La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejerció al menos 7 mil 993 millones 433 mil 842 pesos durante los primeros nueve meses de 2019. La dependencia federal a cargo de Alfonso Durazo Montaño no sólo tiene una deuda pendiente con la incidencia delictiva, sino también con la rendición de cuentas. A más de un año de su creación, la Secretaría no ha publicado los contratos y documentos que den cuenta de sus acciones y del uso de recursos del erario público federal.
El gasto ejercido que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) declaró ante la plataforma del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) equivale al 14 por ciento del presupuesto estimado de la dependencia federal para 2019.
La mayor parte del dinero (44 por ciento) fue utilizada para el pago de salarios y prestaciones de funcionarios públicos, trabajadores temporales y por honorarios. En segundo y tercer lugar estuvieron los gastos de oficina (29 por ciento) y los deberes fijos (16 por ciento) por concepto de arrendamientos, derechos, impuestos, subsidios y seguros institucionales.
Los objetos de gasto anteriormente mencionados implicaron una erogación registrada por 7 mil 139 millones 495 mil 128 pesos, que equivalen al 89 por ciento del gasto ejercido por la SSPC durante los primeros nueve meses del año pasado.
El 11 por ciento restante fue distribuido entre los gastos para alimentos, transporte y viáticos de funcionarios públicos (351 millones 245 mil 951 pesos), “gastos de seguridad pública y nacional” (265 millones 768 mil 842 pesos), además de las erogaciones en herramientas, materiales, suministros y mantenimiento de bienes muebles, inmuebles e intangibles (236 millones 923 mil 921 pesos).
A pesar de la información presupuestaria registrada en el SIPOT, los documentos y contratos relativos al gasto de la Secretaría encabezada por Alfonso Durazo Montaño no están disponibles.
Ello se debe –según la dependencia federal– a que la SSPC continúa su proceso de separación de la Secretaría de Gobernación (Segob), ya que durante el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto las funciones de seguridad pública recayeron en la Segob, con la desaparición en 2013 de la entonces Secretaría de Seguridad Pública.
El 30 de noviembre de 2018, el Congreso de la Unión aprobó la creación de la SSPC. La institución encargada de la Guardia Nacional “sigue en un proceso de transferencia” para separarse de la Segob, que no le permite concluir su conformación y rendir cuentas.
“Hasta en tanto no concluya en su totalidad la transferencia” entre la SSPC y la Segob, “así como la creación, formalización o instrumentación de nuevos documentos conforme a las atribuciones a cargo de esta nueva dependencia, la información y documentación se encuentra en proceso”, se lee en la plataforma del SIPOT.
Hasta el tercer trimestre de 2019, la Secretaría registró un presupuesto aprobado y modificado de 14 mil 156 millones 650 mil 496 pesos. Esto representa la cuarta parte de los 57 mil 778 millones 788 mil pesos del presupuesto anual calculado para la SSPC, de acuerdo con lo establecido en un “Dictamen” de noviembre de 2018 del Congreso de la Unión.
Entre los gastos ejercidos destacaron cuatro partidas presupuestarias.
La SSPC invirtió 283 mil 935 pesos en “viáticos en el extranjero” asociados a los programas de seguridad pública y nacional, así como para comisiones y funciones oficiales. Asimismo erogó 18 mil 998 pesos en “gastos para alimentación de servidores públicos de mando”.
También desembolsó 10 millones 548 mil 848 pesos en arrendamientos de vehículos –terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales– para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional, para servicios administrativos y para el transporte de funcionarios públicos.
Además hubo un gasto en “premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión estudiantil” recreativa por 17 millones 578 mil pesos.
DISCREPANCIAS EN EL GASTO
De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ante el SIPOT, durante los primeros nueve meses del año pasado no hubo gastos en publicidad oficial, “toda vez que no se aprobaron recursos presupuestarios a la partida de gasto 36101 ‘Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales’”.
Sin embargo, el registro de “gastos por capítulo, concepto y partida” refiere el ejercicio de 338 mil 987 pesos por concepto de “información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades”. Esta cantidad representa el 1.3 por ciento del gasto aprobado y modificado en materia de difusión y propaganda durante el tercer trimestre de 2019.
