En esas 176 semanas, de sólo tener presencia en siete dependencias hasta 2018, militares y marinos se dispersaron en la administración pública y ahora administran, controlan el personal y deciden las políticas de las áreas más sensibles y estratégicas del gobierno federal y estatal. Con ello tienen a su disposición más de 770 mil millones de pesos del presupuesto federal, sin considerar los ingresos extraordinarios.
Es decir, concentran, sólo el Ejército y la Marina, el 11% de todos los recursos disponibles de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, o lo que es lo mismo, 51 veces lo que le toca al Poder Legislativo, o seis veces los presupuestos, juntos, de absolutamente todos los organismos autónomos.
Un dato más, sólo en tareas de seguridad pública (estatal y federal) y seguridad interior, las Fuerzas Armadas controlan, actualmente, casi medio millón de elementos en todo el país, una parte de ellos entrenados en armas y otra en tareas administrativas. Esta suma no contempla ninguna de las otras tareas que han sumado en otras dependencias.
Es así que bajo la consigna de que el apoyo de las Fuerzas Armadas resulta “fundamental y estratégico” para lo que el gobierno lopezobradorista considera “la transformación de México”, ha llevado a las Fuerzas Armadas a asumir tareas que en toda su historia no habían tenido.
La multiplicación de labores van desde encargarse de la inteligencia y contrainteligencia; seguridad pública federal y estatal; pasando por diseñar, construir y administrar obras y proyectos clave; distribuir medicamentos y la atención a la pandemia; hasta asumir el control de puertos, aduanas, aeropuertos, trenes e incluso encabezar las tareas del plan de migración y desarrollo en las fronteras del país.
Tal ha sido la demanda de personal, que tanto la Defensa como la Marina han debido convencer a elementos en retiro o dados de baja para dedicarse a otras tareas, para que se incorporen en puestos directivos o mandos medios.
Pero, contradictoriamente, a la par del aumento de intervenciones en labores ajenas a garantizar la seguridad interior del territorio, misión primigenia el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana, la cantidad de operaciones de protección y vigilancia del territorio nacional han ido a la baja.
A esto se suma que pese al exponencial crecimiento del estado de fuerza de la Guardia Nacional, apéndice de las Fuerzas Armadas que han engrosado sus filas más de 110% en menos de tres años, no ha implicado un avance significativo en la reducción de la violencia y la incidencia delictiva.
Para dimensionar aún más el poder económico real disponible para las Fuerzas Armadas mexicanas, representa el 84% de todo lo que destina América Latina para las tareas militares. Por ejemplo, Brasil que es el que tiene el mayor gasto militar de la región, si comparamos sus recursos, la estructura castrense de nuestro país administran casi el doble, aunque no sólo es para tareas propias, sino todas las responsabilidades que les ha otorgado el presidente López Obrador.
Pero la dimensión de la capacidad que han adquirido la Marina y el Ejército, por el presupuesto e ingresos que actualmente están bajo su administración, equivalen a los recursos que tienen en conjunto 89 países del mundo para desarrollar sus tareas o incluso enfrentar una guerra como Etiopía, Afganistán, Somalia, El Congo o Mozambique.
ejecentral revisó cada una de las dependencias, su presupuesto y personal, para identificar el grado de intervención y con ello sumar su capacidad económica y de operaciones, y así determinar su capacidad real.
Ha sido evidentemente que el Ejército es el que ha mostrado un incremento de recursos y capacidad de decisión exponencialmente, y en menor grado la Marina. Aunque los recursos no han marcado las diferencias entre ambas instituciones, la información recabada por este periódico muestra una falta de sincronía entre ambas, que incluso ya muestra las primeras diferencias, porque mientras la Armada no quiere involucrarse más en tareas civiles, los militares, sí. Pero en los hechos, ambas dependencias han asumido la tarea de limpieza y control que les ha encargado el presidente López Obrador, como guardianes de las instituciones.
