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lunes, 8 de diciembre de 2025

«IGUAL que AMERICO»: «DOCENA de CORRUPTOS que COMANDABAN la FGR con GERTZ MANERO NUNCA TRANSPARENTARON su RIQUEZA PATRIMONIAL»…era como enemigo al que había que eliminar por “estorbar” los intereses de ca$a


En la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, la opacidad patrimonial no fue la excepción: fue la ley no escrita, la consigna del silencio, el pacto de los intocables. Desde que se sentaron en el despacho, muchos funcionarios parecieron entender el cargo como una patente de corso para enriquecer el bolsillo y zafarse de todo escrutinio.

Los controles patrimoniales, esos mecanismos que deberían exhibir la transparencia de quien administra justicia, fueron tratados como adorno burocrático… o peor, como enemigo al que había que eliminar por “estorbar” los intereses de casa. Bajo esa condición, no hay margen para ambigüedades: la corrupción no comenzó a los años de gestión, empezó el primer día que juraron el cargo.

Cada declaración omitida, tal y como lo hizo el hoy gobernador de Morena en Tamaulipas,Americo Villarreal,se convirtió en dato maquillado, y cada informe escondido fue una confesión disfrazada de trámite. Si la justicia es ciega, ahí la dejaron sin bastón ni oído. Porque en esta historia, los guardianes de la ley se convirtieron en los primeros sospechosos, y la transparencia fue la víctima más fácil de desaparecer.

De acuerdo con EL UNIVERSAL:

Durante los seis años que permaneció Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República, durante ese tiempo, la información de sus bienes patrimoniales permaneció oculta, al igual que la de otros doce funcionarios con puestos clave en la institución.

Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, consultadas por EL UNIVERSALen la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y Declaranet, muestran que la información relativa a sus bienes no está disponible a partir del año en que ingresaron a trabajar en la fiscalía.

En algunos casos, las declaraciones indican que “el servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales” y en otros, el Comité de Transparencia de la FGR determinó que por razones de seguridad la información debía clasificarse, por lo que al consultar los documentos, el contenido relativo a sus bienes e ingresos distintos a su salario como servidores públicos no es visible.

Quienes figuran

También figuran Leticia Catalina Soto Acosta, de Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas; Adriana Campos López, de Asuntos Internos; Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, de la Agencia de Investigación Criminal; Amelia Zetina Pinedo, del Órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y Francisco Santiago Sáenz de Cámara Aguirre, de la Oficialía Mayor.

La opacidad no se limitó a los funcionarios en activo, como en el caso de Juan Ramos López, ex titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC). Sus datos patrimoniales sólo están disponibles hasta 2019, cuando aún fungía como Subprocurador de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Ramos era considerado cercano a Gertz Manero. En marzo de 2022, se filtraron audios de una llamada telefónica entre ambos, en la que discutían un expediente en posesión de la Suprema Corte. El caso estaba relacionado con la muerte del hermano del entonces titular de la FGR, Federico Gertz. El fiscal acusaba a la ex pareja de éste, Laura Morán, y a su hija, Alejandra Cuevas.

En la conversación, Gertz Manero afirmaba que estaba presionando a los ministros para obtener un fallo favorable. Como consecuencia, Alejandra Cuevas permaneció 528 días en prisión, hasta que fue liberada tras un fallo unánime de la Corte. Ramos López falleció en septiembre de 2023 tras complicaciones de una operación.

La sucesora de Juan Ramos en la FECOC: Cristina Fernanda Reséndiz, también ocultó su información patrimonial al asumir el cargo en 2023. Tras la renuncia de Gertz Manero, la ley indica que Reséndiz debía asumir la titularidad interina de la FGR, sin embargo, fue sustituida por Ernestina Godoy Ramos.

Con respecto al propio Gertz Manero, el Comité de Transparencia de la FGR, en sesión extraordinaria el 3 de mayo de 2024, clasificó como información reservada todos los datos de sus declaraciones patrimoniales por un periodo de cinco años.

El acta de la sesión indica que la decisión se tomó con base en el Artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia, el cual indica que para permitir el acceso a la información se requiere el “consentimiento del particular titular de los datos”. Gertz no dio su consentimiento, por lo cual, filtrar sus datos patrimoniales sería “una violación a sus derechos humanos”, señala el documento.

