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miércoles, 5 de agosto de 2026

«¿QUE… VAN A MANDAR OTROS 14 MIL SOLDADOS ?: CÁRTEL EJECUTA INFLUENCER en TRANSMISIÓN en VIVO en CULIACÁN»… si hasta parece que «La Mayiza» trae permiso.


La ejecución de César Gastélum esta noche en Culiacan,no es un hecho aislado: es otro capítulo, perfectamente rutinario, de una barbarie que ya ni siquiera se disimula, mientras el gobierno federal presume un despliegue militar que sólo sirve para decorar las escenas del crimen y Omar García Harfuch se regodea en la cifras infladas que presumen capturas.

La vida en vivo, la muerte en vivo

Un influencer con más de medio millón de seguidores transmite en vivo “Al Estilo Culiacán” frente al drive thru de una franquicia de comida rápida en el bulevar Sánchez Alonso, Sector Tres Ríos. La postal: ciudad “moderna”, comida rápida, redes sociales, vida aspiracional. La realidad: dos tipos en moto, sin decir palabra, le disparan directo a la cabeza.

Antes del balazo, alguien alcanza a verbalizar el miedo: “Esos chavalos me dan miedo, oiga”. No es una intuición, es un diagnóstico. En Sinaloa todo el mundo sabe quién manda, y no es el Estado. El Estado llega después: SSPC, Ejército, cintas amarillas, acordonamiento, protocolo. Detenidos: cero. Efectividad: cero. Repetición del guion: absoluta.

El fracaso militar contado en cuerpos

Más de 14 mil soldados desplegados en Sinaloa y, pese a toda esa parafernalia verde olivo, ni siquiera han podido contener las tres violencias básicas que destruyen la vida diaria: ejecución, levantón y despojo. 

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El asesinato de un creador de contenido en plena zona urbana es sólo un ejemplo visible de una estadística que se desangra en silencio.

Entre 2024 y 2025, la tasa de homicidios en la entidad crece cerca de 75 por ciento según INEGI, con datos de servicios médicos forenses que contradicen las cifras alegres de las mañaneras, esas que se alimentan de reportes maquillados de fiscalías estatales y la estrategia mediática y cosmética de de García Harfuch. 

Ahí está la “Narcoguerra”: disputas entre grupos rivales, ejecuciones, detenciones, ajustes de cuentas. El gobierno le dice “estrategia”, la realidad le llama masacre sostenida.

Los saldos de la ola: números que desmienten el discurso

El propio balance de la violencia desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 3 de agosto de 2026 ,publicado puntualmente por Noroeste,desnuda el cuento del control territorial:

  • 3,638 homicidios dolosos, un promedio de 5.2 diarios.
  • 4,182 personas privadas de la libertad, 6.0 diarias.
  • 12,130 vehículos robados, 17.5 diarios.
  • 3,783 personas detenidas, 5.5 diarias.
  • 209 personas abatidas.

La aritmética es brutal: por cada “abatido” que el gobierno puede presumir, hay decenas de homicidios, miles de personas levantadas y miles de patrimonios arrancados. Es una ecuación en la que el Estado nunca gana, pero insiste en denunciar avances “históricos” mientras los cuerpos siguen contando otra historia.

Influencers ejecutados, narrativa silenciada

La ejecución de César Gastélum se suma a la lista creciente —y casi siempre invisibilizada— de influencers, creadores de contenido y figuras públicas asesinadas en el contexto de esta narcoguerra: gente que vive de mostrar la ciudad, la fiesta, la cotidianeidad, y termina exhibiendo, con su propia muerte, que en Sinaloa cualquier visibilidad puede ser sentencia.

El mensaje es claro: se puede tener medio millón de seguidores, pero el único algoritmo que manda es el del terror. El video en vivo se corta de golpe, la transmisión se transforma en evidencia forense y el crimen organizado reafirma su dominio mientras el despliegue militar se limita a recoger casquillos y a rellenar partes informativos.

Barbarie inatacable, Estado ornamental

Lo que pasa en el drive thru de Tres Ríos sintetiza el desastre: la gente reconoce el peligro antes de que el Estado siquiera lo registre, los sicarios operan como si la ciudad fuera su propiedad privada, los soldados llegan para posar frente a cámaras y las cifras oficiales siguen tratando de maquillar lo que INEGI y los forenses ya documentaron con precisión.

