Liconsa otorgó contratos hasta por 4 mil millones de pesos, a una empresa fundada por Alejandro Puente Córdoba, empresario de telecomunicaciones ligado a actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón.
Tanto la compañía como el empresario carecen de experiencia o antecedentes en la actividad para la que fueron contratados, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Puente creó la empresa Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV, el 11 de noviembre de 2014, como una firma de la construcción, y fue hasta el 3 de diciembre de 2018 -a los dos días del cambio de Gobierno- cuando se añadió a su objeto social que también se dedicaría a la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos.
Tanto la compañía como el empresario carecen de experiencia o antecedentes en la actividad para la que fueron contratados, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Puente creó la empresa Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV, el 11 de noviembre de 2014, como una firma de la construcción, y fue hasta el 3 de diciembre de 2018 -a los dos días del cambio de Gobierno- cuando se añadió a su objeto social que también se dedicaría a la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos.
El 12 de diciembre de 2019, a un año de haber cambiado de giro, Liconsa firmó un convenio con Grupo Vicente Suárez 73 para que procese como mínimo 400 mil litros de leche al día en una planta que se construirá en Tabasco. Cinco días después, el 17 de diciembre, se firmó un segundo convenio con la misma empresa, con idénticas características de volumen, pero esta vez para una planta procesadora que se construirá en Zacatecas.
Los convenios fueron firmados por Alejandro Armenta Peralta, quien desde 2012 ha sido abogado y apoderado legal de múltiples negocios de Puente Córdoba, de acuerdo con la investigación de MCCI.
Aunque los convenios tienen vigencia de cinco años, a partir de su firma, y en los mismos se establece que hasta diciembre de 2021 iniciarán operaciones, cuentan con una cláusula que permite a la empresa vender a Liconsa leche procesada, vía la subcontratación con otras compañías ya establecidas.
Así, Grupo Vicente Suárez 73 llegó a un acuerdo con un productor ganadero del norte del País que realiza el proceso de secado en sus plantas, por lo que ya surte leche a Liconsa.
En los documentos oficiales obtenidos por MCCI se menciona que Liconsa tiene un presupuesto de hasta 806 millones de pesos al año para los servicios de Grupo Vicente Suárez, por lo que de diciembre de 2019 a diciembre de 2024 el desembolso superaría los 4 mil 30 millones de pesos.
Además, entre abril y diciembre de 2019, Diconsa otorgó otros dos contratos a la misma empresa para la venta de fruta para su programa de abasto rural, por 485 millones de pesos.
De esa forma, los contratos acumulados por Grupo Vicente Suárez 73 tanto para surtir leche como fruta superan los 4 mil 500 millones de pesos.
Acarrea empresario historial de corrupción
Alejandro Puente Córdoba es un empresario del sector telecomunicaciones que se vio involucrado en diversos casos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón, indica la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
En enero de 2012, mientras se desempeñaba como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), Puente fue nombrado titular del Consejo de Participación Ciudadana de la extinta PGR, y desde ese cargo hizo negocios en la propia dependencia, documentó REFORMA.
En septiembre de 2012, la PGR -encabezada entonces por Marisela Morales- pagó al empresario 126 mil dólares por 30 horas de vuelo de un avión de Grupo Aeronáutico AFA, del que Puente era dueño del 99 por ciento de las acciones.
Después, en diciembre del mismo año, funcionarios de la Procuraduría, empresarios de la aviación y el director de la Canitec se pusieron de acuerdo, mediante mensajes de correo electrónico, para ajustar un contrato de renta de un helicóptero a la PGR que beneficiaría a la empresa de aviación de Puente.
La misma empresa de Puente estuvo involucrada en un presunto acto de corrupción de la Oficial Mayor de la PGR, Guillermina Muñoz Soto.
En 2012, Muñoz Soto compró en 8.7 millones de pesos una casa en Jardines del Pedregal, pero la PGR detectó que la ex Oficial Mayor sólo había pagado con su dinero 2.2 millones y los restantes fueron saldados por terceros, entres ellos 3 millones aportados por Grupo Aeronáutico AFA, de Puente, publicó en su momento REFORMA.
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