El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una nueva línea de investigación para resolver si Citigroup permitió que clientes movieran recursos ilícitamente a través de su unidad en México, Banamex, colocando a la sucursal más grande del banco a nivel internacional en el camino de una creciente indagatoria sobre lavado de dinero.
Las autoridades citaron a Banamex para demandar información sobre sus controles antilavado de dinero y en busca de documentos sobre operaciones que involucran a cientos de clientes, de acuerdo con documentos revisados por Bloomberg
El citatorio, que fue enviado en enero pero no ha sido reportado o dado a conocer por el banco, amplía una investigación del Departamento de Justicia que anteriormente se había enfocado en la pequeña unidad del banco en Estados Unidos.
Esto demuestra que los investigadores están fijándose en la operación en México, que representa cerca de 10 por ciento de los principales ingresos de la institución y que tiene alrededor de mil 500 sucursales, casi el doble de lo que tiene Citi en Estados Unidos.
Fiscales estadounidenses están buscando registros acerca de la relación entre las unidades de California y México, según los documentos revisados por Bloomberg News.
Entre los registros están algunas líneas de negocio de Banamex USA, como las operaciones y finanzas, comunicados a los empleados de Banamex en México, y los reportes sobre el cumplimiento y legales que se informaron al personal de Citigroup en Nueva York, según los documentos.
Los fiscales buscan los registros sobre las transferencias de dinero entre Estados Unidos y México que las unidades de California y México realizaron en nombre de otras empresas, incluidas las firmas de envíos de dinero. También pidieron los registros bancarios completos de cinco clientes.
Banamex, propiedad de Citi, ya está bajo investigación en Estados Unidos sobre un presunto fraude contra el banco.
Citigroup dijo por separado que el año pasado cerró una unidad de guardias de seguridad de Banamex, luego de descubrir un fraude ahí.
La investigación amenaza el legado de Manuel Medina Mora, que estuvo al frente de Banamex por casi dos décadas. Él encabezaba Banamex cuando Citigroup lo compró en 2001, y luego dirigió las operaciones de banca de consumo en América Latina y últimamente a nivel mundial. Medina Mora dejó su cargo de copresidente de Citi el mes pasado, permaneciendo com presidente no ejecutivo de Banamex.
Ni Citi ni Medina Mora han sido acusado de algo indebido. Molly Millerwise Meiners, vocera de Citi, declinó poner a Medina Mora disponible para comentarios.
Peter Carr, vocero del Departamento de Justicia, declinó hacer comentarios.
Meiners declinó comentar al respecto, haciendo referencia al más reciente documento revelado por Citi sobre Banamex USA, en marzo, donde decía que el banco estaba cooperando con las autoridades. En ese documento no se mencionó a la unidad en México.
La incursión del Departamento de Justicia en México se produce después de que varios reguladores de Estados Unidos han encontrado problemas similares en Banamex USA, con sucursales en California y Texas.
El miércoles, Citi dijo que cerraría las sucursales después de que llegó a un acuerdo con los reguladores que le impusieron una multa de 140 millones de dólares por las deficiencias en el programa contra el lavado de dinero.
El citatorio de los fiscales fue entregado a Banamex, en nombre del Departamento de Justicia, por la comisión bancaria México, de acuerdo con los documentos examinados por Bloomberg News.
La participación de una agencia mexicana sería significativo, dijo James Gurule, un ex fiscal federal y subsecretario de Ejecución del Departamento del Tesoro.
"Es probable que hubiera requerido esfuerzos de negociación considerables entre los gobiernos", dijo Gurule, ahora un profesor de derecho en la Universidad de Notre Dame.
No sería la primera vez que las autoridades estadounidenses ampliaron sus investigaciones más allá de la frontera. Previamente investigaron los controles anti lavado de HSBC en México y otros países, y le aplicaron una multa de mil 900 millones de dólares, luego de que la institución admitió que falló en mantener efectivos controles contra el lavado de dinero.
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