El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, presentó este jueves una demanda contra la multinacional Johnson & Johnson, acusándola de desempeñar un papel clave en el uso desmedido de opioides de la industria farmacéutica y por participar en una campaña de marketing “engañosa”.
“Los opioides han destruido a las familias de Washington, han sobrecargado nuestro sistema de atención médica y han provocado una epidemia de adicción que estamos luchando por contener“, dijo Ferguson. “Johnson & Johnson debe responsabilizarse del daño causado”, añadió.
La demanda, ante en el Tribunal Superior del Condado de King, asegura que Johnson & Johnson -uno de los mayores proveedores de las materias primas utilizadas para producir analgésicos opioides- comercializó engañosamente el uso a largo plazo de estas sustancias en dosis altas, sin evidencia documentada de su efectividad e ignorando los riesgos de tales medicamentos.
Ferguson también afirmó que Johnson & Johnson, junto con varias de sus subsidiarias, alimentaron la epidemia de opioides en el estado de Washington y en todo el país, al embarcarse en una campaña de marketing masiva engañosa. De acuerdo con el fiscal, la campaña convenció a médicos y al público de que sus medicamentos son efectivos para tratar el dolor crónico y tienen un bajo riesgo de adicción.
Además de utilizar ingredientes activos procesados para producir sus propios opioides, Ferguson explicó que Johnson & Johnson vendió estas sustancias a otros fabricantes importantes para usarlos en sus propios medicamentos. Esas compañías son, entre otras, Purdue Pharma y Teva. Los ingredientes se usaron para fabricar oxicodona, hidrocodona, fentanilo, naloxona y otros medicamentos.
La Guía 2016 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para la prescripción de opioides para el dolor crónico, determinó que no existe ningún estudio que demuestre que los opioides sean efectivos para el tratamiento del dolor a largo plazo. La adicción a medicamentos como el fentanilo o la oxicodona que son recetados para calmar el dolor ha causado una crisis de salud pública en Estados Unidos, con más de 47,000 muertes en 2017.
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