“Se consideró necesario el cambio para resolver algunas discrepancias, molestias que habían de pasajeros, mejorar el servicio y también dar una sacudida que lleva mucho un sistema de administración y hay que cambiar y renovar (…) Van a mejorar las cosas porque ya estaba la Marina ayudando, pero había otras áreas que actuaban con las practicas anteriores, del viejo régimen. Por eso decidimos entregarle completa la responsabilidad, todas las facultades a la secretaría de Marina”, sostuvo el mandatario el pasado 8 de julio, al confirmar que la Secretaría de Marina había asumido la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Se trató de una réplica de la operación que desde diciembre del año pasado asumió la misma institución a cargo del almirante secretario, José Rafael Ojeda Durán, sobre el control de la administración de la Comisión Federal para la Protección para Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuyos “malos usos de sus funciones” dio lugar a más de una decena de funcionarios destituidos, al ser identificados como parte de una “red” de corrupción al interior del organismo. O de las aduanas, en las que esta semana se reveló cómo el Ejército sustituirá a todos los civiles, a más tardar en diciembre próximo.
Para algunos especialistas, que han hecho públicas sus preocupaciones, este poder militar no sólo es un riesgo que distrae a las Fuerzas Armadas de sus tareas fundamentales, sino también el que, en los hechos, tienen mayor capacidad que cualquier institución federal. Y esto ha ido en detrimento de su imagen.
Más allá de las armas
Como si se tratara de una vacuna extremadamente potente, las Fuerzas Armadas se infiltran en el torrente de dependencias y unidades estratégicas del gobierno, en lo que aseguran es un intento por poner orden, pero a la par, acumulando un inmensurable poder económico y estratégico.
Estos 770 mil millones de pesos que controlan por ahora, representa más de siete veces el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), o 20 veces el de la propia Secretaría de Marina (Semar). Pero para dimensionarlo mejor, es casi 40 veces lo del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que tanto cuestiona el Presidente.
Ese es el dominio que cualquier ejército de administraciones pasadas desearía haber tenido, ni siquiera comparable con recursos de la guerra declarada al crimen organizado de Felipe Calderón.
Las tareas de las Fuerzas Armadas mexicanas se han extendido no sólo a salvaguardar las garantías y procurar la seguridad nacional a través de la defensa de la integridad territorial y soberanía, además de ejecutar labores sociales en sectores críticos y en momentos de catástrofe, como cuando se aplica el Plan DNIII, pero con la llegada de la administración del presidente López Obrador, las actividades de los soldados se han convertido desde ser albañiles, pintores o cualquier otro oficio para levantar uno de sus megaproyectos hasta la administración estratégica de aduanas, puertos y aeropuertos ante la ineficacia de sus últimos gerentes.
Y aunque pareciera que son tareas que les están quitando su esencia de protección y defensa del territorio, la realidad es que se gesta un poder económico sobre sus nuevas actividades y alrededor de ellos que no se observa a simple vista.
Se puede decir que actualmente tenemos a las Fuerzas Armadas con mayor poder económico de América Latina, pues representa el 84% de todo lo que los países destinan al presupuesto de sus ejércitos, sólo para las tareas militares.
Menos operaciones
Concebidas como órganos de Estado, leales, efectivas y prácticamente incorruptibles, aunque también con un elevado riesgo de que su cada vez mayor incursión en tareas de migración y persecución de delitos propicie un alza en abusos de autoridad y violaciones graves a Derechos Humanos, como advierte la organización de Causa en Común, en la última entrega de informe Guardia Nacional, a tres años de una definición militarista:
El informe advierte: “A más de tres años de su creación, es claro que se trata de una corporación militar dirigida exclusivamente por las Fuerzas Armadas. Cabe resaltar que el actual gobierno ha incrementado, como ningún otro, la presencia y el poder de las Fuerzas Armadas, no solo en tareas de seguridad pública, sino en muchas otras que tampoco les corresponden”.
El informe advierte, entre diversos riesgos, el incremento en presupuesto para las Fuerzas Armadas, y un cambio en su naturaleza que podría generar conflictos al interior de las propias instituciones.
