El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha aceptado este miércoles pagar 144,5 millones de dólares (unos 132 millones de euros) a las familias de las 26 víctimas mortales de un tiroteo ocurrido en 2017 en una iglesia del Estado de Texas, para zanjar un proceso por negligencia. Más de 75 supervivientes del tiroteo, que dejó también 22 heridos, habían denunciado por lo civil al Gobierno federal, acusándole de no haber impedido que el autor de la masacre comprara el arma pese a las demostradas señales de alerta sobre su peligrosidad.
El acuerdo, pendiente aún de ser sancionado por un tribunal, puede sentar un nuevo precedente en un país donde la violencia armada tiene características endémicas. La laxa regulación existente en el acceso a las armas en algunos Estados permite casos como el de la tiradora que hace 10 días mató a seis personas en una escuela de Nashville, tres de ellas menores, con armas que había comprado legalmente.
El acuerdo anunciado este miércoles por Justicia pretende dar por concluida una agria batalla legal entre la Administración y los supervivientes. “El anuncio de hoy pone fin al litigio y a un capítulo doloroso para las víctimas”, ha declarado Vanita Gupta, fiscal general adjunta. La indemnización es de las más cuantiosas de este tipo, por encima de las aprobadas anteriormente para zanjar procesos por la incapacidad o negligencia del Gobierno a la hora de compartir información que podría haberse utilizado para prevenir sucesos semejantes.
Los antecedentes de Devin Kelley, el asaltante, deberían haber bastado para activar las alertas, y de hecho lo hicieron, pero falló la cadena de transmisión entre administraciones. Exmilitar de 26 años, había sido condenado en 2012 por un tribunal castrense por violencia doméstica contra su esposa y el hijo de esta. Cuando servía en el Ejército, Kelley estuvo internado en una clínica psiquiátrica tras amenazar de muerte a sus superiores. La ley federal estadounidense prohíbe que las personas condenadas por violencia doméstica adquieran armas de fuego, pero los mandos militares no trasladaron el expediente de Kelley a la policía federal, la autoridad competente para verificar los antecedentes penales. La verificación es una condición obligatoria para la compra de armas.
Armado con un rifle de asalto tipo AR-15, un armamento de combate, Kelley irrumpió durante la misa en una iglesia de la pequeña localidad de Sutherland Springs, en Texas, el domingo 5 de noviembre de 2017, abriendo fuego contra los fieles que asistían al oficio, niños incluidos.
Un tribunal federal determinó en 2021 que el Gobierno podría ser parcialmente responsable de esa matanza y le ordenó pagar a los demandantes 230 millones de dólares. El Departamento de Justicia apeló la sentencia, al considerar que no era responsable por no haber actualizado el sistema nacional de verificación de antecedentes de armas de fuego. La apelación irritó a las familias, a sus abogados y a los grupos de control de armas, que consideraron el caso como una prueba crucial del compromiso de la Administración del presidente Joe Biden con el control de armas.
“Las familias de Sutherland Springs son héroes”, ha dicho Jamal K. Alsaffar, abogado principal de las familias. “Han pasado por tanto dolor y pérdida de la forma más horrible. Pero a pesar de ello, han luchado por la justicia y ganado dos juicios contra el Gobierno federal.”
De Parkland a Charleston
No es el primer caso de indemnización pagada por el Gobierno federal a las víctimas de un tiroteo, pero sí el más notable. El año pasado, Washington aceptó desembolsar 127,5 millones de dólares en concepto de indemnización a las víctimas del tiroteo en un colegio de Parkland, en Florida (sureste), para poner fin a 40 denuncias que acusaban al FBI de no dar seguimiento a los informes de dos fuentes que en su día alertaron sobre la peligrosidad del autor de la masacre, un conflictivo exestudiante del centro. La masacre de Parkland se cobró 17 vidas.
Un año antes, el Departamento de Justicia había aceptado pagar 88 millones de dólares a los familiares de nueve afroamericanos asesinados en 2015 por un supremacista blanco en una iglesia de Charleston (Carolina del Sur), así como a los supervivientes del drama, poniendo fin a otra demanda similar.
La Administración del presidente Joe Biden ha intentado repetidamente prohibir la venta de fusiles de asalto y regular de forma mucho más estricta el acceso a las armas, a la contra del conservador Tribunal Supremo, que en junio pasado consagró el derecho a llevar armas de fuego en la calle sin necesidad de demostrar una causa justificada. El fallo que fue un jarro de agua fría para los partidarios de un mayor control. Pese a la orientación del Supremo y la presión del poderoso lobby proarmas, los intentos de Biden se vieron reflejados en la primera legislación bipartidista en décadas, un paso importante, pero modesto en comparación con sus pretensiones.
Fuente.-Maria A. Sanchez Vallejo/Diario Español/Imagenes/web
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