Las personas presas por delincuencia organizada y secuestro no sólo estarán en un área distinta a los demás reos, sino que permanecerán bajo medidas especiales de seguridad, de acuerdo con la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal.
El dictamen aprobado ayer por las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Estudios Legislativos incluye el cambio de dormitorio, vigilancia permanente, restricción de tránsito en el interior de los centros penitenciarios, limitación en visitas familiares y endurecimiento en las comunicaciones con el exterior.
Asimismo, obligaría a las autoridades penitenciarias a instalar un área especial para esos reos, separados del resto.
De aprobarse la nueva ley, los presos serían sancionados por cualquier participación activa en disturbios, por escaparse o ayudar a otra persona a hacerlo, cometer delito hacia otros internos y por la posesión de armas, entre otras faltas disciplinarias graves que contempla el documento.
Para ello, se consideraron nuevas sanciones disciplinarias, como la reubicación de dormitorio, aislamiento temporal, restricción del tránsito en el interior del penal por cierto tiempo y prohibición del uso de aparatos electrónicos públicos.
Por su parte, las autoridades penitenciarias deberán garantizar el cumplimiento de las sanciones disciplinarias cuando se cometan infracciones, pero siempre con respeto a los derechos humanos.
Entre las nuevas obligaciones que se imponen a los titulares de los centros penitenciarios están declarar a la prisión en estado de alerta o de alerta máxima cuando se considere e informar inmediatamente a su superior jerárquico.
Los cuerpos de seguridad deberán cumplir con los protocolos de intervención, el uso proporcional de la fuerza y el uso de armas letales y no letales.
Asimismo, la ley plantea que mujeres y hombres cumplan sus penas en lugares separados, y lo mismo ocurrirá con las personas procesadas y sentenciadas.
También contempla que las mujeres privadas de la libertad tendrán acceso a derechos específicos de su género, mientras que las niñas y niños que nazcan en los centros penitenciarios también gozarán de condiciones especiales.
La Ley Nacional de Ejecución Penal deja en manos del Ejecutivo federal y de los estados establecer las normas disciplinarias que regirán en los centros penitenciarios.
Por otro lado, también se establece que el Ministerio Público tendrá facultades para garantizar el respeto a los derechos humanos de los reos y cumplir con sus obligaciones en los procedimientos de ejecución penal.
El dictamen será discutido y sometido a votación en el pleno del Senado, y posteriormente enviado a la Cámara de Diputados para su análisis.
Los senadores acordaron presentar sus reservas a algunos artículos cuando se dé la discusión en el Pleno.
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