Otra de las razones alude a la seguridad nacional. El Comité de Transparencia argumentó que declarar los ingresos netos expondría la capacidad económica, actividades y lugares frecuentados por el funcionario, lo que lo volvería “presa fácil” de intercepción por parte de grupos delictivos y “delincuentes comunes”, hechos que podrían potenciar “el riesgo de un ataque directo a él, su personal o sus familiares”, indica el acta.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas exige que los servidores públicos presenten declaraciones patrimoniales y de intereses bajo protesta de decir la verdad. Estas deben contener datos sobre bienes, ingresos y posibles conflictos por el ejercicio de su cargo.

A partir de estas declaraciones, las dependencias pueden revisar cómo han cambiado los bienes del servidor público, identificar irregularidades y activar alertas por posibles actos de corrupción. Si existe un aumento patrimonial que no corresponde con los ingresos declarados, la autoridad está obligada a solicitar una explicación y, en caso de no ser satisfactoria, abrir un expediente y presentar la denuncia correspondiente.

Sin embargo, el artículo 29 de la ley señala que la versión pública de una declaración sólo incluirá información que no vulnere la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Por esa razón, ciertos rubros pueden reservarse cuando exista una justificación legal en la materia.

Godoy arranca con nombramientos

Tras asumir la conducción de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, con apenas horas en el cargo, nombró titular de la Fiscalía Especialiada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) a César Olivares Aparicio, en sustitución de Alfredo Higuera Bernal, y designó a Héctor Elizalde Mora como jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en lugar de Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez.

Con informacion: ELUNIVERSAL/

SON «COMPAÑEROS CABRON ?»: «PUERCO de POLICIA de S.L.P se ENFRENTA a PRESUNTOS SECUESTRADORES pero DESCUBREN que son de los MISMOS»…y asi esta todo el pais.


Dice EL Universal,que al que cuando no le llueve le llovizna, pues de acuerdo con la informacion,el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández,bajo el gobierno del ex presidiario Ricardo Gallardo Cardona, aun no acaba de enfrentar el escándalo por cuatro elementos de la Guardia Civil estatal que fueron vinculados a proceso por abandonar siete cuerpos en Zacatecas, ahora se le desató otro.

Resulta que “la liebre le brincó por otro lado”, pues se acaba de filtrar un video en el que policías se enfrentan a presuntos secuestradores que viajaba en una camioneta particular con una persona retenida, pero a punto de hacer la detención, uno de los agentes gritaba: “son compañeros”.

Con informacion: EL UNIVERSAL/

EL "TREN MAYA GANA un PESO y PIERDE 10 ?": LA "BATALLA FINANCIERA PERDIDA del EJERCITO MEXICANO en MODO EMPRESARIO"...si siguen quemando dinero a este ritmo,en una década habrán evaporado 25 mil millones del erario. 


El Ejército mexicano, esa institución que una vez se suponía que debía defender la soberanía y no administrar cafeterías, hoteles o trenes turísticos, hoy demuestra que el “negocio” de ser empresario militar es tan eficiente como un tanque en una pista de patinaje. A dos años de la inauguración del tan cacareado y carísimo Tren Maya de 500 mil millones de pesos, los números hablan sin rodeos: por cada peso que entra en taquilla o souvenires, salen diez en gastos operativos. Si eso no es un fracaso anunciado, ¿qué lo es?

Con 275 millones de pesos en ventas durante 2024 y 2 mil 837 millones en costos, el tren de los sueños sureños se ha convertido en una locomotora que funciona con dinero público y humo patriótico. 

Lo tragicómico es que su capitán no es un gerente con experiencia ferroviaria, sino el Ejército convertido en corporativo estatal, repartiendo concesiones y contratos como si fueran raciones de campaña.

¿En qué momento la milicia mexicana decidió que también era constructora, hotelera, operadora turística y, de paso, administradora de un tren deficitario? Suena más a franquicia de aventura administrativa que a institución de seguridad nacional. Pero claro, el uniforme sirve para blindar cuentas, callar críticos y disfrazar pérdidas con el discurso de “proyecto estratégico” donde la constante es que no debes, ni puedes reclamar,estan armados,como el SAT que quiere recuperar esas perdidas con cargo al contribuyente.

