, el 7 de septiembre de 2025, el Gobierno mexicano anunció la detención de 14 personas, entre ellas seis marinos, en lo que fue presentado como el primer gran desmontaje de una red de contrabando de combustibles desde Estados Unidos durante el sexenio de Claudia Sheinbaum. El expediente creció, se multiplicaron las indagatorias y el reciente informe presidencial contabilizó 118 denuncias penales por huachicol fiscal presentadas entre septiembre de 2025 y junio de 2026.

Pero un año después, el caso que prometía alcanzar las entrañas de la corrupción en las aduanas marítimas parece enfrentar una frontera menos visible que las de Tamaulipas: la que separa a los marinos procesables de los altos mandos aparentemente intocables. 

La FGR ha perseguido operadores, capitanes, empresarios, administradores portuarios y parientes incómodos. Lo que no ha conseguido —o no ha querido conseguir— es sentar ante el Ministerio Público a quien fue secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

El elefante uniformado

Según la investigación de la Fiscalía, los presuntos jefes de la red fueron los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, sobrinos de Ojeda Durán, titular de Marina durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La trama habría operado en las aduanas marítimas, en coordinación con funcionarios, empresarios y elementos navales, para internar cientos de millones de litros de combustible sin cubrir impuestos, al menos desde mediados de 2023.

La respuesta oficial ha consistido en construir una muralla discursiva entre el almirante y sus sobrinos: Ojeda, sostienen, habría denunciado la red desde 2024. El problema es que esa versión no ha venido acompañada de un registro formal mostrado al público, ni parece resistir sin tropiezos el calendario de hechos y omisiones revelados durante la investigación. La defensa de los Farías Laguna ha solicitado reiteradamente que el exsecretario declare. Incluso, según la queja pública de su abogado, una jueza lo citó, pero la FGR no logró localizarlo.

Es difícil no preguntarse cómo una Fiscalía capaz de rastrear buques, manifiestos aduanales, transferencias, redes de prestanombres y mandos navales no ha podido dar con el exsecretario de Marina. No se trata de un prófugo anónimo ni de un personaje sin domicilio institucional conocido: se trata del hombre que dirigió una de las corporaciones más poderosas, herméticas y estratégicas del Estado mexicano.

La denuncia que llegó tarde

La carpeta que derivó en órdenes de captura ubica el inicio formal de la investigación en julio de 2024. Su objetivo inicial, sin embargo, no eran las aduanas marítimas, sino las terrestres de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. El viraje hacia los puertos habría ocurrido hasta abril de 2025, tras el aseguramiento de un barco en Tampico y la difusión de un video efímero en redes sociales.

Ahí aparece una contradicción incómoda. Rafael Ojeda Durán habría tenido conocimiento de la red, cuando menos, desde junio de 2024. Fernando Rubén Guerrero Alcántar —militar involucrado en la trama— le entregó una carta manuscritaque detallaba el esquema de corrupción. La misiva fue redactada tras una reunión con el entonces secretario, cuya grabación difundió Aristegui Noticias.

En aquel audio, Ojeda plantea dos caminos: destapar todo “y me vale madre a mí quién caiga”, o intentar cerrar el problema con traslados de personal. Es decir, una disyuntiva entre investigar una estructura criminal o reacomodar a “toda esta bola de cabrones” para que el escándalo no reventara. Guerrero Alcántar fue asesinado cinco meses después, en noviembre de 2024. Su carta, en cambio, no entró a la carpeta de investigación sino hasta julio de 2025.

La pregunta no es sólo por qué la FGR tardó un año en incorporar un documento tan relevante. La pregunta es qué hizo la Marina —y qué hizo su entonces titular— con una denuncia interna que describía, presuntamente, un sistema de corrupción en puertos bajo control naval. Si el exsecretario conocía los hechos, debe esclarecer cuándo los reportó, ante quién, qué medidas ordenó, qué funcionarios removió, qué investigaciones internas abrió y por qué la evidencia crucial llegó tardíamente al expediente ministerial.

