En un informe presentado ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, consideró insuficiente la respuesta del Estado mexicano a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país.
La CIDH se refirió a desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, inseguridad ciudadana, violencia contra periodistas y contra defensores de derechos humanos. Las cosas que leemos diariamente en los periódicos.
A partir de cifras oficiales, el organismo situó en 26 mil 798 la cantidad de personas desaparecidas en México e informó que en abril de 2015 la PGR investigaba 2 mil 420 denuncias de tortura.
La CIDH no había emitido un informe sobre México desde 1998, cuando Ernesto Zedillo gobernaba el país. En su informe más reciente señaló que la guerra contra el narcotráfico decretada por el panista Felipe Calderón llevó a México a un abismo de violencia, y afirmó que no ha habido mejora alguna tras la llegada al poder del priísta Enrique Peña Nieto.
El informe sostuvo que en el marco legislativo ha habido avances importantes, aunque existe una brecha enorme entre las legislaciones que han entrado en vigor y la horrible realidad que viven los mexicanos.
El gobierno federal descalificó el informe, construido “a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados”, y escrito con un “sesgo inicial”. En un comunicado aseguró que en el país no se vive una crisis de derechos humanos y sostuvo que el informe ignora más de 50 años de avances, desafíos y cambios estructurales.
Es decir, que para hablar con seriedad de los derechos humanos en México habría que comparar el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz con el de Enrique Peña Nieto —o por lo menos, dejar de hacerle caso a los diarios.
Existe, sin embargo, otro tipo de comparaciones. La CIDH ha estimado que entre 1979 y 1984, durante la dictadura de Augusto Pinochet, se dieron en Chile al menos 851 casos de tortura.
Un informe de Amnistía Internacional de 2014 indica que en tan sólo tres años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, recibió en México 7 mil 164 quejas vinculadas “con actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Esas quejas —cito un artículo de Simón Hernández León— procedían únicamente de actos de tortura relacionados con autoridades federales: no estatales, ni municipales.
El gobierno de Enrique Peña Nieto puede hablar de 50 años de avances, desafíos y cambios estructurales, pero no puede negar que el número de quejas relacionadas con torturas ante la CNDH aumentó 600% entre 2003 y 2013. En un ensayo publicado en Nexos, Ana Laura y Beatriz Magaloni afirman que la tortura es en México el método de investigación criminal por excelencia.
De la detención a la sentencia, escriben, es frecuente que alguno o varios funcionarios “mientan al imputado, le imposibiliten el acceso a un abogado, le modifiquen o manipulen sus declaraciones, le fabriquen evidencia, le insulten, le humillen, le amenacen y un largo etcétera”.
Todo está dado para que en el interrogatorio policiaco se utilice el maltrato físico y psicológico. El relator especial sobre la tortura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Juan Méndez, señaló en un informe que la tortura en México es una práctica generalizada.
Hace unos años, la Encuesta a Población en Reclusión del Sistema Penitenciario Federal (realizada por el CIDE en 2013) mostró que 62% de los internos de ocho centros federales habían sufrido maltrato durante su detención (patadas, cachetadas, agresión con objetos, quemaduras, toques eléctricos, inmersión en agua, puñetazos, violencia sexual, sofocación, etcétera), y que en 40% de los casos hubo tortura durante el interrogatorio policiaco (sobre todo, asfixia, toques eléctricos e inmersión).
Nada de esto puede ocurrir de modo causal o espontáneo. La tortura, según las investigadoras, sólo ocurre cuando hay espacios institucionales que la avalan y propician.
Esta es sólo una arista de la crisis que el gobierno mexicano está negando. Que el gobierno mexicano no quiere ver.