El cálculo es brutal: si el Tren Maya sigue quemando 2 mil 500 millones de pesos al año, en una década habrá evaporado 25 mil millones del erario. Todo para sostener una obra que vende la postal de prosperidad mientras devora recursos públicos al ritmo de una turbina desbocada.

El Ejército se desvió de las vías de la disciplina institucional y tomó el tren del negocio fácil: gastar sin rendir cuentas y vestir de “desarrollo social” lo que es, en esencia, un monumento a la ineficiencia. Qué ironía: los negocios del Ejército apenas avanzan, pero sus pérdidas sí van a toda velocidad.

Con informacion: ELNORTE/

LOS «4 JINETES del SATocalipis»: EL «SEGUNDO PISO MEGAENDEUDADO TIENE al SAT ARMADO hasta los DIENTES para DESATAR LEVIATAN FISCAL con ALMA de INQUISIDOR FISCAL»…entra al 2026 vestido de Rambo tributario.


El SAT entra al 2026 vestido de Rambo tributario. Cinturón de balas legales, mirada fría y un nuevo arsenal reglamentario digno de película de acción con tintes de pesadilla burocrática. Los fiscalistas lo advirtieron: si antes el SAT ya daba miedo, ahora parece listo para declarar guerra total.

Dicen los expertos que, usando lenguaje bíblico, se vienen los cuatro jinetes del SATocalipsis. Y vaya que la profecía pinta densa. A partir del 1° de enero, cualquier contribuyente puede pasar de ciudadano común a enemigo público con solo aparecer en una lista que se publica como quien sube un post en redes: rápido, unilateral y sin derecho a réplica.

El primer jinete cabalga con algo de sabor penal. Si el SAT tan solo sospecha que hiciste negocios con una “facturera”, puede pedir prisión preventiva como quien levanta un formulario más. Dos a nueve años tras las rejas por caer en desgracia digital. Y lo peor: el efecto dominó alcanza también a los clientes del presunto villano. Todos culpables hasta que se demuestre lo contrario.

El segundo jinete porta un sello mortal. Si te catalogan como sospechoso, te cancelan los sellos fiscales y —pum— se acabó la facturación. Cuentas congeladas, empresa muerta. Un clic y desapareces del mapa económico, cual fantasía distópica tributaria.

El tercero monta un corcel hecho de billetes del Banco del Bienestar. ¿Quieres defenderte? Deposita tu garantía en efectivo. Atrás quedaron los tiempos de poner casas o bienes en prenda. Ahora hay que poner el dinero contante y sonante, algo curioso en un país donde la liquidez es tan escasa como la paciencia ante el SAT.

Y el cuarto jinete sonríe desde los tribunales. Porque ahora los jueces que decidirán tu suerte fiscal serán electos por una “acordeonada” que ni en los castings de reality shows. ¿Imparcialidad? Solo si comulgas con el régimen correcto.

El discurso oficial dice que todo esto “promueve el cumplimiento fiscal”. Pero la realidad se siente más como un mecanismo de control vestido de legalidad. Así que prepárense: el 2026 no pinta como año nuevo, sino como temporada de caza. Y los contribuyentes, queramos o no, ya estamos en la mira.

Con informacion: ELNORTE/

«FGR dice FUE el CRIMEN ORGANIZADO y POLICIAS NARCOS con CARA de COMUNITARIOS ACUSAN al CJNG que YA les DETONÓ OTRO COCHE-BOMBA en FEBRERO»…los mismos que igual tumban helicópteros del ejercito, que triunfalismo de un plan que siempre ha fracasado.


El ataque con coche bomba en Coahuayana no solo encaja con el patrón de violencia y presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la franja Sierra‑Costa de Michoacán y aunque hasta ahora la FGR solo ha reconocido que se investiga como delincuencia organizada y no ha atribuido formalmente la autoría a ningún grupo,los mandos de la Policía Comunitaria atribuyeron el ataque a grupos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación ,pues no es el primero,en febrero el CJNG detonó otro, como cita EL UNIVERSAL.

Qué se sabe del ataque

Un vehículo explotó frente a la base de la Policía Comunitaria de Coahuayana, dejando ya 6 personas muertas (entre ellas el conductor) y una docena de lesionados, todos vinculados a la corporación comunitaria.La explosión ocurrió en la cabecera municipal, en la zona Centro, y dañó también instalaciones del ayuntamiento, lo que obligó a un despliegue de Marina, Ejército, Guardia Nacional y autoridades estatales, que igual que si estuvieran presumiendo un logro, posaron para la foto.

