En la
Administración del ex Gobernador de Veracruz, el prófugo priista Javier Duarte,
los decretos fueron clave para hacer negocios de propios y extraños.
La pasada 63 Legislatura del Estado avaló una iniciativa de Duarte, con Tomás Ruiz como titular de Infraestructura y Obras Públicas, para renegociar un título de concesión para la explotación del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos de 37 a 45 años, con una ganancia adicional por tarifas de por lo menos 5 mil millones de pesos para el consorcio operador, cuya mayoría de acciones son de la empresa española FCC Construcción.
La renegociación del título de concesión, otorgado el 22 de septiembre de 2004 a Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos, fue aprobada por decreto en junio de 2015 con el voto del tricolor, el PVEM, el PRD y Alternativa Veracruzana, y con la oposición del PAN, Movimiento Ciudadano y el PT.
El decreto consta de cinco apartados y autoriza concluir el túnel sumergido en un plazo no mayor a 12 meses -periodo que inició en septiembre de 2015-, restituir el equilibrio financiero de la concesión de mérito y que la concesionaria aporte los recursos necesarios para la construcción de la obra.
El Gobierno de Duarte se comprometió a otorgar derechos de vía y permisos ambientales, así como a no destinar recursos adicionales a los que aportó.
Sin embargo, extender el título de concesión a 45 años generaría por lo menos 5 mil millones de pesos.
La pasada 63 Legislatura del Estado avaló una iniciativa de Duarte, con Tomás Ruiz como titular de Infraestructura y Obras Públicas, para renegociar un título de concesión para la explotación del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos de 37 a 45 años, con una ganancia adicional por tarifas de por lo menos 5 mil millones de pesos para el consorcio operador, cuya mayoría de acciones son de la empresa española FCC Construcción.
La renegociación del título de concesión, otorgado el 22 de septiembre de 2004 a Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos, fue aprobada por decreto en junio de 2015 con el voto del tricolor, el PVEM, el PRD y Alternativa Veracruzana, y con la oposición del PAN, Movimiento Ciudadano y el PT.
El decreto consta de cinco apartados y autoriza concluir el túnel sumergido en un plazo no mayor a 12 meses -periodo que inició en septiembre de 2015-, restituir el equilibrio financiero de la concesión de mérito y que la concesionaria aporte los recursos necesarios para la construcción de la obra.
El Gobierno de Duarte se comprometió a otorgar derechos de vía y permisos ambientales, así como a no destinar recursos adicionales a los que aportó.
Sin embargo, extender el título de concesión a 45 años generaría por lo menos 5 mil millones de pesos.
El 11 de junio de 2015, Tomás Ruiz, siendo
titular de Infraestructura y Obras Públicas, firmó un memorando de
entendimiento con la Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos con la participación
de sus accionistas, Fausto González Casado, de FCC Construcción y Concesiones
Viales, y José Luis Francisco García Servín, de Construcción Infraestructura y
Filial,es de México.
Para evitar problemas, sobre todo con empresas constructoras subcontratadas que hicieron el túnel y no se les liquidó un adeudo aproximado de mil 200 millones de pesos -cuyo litigio está vigente-, el acuerdo fue firmado antes de ser sometido a votación del Congreso local y fue catalogado como confidencial.
Y es que en 2014, la firma española FCC Construcción demandó al Estado mexicano con base en el acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones ente España y México, al manifestar daño a sus intereses por mil 200 millones de millones pesos, derivado de la falta de aportación de recursos por parte del estado de Veracruz para concluir el túnel.
El daño por el memorando de entendimiento firmado por Tomás Ruiz y la concesionaria también alcanzó al Municipio de Coatzacoalcos, que fue eliminado como beneficiario del túnel en la tercera modificación al título de concesión.
En ese acuerdo, la gestión de Duarte también se comprometió a gestionar ante el Gobierno federal la ampliación de la vigencia de la concesión del Puente Coatzacoalcos 1 por "el máximo posible" para resolver con las demandas que la concesionaria presentó contra la entidad por la falta de pagos para cumplimentar la obra del túnel.
El costo inicial fijado en 2004 fue de mil 700 millones de pesos, pero en 2016 se incrementó hasta casi 5 mil millones.
Para evitar problemas, sobre todo con empresas constructoras subcontratadas que hicieron el túnel y no se les liquidó un adeudo aproximado de mil 200 millones de pesos -cuyo litigio está vigente-, el acuerdo fue firmado antes de ser sometido a votación del Congreso local y fue catalogado como confidencial.
Y es que en 2014, la firma española FCC Construcción demandó al Estado mexicano con base en el acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones ente España y México, al manifestar daño a sus intereses por mil 200 millones de millones pesos, derivado de la falta de aportación de recursos por parte del estado de Veracruz para concluir el túnel.
El daño por el memorando de entendimiento firmado por Tomás Ruiz y la concesionaria también alcanzó al Municipio de Coatzacoalcos, que fue eliminado como beneficiario del túnel en la tercera modificación al título de concesión.
En ese acuerdo, la gestión de Duarte también se comprometió a gestionar ante el Gobierno federal la ampliación de la vigencia de la concesión del Puente Coatzacoalcos 1 por "el máximo posible" para resolver con las demandas que la concesionaria presentó contra la entidad por la falta de pagos para cumplimentar la obra del túnel.
El costo inicial fijado en 2004 fue de mil 700 millones de pesos, pero en 2016 se incrementó hasta casi 5 mil millones.
Desaparecen los vehículos usados por ex
Mandatario
El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, tenía a su servicio siete vehículos, entre ellos su camioneta preferida: una Sequoia blanca blindada 5PS Toyota, placas YKE-19-57 de Veracruz.
También utilizaba una Suburban y una Durango, ambas de color blanco y blindadas; dos autos Chargers negros para escoltas, y dos motocicletas para abrirle paso, de acuerdo con un inventario.
Como el ahora ex Mandatario prófugo, todos esos vehículos también desaparecieron.
"De estos automóviles no tiene conocimiento el Gobierno de Miguel Ángel Yunes. Es un inventario de la Ayudantía del Gobernador en la Ciudad de México, cuyo cuartel tenía el indicativo de 'Dinamarca'", revelaron escoltas del ex Mandatario.
Las camionetas Sequoia y Durango, precisaron, pertenecen a Moisés Mansur, considerado por la PGR como principal prestanombres de Duarte.
"El personal a cargo de Mansur está buscando recuperar esas camionetas", indicaron las fuentes.
De acuerdo con los escoltas, David Martínez Cárdenas, quien tenía a su cargo la seguridad del ex Mandatario y la de su familia con 200 elementos, se quedó con la mayor parte de los vehículos que usaba Duarte en Veracruz y en la Ciudad de México.
Martínez, con el indicativo "Cosmos", operaba una red dedicada a la alteración de facturas de viáticos y hasta de la compra de un rancho en Tabasco.
"Cosmos" tenía como colaboradores cercanos en la Ciudad de México a dos mandos encargados de la seguridad del ex Gobernador prófugo, conocidos con los indicativos "Oso" y Caníbal".
Los escoltas aseguran que ambos se llevaron las camionetas del inventario y otros vehículos que no fueron reportados a ninguna instancia oficial.
Recuerdan incluso que Duarte exigía que en la camioneta Sequoia blanca blindada 5PS Toyota hubiera agua Evian, toallas húmedas y goma de mascar.
"Eso sí, nunca se levantaba temprano, siempre hacía sus eventos después de las 11 de la mañana, a menos que estuviera fuera de su alcance", detallaron.
Fuente.-
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