El crimen, pujante en Guerrero, aguarda su oportunidad tras el paso del huracán Otis. La tormenta que devastó el puerto de Acapulco y los pueblos del norte la semana pasada impone un paréntesis a las organizaciones delincuenciales. No hay turismo en la zona, ni parece probable que lo haya en un futuro cercano. Sin visitantes, mermada la actividad comercial, la duda ahora es saber por dónde saldrán los grupos criminales, con fuerte presencia en el puerto.
Acapulco, que solo en verano recibe a más de un millón de visitantes, vive pendiente del hampa. Organizaciones criminales independientes o presuntamente ligadas a grupos mayores se disputan la venta de droga al menudeo, el mapa de la extorsión y las rutas de transporte. La costa de Guerrero, al norte y el sur de Acapulco, funciona además como un hub informal para el trasiego internacional de drogas, principalmente cocaína. No en vano, la Armada decomisó 2.400 kilos de la droga en julio, a 65 kilómetros del puerto.
"Venden litro de huachicol a $40 en costera de Acapulco..."
El viejo centro turístico ha visto incrementar la actividad criminal estos últimos años. En 2022, el puerto registró 437 asesinatos, prácticamente los mismos que durante el año anterior, una de las mayores cifras del país. En agosto, presuntos aliados del grupo criminal La Familia Michoacana organizaron bloqueos en la entrada norte de la ciudad. Los criminales incendiaron más de una docena de vehículos en las carreteras que dan acceso a la región de la Costa Grande.
Siglas y nombres de grupos criminales aparecen con cierta asiduidad en los discursos de las autoridades. El de la Familia Michoacana, grupo oriundo de la región de Tierra Caliente, aparece cada vez con más frecuencia asociado a la Costa Grande y a la parte norte de la costa de Acapulco. Pero hay otros. Hace ahora un año, el entonces secretario de seguridad pública de la ciudad, Adrián Olivas Franco, señaló que “el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación” tenían “intervención” en la ciudad.
El periplo de Olivas Franco al frente de la policía de Acapulco dibuja el caos de inseguridad en la misma ciudad. El funcionario, que había llegado a la corporación en julio, renunció en enero —o fue invitado a renunciar— después del asesinato del jefe de la policía auxiliar, Samuel Buenfil. Olivas había sustituido a Maximiliano Serrano, que dejó el cargo a finales de junio. Serrano fue detenido poco después en Sinaloa, por su presunta vinculación con la desaparición de dos marinos, comisionados a la policía de Acapulco.
El actual encargado de la policía de la ciudad, Enrique Vázquez Rodríguez, reconoce la crisis de seguridad que atraviesa la ciudad y señala que Acapulco funciona con la mitad de los policías necesarios, pocos más de 1.000 elementos. Vázquez ha reconocido igualmente que la corrupción es un problema importante en la corporación.
Aunque lo parezca, no es solo un tema de la policía municipal. Ante las andanadas criminales, sean de grupos locales como el CIDA, o Los Rusos, que supuestamente tienen mayor presencia en la zona sur, de camino a la región de la Costa Chica, los gobiernos estatal y federal suelen mandar refuerzos, civiles o militares, que mantienen el control por unos días, para luego volver a las andadas. La única estrategia ante la violencia es inflar temporalmente el músculo.
En los pueblos del norte de Acapulco, afectados igualmente por Otis, las expectativas no parecen mejores. En Coyuca de Benítez, criminales asesinaron a 13 policías el día antes de que llegara el huracán, entre ellos el secretario de seguridad pública del municipio y el jefe operativo de la corporación. La tormenta ha impedido cualquier avance en la investigación, menos aún saber quién ordenó y perpetró el ataque, o con qué fin. El hecho es que los asesinos andan sueltos y que Otis ha impuesto dificultades a su quehacer habitual, sea el que sea.
Acapulco y alrededores vive pendiente de los próximos pasos del crimen. El crisol de grupos que funcionan en la entidad, tras la ruptura de la organización criminal de los hermanos sinaloenses Beltrán Leyva, hace unos 15 años, tratará de adaptarse a la nueva situación. En una nota que ha publicado el miércoles el portal especializado en delincuencia Insight Crime, el analista Falko Ernst, que vive en México, ha señalado la posibilidad de que estos grupos traten de parasitar la reconstrucción del puerto.
“Estamos hablando de miles de millones de dólares que tienen que ser invertidos en el esfuerzo de reconstrucción”, ha dicho Ernst, en referencia al plan, anunciado este miércoles por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, de alrededor de 3.500 millones de dólares. “La construcción en México es históricamente una caja negra en la que se puede verter mucho dinero. Hay poca supervisión y muchas formas de torcer las cuentas”, ha añadido.
Fuente.-Zedrik Raziel/Diario Español/