La FGR atrajo el caso y lo reclasificó: dejó de investigarse como terrorismo para quedar bajo la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con un equipo amplio de peritos en explosivos, criminalística, genética y balística en el lugar. 

Quién manda y quién disputa en la región

Coahuayana forma parte del corredor Sierra‑Costa que conecta Michoacán con Colima y el Pacífico, estratégico para el trasiego de drogas, armas y mercancía ilegal. En esa franja y en la Tierra Caliente michoacana operan, con variaciones por municipio, al menos el CJNG, la Nueva Familia Michoacana y células locales como Los Correa, además de remanentes de grupos de autodefensa/colectivos armados que derivaron en “policías comunitarias” con distintos grados de cooptación, que incluso fueron armados por el mismo gobierno que ahora combate el problema que el ayudo a crear.

Diversas coberturas recientes y antecedentes señalan que el CJNG es uno de los grupos con mayor capacidad de fuego y desplazamiento en Michoacán, con presencia acreditada en municipios como Buenavista, Apatzingán y zonas serranas conectadas hacia la costa. En paralelo, organizaciones adversarias —principalmente Nueva Familia Michoacana y derivados de Viagras/Pueblos Unidos— mantienen disputas territoriales que han derivado en enfrentamientos, desplazamientos y reclutamiento forzado de pobladores.

Relación con policías comunitarias

El blanco directo del coche bomba fue la Policía Comunitaria de Coahuayana, no una corporación federal o militar. En Michoacán, distintos reportes han documentado cómo grupos criminales intentan someter o eliminar policías comunitarias y autodefensas que se les oponen, mientras que en otros casos logran cooptarlas para operar bajo su paraguas. 

En municipios como Buenavista Tomatlán y comunidades de la Tierra Caliente, pobladores han denunciado que se les presiona para formar grupos armados que impidan la entrada del CJNG o, a la inversa, para integrarse a células ligadas a este cártel, lo que coloca a las policías comunitarias en medio de la disputa. Desde esa lógica, un ataque de alto impacto contra una base comunitaria en un corredor estratégico es consistente con una ofensiva de un cártel que busca desarticular un actor armado local que le estorba en el control territorial.

CJNG, coches bomba y ataques a fuerzas locales

Las notas de contexto sobre coches bomba en México subrayan que los vehículos explosivos se han convertido en un recurso de grupos del crimen organizado para golpear corporaciones de seguridad o enviar mensajes en plazas disputadas.En Michoacán y estados vecinos se han documentado ataques con vehículos explosivos y uso de drones armados contra Guardia Nacional, policías municipales y otras fuerzas, en escenarios donde el CJNG está identificado como actor relevante. 

