En Singapur, 80 por ciento de los casos que persigue el órgano anticorrupción acaban en una sentencia condenatoria, mientras que en México, sólo 1.5 por ciento una sentencia de este tipo, lo que convierte al país en un lugar propicio para la impunidad.
Este ejemplo es parte de los ensayos que ayer lunes se dieron a conocer en la séptima edición del Índice de Competitividad Internacional 2015, promovido por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y que tiene como propósito analizar el fenómeno de corrupción y plantear diferentes soluciones.
Los investigadores del IMCO, Carlos Grandet y María José Jaury, compararon lecciones internacionales de combate a la corrupción y concluyeron que si México desea cambiar su situación de corrupción e impunidad generalizadas, debe tomar acciones inmediatas al respecto y para hacerlo puede aprender de la experiencia de otros países, donde hay órganos anticorrupción bien equipados y facultados para cumplir con este trabajo.
“Como sociedad parecemos estar cansados de la corrupción, pero no hemos logrado crear instituciones que la combatan. ¿Estamos condenados a perpetuar esta situación?”, se cuestionan.
Incluso, relatan que existen voces que alegan que el tema de corrupción es un tema propio de la cultura mexicana, sin embargo aseguran que lejos de ser un problema enraizado, es de incentivos e instituciones.
“La corrupción ocurre en todo el mundo, en países ricos como Estados Unidos o Singapur, o pobres como Nigeria o Bangladesh, en países del hemisferio Norte y del hemisferio Sur. Lo que caracteriza a un país con instituciones resistentes al embate de la corrupción es su capacidad para prevenirla, perseguirla y castigarla.
El problema de México es uno de corrupción pero, aún más, de la excepcional impunidad que la acompaña”, detalla en el ensayo.
En su análisis, los especialistas recuerdan que en Estados Unidos, Sheldon Silver, presidente de la Cámara de Diputados del Estado de Nueva York, fue arrestado y sometido a un juicio penal por haber recibido aproximadamente cuatro millones de dólares en sobornos.
Este caso lo compararon con uno en México, donde el ex diputado federal Ernesto Núñez fue grabado pidiendo 4 millones de pesos en moches para asignar recursos a programas culturales y ni siquiera fue investigado.
Recordaron que cuando una de las herederas al trono español se vio involucrada en un desfalco al fisco y fue acusada por tráfico de influencias, la Corona española permitió que el sistema de justicia la sometiera a un proceso penal como lo habría hecho con cualquier otro ciudadano español.
“En México, cuando se descubre que la esposa del Presidente de la República posee una casa valuada en millones de dólares y que la constructora que la edificó recibió contratos de obras públicas para la administración que encabeza su esposo, las autoridades declaran no tener competencia para conocer del caso”, ejemplificaron.
A la excepcional impunidad mexicana, le pusieron cifras. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reporta que desde 1998 ha presentado 444 denuncias penales en contra de funcionarios públicos por irregularidades durante su gestión pero la Procuraduría General de la República sólo ha consignado a siete de ellos.
“El problema de procuración de justicia en México es tan grave que hoy día sólo hay cinco funcionarios a nivel federal sirviendo una sentencia por delitos relacionados con la corrupción”, insisten.
En ese sentido enlistan las experiencias internacionales que México puede aprenderle a otros países, como el crear órganos únicos dedicados al combate de la corrupción
Estos órganos anti-corrupción, como el que se pretende crear en México, deben contar con autonomía presupuestaria, operativa y orgánica; personal capacitado; medios de control internos y externos; recursos financieros suficientes y un marco normativo que sustente sus acciones.
“La voluntad política es la piedra angular que sustenta los elementos básicos para poner en marcha y favorecer el éxito del órgano especializado en el combate a la corrupción”.
“Esta voluntad debe expresarse en acciones como el otorgamiento de capacidades amplias de investigación y la capacidad de atraer talento y recursos financieros al órgano persecutor”, exponen.
fuente.-LaSillaRota.
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