Y es que precisamente el aumento de efectivos se ha hecho evidente con un alza del 110% en dos años y ocho meses, pues de los poco más de 56 mil uniformados que se registraban en agosto de 2019, para mayo de este año, el último informe de seguridad dio cuenta de un estado de fuerza que alcanza los 118 mil 188 efectivos.
En contraparte, la cifra de personal reclutado registró una pronunciada decaída, pues luego de que entre 2019 y 2020 se rebasaron los 21 mil reclutamientos, para el año pasado se debilitaron más, con menos de 10 mil.
Ya en los primeros cinco meses de este 2022 se han alcanzado los 10 mil 45 guardias reclutados, con un promedio de dos mil ingresos al mes, lo cual dificulta alcanzar la meta del gobierno planteada para finales del año de superar 128 mil elementos.
A esto se añade que la Marina y el Ejército también muestran problemas de reclutamiento, al menos no lo están haciendo al ritmo que preveían, al contrario, tienen una caída en el personal activo. Según estimaciones de la autoridad debería haber 50 mil elementos más en las filas armadas; sin embargo, hay una caída en el personal disponible de 2018 a 2022 de 7.62% o de 26 mil 500 elementos menos, ya sea por deserción, muerte, baja o porque ya era momento de su retiro, pero no están logrando sustituirlos.
En cuanto al despliegue operativo a nivel estatal, el trabajo de la Guardia Nacional refleja un incremento en el 66% del territorio, con un alza sostenida en los últimos casi cuatro años, aunque según los datos disponibles hasta enero de este 2022, ese incremento en la presencia de uniformados no se reflejaba en todas las entidades con altos índices de criminalidad y violencia homicida, como es el caso del estado de México, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí y Zacatecas, donde incluso se registran bajas en el despliegue de diciembre de 2020 con inicios de este año.
Un hecho contrastante sobre una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales y en los proyectos de construcción se refleja en la reducción que, desde el arranque de esta administración, han mostrado en cuanto a operaciones de protección y vigilancia del territorio. De manera generalizada, una tendencia que desde el año 2000 evidenciaba la Defensa Nacional y la Marina, con un promedio de unas 270 mil operaciones al año, e incluso con picos de más de 300 mil acciones.
A partir de 2019 hubo un declive con apenas 176 mil 157 operaciones en total, 141 mil 536 por parte del Ejército y la FAM, mientras que por el lado de la Marina se contabilizaron alrededor de 34 mil 600.
Para 2020, repuntó en un 20% al alcanzar un total de 211 mil 575 operaciones; aunque si bien se trata de un alza, aún están muy por debajo de lo registrado en al menos los últimos 19 años.
Fuerzas Armadas con los bolsillos llenos
El presupuesto de este año para las dependencias de seguridad (Sedena, Semar y Guardia Nacional) alcanzaron los 235 mil 237.6 millones de pesos. Es una cifra sin precedentes para un año en cualquier otra administración.
Para este 2022, el gasto como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en las Fuerzas Armadas alcanzó su mayor nivel en los registros, del orden del 1.09%, mientras que el año pasado alcanzó el 0.98%, y la media desde 1990 hasta la anterior administración es de 0.45%, aunque esto se explica porque se han contabilizado dentro del presupuesto de las Fuerzas Armadas proyectos de infraestructura que hasta antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se integraban a las tareas de seguridad nacional.
En los cuatro años que lleva el actual gobierno, ya ha asignado 756 mil 704 millones de pesos, 33.5% más que todo el sexenio de Enrique Peña Nieto o 110% más que el de Calderón, casi 300% de lo que asignó Vicente Fox y 5.5 veces más que el de Ernesto Zedillo.
Fue a mitad de los años 90 cuando el Ejército comenzó a involucrarse en las tareas civiles. Lo hizo primero en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en sustitución a la Policía Judicial Federal, la cual fue catalogada por el entonces titular, Antonio Lozano Gracia, como 90% corrupta. Más tarde se convirtió en uno de los cuerpos que integraban la Policía Federal Preventiva. En ambos casos se supone que sería algo transitorio, pero no fue así.