Otros atentados con coches bomba registrados en México

  • Tula, Hidalgo-1 de diciembre de 2024.- Tres vehículos con explosivos fueron detonados como parte de un operativo para liberar a nueve internos del penal de Tula, entre ellos Artemio N., alias “El Michoacano”, señalado como líder del grupo “Pueblos Unidos”. Tras las explosiones, un convoy armado irrumpió en el penal y facilitó la fuga de los reos. El ataque provocó un gran despliegue de fuerzas estatales, federales y militares en la región para intentar dar con los responsables.
  • Acámbaro, Guanajuato-24 de octubre de 2024.- Fuera de la comisaría de Seguridad Pública de Acámbaro, un vehículo explotó y provocó lesiones a tres policías, una de ellas de gravedad. La onda expansiva dañó el edificio, varias viviendas y al menos siete automóviles. La Secretaría de Seguridad local informó que la oficial herida fue trasladada a un hospital, mientras que los otros dos agentes tenían lesiones menores. El gobierno federal anunció que la investigación pasaría a manos de la Fiscalía General de la República por la naturaleza del ataque.
  • Celaya, Guanajuato-29 de junio de 2024.- En la comunidad de El Sauz de Villaseñor, un vehículo cargado con explosivos detonó mientras elementos de la Guardia Nacional inspeccionaban el automóvil. La explosión dejó cinco agentes lesionados, tres de ellos en estado crítico, quienes fueron trasladados a hospitales de Celaya e Irapuato. El estallido ocurrió alrededor de las 23:00 horas tras un reporte al 911 que advertía la presencia del vehículo con posibles personas fallecidas dentro. Posteriormente se realizó un operativo conjunto entre Guardia Nacional, Ejército y fuerzas estatales.
  • Nuevo Laredo, Tamaulipas-30 de junio de 2012.- Un vehículo explotó frente a la Presidencia Municipal poco después de las 11:00 horas, dejando siete personas lesionadas y múltiples daños materiales. El gobierno local señaló que la detonación estaba relacionada con confrontaciones entre grupos criminales del estado. 11 unidades oficiales y 7 civiles resultaron afectadas.
  • Tula, Hidalgo, 22 enero de 2011.- La explosión de un auto cargado con explosivos en Tula dejó un agente sin vida y tres policías heridos. Los oficiales habían acudido a revisar un vehículo reportado como abandonado con un supuesto cadáver en su interior; al intentar abrirlo, se produjo la detonación. El comandante lesionado fue trasladado a Pachuca, donde más tarde falleció por la gravedad de las heridas. Las autoridades municipales detallaron que el incidente ocurrió tras una llamada anónima. Los otros tres policías heridos recibieron atención en hospitales de la región, mientras que se reforzaron patrullajes ante el riesgo de nuevos ataques.
  • Linares y San Nicolás de los Garza, Nuevo León-18 de enero de 2011.- Ese día se registraron dos incidentes. En Linares, un coche bomba dejó a un policía herido, mientras que en San Nicolás solo se reportaron daños materiales. Ambos ataques estuvieron dirigidos a corporaciones de Seguridad Pública. Las autoridades estatales reforzaron operativos en ambos municipios ante la posible relación entre los hechos. La investigación quedó centrada en determinar el origen de los artefactos explosivos.
  • Zuazua, Nuevo León-17 de diciembre de 2010.- Un automóvil estalló frente a la comandancia municipal, dejando dos personas lesionadas y daños en varias unidades vehiculares. Las autoridades señalaron que la activación del explosivo pudo haberse realizado mediante un teléfono celular. La zona se mantuvo acordonada mientras equipos especializados evaluaban si existían más artefactos. Los lesionados fueron trasladados a centros médicos cercanos.
  • Ciudad Juárez, Chihuahua-11 de septiembre de 2010.- En un estacionamiento de la ciudad, la Policía Federal desactivó un automóvil cargado con explosivos. El hallazgo ocurrió dos meses después de un ataque similar que había causado víctimas mortales. No se registraron heridos debido a la intervención oportuna.
  • Ciudad Victoria, Tamaulipas-27 de agosto de 2010.- Dos vehículos con explosivos detonaron en distintos puntos de la ciudad. El primero explotó frente a la sede de una televisora poco después de la medianoche, y el segundo frente a las oficinas de Tránsito. Ambas unidades tenían placas de Texas. No hubo lesionados, solo daños materiales. 
  • Ciudad Juárez, Chihuahua-15 de julio de 2010.-Un vehículo con explosivos impactó contra unidades de la Policía Federal y posteriormente detonó, lo que provocó la muerte de cuatro personas: tres en el sitio y una más horas después. La acción fue considerada una represalia por la detención de Jesús Armando Acosta Guerrero, “El 35”, operador de La Línea. La Procuraduría General de la República tomó el caso y descartó que se tratara de un acto de narcoterrorismo, aunque reforzó operativos en la frontera.
  • Culiacán, Sinaloa-16 de julio de 2008.- Ese día fueron hallados automóviles acondicionados con explosivos y cilindros de gas butano, ensamblados con técnicas utilizadas en ataques terroristas. Funcionarios estadounidenses calificaron el hallazgo como un indicio de la adopción de métodos propios del narcoterrorismo por parte del crimen organizado. Las autoridades mexicanas desactivaron los artefactos y reforzaron operativos en la zona. No se reportaron heridos, pero el hecho marcó un precedente por el tipo de dispositivos localizados.
  • Guadalajara, Jalisco-11 de junio de 1994.- Un automóvil estacionado frente al salón Camichines del hotel Camino Real explotó en plena celebración de unos XV años, donde asistían invitados relacionados con Rafael Caro Quintero. La explosión provocó la muerte de dos personas, dejó seis heridos y dañó vehículos y fachadas aledañas. Tras el ataque, se investigó a 22 personas. Las autoridades concluyeron que los indicios señalaban un conflicto entre grupos criminales, en particular con la participación de los hermanos Arellano Félix como autores intelectuales

Con informacion: ELUNIVERSAL/redes/

«LLEGARON a MATARLO con METRALLETAS y ya CASI son 2,500 ?»: «EJECUCION de COMERCIANTE de CARNITAS en CULIACAN deja VER que la VIDA NO VALE NADA»… y el que nada debe,si debe temer.


