Los cárteles de las drogas de México tienen en sus filas a más de 30 mil menores de edad y el perfil de este ejército de niños y niñas mexicanos se repite: abandonaron sus estudios y residen en zonas marginadas del país.
Mexico,D.F 09/Jul/2015 La distribución de los menores de edad que son parte de un grupo organizado es el siguiente: 24 mil menores podrían estar integrando el Cartel de Sinaloa; 17 mil colaborando con Los Zetas y otros 7 mil 500 se ubicarían en las filas de La Familia Michoacana o Caballeros Templarios.
Estos datos son parte de un punto de acuerdo de la Comisión Permanente, en el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación (Segob), para que a través de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana se fortalezca la implementación de programas y políticas públicas que tengan como fin prevenir la participación de menores en actividades de la delincuencia organizada.
El punto de acuerdo, promovido por el senador del Partido del Trabajo (PT), David Monreal, considera que el número de personas jóvenes que son parte de la delincuencia organizada va en aumento.
El senador zacatecano hace referencia a datos aportados por la Asociación Civil Cauce Ciudadano, quienes hacen un perfil de los niños y niñas involucrados en actividades ilegales.
“Son jóvenes entre 13, 14 y 15 años los que trabajan como vigilantes de casas de seguridad, sicarios, empaquetando la droga, o bien, colaboran en el secuestro de personas”.
“Asimismo, diversas organizaciones civiles señalan que entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de octubre de 2013, mil 873 adolescentes fueron asesinados; cabe destacar que dicha tasa se incrementa en estados como Guerrero y Chihuahua”, detalla el texto.
Sin estudios
El documento expone que los adolescentes que se encuentran inmersos en la delincuencia presentan un retraso escolar de más de cuatro años o han abandonado la escuela.
Los niños y jóvenes en estas circunstancias residen en zonas urbanas marginales, trabajan en actividades informales que no exigen calificación laboral, y con el producto de su actividad ayudan al sostenimiento de la familia.
En ese sentido, el punto de acuerdo considera que en México a la delincuencia organizada se le ve como un problema de seguridad pública, mas no como un problema social que afecta a la sociedad en su conjunto.
Por lo que es necesario crear medidas de previsión para que los menores no delincan, así como un sistema especializado capaz de ofrecer a adolescentes oportunidades reales de desarrollo.
“Prevenir la penetración del crimen organizado en núcleos poblacionales vulnerables, como lo son los niños y adolescentes, debe ser una de las tareas que el Congreso de la Unión deberá contemplar en el diseño del Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes, no obstante, actualmente México cuenta con mecanismos que buscan hacer frente a esta problemática y es la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob.
Estatus legal vigente
El pasado 3 de junio, la Comisión Permanente realizó la declaratoria de reforma constitucional, la cual faculta al Congreso para crear el Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes.
Dicha reforma obedece a las recomendaciones emitidas por organizaciones internacionales, asimismo, está vinculada con los tratados internacionales signados por México que se refieren al tema de la justicia para niños y adolescentes, tales como la Convención de los Derechos de los Niños (1989).
También se contemplas las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores (Reglas de Beijing, 1985); las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de libertad y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices RIAD, 1990).
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