Aunque de forma intermitente militares y marinos de diferentes rangos fueron designados como responsables de policías estatales, también en áreas de control aéreo o de inteligencia como Pemex, Comisión Federal de Electricidad o PGR; e incluso, como lo documentó ejecentral, eran contratados para vigilancia de zonas estratégicas como presas, zonas petroleras o de producción de electricidad. Pero en todos los casos eran cuerpos de no más de 200 elementos, con tareas específicas.
Pero nunca antes, además de sus tareas institucionales, habían tenido a su cargo 11 policías estatales, las tareas policiales federales con la Guardia Nacional, la inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, CFE y Pemex; la seguridad directa de áreas sensibles como presas, zonas petrolíferas y de producción energética; adicionalmente las operaciones completas en aeropuertos, puertos, aduanas, trenes o migración y Cofepris, y por supuesto la construcción de obras emblemáticas de esta administración.
La capacidad humana acumulada por las Fuerzas Armadas, que dirigen directamente suma 481 mil 436 elementos, de acuerdo con las plazas confirmadas por la Secretaría de Hacienda y datos del Inegi. No todos están destinados a las tareas operativas; sin embargo, una gran parte están entrenados en el uso de armas aunque realicen tareas administrativas.
Al desglosar las cifras encontramos que en los 11 estados, en los que el jefe de la policía de la entidad es un militar o marino, sólo el número de policías a su cargo, que para 2021 contabilizó el Inegi, suman 25 mil 33 elementos.
Si se considera que en el país hay 225 mil 544 efectivos y de ellos 90 mil 671 agentes están en la Ciudad de México (40% del total); si se resta al número total a los capitalinos y se queda sólo el número en el resto del país, en total 134 mil 873 elementos, entonces esos 25 mil 33 elementos que tienen bajo su cargo las Fuerzas Armadas representan el 18.56% de la fuerza policial de las entidades, eso es lo que hasta ahora acumula.
De acuerdo a los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, la Marina tiene 78 mil 526 plazas; la Defensa 259 mil 689, y la Guardia Nacional 118 mil 188. Esto suma 456 mil 403 elementos en las oficinas de las fuerzas federales. De ellos, de acuerdo a la información difundida en la mañanera hace unos días, sólo hay 250 mil 085 como personal operativo, lo que significaría el 54.79%, quienes portan armas y están desplegados en diferentes tareas de seguridad en el país.
A estos números no incluye al personal que manejan las Fuerzas Armadas en aeropuertos, puertos, aduanas, migración, obras y demás tareas, por lo que habría que sumarlos, pero no son claras la cantidad de plazas que significarían, de acuerdo a los mismos documentos de Hacienda. Y son en estas áreas desde las que el Ejército y Marina pueden controlar los temas más sensibles, desde quién ingresa y sale del país, y hasta el flujo comercial, y los objetivos estratégicos en materia de seguridad nacional.
Dinerito extra para las Fuerzas Armadas
Esos más de 770 mil millones de pesos no incluyen todos los recursos extraordinarios que están recibiendo indirectamente por hacer sus tareas extras, como por manejar la Cofepris, la administración de algunos aeropuertos clave en la seguridad nacional, de aduanas, y la construcción de mega obras de la Cuarta Transformación, entre otras nuevas actividades para lo que no estaban contemplados en un inicio de su formación.
Por el momento, tienen en la mira la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que unirá a los dos océanos por medio de un tren, y se prevé una inversión de 120 mil millones de pesos para su puesta en marcha, los cuales serán administrados como sucedió con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por las fuerzas armadas, en específico por la Sedena, proyecto que debe de estar terminado en 2023.
También se contempla la edificación de los aeropuertos internacionales de Tulum, y de Chetumal, en Quintana Roo, y el de Palenque, en Chiapas, que son parte de la recién formada empresa del gobierno, Grupo Aeroportuario Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca, Maya, Mexica, que le aportan más de 100 mil millones de pesos para su manejo en la etapa de construcción.