Sinaloa vive bajo una barbarie continua e inatacable, y el aparato federal se ha resignado al papel de administrador de daños colaterales. La “Narcoguerra” no es una estrategia: es la confesión, día tras día, de que el monopolio legítimo de la violencia ya cambió de manos y que, entre el drive thru y la morgue, el único Estado verdaderamente eficaz es el del miedo.

Con información: NOROESTE/ ELNORTE/

martes, 4 de agosto de 2026

«YAHLEEL estuvo en la MAÑANERA de ATYPICAL TV y dice FISCAL de AMÉRICO la QUIERE METER al BOTE para EVITAR les GANE NUEVO LAREDO»…quieren domesticarla y evitar su nombre en la boleta de 2027.

En Atypical TV, esta mañana, Yahleel Abdala Carmona, política y exfuncionaria de la Secretaría del Bienestar en el gobierno panista que encabezó en Tamaulipas, de 2016 a 2022, el prófugo federal Francisco Javier García Cabeza de Vaca, volvió a poner sobre la mesa el diferendo legal y político que mantiene con el gobierno de Morena y Américo Villarreal.

La oriunda de Nuevo Laredo narró con total seguridad su versión de una persecución política que, según dijo, no solo busca castigarla, sino sacarla del juego antes de que vuelva a competir en 2027. 

El relato de la ex-diputada en varias ocasiones, adema de ex-candidata a la alcaldía de Nuevo Laredo en 2024, no fue precisamente el de una víctima silenciosa. 

Yahleel habló de fraudes electorales, recuentos extraños, boletas desaparecidas, casillas “vacías” y una cadena de maniobras que, en su versión, hicieron que la elección donde se coronó Morena y Carmen Lilia Canturosas ,fuera todo ,menos una contienda democrática. 

Según su denuncia, en 2021 y 2024 la maquinaria electoral operó con la delicadeza de un camión de volteo: abrir casillas, alterar resultados y luego entregar la constancia a quien convenía. 

Pero el verdadero golpe, dijo, no fue electoral sino judicial. La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, encabezada por el morenista de hueso guinda ,Andrés García Repper Favila, habría convertido un tema administrativo de compras y adjudicaciones en una causa penal, con la meta —según su narrativa— de ponerle una soga jurídica al cuello y impedirle competir. 

El detalle incómodo es que García Repper, sin los conocimientos necesarios para el cargo que ostenta, fue representante electoral de Morena y después terminó convertido en fiscal anticorrupción, una mezcla que en cualquier país serio levantaría cejas; en Tamaulipas, aparentemente, levanta nombramientos y en medio de un desaseo brutal donde ya no hay honras que cuidar y, de plano, ya se descararon.

Tan así, que el anterior fiscal anticorrupción, hoy fiscal general de justicia,Jesus Eduardo Govea, estuvo preso siete meses en el penal federal de alta seguridad del Altiplano en 2001, por servir precisamente a su majestad el Cártel del Golfo,aliados politico-criminales de Americo Villarreal sin que a las instancias de inteligencia federal y militar,les de cosquillas.

La jugada fina: no encarcelarla, sino borrarla

La estrategia, según la propia Yahleel, no sería necesariamente meterla a la cárcel, sino algo más elegante y más tramposo: inhabilitarla políticamente. Porque una cosa es cargar una carpeta, y otra muy distinta es dejarla fuera de la boleta por la vía de la prisión preventiva, la presión mediática o, si hace falta, una reforma legal hecha con la urgencia de quien tapa un boquete con cinta adhesiva. 

Su denuncia también apunta a algo más grave: el uso de las instituciones como garrote político. No se trataría de justicia, sino de administración de enemistades. Y en ese escenario, la fiscalía aparece no como árbitro, sino como parte del partido; no como institución, sino como operador. 

Nuevo Laredo, la plaza que muchos quieren

Detrás del caso está el «territorio Zeta de Nuevo Laredo», la aduana grande, la caja grande y el negocio grande. 

La importancia del municipio explica por qué la pelea no es menor: quien controle esa plaza no solo controla política local, sino una ruta estratégica de comercio, recaudación y poder. En otras palabras, no es una alcaldía; es una mina de oro con semáforos. 

