Hay de saqueadores a saqueadores. Tenemos los saqueadores del
país, los políticos saqueadores, los empresarios que no pagan impuestos y
también son saqueadores y por último, tenemos a los saqueadores al menudeo.
Pero la ley y el estado de derecho no es parejo. A los
saqueadores al menudeo que en los últimos días han orquestado disturbios en las
manifestaciones los ha procesado y encarcelado rápidamente, pero a los
saqueadores del país, políticos y empresarios saqueadores siguen impunes.
La mano dura contra los ciudadanos y la impunidad a mis amigos,
parece ser el lema del gobierno de Peña Nieto. Mientras a los políticos,
funcionarios y gobernadores corruptos que han robado miles de millones de pesos
no les hacen nada, a los ciudadanos rápidamente los etiquetan y los encarcelan.
Sorprende la celeridad de la justicia en algunos casos y la nula
actuación en otros. Los llamados saqueadores podrían alcanzar hasta 21 años de
cárcel acusados de robo y asociación delictuosa, algunos por robar una caja de
leche.
Mientras tanto, hay una docena de ex gobernadores acusados de corrupción y de
robo al erario que gozan de su libertad. Hagamos cuentas. Por ejemplo, los ex
Gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nuevo
Léon, Sonora y Coahuila, incrementaron la deuda en sus estados por más de 186
mil 535.7 millones de pesos respecto a la deuda que recibieron al llegar a su
cargo.
La suma de las grandes cantidades de dinero que se han robado
podría ser utilizado para las necesidades del gobierno, en lugar de incrementar
el precio de las gasolinas.
En lugar de exigir que los gobernadores corruptos regresen lo
robado, el Estado insiste en perjudicar la economía de los ciudadanos. No hay
limite para sus ambiciones. No existen controles para impedir que sigan robando
a manos llenas. Tampoco voluntad política para encarcelar a los corruptos
saqueadores, mucho menos para recuperar el dinero que se llevaron.
Pero insisto, ¿por qué aplicar un diferente racero para unos y
otros saqueadores? En una democracia se supone que la ley debe otorgar igualdad
a todos.
En los últimos días han sido detenidas mil 500 personas por
participar en saqueos y actos vandálicos durante las manifestaciones en contra
del gasolinazo que se han registrado en diferentes ciudades del país. Nadie
puede justificar estos delitos con millones de perdidas para la Iniciativa
Privada, pero sorprende la diferencia en la aplicación de la ley.
Por otro lado, algunos de los saqueos parecen orquestados o
planeados por fuerzas políticas interesadas en desacreditar el movimiento
ciudadano de protesta. Y lo más importante, interesados en propagar el miedo.
No es fácil determinar cuántos de los saqueadores fueron por
encargo y cuántos, sencillamente se lanzaron a robar por repetición
aprovechando la confusión o por necesidad. Cuando la gente ya no tiene nada que
perder, es difícil predecir lo que puede suceder.
Solo hay que hacer un recuento de la pobreza en México para
saber que este es el preludio de lo que puede pasar si este país no combate la
enorme desigualdad social que existe. Con más de la mitad de los mexicanos
viviendo en pobreza, 28 millones de los cuales tienen necesidades alimentarias,
el estallido social podría estar a la vuelta de la esquina.
Los últimos gobiernos han sido auténticas fábricas de hacer pobres, mientras el
hoyo negro, producto del expolio y el saqueo indiscriminado de presidentes,
gobernadores, senadores, diputados y funcionarios, sigue aumentando.
México no puede seguir con una clase política rica y ciudadanos
pobres. Los ciudadanos estamos hartos de tener políticos corruptos impunes,
funcionarios saqueadores de todos los niveles que se están acabando al país.
A la pregunta que hizo Peña Nieto de ¿qué hubieran hecho
ustedes? Las respuestas de la sociedad civil son contundentes: rebajar el gasto
público, rebajar los sueldos de la alta burocracia, recuperar lo robado por los
gobernadores y funcionarios corruptos saqueadores, adelgazar el aparato
gubernamental, disminuir el número de diputados y senadores, controlar y
prohibir el auto otorgamiento de bonos y beneficios indiscriminados…
En definitiva, se trata de que Enrique Peña Nieto comprenda que
la solución está en su gobierno no en empobrecer más al pueblo mexicano.
Y si no puede, que renuncie.
Fuente.-Twitter: @SanjuanaMtz
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