En 2012, el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), que incluía los casos denunciados desde 2006, fue filtrado a través del diario Los Angeles Times. Se ha documentado la forma en la que el gobierno federal incumplió la ley al no publicar a tiempo el registro, así como las posteriores filtraciones por parte de autoridades o exfuncionarios gubernamentales a manera de estrategia para transparentar datos oficiales frente a la opacidad del aparato del Estado.1 De acuerdo con Stanley Cohen,2 en regímenes como el mexicano, las filtraciones son utilizadas debido a la ausencia de un proceso de rendición de cuentas y a un férreo control de la información.
En 2012, como parte de una de las filtraciones, la organización Propuesta Cívica publicó una versión del registro con 21 851 casos registrados. Tiempo después, el Programa de Política de Drogas (PPD) del CIDE Región Centro recibió una versión anónima del registro. Esta versión contaba con una columna que llamó nuestra atención: incluía fragmentos de los testimonios de las personas que levantaron la denuncia en el Ministerio Público, especialmente en los casos que ocurrieron entre 2010 y 2011.
Así, en el PPD leímos cada uno de los testimonios para intentar realizar una tipología de las desapariciones en México, a partir de la edad, el género, la zona geográfica y lo dicho por la persona denunciante. Dado que se trataba de registros históricos, uno de nuestros objetivos fue encontrar patrones para explorar la evolución y permanencia de posibles modus operandi en determinadas zonas y ofrecer una perspectiva que fuera más allá de las cifras. Del total de eventos notificados en la base de datos (16 249), sólo el 35 % (5693) incluye una descripción. Para estos sucesos, creamos 22 categorías diferentes que pueden ser consultadas aquí.
Uno de nuestros hallazgos más relevantes es que múltiples casos están ligados con el crimen organizado, e incluso con diversas instituciones del gobierno. En total encontramos 78 eventos que catalogamos como desapariciones forzadas porque cumplían con alguna de las siguientes condiciones: la víctima fue vista por última vez en una oficina gubernamental o dirigiéndose a ella; la víctima fue detenida por una fuerza policial; en la desaparición participaron sujetos armados que vestían uniformes oficiales; o, los autores del crimen abandonaron vehículos gubernamentales en la escena de los hechos. Los 78 casos pueden sugerir un subregistro influenciado por las condiciones para levantar una denuncia, junto a la aquiescencia de ministerios públicos ante la corrupción de agentes estatales vinculados con redes criminales.
Para validar los casos relacionados al crimen organizado, cotejamos esas desapariciones con reportajes periodísticos que hablaran sobre estos crímenes o que desglosaran el análisis de contexto. Durango, Tamaulipas y Coahuila son los tres estados con un mayor número de casos en los cuales diversas redes criminales estuvieron involucradas. Logramos identificar cómo las cifras aumentaron en zonas en las que operaban Los Zetas. Los casos se asocian con la extensión territorial del grupo criminal y los reajustes entre las organizaciones cuando un llamado “jefe de plaza” de Los Zetas o de sus rivales era detenido o asesinado. En algunos testimonios se indica que los criminales se identificaban como miembros del grupo en cuestión.
De los puntos más reveladores dentro de nuestros hallazgos son aquellos eventos relacionados con la desaparición en carreteras del norte del país desde 2010. En 2021, medios de diversas latitudes publicaron encabezados acerca de una nueva ola de desapariciones en la carretera que va de Monterrey a Nuevo Laredo, y la nombraron la autopista del terror. La base contiene testimonios que precisamente hablan de ésta y otras carreteras. Lo anterior nos llevó a preguntarnos si la información había sido omitida desde entonces por las autoridades. ¿Por qué hasta 2021 surgieron noticias sobre esta problemática en las carreteras del norte? ¿Cuál es la explicación oficial para entender que la red de carreteras de esa parte de México se ha mantenido como una serie de autopistas del terror? A estos casos de las vías carreteras, se les suman otros eventos asociados a la frontera norte, como personas que desaparecieron al ir o regresar de compras, de su jornada de trabajo en Estados Unidos, o al haber sido deportadas y abandonadas en ciudades fronterizas. Un ejemplo es el caso de diez sujetos que fueron vistos por última vez al ser detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
Nuestro análisis cuenta con ciertas limitantes. La principal se refiere al subregistro nacional debido a distintos factores, incluyendo que algunos casos no son denunciados (por miedo, amenazas, e ineficacia burocrática), junto con la omisión de las cifras que las entonces procuradurías estatales no enviaban al gobierno federal. Al respecto, diversos colectivos conformados por familiares de personas desaparecidas, así como organizaciones no gubernamentales, han expuesto la tergiversación de cifras por parte de autoridades locales, ya sea por corrupción, o por mantener una imagen pública alejada de la violencia desatada por la guerra contra las drogas.3 En la base que recibió el PPD, estados convertidos en epicentro de la violencia, como Jalisco, Chihuahua y Sinaloa, cuentan con muy pocos registros, por lo que sólo nos concentramos en aquellas entidades con más información.
A pesar de sus limitaciones, la base muestra la manera en que los patrones de la desaparición han permanecido a lo largo de los años, sin que hayan existido tanto políticas públicas focalizadas por región, como lo demuestran las recientes noticias acerca de las carreteras del norte de México. En particular, los casos con partición directa de autoridades ponen sobre la mesa la imbricación entre actores criminales y gubernamentales, que van desde policías locales, soldados, y agentes del INM, de acuerdo con los datos de la base.
La imbricación toma rostros particulares dentro una red de vínculos que forma parte de una economía criminal con ganancias millonarias insertada en una economía de escala global. En States of camouflage,4 Ieva Jusionyte plasma la historia de unos bomberos en Argentina que utilizaron una ambulancia y trajes propios del oficio para encubrir el tráfico de drogas. La idea de camuflaje, sentencia la autora, ayuda a comprender las conexiones estéticas, pragmáticas y morales entre el gobierno y la criminalidad. De este modo, nos preguntamos qué ha sucedido con estos testimonios a nivel de políticas públicas. Es decir, no sólo nos cuestionamos si la información fue tomada en cuenta por los ministerios públicos, también si estos casos de larga data sirvieron, o han servido, como base para crear análisis de contexto así como políticas de prevención. Las desapariciones forzadas pertenecientes a la base de datos enfatizan cómo, dentro de la guerra contra las drogas, la maquinaria burocrática complejiza el entendimiento de los frentes en conflicto, especialmente cuando el aparato del Estado aparece pluralizado mediante actores e instituciones que combaten, se inmiscuyen, incrustan o confunden con el crimen.5 Las incertidumbres aquí planteadas se mantienen hasta la fecha, puesto que la Comisión Nacional de Búsqueda ha dado a conocer un registro sin una base de datos pública, a la cual las familias no han tenido acceso a pesar de las exigencias hechas durante los últimos meses.
Fuente.-Isaac Vargas
Alumno del doctorado en Antropología de la Universidad de Toronto/
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