Por eso, la tesis de fondo que defendió Yahleel es simple: no la quieren porque puede ganar, porque puede estorbar y porque puede romper el acomodo. Y en un ecosistema donde el huachicol fiscal, la impunidad y las redes de poder se sienten muy cómodas, una figura incómoda es vista como amenaza, no como contendiente. 

Yahleel presume que no la están combatiendo por corrupta; la están intentando domesticar porque no les conviene su nombre en la boleta. En Tamaulipas, cuando no te pueden doblar en votos, te quieren doblar en tribunales. Y si tampoco pueden, entonces cambian la ley, reparten versiones y le llaman “justicia”. 

Con información: Atypical TV/

«RECONOCEN a RECONOCIDO MAÑOSO: le ENTREGAN al HIJO de AMÉRICO una MAESTRÍA en SEGURIDAD de una UNIVERSIDAD del GOBIERNO»… más que un título, es una foto útil para la propaganda.


Hoy Americo Villarreal Santiago,alias «Ameriquin y/o Ameriking», hijo consentido del gobernador de Morena multiacusado en EE.UU, Americo Villarreal Anaya, presumió con bombo y platillo su “Maestría en Desarrollo de Políticas Públicas en Materia de Seguridad”, como si un título impreso borrara de golpe todas las historias de extorsión, tráfico de influencias y ligas con el crimen organizado que lo persiguen con nombre y apellido desde el inicio del gobierno en Tamaulipas.

No se debe perder de vista que la citada Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT) ,que hasta hace poco operaba bajo la responsabilidad de un expresidiario del penal de Tamatan,enclaustrado casi dos años,pertenece a la misma estructura gubernamental que encabeza su padre,aun en libertad.

Aqui la escena no solo huele a conflicto de interés: huele a sumisión institucional, a trámite con apellido y a una “ceremonia académica” convertida en acto de complicidad política. Cuando la universidad que debería resguardar el mérito termina prestándose para legitimar al hijo del poder, ya no entrega un título: entrega una foto útil para la propaganda.

Porque, de pronto, el personaje multiseñalado en una reciente trama de extorsión, en la que incluso la víctima también señala a su madre, Ma. Santiago de Villarreal.

Aqui aparece disfrazado de estudiante ejemplar, junto a Juan Carlos Soto Garcia director académico de la Universidad de Seguridad y Justicia, como si la foto con sonrisa forzada fuera un certificado de honestidad.

Habla de “recorrer el territorio y escuchar a la gente”, pero en Tamaulipas todo mundo sabe que el territorio no se recorre, se administra: se reparten plazas , contratos y favores. La “gente” nunca es la ciudadanía, son los mismos grupos de siempre, los que hacen fila para recibir impunidad a cambio de lealtad. Eso no es servicio público, es control político.

La publicación intenta vender la idea de que estudiar equivale automáticamente a servir mejor. Pero aquí la “preparación permanente” suena más a blindaje académico: acumular diplomas para decorar el currículum mientras las acusaciones de extorsión se acumulan en la realidad. No se trata de tomar mejores decisiones, sino de construir un relato donde el hijo del gobernador se vea serio, responsable y técnico… aunque el expediente político-criminal diga otra cosa.

Agradece a maestros y autoridades universitarias como si fueran aval moral, pero esa foto no limpia nada. Que lo feliciten en la universidad del gobierno no borra las sospechas de que el verdadero mérito del alumno es llevar el apellido correcto, no el promedio más alto. El título colgado en la pared no es un compromiso con los ciudadanos; es un escudo para cuando llegue la crítica, la investigación o la denuncia.

“Porque la preparación nunca termina cuando el objetivo es servir mejor”, remata. Y sí, la preparación nunca termina… sobre todo cuando el objetivo real es seguir acomodando la familia en puestos, contratos, candidaturas y maestrías hechas a la medida. 

La farsa no está en el papel membretado, está en el intento de convertir a un personaje señalado por extorsión en modelo de servicio público, usando la universidad como escenografía y la foto como coartada.

Con información: REDES/

LA «INTELIGENCIA ARTIFICIAL de… la FISCAL de la REPÚBLICA: ERNESTINA GODOY vende APOCALIPSIS DIGITAL como PRETEXTO para CONTROLAR lo que NO CONTROLAN»… ni controlarán.


