El gobierno federal y las cámaras
empresariales tienen prisa. Les urge una Ley de Seguridad Interior que contenga
a la sociedad y, particularmente, a la serie de movilizaciones que se esperan
para este año.
Por separado, y aunque con matices,
integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, especialistas y
militares retirados coinciden: no es el narcotráfico el destinatario de un
nuevo marco jurídico que legalice el despliegue de tropas en el territorio
mexicano, sino las acciones de resistencia y protesta que se avecinan en el
convulso panorama político de la República.
Aprobar “cuanto antes” una Ley de Seguridad
Interior, como anunció el diputado priísta César Camacho Quiroz, es la
encomienda de los legisladores de los tres partidos políticos dominantes en el
Congreso federal: Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y
de la Revolución Democrática (PRD), los mismos del Pacto por México que hizo
posible las llamadas “reformas estructurales” que hoy generan el rechazo de
amplios sectores de la población.
Para ello, las tres organizaciones
políticas han presentado sendas iniciativas que ya se analizan en la Comisión
Permanente del Poder Legislativo y, se ha anunciado, ya encontraron
“coincidencias” que les permitirá legislar con rapidez. La iniciativa priísta
será el documento base.
Los especialistas consultados por Contralínea mantienen
posiciones encontradas sobre si es necesaria en estos momentos una Ley de
Seguridad Nacional para el país. Pero sí están de acuerdo en que se estará
cediendo a los militares un poder que difícilmente soltarán después. También
reconocen que se estará militarizando, aún más, la vida cotidiana de los
mexicanos. Y que poco incidirá la militarización para ganar y terminar la
“guerra” contra el narcotráfico.
Para Raymundo Díaz Taboada, coordinador de
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), la población mexicana
no necesita en estos momentos una Ley de Seguridad Interior.
Quien la necesita es la alianza entre
políticos y grandes empresarios, temerosa de las movilizaciones sociales, dice
el médico de profesión y activista de los derechos humanos.
Díaz Taboada señala que la Ley de Seguridad
Interior viene a profundizar “un estado que va limitando derechos sociales,
humanos, civiles y políticos”. Esta ley tiene como objetivo contener a la
población en un contexto en que “los salarios no han aumentado de manera real;
la seguridad social se ha ido perdiendo, hay un trabajo precario cada vez más
extendido. No es raro que venga una Ley de Seguridad Interior cuando vivimos en
un proceso de empobrecimiento de la población mexicana”.
La Ley de Seguridad Interior coadyuvará en
“el control de la masa empobrecida. Por un lado está la mano dura para
la creación de terror, inmovilización, romper el tejido social; y por otro lado
está todo el manejo de pan y circo”, observa.
México sí necesitaría una Ley de Seguridad
Interior; pero siempre y cuando, antes, se establezca una nueva de Seguridad
Nacional y, antes aún, una doctrina de seguridad nacional, considera Guillermo
Garduño Valero. A decir del especialista en seguridad nacional y Fuerzas
Armadas, se debería de definir, primero, qué valores son los que la nación
mexicana desea preservar.
Agrega que, a la fecha, la seguridad
nacional sigue enfocándose contra los movimientos sociales y se sigue
confundiendo a la seguridad nacional “con la seguridad del presidente de la
República”.
Precisamente por ello, “la población tiene
un enorme disgusto con respecto de la autoridad”. Que la actual Ley de
Seguridad Nacional ha fallado lo demuestra que la nación está “al garete, sin
liderazgo y sin ningún elemento que unifique una posible convocatoria a la
nación”, dice el sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y
especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh.
Para el general retirado Jesús Ernesto
Estrada Bustamante, México sí necesita una Ley de Seguridad Interior. Podría
constituir una oportunidad para establecer con claridad los límites de
actuación de las Fuerzas Armadas Mexicanas en asuntos de seguridad pública.
El problema, dice el general de división
diplomado de Estado Mayor, son los legisladores: “Salvo honrosas y raras
excepciones”, ignoran todo en la materia y sólo buscan aprobar al vapor un
marco jurídico que haga legal lo que hoy están haciendo fuera de la ley los
efectivos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar):
combatir a las delincuencias, tanto las organizadas como la de tipo común.
Para que se cuente con una Ley de Seguridad
Interior que realmente funcione, a decir de Estrada Bustamante, se necesita de
“una discusión amplia, que involucre a especialistas en seguridad, juristas,
defensores de derechos humanos, en fin, que sea fruto de una gran
participación”. Algo que no se está haciendo. Una Ley al vapor –dice
el general que desde que pasó a situación de retiro en 2008 ha hecho carrera en
la seguridad pública– podría ser contraproducente para las propias Fuerzas
Armadas.