El nombre que nadie quiere tocar

La trama tampoco se agota en los sobrinos del exsecretario. Un testigo recabado en febrero de 2026 sostiene que Miguel Ángel Solano Ruiz, el “Capitán Sol”, presunto operador de la red y aún prófugo, dijo que llamaría a Ojeda Durán tras el aseguramiento de un cargamento en Guaymas. La supuesta intervención no era menor: se trataba, según el relato, de un asunto “de Andy”, en referencia a Andrés Manuel López Beltrán.

Esa frase, por sí sola, no prueba responsabilidad penal de nadie. Pero tampoco es una frase inocua que deba archivarse bajo el cómodo sello de “insuficiencia probatoria”. La oposición ha intentado usarla como sentencia anticipada contra López Beltrán; eso no exime a la Fiscalía de hacer lo contrario: investigarla con seriedad, sin propaganda y sin absoluciones administrativas adelantadas.

El testigo protegido “Santo”, entonces responsable de la aduana de Tampico, también refirió que los problemas alrededor de la red eran vistos como “choques políticos entre el secretario de Seguridad Harfuch y el hijo del presidente”, y que eventualmente habría existido un acuerdo. La FGR ha dicho que esas referencias no poseen fuerza legal suficiente para abrir una investigación formal. Quizá no basten para acusar. Pero una Fiscalía no necesita una sentencia para preguntar, citar, requerir teléfonos, cotejar comunicaciones, rastrear movimientos financieros y reconstruir cadenas de mando.

La diferencia es elemental: una mención aislada no condena; una autoridad que se niega a verificarla sí alimenta la sospecha de que investiga sólo hasta donde no incomoda al poder.

El muelle, Tabasco y los amigos

El expediente también roza a Saúl Vera Ochoa, empresario tabasqueño vinculado a Tampico Terminal Marítima, empresa que recibió en 2020 la concesión del recinto fiscal 289 de la aduana de Tampico. De acuerdo con el testimonio citado, el muelle era manejado por “Capiterucho Pinto” y se advertía que su dueño tenía vínculos de amistad con Adán Augusto López Hernández, además de presuntos nexos con personas de la delincuencia organizada.

Adán Augusto ha rechazado vínculos personales o de negocios con Vera Ochoa. Esa negación merece ser registrada, pero no sustituye una investigación. Menos aún cuando el testimonio ubica más de una decena de arribos de buques con combustible presuntamente de contrabando en ese recinto fiscal y cuando el caso se cruza con una red de funcionarios portuarios, mandos navales, empresarios y rutas marítimas.

El senador morenista ya carga con otros señalamientos políticos y públicos, entre ellos la designación de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad en Tabasco y contrataciones otorgadas a personas de su círculo. Ninguno de esos antecedentes demuestra por sí mismo su participación en el huachicol fiscal. Pero sí vuelve inaceptable que la Fiscalía trate las conexiones políticas como chismes de sobremesa cuando están integradas, al menos como referencias y líneas de investigación, en declaraciones de quienes operaban dentro del esquema.

La Fiscalía ante el espejo

La FGR puede presumir 118 denuncias por huachicol fiscal, decomisos, detenciones y procesos judiciales. Son datos relevantes, pero no equivalen a una investigación completa. Una Fiscalía no mide su independencia por el número de carpetas abiertas, sino por su disposición a tocar las puertas que el poder preferiría mantener cerradas.

Hasta ahora, el expediente parece tener una geometría muy conveniente: sube hasta los sobrinos del secretario, bordea al secretario, escucha alusiones al hijo del expresidente, se asoma al entorno de Adán Augusto López y, justo cuando debería escalar hacia las responsabilidades políticas y de mando, se detiene. Como si en la Marina hubiera peces gordos, pero ningún almirante que explicar.