Otra de las discrepancias en el gasto ejercido tuvo que ver con la partida de viáticos para funcionarios públicos.
Por un lado, el apartado de “gastos por capítulo, concepto y partida” indica que la SSPC ejerció 258 millones 11 mil 314 pesos en gastos relacionados con viáticos nacionales, entre ellos 42 mil 426 pesos en “viáticos nacionales para labores en el campo y de supervisión”.
Por otra parte, el apartado de “gastos en comisiones oficiales” sólo refiere el ejercicio de 2 mil 696 pesos en “viáticos nacionales para labores en el campo y de supervisión”, entre enero y julio del año pasado. El dinero habría sido utilizado por tres Enlaces del Centro Nacional de Prevención de Desastres, para realizar tareas relacionadas con el “Monitoreo Hidrogeoquímico del volcán Popocatépetl” y el “Programa de vinculación académica en materia de protección civil y emergencias en el estado de Sonora-UNISON-CNPC”.
Algo similar ocurrió con el pago de salarios y prestaciones. Aunque la dependencia federal registró un gasto ejercido por 3 mil 522 millones 446 mil 583 pesos, en el apartado de “sueldos” no hubo registros derivado del proceso de transferencia entre la SSPC y la Segob.
LAS DEUDAS DE LA SSPC
El jueves 17 de octubre de 2019, la capacidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para combatir al crimen organizado y reducir la violencia a nivel nacional quedó en duda, después de un operativo fallido para detener al hijo de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Ese día, el intento de captura de Ovidio Guzmán López –también conocido como “El Ratón”– terminó con el asedio de Culiacán por parte del Cártel de Sinaloa, cuya capacidad de movilización y músculo armado superó a la fuerza del Estado Mexicano.
Lo anterior se dio en un contexto nacional en que la incidencia delictiva (+4.7 por ciento entre 2018 y 2019) y los homicidios dolosos (+2.5 por ciento entre 2018 y 2019) fueron al alza, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Pero también se dieron después de una de las promesas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró en enero del año pasado que “en 100 días de gobierno” desataría “toda la acción transformadora” y mejoraría “el tema de la inseguridad que es complejo”.
A mediados de octubre de 2019, el Cártel de Sinaloa mostró su poderío en Culiacán, Sinaloa. Luego de la detención del hijo de “El Chapo”, Ovidio Guzmán López, el Cártel asedió esa ciudad. Foto: Captura de pantalla.
Además de la falta de resultados concretos en materia de seguridad pública, la SSPC tiene una deuda pendiente en materia de transparencia y rendición de cuentas que, de acuerdo con su titular Alfonso Durazo Montaño, es una cuestión de ética en un momento histórico en que “México no puede seguir ligado estructuralmente a la combinación entre corrupción e impunidad”.
En el SIPOT aún no es posible conocer la información sobre contratos de obras, bienes, servicios y honorarios. Tampoco es posible acceder a los datos sobre convenios de coordinación, donaciones y estudios financiados con recursos públicos, además de las listas de servidores públicos sancionados.
El 30 de abril de 2019 fue publicado el Reglamento Interior de la SSPC. En su apartado Tercero Transitorio, dicha normatividad establece que serán transferidos “los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros” de la Segob a la SSPC para el “desempeño adecuado de sus atribuciones”.
Sin embargo, como este proceso no ha concluido, la SSPC no “ha generado la información que dé cumplimiento a las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” que establece, entre otras cuestiones, que los sujetos obligados tienen la responsabilidad de publicar y mantener actualizada toda la información relacionada con el uso de recursos públicos.
Además de la información “en proceso” de publicación, la SSPC refiere no contar con un listado de jubilados y pensionados, toda vez que “no tiene un esquema propio de jubilaciones y pensiones”. Asimismo indica que durante los primeros nueve meses del año pasado no asignó “el uso de recursos públicos a personas físicas o morales, nacionales y/o extranjeras”, incluidos los sindicados y personas “que realicen actos de autoridad bajo designación presupuestal especial y específica o por cualquier otro motivo”.
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