“Cualquier método” podrán usar los
militares
Tres propuestas de Ley de Seguridad
Interior ya se analizan en las cámaras del Poder Legislativo federal. Una fue
presentada por Jorge Ramos, diputado del PAN, en noviembre del 2015. La otra,
por los diputados del PRI César Camacho y Martha Tamayo a finales de octubre
pasado. La tercera, por el diputado del PRD Miguel Barbosa este 12 de enero.
Ocho comisiones ordinarias de las cámaras
son las encargadas de analizar y preparar el documento que se someterá a
votación del pleno, se espera, en los primeros días del próximo periodo de
sesiones. Se trata de las comisiones unidas de Seguridad Pública; de
Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina, y de Estudios Legislativos,
Segunda, de la Cámara de Senadores; y de Gobernación y de Seguridad Pública,
con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados.
Las similitudes entre las tres iniciativas
han permitido que panistas y perredistas acepten como base la presentada por
los priístas y, en el periodo ordinario de sesiones, se apruebe con agregados
de las bancadas de “oposición”.
Los legisladores destacan que buscan
clarificar la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y,
también, establecer que sea sólo por periodos estrictamente establecidos.
Señalan que se impondrán límites a la actuación de los elementos castrenses.
Pero lo que no dicen es que prácticamente
los efectivos de la Sedena y la Semar podrán salir a las calles por cualquier
asunto y para combatir no sólo a delincuencia organizada.
Según el texto que se busca aprobar, y del
cual Contralínea posee copia, la intervención de las Fuerzas
Armadas estará justificada cuando ocurran “actos violentos tendientes a
quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la
integridad de la Federación, el estado de derecho y la gobernabilidad
democrática en todo el territorio nacional o en alguna de sus partes
integrantes, o cuando haya fenómenos de origen natural o antropogénico”.
Además, prevé que el Ejecutivo ordene la
actuación de los militares cuando lo considere necesario y la Comisión
Bicamaral de Seguridad Nacional sólo será “informada” por la Secretaría de
Gobernación, sin que el Poder Legislativo tenga injerencia en tal
determinación.
En la propia exposición de motivos de la
iniciativa se enlista a la pobreza como una de las causas que vulneran la
seguridad nacional: “La pobreza extrema y la exclusión social de amplios
sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia”.
En el párrafo III del artículo 7 de la
iniciativa se considera amenaza a la seguridad interior “cualquier acto o
hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas en el
territorio nacional o en áreas geográficas específicas del país”. En una
interpretación amplia que quedaría a criterio del presidente de la República,
las protestas cabrían en estos supuestos para sacar a las Fuerzas Armadas a las
calles.
Aunque se señala que se deberá establecer
un periodo para la declaratoria de protección a la seguridad interior, en el
artículo 14 se establece que dicho periodo puede estar sujeto a las “prórrogas
que se consideren necesarias” mientras subsistan las causas que dieron origen a
dicha declaratoria. En los hechos, es por periodo indefinido.
El artículo 25 dice: “Cuando las Fuerzas
Armadas realicen Acciones de Orden Interno y de Seguridad Interior y se
percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del
Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que
intervengan en el ámbito de sus atribuciones”.
Por su parte, el artículo 28 señala que:
“Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de
inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas
competencias, considerando los aspectos estratégico y operacional, la cual
tendrá como propósito brindar apoyo en la toma de decisiones en materia de seguridad
interior. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por
esta Ley podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información”.
Así, “cualquier método” será válido para la
Sedena y la Semar para investigar y prevenir asuntos de seguridad pública.
Legalizar lo ilegal
Por ello, la Ley de Seguridad Interior es
en realidad un marco legal que vendrá a otorgar mayor impunidad de la que ya
existe. Todo sin tomar en cuenta que elementos de las Fuerzas Armadas ya están
involucrados en crímenes o violaciones de derechos humanos, dice Raymundo Díaz
Taboada.
El activista, quien junto con la
organización de la que es coordinador –el Ccti–
ha brindado apoyo a víctimas de tortura y otras agresiones cometidas por
militares, señala que los soldados y marinos podrán ahora con mayor libertad
entrar a una casa, intervenir teléfonos y demás tipos de comunicaciones.