El elefante no está escondido: lleva uniforme, tiene apellido, ocupó despacho y conoció —según los propios elementos del caso— información temprana sobre una red que saqueaba al país desde sus puertos. Si la FGR no puede localizarlo, citarlo o exigirle cuentas, la pregunta ya no es qué tan profunda era la mafia del huachicol fiscal. La pregunta es qué tan profundo llega el pacto para no investigarla.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/DANIEL CARABAÑA/

¿BAJARON HOMICIDIOS 51% ?: SHEINBAUM JUEGA a la DESINFORMADA TRAS MUERTE de DIPUTADO FEDERAL, que se SUMA a 14 ALCALDES EJECUTADOS»…el crimen conserva intacta su capacidad de matar.


La muerte del diputado federal morenista Zenyazen Roberto Escobar García obligó a Claudia Sheinbaum a recurrir al libreto institucional: condolencias, prudencia, cero conclusiones anticipadas y la FGR al frente. La Presidenta pidió que se informe sobre los avances, pero evitó cualquier interpretación sobre un crimen que, por tratarse de un legislador federal, ya fue atraído por la Fiscalía General de la República.

El mensaje oficial es previsible: hay que esperar. Primero, saber la causa; después, hablar. Pero en un país que acumula cadáveres, expedientes sin resolver y cifras gubernamentales que presumen reducciones, el problema no se agota en determinar quién mató a Escobar García —ni bajo qué circunstancias—. El asunto de fondo es otro: suponiendo, sin conceder, que los homicidios hayan disminuido, el crimen conserva intacta su capacidad de matar.

Y no sólo de matar. Puede asesinar a quien quiera, donde quiera y cuando quiera; puede alcanzar a un ciudadano común, a un comerciante extorsionado, a un policía, a un candidato, a un alcalde o a un diputado federal del propio partido gobernante. La estadística puede bajar una raya en la gráfica, pero no necesariamente reduce el poder territorial, operativo y corruptor de las organizaciones criminales. Menos homicidios no significa, automáticamente, menos crimen; mucho menos, un Estado más fuerte.

Porque una cosa es que haya menos víctimas contabilizadas y otra muy distinta que los grupos armados hayan perdido la posibilidad de imponer su ley. Si siguen controlando rutas, cobrando piso, reclutando jóvenes, infiltrando autoridades, desapareciendo personas y ejecutando objetivos de alto perfil, entonces el problema no está resuelto: apenas se administra mejor la narrativa.

La muerte de Zenyazen Roberto Escobar García exhibe esa contradicción. La FGR atrajo la investigación por la calidad de legislador federal del veracruzano, quien fue secretario de Educación durante el gobierno de Cuitláhuac García y anteriormente diputado local. El cuerpo fue localizado en La Gloria, municipio de Puente Nacional, Veracruz. Ahora toca esperar las conclusiones ministeriales, sí; pero también toca preguntarse por qué, aun con el discurso de pacificación, el crimen mantiene la facultad de irrumpir con violencia en la vida pública.

Sheinbaum dijo que se trata de “un evento triste” y pidió no adelantar conclusiones. Tiene razón en una parte: no se debe fabricar una teoría sin pruebas. Pero la cautela jurídica no debería convertirse en anestesia política. No hace falta especular sobre el móvil para reconocer que la muerte violenta —si las investigaciones confirman esa hipótesis— de un diputado federal representa algo más que una tragedia individual: es una prueba de estrés para el Estado.

El Gobierno puede celebrar que los indicadores bajen; incluso puede ser cierto que bajen. Pero mientras el crimen organizado conserve la infraestructura, las armas, los territorios, los vínculos institucionales y la impunidad suficientes para matar a figuras públicas, la reducción será frágil, reversible y, sobre todo, insuficiente.

La pregunta no es únicamente cuántos homicidios se registran. La pregunta incómoda es cuánta capacidad conserva el crimen para decidir quién vive, quién estorba y quién termina convertido en comunicado de condolencias.

Con información: ELNORTE/