El empresario hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas, quien se adjudicó varios contratos con Petróleos Mexicanos cuando Emilio Lozoya la dirigía, vive tiempos de incertidumbre y busca deslindarse a toda costa de ese pasado. Es probable que conforme avance la investigación complementaria en el proceso que se le sigue al exdirector de Pemex, el nombre de Juan Carlos y su hermana Fabiola salgan a relucir. Si eso sucede, es factible también que las declaraciones sesgadas del imputado cobren otro giro.
Juan Carlos Tapia Vargas es un empresario hidalguense y contratista de Pemex que va a jugar un papel crucial en el caso Odebrecht y en torno a la credibilidad del testigo Emilio Ricardo Lozoya Austin en el proceso penal que se avecina para investigar y sancionar el financiamiento ilícito a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.
Socio mayoritario de Construcciones Industriales Tapia (Citapia), Tapia Vargas niega su cercanía con el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong, pero en su oficina tiene un retrato de él junto a las fotografías de los gobernadores hidalguenses de 1998 a la fecha.
Y aun cuando dice que es apartidista, una lista de cientos de contratos firmados por su empresa con particulares y dependencias gubernamentales indica que su constructora obtuvo su primer contrato directo con Pemex en 2011 y que la mayoría de ellos le fueron entregados tras el triunfo de Peña Nieto en 2012.
Hasta agosto de 2017 Citapia obtuvo licitaciones públicas y adjudicaciones directas con Pemex por un monto de 517 millones de pesos y 72 millones de dólares, cifras a las que se suman las obras en las que la constructora ha sido subcontratada.
El empresario ha intentado ser discreto desde que su nombre apareció por primera vez en el caso Odebrecht, el 14 de agosto de 2017, cuando se dio a conocer el fragmento de una declaración judicial de Luis Alberto de Meneses Weyll ante la fiscalía de Brasil.
De Meneses fungió como superintendente o director de Odebrecht en México y sus revelaciones señalan que la alianza de la empresa brasileña con Citapia se firmó por una recomendación de Lozoya Austin para “complementar” sus oportunidades de negocios en nuestro país.
Su alianza como subcontratista de la constructora de Norberto Odebrecht le generó a Citapia dos contratos por 628 millones 262 mil pesos, según los datos reportados por la propia compañía.
La asociación no llegó a buenos términos, por lo que ahora ambos consorcios sostienen un juicio ordinario mercantil radicado en el Juzgado Primero Civil de Tula por un adeudo que Citapia le reclama a Odebrecht por 36 millones de pesos, según el expediente 1566/2017, del que Proceso tiene copia.
La demanda de Citapia contra el consorcio brasileño fue presentada en noviembre de 2017, cuatro meses después de que se revelara el nexo de la constructora de Tapia Vargas con Odebrecht y los sobornos entregados por la compañía brasileña a Lozoya Austin.
Otra línea argumentativa que Citapia ha utilizado para justificar su alianza con Odebrecht es la cláusula sexta de Desarrollo Regional que Pemex incluye con empresas extranjeras, un requisito que obliga al contratista a otorgar 50% de la obra asignada a proveedores locales mediante la subcontratación.
***Fragmento del reportaje publicado en la edición 2283 de la revista Proceso, ya en circulación.
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