Desaparecer en Culiacán es algo que pasa. Y pasa a diario. Según las cifras de la Fiscalía General de Sinaloa, todos los días se presentan en promedio 2,7 denuncias por personas desaparecidas en el Estado. De esas, la mitad ocurre en la capital, Culiacán, y del total de las personas que desaparecen, al menos el 68% no aparece nunca o aparece sin vida.
Esa es la realidad cotidiana de un Estado marcado por el estigma narco, aquejado por la violencia crónica desde hace 50 años y acostumbrado a vivir en la tensión entre el miedo y la calma.
Pero este viernes 22 de marzo fue un parteaguas para los sinaloenses, pues eso que “lamentablemente ocurre”, como dijo el gobernador Rocha Moya, se repitió, pero en una escala brutal y abrumadora: al menos 66 personas fueron privadas de la libertad en distintos puntos del municipio de Culiacán. Familias enteras fueron sustraídas de sus hogares y, según los reportes del C4, se llevaron entre gritos de auxilio y puertas forzadas a 20 mujeres y 12 menores.
Desaparecer en Sinaloa sí es algo que ocurre a diario, pero desaparecer masivamente no. Los hechos ocurridos en Culiacán sientan un precedente más de la captura del espacio público por parte del crimen organizado. Como el primer Jueves Negro (17 de octubre de 2019) y también como el segundo (5 de enero de 2023). Este viernes, el crimen organizado le volvió a enseñar los dientes a los sinaloenses sin que nada ni nadie se lo impidiera.
La brutalidad de la privación masiva de la libertad ocurrida en Culiacán contrasta con las estadísticas delictivas del pasado reciente, números que parecieran decir otra cosa de nuestra vida cotidiana: Sinaloa registra una de las tasas más baja de homicidio doloso en los últimos 12 años. Por primera vez en el siglo XXI, el Estado se acerca a índices de violencia letal similares a los de antes de la guerra contra el narco impulsada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), que desató un gran escalamiento de las muertes. Esa batalla más moral que estratégica que le abrió la puerta a la atrocidad sostenida en todo el país y para la que no hemos podido encontrar una salida.
La tendencia a la baja de los homicidios en Sinaloa comenzó en 2017 y se ha mantenido. Los gobernantes actuales se atreven a hablar hasta de una “pacificación”, pues el Estado no figura ya en los primeros lugares nacionales de índices delictivos graves. También es cierto que el resto del país se puso más violento y eso mejora la posición relativa de Sinaloa.
Sin embargo, esa narrativa simplista esconde una realidad más compleja y dolorosa: la de la pax narca y sus consecuencias violentas menos visibles o llamativas. La más importante de ellas es la desaparición de personas.
En el diario Noroeste llevamos casi una década observando y señalando esa nueva dinámica criminal en Sinaloa: el hecho de que al tiempo que bajan los homicidios, las desapariciones de personas los superan. Lo que hemos averiguado es que desaparecer sale más “barato” que matar. En todos los sentidos: legales, mediáticos y hasta económicos.
Desafortunadamente la desaparición de personas solo le importa a las familias de las víctimas y a cierta academia y periodismo. Duele escribirlo, pero ese fenómeno atroz que en México registra más de 110.000 casos no genera simpatías ni impacto en la gente común. No solo es así en Sinaloa, sino en todo México. La razón es que en el fondo la gente criminaliza a las víctimas y prejuzga que si desaparecen es porque en “algo andaban”. Como si “se lo merecen”.
Eso explica por qué una madre buscadora como Cecilia Flores reconoció que durante los dos días que buscó entregar la “pala de mando” a López Obrador recibió “más amenazas que nunca”. Por qué, a pesar de lo legítimo de su reclamo, el presidente se da el lujo de ningunearla. Y más aún, también explica por qué la reducción deliberada de las cifras de desaparecidos por parte del Gobierno federal no encuentra gran resistencia social.
Pero el carácter inédito de la privación masiva registrada en Culiacán alcanzó para que se convirtiera en nota nacional y, al tiempo que ambos bandos políticos lucraban a su manera con la crisis en Sinaloa, llegaron al Estado más de 600 elementos de fuerzas especiales para la búsqueda. Para variar, el Gobierno respondió con más militares a una crisis que exigía inteligencia e investigación. Entrada la noche del viernes, los sobrevuelos de los helicópteros aumentaban la zozobra de los culichis. Como me dijo una editora: “Se siente como cuando el culiacanazo”. Y sí.
Por fortuna, la madrugada del sábado 23 de marzo, 18 de las personas raptadas habían sido liberadas en dos puntos de la ciudad “sin indicios de violencia”. Quedaban todavía siete pendientes, pues según las cuentas de la Fiscalía, se presentaron denuncias por 25 personas en total. De las demás, no sabemos nada.
Y no lo sabremos, porque las mujeres y niños liberados no fueron rescatados por las autoridades. De hecho, en Noroeste documentamos que las casas de donde fueron sustraídas no se encontraban bajo vigilancia o resguardo de la policía o el ejército.
No, las personas fueron liberadas por sus captores que, muy probablemente, consiguieron negociar a cambio de ellas lo que querían.
¿Y qué querían? Tampoco sabemos. En el contexto reciente de la violencia en Sinaloa está el asesinato crudelísimo de tres personas un día antes en Badiraguato, dos de ellas decapitadas y una más carbonizada. En el lugar de los hechos dejaron un cartón con una advertencia atribuida a Aureliano El Guano Guzmán, hermano de El Chapo.
Porque otra cosa que ocurre en Sinaloa es que, cada vez que una persona desaparece y sus familiares tienen el enorme valor de poner una denuncia, la probabilidad de que esa denuncia prospere y se judicialice es de apenas el 1%. Sí,
1%.
Lo que significa que la única esperanza que las personas que desaparecen en Sinaloa tienen de regresar con bien a sus casas es que sea el crimen organizado el que las libere. Así hayan sido raptadas con todo y sus familias.