Un hombre dedicado a la venta de carnitas y chicharrón fue asesinado a balazos la mañana de ayer domingo 7 de diciembre en la colonia Lomas de Imala, en el sector nororiente de Culiacán.

La víctima identificada como Wenceslao, de 48 años de edad, quien se encontraba atendiendo su negocio cuando fue atacado por un grupo armado que abrió fuego en su contra con armas largas.

Lo mataron por vender carne, no por vender droga, no por traficar armas, no por meterse con nadie. Lo mataron porque en Sinaloa como en Guanajuato y en todo el pais, la vida no vale nada. En este México absurdo, donde el aroma del cazo se mezcla con el tufo de la pólvora, un comerciante de alimentos fue ejecutado como si ser trabajador honesto fuera una afrenta al ecosistema criminal que cobra cuota por todo ante la vista de todos.

Nos enseñaron que “el que nada debe, nada teme”. Mentira podrida. Aquí el que trabaja, teme. El que madruga, teme. El que no se mete con nadie, teme. Porque el miedo ya no distingue entre inocentes y culpables: a todos nos toca la ruleta de la muerte que gira al ritmo de las balas.

Y mientras tanto, los poderosos se reparten discursos y abrazos, las autoridades cuentan muertos con frialdad estadística, y los ciudadanos aprendemos a esquivar el pánico como si fuera bache —otro más en esta carretera de cinismo.

La ejecución de un vendedor de carnitas y la cifra de casi 2,500 asesinados en Sinaloa no debería ser una noticia; debería ser un grito, un hachazo a la conciencia. Pero no: al día siguiente, la vida sigue, el puesto se cierra, y los clientes bajan la mirada. Porque en este país al revés, vivir sin deber nada es el nuevo pecado.

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Con informacion: NOROESTE/

LA «DAKOTA NEGRA del CARTEL de JALISCO LLEGO de COLIMA para BURLAR el PLAN MICHOACAN CONVERTIDA en COCHE-BOMBA»…muy cerca de la guarida de «Primito»,lider del CDG en Tamaulipas y gato del CJNG en Jalisco.


El Fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, ya sabe que fue una camioneta bomba que detonono en Coahuayana,en Michoacan y sabe la ruta de la camioneta Dakota Negra que burlo retenes como si se tratara de una excursión dominical: desde Colima, pasando por el puente, hasta estacionarse frente a la Policía Comunitaria —la ironía no pudo ser más explosiva, pero grita,fue el Cartel de Jalisco.

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Y cuando todo voló, el discurso oficial que no nos dice nada del Cartel de Jalisco,el perpetrador sospechoso,también pegó su salto para caer de pie: “Se desconoce el móvil del atentado”, ese estallido”, “situación lamentable”, un ruido incómodo que hizo volar a cinco personas y dejó a una docena más heridas.

Mientras tanto, tres policías comunitarios —esos que hacen el trabajo que el Estado se jacta de coordinar— murieron en el acto. Dos cuerpos siguen sin nombre, flotando en la tipología burocrática de “personas no identificadas”.

Pero tranquilos, el protocolo avanza: la FGR atrajo la investigación (como quien recoge una papa caliente con pinzas), y el gobernador llegó al lugar “para atender a las víctimas y sus familias”.

Nada dice solidaridad como una foto oficial y una promesa de apoyo a los comercios afectados por “la explosión”.

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A 300 metros a la redonda quedaron las huellas del fuego, y a miles de kilómetros, la costumbre de minimizar la realidad.

En México, los coches-bomba ya no son noticia: son semántica. Y si algo nos enseña esta Dakota Negra, es que aunque el país siga estallando, el lenguaje oficial siempre sabrá amortiguar la detonación.

Porque en este país el gobierno le tiene más miedo a las palabras que a los explosivos, aunque en los hechos sea un atentado terrorista mas y ya son muchos.

Con informacion de: ELNORTE/