La historia ya estaba escrita desde 2018, pero han decidido ignorarla transexenal y sistemáticamente.
Reforma lo documentó con números oficiales: más soldados en las calles… y más homicidios. Así de simple, así de brutal. El sexenio de Peña Nieto cerró rompiendo su propio récord de despliegue militar —casi 55 mil efectivos— al mismo tiempo que rompía el récord de asesinatos. Antes, Calderón había hecho lo propio: militarizar y disparar la violencia hasta niveles inéditos.
La promesa era control. El resultado fue acumulación de muertos.
Y no fue un error de cálculo momentáneo. Fue una tendencia desde 2007. En 2011, con más de 52 mil elementos desplegados, México vivía uno de sus picos más violentos. En 2013 bajaron los efectivos… pero la violencia nunca se fue. Para 2018, ante el desborde, regresaron a la misma receta: más Ejército, más marinos, más presencia. ¿El resultado? El mes más violento registrado hasta entonces y un sexenio que superó en homicidios al anterior.
Hoy, años después, la gráfica de TResearch es todavía más clara —y más incómoda—: México pasó de decenas de miles de asesinatos anuales a más de 200 mil en un solo sexenio.
De 35 homicidios diarios en los noventa a casi 100 en los años más violentos de AMLO, los mismos que hoy se usan para presumir una diferencia con solo verse al espejo. Mientras tanto, ya acumulamos casi 43 mil, y si el ritmo de 67 diarios no cede, podrían ser entre 128 mil y 150 mil cadáveres más, atrapados entre la intermitencia de las cifras y la terca realidad que no ayuda.
Y Sinaloa lo exhibe sin maquillaje: la entidad con mayor presencia militar del país… y al mismo tiempo una de las más violentas. El “control” armado conviviendo con cifras de homicidio que lo desmienten todos los días.
Esto ya no es debate ideológico, es evidencia acumulada. La militarización en México no ha contenido la violencia: la ha acompañado. Sexenio tras sexenio, gobierno tras gobierno, con distintos eslóganes pero con el mismo resultado.
El problema es más profundo que cualquier narrativa oficial: se normalizó una estrategia que no funciona. Y peor aún, se volvió la única.
Porque en México la seguridad no se corrige, se hereda. Y así, lo que empezó como una medida extraordinaria terminó convertido en política permanente… aunque los muertos sigan marcando lo contrario.
Un capitán de la Secretaría de Marina, Christian Tello, fue asesinado por un artefacto explosivo mientras encabezaba un operativo de resguardo para un colectivo de madres buscadoras en la zona rural de Mazatlán, entre El Recodo y El Tecomate de Siqueros. Dos elementos más resultaron heridos —y una tercera lesión ronda en el terreno de lo no confirmado, como suele pasar cuando la información también se fragmenta bajo presión.
El dato que incomoda no es solo el ataque, sino el contexto: militares protegiendo a civiles que buscan restos humanos en su propio país. Y aun así, el perímetro no alcanza. La violencia no solo disputa territorios; también disputa la posibilidad misma de buscar a los desaparecidos.
El ataque, presuntamente con explosivos improvisados —un recurso que empieza a dejar de ser excepcional en México—, marca un punto de inflexión en la degradación del conflicto. Ya no se trata únicamente de balaceras o emboscadas: el uso de minas o artefactos similares revela tácticas más cercanas a escenarios de guerra irregular que a la narrativa oficial de “incidencia delictiva”.
Tello murió en traslado, en una ambulancia que no llegó a tiempo a Mazatlán. Sus compañeros, Jesús Alberto “N” y Jesús Adrián “N”, fueron estabilizados primero en Villa Unión y luego trasladados bajo resguardo. La escena posterior incluye lo de siempre: refuerzos, helicópteros, perímetros ampliados… y tres presuntos agresores muertos hallados horas después en el monte, en circunstancias todavía envueltas en versiones extraoficiales.
Este no es un episodio aislado. En marzo, en Pánuco, Concordia, otro artefacto explosivo —descrito como mina antipersonal— ya había herido a un militar. Lo que antes era nota roja ahora empieza a perfilarse como patrón.
Mientras tanto, las madres siguen excavando.
Y esa es la imagen más brutal: en México, buscar a un hijo desaparecido implica ir escoltado por fuerzas armadas… y aun así, pisar terreno minado.
En México ya no desaparece la gente: se “administra” su ausencia. La cifra —135,356 personas no localizadas— dejó de ser escándalo para convertirse en telón de fondo, como si fuera parte del paisaje institucional. Y en ese paisaje, Jalisco no es excepción: es podio.
