Un grupo de empresas mexicanas que están vetadas y fichadas por el gobierno de Estados Unidos, por no cumplir con los estándares de calidad y seguridad en la fabricación de equipo balístico, participan en licitaciones para obtener contratos multimillonarios con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En las últimas semanas, Estados Unidos emitió una recomendación oficial para reemplazar los productos de las firmas Protective Materials Technology SA de CV, propiedad de las hermanas Elisa y Alejandra Aguilar Solórzano; MEX-MSF-SCO SA de CV, que dirige Ignacio Baca; Giramsa, de Raúl Sanabria, y CIA Miguel Caballero SAS, que encabeza el empresario del mismo nombre.
Integrantes del Consejo Nacional de la Industria Balística alertaron a la Sedena sobre estas empresas que están en la “lista negra” del Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos y que actualmente compiten en una licitación pública para vender al Ejército Mexicano 34 mil placas balísticas frontales y laterales, que implicarían un contrato por más de 200 millones de pesos.
Hay dos casos particulares. El primero es el de Protective Materials Technology, que en la actual administración ha obtenido 11 contratos por 449 millones de pesos, un crecimiento de 400% en sus ventas frente a lo obtenido en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Además es la compañía involucrada en la venta de un departamento al general Sandoval.
La firma tiene en su historial una larga lista de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación y aun así compite en la licitación LA-07-113-007000998-T-98-2023 de la Sedena, para la adquisición de las placas balísticas. PMT, como se le conoce a la compañía en el sector de seguridad, presentó propuestas técnicas y económicas pese a estar inhabilitada.
En mayo pasado, Protective fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública por un lapso de 21 meses. A partir de esa determinación, ninguna institución pública de los tres niveles de gobierno puede aceptar propuestas de esta compañía o celebrar contratos con ésta hasta febrero de 2025.
PMT presentó a la Sedena una oferta económica por 266 millones de pesos por las 34 mil placas balísticas, una propuesta similar a la que la compañía ofreció y le aceptó la Sedena el año pasado, enfrentando múltiples señalamientos de irregularidades por vender al gobierno con presuntos sobreprecios.
Por si fuera poco, el Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos pidió en sus alertas reemplazar los chalecos antibalas modelo PMT-BBS-III-A-2-2 de esta empresa, por excesivas fallas de seguridad.
El segundo caso tiene que ver con la razón social MEX-MSF-SCO, que de igual manera participa en la licitación de Sedena, cuyo fallo se dará a conocer el próximo 28 de agosto. La empresa, que va en conjunto con Baher Asesores Integrales SA de CV, presentó la oferta económica más baja, por 221 millones de pesos. Ambas compañías tienen también un historial plagado de anomalías, entre ellas la dudosa calidad de sus productos.
MEX-MSF-SCO está representada por Ignacio Baca, presidente del CNB, el organismo desde el que diversas empresas hicieron un llamado a Jorge Ambia Minero, director general de la Fábrica de Vestuarios y Equipo de la Sedena, para advertir sobre las alertas emitidas en EU y para solicitar que se tome como punto de partida a la oferta económica del consorcio integrado por Armor Life Lab SA de CV y Txat Latam SAPI de SC, la segunda más baja del proceso.
De acuerdo con la carta ingresada en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas de la Función Pública, Baca ha ignorado a los integrantes del Consejo y con ello ha puesto en riesgo a la industria por intentar vender placas rechazadas por el gobierno estadounidense y la vida de los militares que combaten con ese equipo al crimen organizado.
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