En las audiencias públicas sobre la ley de tortura que se analiza
en el Senado, José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos e integrante del Grupo de
Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, reveló que la Procuraduría
General de la República (PGR) recibió de diciembre de 2006 al 31 de diciembre
de 2014 cuatro mil 55 denuncias por tortura y mil 273 de ellas son atribuibles
a militares.
Destacó que a través de solicitudes de acceso a la información se
pudo obtener estas cifras. Subrayó que mil 884 denuncias, del total de las 4
mil 55 se convirtieron en averiguaciones previas, pero sólo se consignó a once
personas. “Sólo once casos de tortura han sido consignados. Destacó que el
relator de la ONU, Juan Méndez, indicó que sólo existen cinco sentencias
condenatorias por tortura en México, de las cuales no es posible conocerlas”.
Por su parte el representante adjunto de México, el alto
comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Jesús Peña
Palacios destacó que si el congreso decide que la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos siga siendo la detentora del mecanismo nacional para la
prevención de la tortura “deberá tener una oficina independiente de la del
tercer visitador. Como hoy está; debe tener personal propio y recursos etiquetados”.
El representante de la OCNUDH Peña Palacios insistió en que deben
dársele mayores facultades al mecanismo para presentar denuncias por tortura;
deberá de tener facultades para llamar a cuenta a los funcionarios que no
acaten las recomendaciones que emitió en materia de tortura.
Asimismo, Peña Palacios manifestó su preocupación por como está
operando actualmente dicho mecanismo. Abundó que el funcionario encargado del
mecanismo “debe tener una oficina distinta a la que tenga la CNDH,
independiente de las demás visitadurías, debe contar con personal especializado
suficiente y con recursos etiquetados”.
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