Tercer lugar del “levantón nacional”, sólo detrás de Tamaulipas, entidad que aún gobierna Américo Villarreal —un maleante en modo gobernador bajo color guinda—, y del Estado de México, según el propio registro oficial que el gobierno prefiere mencionar en voz baja.
El caso reciente de seis jóvenes desaparecidos entre Puerto Vallarta y Guadalajara no irrumpe: confirma.
El 25 de junio, Flor Yoselin Espinoza Contreras, de 18 años; José Israel Ramos Mejía, de 17; y Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14 años mientras esperaban el transporte público para ir a su graduación.
Mientras tanto, el 30 de junio en Guadalajara desaparecieron Justhin Enrique Torres Sandoval, de 15 años; Jórdan Isaac García López, de 14; y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, de 14 años, tras asistir a su graduación en la Secundaria Técnica 113.
La Fiscalía habla de “posible reclutamiento del crimen organizado”, una fórmula que suena técnica pero traduce algo más crudo: el narco ya no sólo mata, también recluta como si fuera empleador de facto en territorios donde el Estado llega tarde o no llega. El eufemismo sirve para maquillar lo evidente: hay regiones donde la autoridad compite —y pierde— frente a estructuras criminales que operan con lógica empresarial.
Según la Fiscalía estatal los tres adolescentes comentaron a uno de sus compañeros que serían llevados a trabajar a la sierra durante tres meses y más tarde la madre de uno recibió un mensaje pidiendo que orara por ellos.
Jalisco, que presume turismo, inversión y marca global, también exporta una normalización peligrosa: la desaparición como riesgo cotidiano. El contraste es obsceno. Mientras se venden postales de playas y tequila, se multiplican las fichas de búsqueda. Dos realidades que coexisten sin tocarse, salvo cuando algún caso logra romper el cerco mediático.
El problema no es sólo la violencia; es la narrativa oficial que la domestica. Se habla de “hechos aislados”, de “investigaciones en curso”, de “líneas abiertas”. Pero el patrón es consistente: jóvenes, rutas específicas, indicios de reclutamiento, silencio posterior. La repetición ya no admite excusas administrativas.
Si algo revela este tercer lugar es una jerarquía incómoda: no de progreso, sino de ausencia del Estado. Y en esa tabla, subir posiciones no es competir; es fallar.
El argumento de la mesa suena exagerado en el tono, pero no está flotando en el vacío: hay piezas duras que, conectadas, sí permiten sostener una tesis fuerte de choque frontal Washington–Morena basado en huachicol fiscal, narcofinanciamiento y presión financiera.
1. La base: OFAC, FinCEN y el huachicol fiscal
En junio de 2026, OFAC sanciona a 11 personas físicas y morales ligadas al CJNG por un esquema de robo de combustible y evasión del IEPS que genera decenas de millones de dólares anuales mediante empresas fachada y documentos aduaneros falsos.
FinCEN emite alertas para bancos sobre tipologías de contrabando de combustible y esquemas de lavado asociados, con énfasis en que instituciones financieras que presten servicios a esos ecosistemas pueden ser objeto de sanción.
Ese comunicado no es retórica; es un mapa operativo: empresas fantasma, contrabando, evasión fiscal, estructura CJNG y advertencia explícita al sistema bancario mexicano. El propio Monreal admite que el Tesoro habló de “financiamiento de campañas políticas” vía huachicol fiscal y reta a Estados Unidos a presentar pruebas, reconociendo que el señalamiento existe.
Que OFAC/FinCEN estén describiendo un esquema nacional de huachicol fiscal ligado a CJNG y haciendo sonar la alarma para bancos, casas de bolsa y empresarios mexicanos es, precisamente, la “Santísima Trinidad” que la mesa simplifica: crimen organizado + huachicol + relación con la clase política. La diferencia es de grado y lenguaje, no de fondo.
2. DEA y narcofinanciamiento electoral: la Operación Polanco
La idea de cárteles financiando campañas presidenciales mexicanas no es un invento del programa: está documentada en la realidad Tamaulipeca e investigaciones del Departamento de Justicia y de la DEA sobre la campaña de AMLO en 2006, reveladas por ProPublica, Insight Crime y retomadas por medios internacionales.
Los documentos describen que la organización de los Beltrán Leyva, vía “La Barbie”, habría entregado alrededor de 2 millones de dólares a operadores de la campaña obradorista, con el objetivo de obtener protección y voz en el nombramiento de autoridades clave, usando como enlace a figuras como Nicolás Mollinedo y Mauricio Soto Caballero.
La Operación Polanco muestra tres cosas que refuerzan el argumento de la mesa:
Que agencias estadounidenses sí se plantean, desde hace años, la hipótesis de narcofinanciamiento electoral en México, y la investigan con informantes, grabaciones y planes de infiltración.
Que ese tipo de expedientes se frenan no por falta de sospecha, sino por cálculo político y diplomático, es decir, la tensión entre perseguir el narco y no dinamitar la relación bilateral.
Que Washington ya tiene un precedente de “narrativa” sobre narcopolítica obradorista y, por extensión, sobre la fuerza política que él fundó y lideró.
En ese sentido, cuando la mesa dice “la narrativa se está construyendo para justificar lo que viene”, no está descabellado: hay un historial de investigaciones orientadas exactamente a esa narrativa.
3. De sanciones a partidos: presión sistémica aunque no haya decreto
Formalmente, Estados Unidos no “proscribe” partidos extranjeros. Pero en la práctica, si OFAC y FinCEN documentan que una parte significativa de la financiación de campañas en México procede de esquemas de huachicol fiscal controlados por CJNG, el efecto político es casi equivalente:
Los bancos se ven obligados a cortar relaciones con clientes, empresas y estructuras vinculadas, so pena de sanciones secundarias.
El costo reputacional para gobernadores, partidos y candidatos asociados a esos flujos se dispara en la arena internacional, sobre todo en medios estadounidenses.
La presión sobre funcionarios para colaborar como “testigos protegidos” y abrir expedientes contra sus propios partidos se vuelve un mecanismo de implosión interna, tal como describe la mesa cuando habla de gobernadores cooperando con agencias estadounidenses.
Es decir: no hace falta una figura jurídica tipo “partido terrorista” para que, en la práctica, Washington trate a Morena como infraestructura política contaminada por narcofinanciamiento. El golpe se da vía sistemas financieros, expedientes penales y construcción mediática del concepto “narcoestado”, que ya aparece en análisis y fuentes citadas por la prensa de Washington.
4. Gobernadores, paramilitares y la dimensión territorial
La detención de líderes locales que funcionan como brazos armados de cárteles y al mismo tiempo operan como maquinaria electoral ha dejado de ser hipótesis para convertirse en casos concretos. La propia Sedena ha identificado grupos paramilitares ligados al Cártel del Golfo con funciones de control territorial, cobro de piso y apoyo político en estados clave, y medios han documentado operaciones con cooperación de inteligencia norteamericana.
Ese patrón encaja con la figura de la “columna armada” ligada a Américo Villarreal y que la mesa describe: un estado dentro del estado, con tránsito entre PRI, PAN y luego Morena, siempre bajo la lógica de impunidad a cambio de votos y control de territorios en procesos electorales.
Aunque cada caso requiere prueba específica, el esquema general sí coincide con lo que hoy están viendo OFAC, FinCEN y DEA: redes donde huachicol, drogas y política se mezclan regionalmente.
Si a eso se suman gobernadores que, según reportes periodísticos, buscan asesoría de operadores de influencia ligados a Trump, o incluso se acercan a agencias estadounidenses para buscar acuerdos de cooperación y “parole” especial, el escenario de “implosión desde adentro” que plantea la mesa no es fantasioso: es la lógica de supervivencia de élites regionales ante la amenaza de sanciones y cargos federales.
5. La narrativa internacional y el espejo europeo
La referencia al PSOE y España puede sonar forzada, pero no es totalmente gratuita: en Europa también se han documentado esquemas de financiamiento opaco con vínculos a Venezuela y redes afines, con cateos a sedes partidistas en el marco de investigaciones sobre posible dinero ilícito procedente de regímenes aliados.
Washington observa esos procesos y, a la vez, despliega su propia agenda contra organizaciones criminales mexicanas vinculadas a esquemas de fraude y lavado (como el caso de timeshare fraud del CJNG, donde OFAC y FinCEN describen estructuras de empresas, contadores y despachos vínculados al cartel).
Para un analista como los de la mesa, el paralelismo sirve para subrayar una tendencia: ya no se persiguen solo sicarios y capos, sino arquitecturas político-financieras que permiten operar a esos cárteles. Y ahí es donde inevitablemente entran partidos, campañas y gobiernos.
En resumen: si uno se despega del tono apocalíptico y revisa la evidencia disponible, sí hay elementos suficientes para sostener que Washington se está moviendo hacia una estrategia que, en los hechos, puede terminar cercando a Morena como estructura política contaminada por narcofinanciamiento, especialmente a través del huachicol fiscal y redes como CJNG.