“De hecho, el estado de excepción en muchas
partes de la república está vigente de facto. Pasas por un retén [militar] y te
bajan. Y si no te bajas, te maltratan, te torturan, al apuntarte con armas, al
jalonearte, al amenazarte, al no permitir que se graben los abusos. Y eso es
suspender garantías, suspender la libertad de tránsito.”
Precisamente esos retenes son la muestra de
la no sujeción de los militares al poder civil: ahí ellos interrogan y, como ha
ocurrido y se ha documentado, pueden juzgar y ejecutar extrajudicialmente.
Díaz Taboada sabe de lo que habla. La sede
del Ccti, en Guerrero, ha acompañado casos de este tipo desde antes de 2006,
cuando el entonces presidente Felipe Calderón inició supuestamente una lucha
contra el narcotráfico, mandó a las calles de todo el país a soldados y marinos
fuera de las normas constitucionales. Hizo en toda la República lo que desde finales
de la década de 1960 los sucesivos gobiernos federales habían ordenado para
Guerrero.
“Desde entonces todo esto ha sido ilegal. Y
ahora lo que el Estado mexicano pretende es legalizar una acción
inconstitucional que, en todo la República, ha durado 10 años.”
Con la Ley de Seguridad Interior “lo único
que se va a legalizar es la ilegalidad”, dice el doctor Guillermo Garduño.
También ejemplifica con los retenes: “Los retenes, para comenzar con lo más
elemental, son anticonstitucionales porque impiden la libertad de tránsito. Y
definitivamente ahora los van a legalizar. Otro ejemplo es que la Armada de
México no está protegiendo nuestras costas, que abarcan el doble del territorio
nacional terrestre, sino que están interviniendo en la detención de delincuentes”.
Garduño agrega que esta situación está
deteriorando a las dos secretarías: la Sedena y la Semar.
¿Seguridad pública o seguridad nacional?
A decir del general, el actual problema de
México es de seguridad pública; “pero si se sigue descuidando como hasta
ahorita, se volverá de seguridad nacional”. El militar ve dos escenarios que
podrían hacer que el problema de seguridad pública devenga en seguridad
nacional.
El primero sería un pacto entre el
terrorismo internacional y la delincuencia organizada mexicana para realizar
ataques contra instituciones mexicanas e intereses de Estados Unidos en México,
o preparar desde este país atentados en ciudades estadunidenses.
Un segundo escenario serían los
levantamientos populares ante la incapacidad del Estado mexicano de brindar la
mínima seguridad a su ciudadanía. “Algo que podría ya empezar a ocurrir”.
Según el general, la seguridad en México
está fallando porque no existe una estrategia definida. “Ahorita nada más están
dando lamparazos: surge un problema por aquí y ¡pum!,
mandan gente; surge otro problema por allá y ¡pum!, mandan gente”.
Pero no hay una estrategia definida.
Pero la seguridad de la población no es un
asunto policiaco, dice el doctor en sociología y especialista en seguridad
nacional Guillermo Garduño. No es con más policías como se garantiza la
seguridad de las personas. Por lo tanto, no será tampoco con la incorporación
de los miliares a las labores de seguridad pública como se abatirán los índices
de inseguridad. Será fortaleciendo a la sociedad.
“La seguridad pública supone,
fundamentalmente, la participación ciudadana, algo que en México está
prácticamente ausente. Por lo tanto, la seguridad interior tiene que
garantizarse no a partir de más policías, sino a partir de una sociedad más
organizada”, con la claridad de cuáles son las amenazas y los riesgos que
enfrenta.
La guerra ya fracasó… y la siguen
alimentando
Las Fuerzas Armadas no deberían estar
combatiendo delincuentes, pero no tienen otra opción, según el general Estrada
Bustamante. “Si sacas a la Defensa Nacional y a la Marina de esta lucha contra
la delincuencia, qué pasaría; todo se va al garete”.
Reconoce, además, que ante la incapacidad
de la Policía Federal, de las policías estatales, de las municipales y del
mando único, las Fuerzas Armadas actualmente ya están combatiendo no sólo al
narcotráfico y a las otras formas de delincuencia organizada, sino “también a
la delincuencia común”.
Sobre la necesidad de que sean las Fuerzas
Armadas quienes tengan que enfrentarse al crimen, Garduño se muestra de acuerdo
en que todas las corporaciones policiacas son corruptas. Ninguna –federales,
estatales o municipales– es confiable.
