El
Poder Judicial está integrado por el Consejo de la Judicatura, órgano que administra, vigila y sanciona; y el Supremo Tribunal, que decide el rumbo de la justicia. Elefante Blanco consultó la última versión pública de los currículos de los y las integrantes de la cúpula de la justicia en la Plataforma Nacional de Transparencia y la cruzó con datos de sus expedientes.
Ocho de los nueve magistrados y magistrados que integran el Pleno judicial no tienen experiencia jurídica en el PJETAM y sus trayectorias laborales están ligadas a García Cabeza de Vaca y el Partido Acción Nacional (PAN). Cabe mencionar que una posición permanece vacante desde el año pasado.
En el Consejo de la Judicatura los perfiles azules también son mayoría, puesto que tres de los cinco espacios son ocupados por hombres y mujeres relacionadas con el primer círculo del pasado gobierno estatal.
La llegada de los 10 funcionarios judiciales íntimamente ligados a Cabeza de Vaca se dio con la alianza del PAN y PRI en las legislaturas 63 y 64 en el Congreso de Tamaulipas.
Al centro, el presidente David Cerda flanqueado por Jorge Castro y Gloria Garza, exfuncionarios del gobierno panista que fueron colocados en el Pleno judicial. Crédito: PJETAM.
La toma del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
En la víspera de la toma de protesta de Francisco García en octubre del 2016, el entonces mandatario Egidio Torre Cantú entregó el control del PJETAM al panista. Poco a poco, personajes azules comenzaron a recibir los sueldos mensuales de 121 mil 504 pesos más automóvil, viáticos y alimentación, según indica la PNT.
Cabeza de Vaca envió a su notario de confianza, Horacio Ortiz Renán, como el estratega principal del plan para tomar la justicia. En agosto del 2016 llegó como magistrado y cinco meses después escaló meteóricamente a la presidencia del Supremo Tribunal y el Consejo de la Judicatura.
En seis años, y de forma más acelerada al perder la elección de 2021, Cabeza de Vaca y Ortiz Renán fueron posicionando a las personas más leales a sus familias. En octubre de 2022, Horacio Ortiz no fue ratificado en el puesto tras ser acusado de corrupción, uso indebido de atribuciones y facultades y de presionar a jueces para que emitieran órdenes de aprehensión contra rivales políticos del panismo.
No obstante el triunfo de Morena en la gubernatura de Tamaulipas en junio de 2022, el exgobernador Francisco García ya había colocado a su red de protección en el Consejo y el Supremo Tribunal.
En 2018, Jorge Alejandro Durham Infante un egresado en derecho con trayectoria de asesor y empleado administrativo, arribó al Consejo. Tres años después renunció para convertirse en magistrado adscrito a la Cuarta sala unitaria penal, camino que logró sin ninguna experiencia en impartir justicia, de acuerdo con su currículo presentado.
El sitio que dejó Durham en el Consejo fue ocupado por
Xóchitl Selene Silva Guajardo. La joven abogada que había sido funcionaria de Bienestar Social, aprovechó que su tío era el presidente Horacio Ortiz y obtuvo la Comisión de disciplina que se encarga de castigar a las y los jueces.
El choque entre el exgobernador Cabeza de Vaca y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceleró el plan para ocupar las posiciones claves en el Poder Judicial. Una de las decisiones clave fue catapultar a David Cerda Zúñiga de la jefatura de la Oficina del gobernador a magistrado de la Tercera sala civil y familiar. Para consolidar el control en el Consejo fue enviado el entonces subsecretario
Carlos Ruhneb Pérez Céspedes, quien tan solo contaba con experiencia en asuntos políticos y algunos cursos relacionados con el sistema penal acusatorio. Hasta la actualidad es el único consejero que no transparenta su hoja académica y laboral; Elefante Blanco la encontró oculta en la página del PJETAM.
De izquierda a derecha, Walle García, Reyes Díaz, Cerda Zúñiga, Silva Guajardo y Pérez Céspedes, integrantes del Consejo de la Judicatura. Crédito: PJETAM
Forcejeos en el Supremo Tribunal del Poder Judicial
Ante la limitante de solo cinco puestos en el Consejo de la Judicatura, el cabecismo se expandió hacia el Supremo Tribunal, órgano que cuenta con diez magistraturas encargadas de impartir justicia en Tamaulipas.
En la antesala a la primera gran derrota electoral de Cabeza de Vaca, en abril del 2021 fueron enviadas y aprobadas las propuestas para magistradas de Gloria Elena Garza Jiménez y Omeheira López Reyna. La primera renunció a su cargo de subsecretaria de Legalidad, donde operó con su jefe político, el próximo diputado federal, César Verástegui Ostos. La segunda magistratura es un caso similar, ya que se separó de la Dirección general del DIF Tamaulipas para, sin carrera jurídica, llegar al pleno. Perdida la mayoría legislativa vía el voto, antes de que cambiara la legislatura Cabeza de Vaca y Horacio Ortiz alistaron los alfiles para la guerra legal. Los funcionarios David Cerda Zúñiga y
Mauricio Guerra Martínez fueron propuestos y avalados, sin tener méritos en la carrera judicial, para convertirse en magistrados.
Antes de que acabará el mes de agosto, el fiscal anticorrupción,
Javier Castro Ormaechea, renunció para ocupar la magistratura asignada a la Segunda sala unitaria penal. La necesidad de llenar todos los espacios provocó que el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa,
Noé Sáenz Solís, recibiera la indicación de separarse del encargo para ir al pleno del Supremo.
De izquierda a derecha, Alejandro Salinas, Gloria Garza, Jorge Durham y Javier Castro durante una sesión del Supremo Tribunal. Crédito: PJETAM
Para 2021, quien ya tenía tres años con bajo perfil en el Supremo Tribunal era el magistrado
Alejandro Salinas Martínez; él brincó de la Coordinación de asesores de Cabeza de Vaca al Poder Judicial. Su único cargo público anterior fue director de Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública en el ayuntamiento de Reynosa, que lideró el panista tamaulipeco.
La victoria de Américo Villarreal en la elección a la gubernatura y el final del gobierno de Francisco García, quien huyó dos semanas antes de terminar el mandato, tensó a las figuras panistas colocadas en el Pleno del Supremo Tribunal. El único que se mostró aparentemente alejado del conflicto fue el magistrado Hernán de la Garza Tamez, con fuertes vínculos priistas.
Horacio Ortiz cedió la presidencia a David Cerda, en un movimiento que disgustó a magistrados como Castro Ormaechea. Un mes después, Villarreal Anaya decidió no ratificar en la magistratura al máximo operador judicial de Cabeza de Vaca, puesto que sigue vacante. Empero, las mujeres y los hombres más leales permanecen cobrando sueldos mensuales de más de 120 mil pesos a pesar de no tener carrera judicial.
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