Ismael “El Mayo” Zambada, que durante décadas fue el fantasma favorito de la DEA, terminó bajando de un avión gringo con la misma dignidad que un turista en conexión retrasada: esposas brillando, chaleco antibalas prestado y rostro de abuelo que se perdió rumbo a Nuevo México. A su lado, Joaquín Guzmán López, “El Güero”, parece menos heredero del imperio del Chapo y más pasajero incómodo atrapado en la peor aerolínea del narco: sin fuero criminal y con escolta armada made in USA.
Las fotos, difundidas por el periodista Luis Chaparro, cortan en seco el mito del capo intocable y lo reemplazan por algo más pedestre: dos tipos bajando unas escaleras metálicas, rodeados de agentes federales que ni voltean a verlos, como si sólo fueran otro cargamento más en la interminable logística del prohibicionismo.
Nada de corridos, nada de convoyes, nada de “se peló por el monte”: el presunto fundador del Cártel de Sinaloa entra a territorio estadounidense como cualquier mercancía asegurada, con número de vuelo, matrícula de avión donado por el FBI y cadena de custodia para el archivo.
Las imágenes congelan el momento en que se rompe el relato épico: el “viejo” que nunca pisó una cárcel, entregado después de un secuestro en Sinaloa y un traslado en avión privado que termina en la pista árida de Santa Teresa, Nuevo México, el 25 de julio de 2024, bajo el sol recio y la burocracia impecable. A su costado, el hijo del Chapo que ya se declaró culpable en Estados Unidos, símbolo perfecto de una dinastía que pasó de inspirar narcocorridos a protagonizar fotografías judiciales filtradas en tiempo real al ecosistema mediático.
Lo verdaderamente incómodo no es ver a los capos derrotados, sino el fuera de cuadro: agencias que se hacen las sorprendidas con un secuestro, gobiernos que juran que cooperan “dentro de la ley” y un aparato de seguridad que juega a las sillas musicales con las lealtades del crimen organizado.
Las fotos, al final, no sólo exhiben a “El Mayo” y al “Güero”; exhiben el pacto silencioso de todos los que hicieron posible en Mexico que esa escalinata metálica se convirtiera en la alfombra roja del fin del narco que tenia casi 5 décadas profugo,y eso no es casualidad,es mera causalidad.
Morena llega a 2027 como un banquetazo político donde ya nadie finge estar por “la causa”: es la guerra abierta de estómagos, egos y cuotas de poder.
Pleito de apetitos, no de ideales
Detrás del discurso de “seguir la transformación” lo que aparece es un partido convertido en mercado persa: gobernadores queriendo imponer heredero, alcaldes queriendo cobrar factura, senadores queriendo fuero y candidatura al mismo tiempo.
Las “disputas internas” que se describen no son debates ideológicos, sino peleas de mesa directiva en restaurante caro: quién se sienta al lado del líder, quién pide la botella y quién firma la cuenta.
Crecimiento desbordado, disciplina desfondada
El texto muestra un Morena que creció tan rápido que ya nadie sabe quién manda en serio: Presidencia, dirigencia, gobernadores, alcaldes, senadores, “fundadores puros” o recién llegados con caja y estructura.
Ese crecimiento desbordado, presentado al inicio como fuerza, se convierte en zoológico: demasiados animales hambrientos encerrados en el mismo corral electoral rumbo a 2027.
Focos rojos: mapamundi de vendettas
Los “seis focos rojos” son básicamente seis zonas de batalla por la plaza, donde los malos gobiernos pesan menos que las guerras de egos entre los que se sienten sucesores naturales del poder local.
Guerrero con docena de aspirantes, Michoacán con gobernador contra senador, Baja California Sur con gobernador contra senador, Chihuahua con alcaldes y senadores en guerra: cada estado es una pelea de pandillas internas por la marca guinda.
Sheinbaum: bombera de incendios que ella misma alimenta
La informacion de El PAIS recoge el intento de Claudia Sheinbaum de vestir este circo como “debate saludable”, con frases tipo “nadie tiene la pureza del movimiento” para contener el fuego sin admitir que todo se reduce a control de plazas.
Los especialistas citados señalan que estas fisuras son “naturales” en un partido hegemónico, pero lo que se ve es un menú de cacicazgos de PRI, PAN y vieja izquierda buscando acomodo en la nueva franquicia dominante.
Morena como franquicia de poder
El mismo artículo revela a Morena como una gran franquicia nacional donde cada operador local quiere ser socio mayoritario en su estado, incluso si la administración está hecha pedazos.
Los “malos resultados de gobierno” no son el centro del problema, aunque deberían serlo, sino el pretexto perfecto para justificar nuevas alineaciones, golpes internos y desplazamiento de rivales disfrazado de preocupación por el rumbo del proyecto.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ELIA CASTILLO