Y el levantamiento de todas las sucursales del Banco del Bienestar, que se calcula en un gasto de mil 413.5 millones de pesos para la primera etapa de 250 locales, aunque el presidente prometió que serán 2 mil 700 sucursales al integrar a Telégrafos como parte de su estrategia.
También los militares se quedaron al mando de las principales aduanas del país, lo cual le ha redituado al gobierno, ya que el presidente aseguró que esta medida le trajo mayores beneficios económicos, y según las autoridades ya hay uno de 16% más en febrero y de 39% en mayo, con relación a los mismos meses del año pasado. Estos resultados le dan presencia, funcionalidad, pero sobre todo poder económico, ya que demuestran que las tareas de seguridad nacional no solo es proteger la independencia, sino también los intereses de la nación.
Ejército, el más poderoso
Por sí sola la Secretaría de la Defensa Nacional es la dependencia que más ha crecido, y aunque para este año tuvo un leve recorte en su presupuesto, que es resultado de la terminación del AIFA, pero que seguramente se incrementará en un porcentaje considerable para el siguiente año para concluir las órdenes del Presidente de México en sus proyectos. Recientemente, el tramo 5 del Tren Maya que estaba a cargo del Consorcio Grupo México le fue reasignado al Ejército, lo que muestra el poder que le sigue incrementando el presidente López Obrador.
Mientras los recursos le caen a caudales a la Sedena, otras dependencias que eran favoritas de administraciones anteriores en el tema de seguridad las ha opacado y en algunos casos desaparecidos como la Policía Federal o el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), los cuales fueron duramente criticados por el actual mandatario mexicano.
Sólo considerando a la Secretaría de Marina, que también crece agigantadamente en términos porcentuales, aunque la dimensión de los montos no se parece a lo que se asigna a la Sedena, de 2018 a este año ha tenido un crecimiento de 20.6 por ciento.
El dinero que recibe la Semar alcanza casi los 40 mil millones de pesos, mientras que la Procuraduría General de la República se quedó estática en la administración pasada, ahora como Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, tiene un incremento en la asignación de recursos por el orden de los casi 18 mil millones, o un 10.6% más en los últimos cuatro años, lo que muestra el desinterés en la procuración de justicia, y sí en las Fuerzas Armadas.
Aunque no todo está saliendo como lo ha planeado el gobierno, sí hay más recursos asignados, pero otras dependencias han sufrido recortes o subejercicios para mantener el ritmo del gasto de las Fuerzas Armadas que reciben dinero de partidas de otras dependencias, como el caso de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que recibió recursos extraordinarios y que fueron a parar al Tren Maya, el cual está en manos del Ejército, y que al término del aeropuerto Felipe Ángeles el personal militar fue trasladado al territorio del sureste del país para poner manos en la obra.
Control en todos niveles
Al menos 21 de los 32 estados del país la presencia de la Guardia Nacional se ha ido incrementado, sin considerar los operativos y despliegues extraordinarios con los que el gabinete federal de seguridad ha ubicado con mayor presencia de grupos delincuenciales y un alto índice de homicidios.
Muestra de ello es que una revisión hecha por este diario de los perfiles de quienes están al frente de las 32 secretarías encargadas de la seguridad pública de los estados arrojó que, en 11 de ellos, equivalentes a más del 34% del territorio, se mantiene un mando militar o naval al frente de las corporaciones.
Se trata de gobiernos casi en su totalidad gobernados por Morena o fuerzas políticas aliadas al partido en el poder, exceptuando sólo el caso de Tamaulipas, en los que las policías estatales están bajo el mando de generales, capitanes, vicealmirantes y tenientes quienes tienen a su cargo la dirección operativa de los cuerpos de seguridad, así como el manejo de los recursos.
Pese a tener un control castrense, las observaciones de opacidad y un manejo irregular de los recursos no excluye a entidades como el caso de Michoacán, quien tiene al frente de la SSP estatal al general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, José Alfredo Ortega Reyes.