Pero las Fuerzas Armadas no están
capacitadas para actuar como policías en las calles. La Constitución y las
leyes vigentes señalan claramente que pueden intervenir en tres escenarios: los
planes DN1, DN2 y DN3. El primero, ante una situación de agresión externa; el
segundo ante un asunto de insurgencia interna, y el tercero para auxilio de la
población ante una situación de desastre.
Las diferencias entre los militares y los
policías no son retóricas. Garduño explica que una fuerza policiaca “tiene una
primera función preventiva; otra de intervención en casos específicos y bajo
ciertos procedimientos; también de conducción, o de colocar frente a la
autoridad judicial correspondiente evidencias y actores para emprender las
primeras investigaciones; para dar apoyo; además, realiza también servicios de
atención a la ciudadanía”.
Mientras, el aparato militar tiene una sola
función: “la destrucción del enemigo. Y ésa es una cuestión totalmente
diferente. De manera sencilla podemos decir que la misión central de las
Fuerzas Armadas es la guerra”.
Militares no son mejores que policías
Nadie duda que las Fuerzas Armadas, en
términos generales, cuenten con mayor capacidad de fuego ante los cárteles del
narcotráfico. La supuesta guerra no ha mermado las capacidades de la
delincuencia organizada. Incluso, las ha potenciado.
Pero también, y luego de 10 años de
“guerra”, los militares no son los mismos. El Ejército Mexicano, la Armada de
México y la Fuerza Aérea Mexicana han adquirido mayores destrezas.
Iñigo Guevara Moyano es un prestigiado
analista de seguridad nacional. Es maestro en seguridad internacional por la
Georgetown University. Ha sido analista de seguridad nacional en la Oficina de
la Presidencia de la República.
“Hoy en día México cuenta con unas Fuerzas
Armadas mucho más capaces en términos de tecnología y doctrina para realizar
operaciones en contra del crimen organizado, específicamente en contra de
grupos paramilitares equipados con armamento y equipo de grado militar”, señala
Guevara Moyano.
Agrega que “las capacidades de movilidad,
inteligencia, vigilancia y reconocimiento han mejorado sustancialmente en
calidad”, en comparación con lo que eran las Fuerzas Armadas en 2006.
Destaca que esto ha sido posible sin que
hayan aumentado en número de tropas. Asimismo, “el presupuesto asignado a las
Fuerzas Armadas no ha experimentado un incremento real sustancial”.
Luego de 10 años, las capacidades de los
cuerpos militares han mejorado, pero no han sido suficientes para ganar la
“guerra”. Y Las policías no se han preparado.
En 2006, cuando el entonces titular del
Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón, sacó de sus cuarteles a las Fuerzas
Armadas, se dijo entonces que los militares combatirían al narcotráfico
mientras se capacitaba y se depuraba a las corporaciones policiacas.
A más de 10 años, las policías de todos los
tipos y niveles siguen siendo corruptas e incapaces.
Las corporaciones policiacas, luego de 2
lustros de guerra contra el narcotráfico, “no han preparado nada”, dice el
general de división en retiro Jesús Ernesto Estrada Bustamante. No son capaces
de enfrentar el problema. “Para empezar, no hay una carrera policial; no hay
una profesionalización de la policía”.
“Hoy las policías son simplemente
administradoras de la delincuencia, no tienen otra función”, dice el
especialista Guillermo Garduño, quien también ha sido conferencista en el
Colegio de la Defensa de la Sedena. “Qué vamos a lograr con la entrada del
Ejército. Pues que haya nuevos administradores de la delincuencia”. Y con la
legalización de su estancia en las calles, las Fuerzas Armadas van a participar
finalmente en procesos de corrupción. “Es lo único que se va a lograr con esa
nueva Ley”.
Para Raymundo Díaz Taboada, está comprobado
que la militarización no soluciona los problemas de inseguridad: desde que
salieron los militares a las calles “ni hay una baja de la delincuencia ni hay
una lucha efectiva contra el narcotráfico, contra el crimen organizado; y no
hay resultados en función de un bienestar social de la mayoría de los mexicanos
porque las Fuerzas Armadas estén patrullando las calles”, explica Raymundo Díaz
Taboada.
Las policías están mal capacitadas, pero
también están militarizadas: “cualquier corporación que se quiere certificar y
pasar controles de confianza es mandada a campos militares para entrenarse y
pasar pruebas; y ahí las tácticas que aprenden son tácticas militares”. Por
ello es contrasentido que se reconozca que los militares no están capacitados
para perseguir delincuentes, pero se les otorga “el poder de decir esta policía
es confiable y esta no”.
