El arranque de 2020 ha sacudido con fuerza Colombia. Cuando el Gobierno de Iván Duque intentaba aplacar las denuncias de una incursión paramilitar en Bojayá y mientras el presidente repartía dulces entre los niños del pueblo, estallaba otro escándalo: una serie de denuncias de escuchas ilegales a políticos, jueces y periodistas por parte de los militares.
De acuerdo con la investigación de la revista Semana, esa habría sido la causa de la salida del controvertido comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, quien renunció en diciembre aduciendo razones familiares. Esta semana, casi al mismo tiempo de la publicación, se reveló el hallazgo de dos micrófonos escondidos en el despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia que lleva el caso del expresidente Álvaro Uribe, líder del partido de Gobierno, mentor de Duque y un político ligado a las escuchas ilegales, conocidas coloquialmente en Colombia como chuzadas.
Este escándalo revive uno de los peores fantasmas de hace una década, cuando políticos de la oposición, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, defensores de derechos humanos y periodistas fueron víctimas de espionaje por parte de la policía secreta del Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). Este episodio es recordado como las chuzadas del DAS, como se conocía al extinto Departamento Administrativo de Seguridad. La investigación de la Fsicalía sobre esas interceptaciones ilegales, descubiertas en 2009, resultaron en 22 personas condenadas. Las autoridades también confirmaron que algunos miembros del DAS entregaban la información de las víctimas a los paramilitares. La institución fue desmantelada en octubre de 2011, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).
Las nuevas revelaciones apuntan a que los datos de las escuchas ilegales tenían como destino a un político del partido de Gobierno. “Francamente es difícil creer que alguien del Centro Democrático lo recibiera a espaldas de Álvaro Uribe, el caudillo. La pregunta obvia es ¿a todas estas el Gobierno no sabía, no estaba al tanto? ¿El general que comandaba las Fuerzas Militares daba órdenes a motu proprio o de un nivel superior?”, se pregunta el senador Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático, una de las víctimas de los seguimientos, en conversación con este diario.
Duque ha evitado referirse con profundidad a las denuncias de espionaje ilegal: “Aquí tenemos unas Fuerzas Militares que se han destacado siempre por ser honorables y estar al servicio de los colombianos, y donde haya manzanas podridas, llevarlos a que se les apliquen sanciones ejemplares”, señaló el mismo sábado desde Bojayá.
“Hay una similitud del escándalo actual con el pasado. La única diferencia son las instituciones: en el pasado se utilizó al DAS; en el presente, a la inteligencia del Ejército. Pero son similares porque el jefe inmediato en ambos casos es el Ejecutivo. Tanto del DAS como de la inteligencia del Ejército el jefe inmediato es el presidente y por eso es llamado a ser el responsable político”, valoró el periodista Julián Martínez, autor del libro ChuzaDas. Martínez recuerda que en 2009 el espionaje también se encaminó hacia magistrados de las altas cortes que investigaban la relación de políticos con paramilitares.
Los episodios de interceptaciones ilegales abundan en la historia reciente de Colombia, incluso después de que el DAS fue desmantelado. En medio de los diálogos con la extinta guerrilla de las FARC, los negociadores de paz fueron espiados e incluso se dio a conocer la existencia de una red de espionaje que aprovechaba los equipos de la Fiscalía para vender sus servicios al mejor postor. “Pero este caso de chuzadas tiene ingredientes adicionales y especiales, que le dan una connotación política que se correspondería con un anacrónico concepto de guerra interna, de doctrina de seguridad nacional o de guerra fría”, apunta el senador Antonio Sanguino, de la progresista Alianza Verde, otro de los congresistas de oposición que ha denunciado que era víctima de escuchas ilegales.
Micrófonos en altas cortes y amenazas a la prensa
El caso actual tiene, según Cepeda, tres elementos. “Una inteligencia ilegal que se practica contra quienes defienden el proceso de paz; un ataque a la prensa que durante el 2019 denunció escándalos en el Ejército; y una actividad ilegal de espionaje contra la Corte Suprema de Justicia que lleva el caso de Álvaro Uribe”. En este último punto se refiere al hallazgo de dos micrófonos en el despacho del magistrado César Reyes, que investiga el caso de presunta manipulación de testigos por parte del exmandatario. El alto tribunal entregó los micrófonos el martes al fiscal general, para determinar si estaban activos y si habían transmitido datos recientemente. Debido a la investigación se revisarán las oficinas, viviendas y vehículos de los magistrados de la Corte Suprema.
“Se combinan una serie de delitos en un entramado delictivo de altas implicaciones contra la democracia colombiana. Estamos hablando de chuzadas que se hacen desde el corazón de la inteligencia militar, quizás ordenadas por oficiales, cuya información se le entrega a dirigentes del Centro Democrático, seguramente para también proteger al expresidente Uribe, mantenerlo informado sobre actuaciones judiciales”, advierte Sanguino. “El nivel de gravedad es inocultable. Aquí se están socavando los fundamentos mismos de la democracia, esto es una actuación típica de regímenes dictatoriales y autoritarios”.
Además del poder legislativo y judicial, el llamado cuarto poder encarnado en periodistas críticos también ha sido un blanco recurrente desde las épocas del DAS. En el episodio más reciente, Semana denunció que algunos de sus periodistas e instalaciones fueron vigiladas por parte de miembros de la inteligencia militar.
Aunque esto le hace un daño enorme a la legitimidad de las Fuerzas Militares, Sanguino destaca el papel de los oficiales honestos que han ayudado a destapar el escándalo. Ni se puede culpar a todos los uniformados, ni se puede minimizar atribuyéndolo a unas pocas manzanas podridas, argumenta el senador. “Hay una estructura ilegal al interior de las Fuerzas Militares, que coincide con los cambios en la cúpula militar en tiempos de Duque”, concluye.
Hay dos maneras de abordar el escándalo, sostiene por su parte Camilo Romero, el exgobernador de Nariño que acaba de dejar el cargo, otro de los políticos de oposición que eran espiados. La primera es particularizar quiénes son los afectados y quiénes los que dieron la orden. “Más allá del hecho, de que hay unos que chuzan a otros, lo que está de fondo es que hay una lógica de poder y una lógica de gobierno. Y hoy se ha trastocado el 2020 hacía el 2002. Esa lógica de poder es permisiva con lo ilegal, con la criminalidad, con el paramilitarismo, con el asesinato de líderes sociales. Una lógica de poder intolerante con lo democrático, lo distinto”, le dijo a EL PAÍS. Ese tipo de abusos vulnera la confianza de la ciudadanía en las instituciones, zanja.
fuente.-Diario Español/
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