No obstante en 2021, parte ya del actual gobierno a cargo de Alfredo Ramírez Bedolla, pero en su mayoría del exgobernador Silvano Aureoles, se detectó un monto de más de 64 millones de pesos pendientes por aclarar, por la compra, precisamente a la Sedena, de armamento y municiones sin constancia de haber sido entregados a los policías estatales, según la revisión que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo sobre las deficiencias en el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
El caso de Michoacán, donde pese a la presencia de militares y guardias nacionales se ha mantenido un nivel de letalidad en contra de las fuerzas de seguridad locales, y se registra más de un centenar de uniformados asesinados de 2019 a la fecha, según el registro de Causa en Común. Resulta un reflejo de la escasa transparencia que han evidenciado las Fuerzas Armadas, respecto al ejercicio de los recursos que se destinan a la Guardia Nacional.
Pues ha sido la propia Auditoría Superior la que ha documentado “la falta de supervisión y seguimiento” a los contratos que realizan, no sólo corporaciones estatales, sino los mandos de la Guardia Nacional en las entidades, a través de las contrataciones con la Sedena y la Marina, en los que la ausencia de comprobación de gastos se enlista dentro de las anomalías que se han detectado de los bienes y servicios que de manera intrínseca se llevan a cabo en los convenios y contrataciones entre las Fuerzas Armadas, como proveedores y administradores de los recursos humanos y materiales de la Guardia Nacional.
La presencia de los elementos en retiro de la Marina y el Ejército se ubica en Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Estados en los que no ha disminuido la violencia y tampoco les ha redituado para mejorar su imagen, y mucho menos a nivel federal.
Aunque tanto el Ejército como la Marina se ubican con los mayores índices de confianza, por encima de las policías estatales, ministeriales y de tránsito, la percepción de efectividad en el trabajo de ambas instituciones ha tenido variaciones a la baja durante al menos el último trienio, y en contraste la percepción de corrupción ha ido una tendencia al alza.
De 2011 a 2021 la mayor percepción de «efectividad» en el caso del Ejército fue en 2014, cuando alcanzó un índice del 51.4%, y pese a que de 2018 a 2019 implicó un alza de 5.5 puntos porcentuales, desde ese año a 2021 ha venido a la baja al pasar a 44.9 en 2020 y 42.2 el año pasado. Caso contrario a la Marina, que en 2019 cerró con una percepción de efectividad del 53.0, pero bajó a 50.6 y finalmente en 2021 decayó a 47.7%, de acuerdo con datos del Inegi.
En cuanto al porcentaje de población que las identifica como instituciones «corruptas», las estadísticas indican que, si bien ha habido una tendencia a la baja desde 2018, tanto en el Ejército como en la Marina no se encuentran en los estándares bajos que se ubicaron, por ejemplo, entre 2012-2014, cuando el Ejército registró porcentajes entre 20.3 y 22.4, y con la Marina entre el 13.7 y 15.7.
En lo que va de la actual administración de haber registrado índices del 23.6 y 18.1 de percepción de corrupción en el Ejército y la Marina respectivamente, estos se incrementaron a 24.4 y 18.2 en 2020 y para el año anterior ambos repuntaron a 24.8 y 19.4% en cada caso.
La percepción de desempeño de la Guardia Nacional también ha ido a la baja, considerando que la primera medición del Inegi es de junio de 2019, pero no fue sino hasta septiembre de 2020 cuando dicho indicador superó el 70, alcanzando su mayor nivel en marzo de 2021 con 75.1.
Pero pronto comenzó a caer, a partir de septiembre de ese año ha reflejado una tendencia a la baja y una de las mayores caídas en este año, al pasar de 73.6 a 70.0 entre marzo y junio pasados.
Fuente.-
Sin duda, esos números son muy interesantes pero lo evidente es que con todo ese dinero, esas fronteras, facultades, contratos, personal y demás, son históricas LAS COGIDAS que en materia de seguridad pública y nacional les han dado, todo lo que han cedido y todas las nalgas que les faltan por entregar.
ResponderBorrarEsto ya es un cinismo perverso.
Al menos son congruentes, cuidan a quienes los mantienen.
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