Ahora bien, la corrupción no es privativa
de las policías. Los vínculos entre elementos militares y el crimen organizado
están perfectamente documentados. No se trata sólo de aislados soldados
cooptados por el narcotráfico sino de batallones enteros (como el
“desintegrado”, en 2002, 65 Batallón de Infantería, con sede en Guamúchil,
Sinaloa) o de generales “prestigiados” antes de caer en desgracia, como Jesús
Gutiérrez Rebollo (quien murió de cáncer cuando cumplía una condena de 40 años
de prisión por delincuencia organizada), Francisco Quirós Hermosillo
(sentenciado por ser parte del Cártel de Juárez; murió mientras purgaba una
condena de 16 años de cárcel) y Mario Arturo Acosta Chaparro.
A este último se le recuerda por haber
encabezado la lucha contra los grupos guerrilleros. Organizaciones sociales y
familiares de las víctimas lo acusaron de violaciones a los derechos humanos y
crímenes de lesa humanidad, pero nunca fue juzgado por ello. Por lo que sí fue
sentenciado fue por narcotráfico, aunque fue rehabilitado por el panismo en el
poder, quien lo liberó, lo consideró inocente y le devolvió su rango de
general. Fue asesinado cuando cumplía las tareas que el gobierno de Felipe
Calderón le asignó al final del sexenio: “apaciguar” el sureste del país.
A lo anterior deben sumarse las cuatro
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado
mexicano por crímenes cometidos por el Ejército. En todos los casos, los hechos
ocurrieron en Guerrero. Destacan los casos de la desaparición forzada del
campesino Rosendo Radilla en 1974, y las violaciones sexuales cometidas contra
las indígenas me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo, atacadas por separado
por soldados en 2002. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha aceptado una nueva denuncia. Ésta por la ejecución extrajudicial del
indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, en un retén militar en Guerrero.
Tampoco puede ocultarse el cuestionamiento
al Ejército por su actuar durante el ataque y la desaparición forzada de los 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa,
Guerrero, en 2014.
Más poder a los militares sin que haya
contrapesos. “Los militares quieren una Ley de Seguridad Interior, pero no
trasparentan sus archivos, no rinden cuentas”, observa Raymundo Díaz.
Contra comunidades
México vive un proceso de militarización, y
una ley de seguridad interior viene a reforzar ese proceso. De facto, y por
momentos con mayor rapidez, la militarización de todo el país inició a finales
de la década de 1990.
“Hay que recordar que se quitó el uniforme
militar a una brigada de la Policía Militar para transformarla en la Policía
Federal Preventiva, ahora Policía Federal.”
La primera encomienda de esos militares
vestidos de policía, en febrero de 2000, fue ocupar los campus de la
Universidad Nacional Autónoma de México y detener a más de 1 mil alumnos para
romper la huelga estudiantil. Entonces los universitarios se oponían a la
instauración de cuotas en la llamada máxima casa de estudios del país.
“Pareciera que el proceso de militarización
va a seguir avanzando y que las violaciones a derechos humanos van a seguir
incrementándose”, explica el coordinador del Ccti, Raymundo Díaz.
“La población mexicana empobrecida” es la
destinataria de esta ley de seguridad interior. Requieren de esa ley “porque
saben los gobernantes que en un momento dado esos mexicanos empobrecidos pueden
exigir derechos”.
Esta ley será usada, más que contra
criminales, contra comunidades organizadas. “Sobre todo pensando en los
megaproyectos que tienen que ver con minería, con zonas económicas especiales,
con mantener a la población como un recurso que le sirve a la economía global.
“Y es que la población empobrecida, en un
momento dado, sí puede reclamar derechos, un mejor nivel de vida, un mejor
acceso a la salud, a educación, trabajo, salario. Pero pues para eso está
la mano dura y el terrorismo de Estado”.
El general de división retirado Estrada
Bustamante reconoce que las Fuerzas Armadas no están preparadas para combatir a
las delincuencias, “pero las policías tampoco lo están”. Menos aún en materia
de derechos humanos.
“Si queremos respetar los derechos humanos,
pues vamos a preparar a las policías, vamos a darles todos los medios
operativos, administrativos, materiales y la capacitación. Eso no se les da
actualmente. No están ni preparados ni adiestrados, no tienen equipo; no saben
cómo conducirse respetando derechos humanos.”
Fuente.-Zósimo Camacho
