En una
votación de cuatro contra tres, el pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
determinó clasificar como reservada la información relativa a las armas de
fuego adquiridas por las corporaciones policíacas en los últimos siete años.
La mayoría de los comisionados consideró que dar
a conocer esta información vulneraría la capacidad de las corporaciones, pues
los grupos delictivos podrían inferir a partir de esos datos la capacidad de
reacción que tiene cada cuerpo policiaco.
La comisionada ponente, Patricia Kurczyn, indicó que un particular le pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que le proporcionara el número de armas que de enero del 2000 a septiembre de 2017 fueron vendidas a las Policías de los Estados, desglosando la corporación, el año y el tipo de arma, es decir, corta o larga.
La Sedena, expuso Kurczyn ante sus compañeros del pleno, le aclaró al particular que ésta no vende las armas, aunque sí funge como intermediaria entre los vendedores y las corporaciones, además de que está obligada a llevar un registro.
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La comisionada ponente, Patricia Kurczyn, indicó que un particular le pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que le proporcionara el número de armas que de enero del 2000 a septiembre de 2017 fueron vendidas a las Policías de los Estados, desglosando la corporación, el año y el tipo de arma, es decir, corta o larga.
La Sedena, expuso Kurczyn ante sus compañeros del pleno, le aclaró al particular que ésta no vende las armas, aunque sí funge como intermediaria entre los vendedores y las corporaciones, además de que está obligada a llevar un registro.
Es decir, sí cuenta con la información requerida, pero negó su entrega al considerar que ésta era reservada por razones de seguridad pública.
Kurczyn, quien en su voto fue acompañada por los comisionados Ximena Puente, Francisco Javier Acuña y Rosendoevgueni Monterrey, consideró que la reserva se actualiza porque, en las condiciones de inseguridad que vive el País, proporcionar esos datos podría restarle eficacia a las corporaciones policíacas, pues se conocería su capacidad de fuego.
"El principio de máxima publicidad es muy importante, pero no es un absoluto", señaló al recordar que uno de los límites que estipula la propia ley de transparencia es la afectación a la seguridad pública.
Los comisionados Areli Cano, Óscar Guerra y Joel Salas, quienes votaron en contra de la reserva, indicaron que entregar la información solicitada no pone en riesgo a las corporaciones, pues conocer el número de armas que adquirieron y su tipo no equivale a saber el total de armas con las que cuentan ni su estado de fuerza.
Guerra dijo que los datos solicitados no permiten conocer con cuántas armas ya contaban previamente las corporaciones, ni cuántas fueron dadas de baja de manera posterior, por lo que es imposible a partir de ahí deducir la capacidad de fuego que tiene cada una de ellas.
Fuente.-
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