En México, las autoridades no están interesadas en resolver la problemática de la desaparición de personas, ni en el dolor de las familias, sino que sólo buscan "sacudirse" las investigaciones dependiendo de la presión política que reciban.
Para Carlos Zazueta, investigador de Amnistía Internacional (AI), ésta es una de las grandes conclusiones del informe "Un trato de indolencia, la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México" de la organización, que hoy se dará a conocer en el Museo Memoria y Tolerancia.
La investigación, encabezada por Zazueta, se enfoca en dos casos con contextos muy diferentes: Ayotzinapa, que ha requerido muchos recursos del Estado, y Cuauhtémoc, Chihuahua, donde hay 351 desaparecidos desde 2007 que han pasado prácticamente desapercibidos.
Pese a esta diferencia, explica el investigador, en ambos casos las familias de las víctimas siguen sufriendo y no tienen las respuestas adecuadas, generando efectos económicos y de miedo en las comunidades que destruyen el tejido social y no ayudan a la reconstrucción de un ambiente de paz.
"Ese fue el hallazgo más importante, el Estado a veces apuesta más recursos, o a veces no, pero no logra (en ninguno de los casos) destrabar los problemas humanos y atender la tragedia en el sentido humano de las víctimas, de lo que están viviendo", señaló Zazueta.
"Las autoridades muchas veces están interesadas, dependiendo del nivel de presión que reciban, en gestionar, no en solucionar; si no reciben presión lo archivan, de lo contrario intentan solucionar un poco más y (luego) archivar, pero parecería que quieren sacudirse el problema, no ayudar a solucionar el problema o a prevenir".
En ciudad Cuauhtémoc, agregó, se muestra el verdadero interés del Estado para solucionar los casos de desaparición de personas, los cuales, pudieron comprobar, son atendidos con gran deficiencia sólo por la Fiscalía local.
Lamentó también que los datos oficiales, que reportan 27 mil personas desaparecidas en el País, sigan sin poder aclarar en cuántos hay sospecha de desaparición forzada, desaparición entre particulares o ausencias voluntarias.
"El Gobierno puede decir que son 'no localizados' y quizá se fueron por su propia voluntad, pero lo tienen que investigar y corroborar, (...) por qué la sociedad va a creer que esas personas están bien y no quieren aparecer cuando seguimos encontrando fosas y fosas cada semana y tenemos miles de cuerpos sin identificar".
En las conclusiones del informe, AI urge al Estado mexicano a reconocer la magnitud del problema y asumir plenamente su deber de investigar todos los casos des desapariciones ocurridas en el País.
El documento se realizó con motivo del proyecto de Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares que el Presidente Enrique Peña Nieto presentó el pasado 10 de diciembre.
"Es un informe destinado a alertar y movilizar en relación a esta ley que se quiere adoptar, una legislación con medidas que no van lo suficientemente lejos", precisó a REFORMA Geneviève Garrigos, presidenta de AI en Francia.
Garrigos considera que entre las carencias de la legislación propuesta está la falta de un mecanismo para que las medidas federales sean efectivas en los estados y municipios.
fuente.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: