En la misiva, le solicitan que como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas ordene a los elementos asignados a Nuevo Laredo una revisión urgente de sus protocolos en casos de hechos violentos que pongan en riesgo a la población.
Además, le piden que en un tiempo razonable se agende una audiencia en Palacio Nacional con familiares de menores víctimas de muerte arbitraria por parte de personal militar.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo también demanda ordenar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atender las necesidades económicas, médicas y psicológicas de los familiares de la niña de 8 años, Lidia Iris Fuentes Galván, “considerando que son una familia de escasos recursos, trabajadora y que no cuentan con un respaldo para atender los gastos funerarios y la atención médica que requiere su abuelita Lidia Galván Reséndez”, quien iba con ella durante el ataque y está lesionada.
El sábado 12 de octubre, a las 19:00 horas, la señora Lidia se trasladaba en su vehículo particular a una papelería acompañada de su nieta Lidia Iris, cuando quedaron en medio de una persecución entre Guardias Nacionales y presuntos delincuentes.
El auto de Lidia quedó prensado entre dos camionetas y los elementos de Guardia Nacional comenzaron a disparar en su contra. La menor, quien cursaba el tercer año de primaria, falleció por un disparo en su cabeza.
Piden a Derechos Humanos emitir una recomendación
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo informó que presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para realizar una investigación de carácter urgente y emitir una recomendación a la Sedena por uso excesivo de las armas, privación arbitraria de la vida, violación al derecho a la integridad, omisiones de auxilio médico oportuno y violación al interés superior de la niñez, entre otras.
Al Gobierno de Tamaulipas le solicitaron alertar oportunamente a la ciudadanía, a través de protocolos de comunicación efectiva, sobre la existencia de situaciones de riesgo o hechos de violencia graves como los sucedidos en Nuevo Laredo los días viernes 11 y sábado 12 de octubre, cuando perdieron la vida la niña Lidia Iris, el joven Diego Alfredo y la enfermera Yuricie Rivera.
En la carta, recordaron que el Comité y otras organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Colectivo Seguridad Sin Guerra advirtieron del alto riesgo que representaba la reforma constitucional para traspasar la Guardia Nacional a la Sedena y sus graves consecuencias, entre ellas, el incumplimiento de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y el ocultamiento de los reportes pormenorizados sobre Uso de Fuerza Letal a los que se refieren los artículos 32 y 33 de dicha ley, en perjuicio de la población civil.
“Hay silencio cómplice de las autoridades”
Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, dijo a Animal Político que si no hubiera tanto proteccionismo a las Fuerzas Armadas cuando cometen un delito estos casos no se repetirían.
“Desde el momento en que las Fuerzas Armadas protegen la cadena de mando y desde el momento en que los jueces federales otorgan las facilidades para que los militares no lleven a cabo su proceso detenidos, sino en libertad, se genera una esfera, un círculo de impunidad que hace que los militares no le tengan miedo a la autoridad, que se burlen de las víctimas, sigan matando personas inocentes y no rindan cuentas”.
A ello se suma, dijo, el silencio cómplice de las autoridades, de gobernadores, de funcionarios federales, de la Sedena, legisladores y Derechos Humanos.
“Nadie ha alzado la voz o condenado los hechos, prácticamente nos están abandonado como sociedad, como población civil y nos están mandando el mensaje de arréglense como puedan”, sostuvo.
En los últimos tres sexenios, la letalidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se ha documentado desde investigaciones periodísticas y académicas. La más reciente se encuentra en Permiso para matar, investigación periodística que documenta el caso de mil 524 víctimas, hombres y mujeres sin vínculos con el crimen organizado, sobre los que no pesaba ninguna sospecha y que no eran parte de ninguna investigación, quienes fueron asesinados o desaparecidos por fuerzas de seguridad, federales o estatales, con total impunidad.
En lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum se ha conocido públicamente el asesinato de seis migrantes en Chiapas por parte del Ejército, un supuesto enfrentamiento en Colima que dejó seis muertos, y ahora los asesinatos de Lidia Iris, Diego Alfredo y Yuricie Rivera.
Fuente.-ANIMAL POLITICO/