La fiscal de la Republica Ernestina Godoy nos ofreció en su habitual articulo de opinión para El Universal, un texto que, en apariencia, advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial, pero en el fondo repite una vieja estrategia del poder: convertir un problema real en pretexto para ampliar el control.

Sí, la trata de personas existe. Sí, es brutal. Sí, la tecnología puede facilitarla. Hasta ahí, nadie discute. El problema empieza cuando el argumento salta —sin escalas y sin evidencia concreta— de “hay riesgos” a “necesitamos intervenir más en lo que la gente hace en internet”. Ese salto es el truco.

Porque si algo hace el texto es construir un clima de alarma. La IA “probablemente el desarrollo más trascendente”, “influye en nuestras acciones”, “puede identificar vulnerables”, “relaciones afectivas simuladas”… Todo cierto en abstracto, pero presentado como si estuviéramos a un clic de un apocalipsis digital donde cualquier interacción termina en trata. Es una exageración funcional: infla el miedo para legitimar la vigilancia.

Luego aparece el encuadre político. No es casual que se mencione el debate abierto por la presidenta sobre redes sociales y jóvenes. Ahí está el corazón del asunto: no es solo seguridad, es regulación del discurso y del comportamiento digital, envuelto en una causa moralmente incuestionable: proteger a las infancias. Porque, claro, ¿quién se atrevería a oponerse a eso?

El texto también desliza otro sesgo: el tecnológico-determinista. Se sugiere que la IA es casi un agente autónomo que “facilita” el delito, cuando en realidad los problemas estructurales de la trata —pobreza, impunidad, corrupción, redes criminales toleradas— apenas se mencionan. Es más cómodo culpar al algoritmo que explicar por qué, con o sin IA, México sigue siendo terreno fértil para estas redes.

Y aquí viene la omisión más reveladora: no hay una sola línea sobre resultados. La Fiscalía presume unidades, nombres largos y burocráticamente impresionantes —Unidad de Investigaciones Cibernéticas, Fevimtra— pero no ofrece datos duros. ¿Cuántas redes desmanteladas? ¿Cuántas víctimas rescatadas gracias a estas herramientas? ¿Cuántas sentencias? La retórica institucional sustituye a la rendición de cuentas.

También hay una apropiación conveniente del discurso internacional. La ONU menciona riesgos de la IA en la trata, cierto, pero el texto lo usa como aval automático para políticas internas que no se explicitan. Es el clásico “lo dice la ONU” como argumento de autoridad, sin detallar qué medidas específicas se justifican ni cuáles serían sus límites.

Asi lo cita la Fiscal de FGR:

«La Inteligencia Artificial (IA) representa, probablemente, el desarrollo tecnológico más trascendente de nuestro tiempo. Su propósito es intervenir en muchas de las tareas que tradicionalmente realizan las personas para facilitar su realización. Pero el verdadero reto está en comprender qué podrá ocurrir cuando estos sistemas se integren cada vez más en la sociedad, influyan en nuestras acciones y en la manera en que nos relacionamos unos con otros.

Recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió un debate sobre el uso que niñas, niños, adolescentes y jóvenes hacen de las redes sociales; es una polémica que involucra a toda la sociedad, por tanto también atañe a la Fiscalía General de la República pues las herramientas de IA están siendo utilizadas para facilitar conductas delictivas como la trata de personas, uno de los delitos que más vulnera la dignidad humana.

La trata consiste en captar, enganchar, trasladar, retener o recibir personas con fines de explotación, mediante engaño, violencia, amenazas o el abuso de una situación de vulnerabilidad. Puede manifestarse como la explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud, la mendicidad forzada, el matrimonio o el embarazo forzados, la utilización de personas en actividades delictivas, así como el tráfico de órganos, tejidos y células, entre otras previstas por nuestra legislación.

Como la IA procesa enormes cantidades de información provenientes de nuestra actividad cotidiana en el entorno digital, esta puede ser usada para convertirse en una herramienta a fin de que redes criminales identifiquen y seleccionen a personas en situación de vulnerabilidad. Hoy, la suplantación de identidad, la generación de imágenes o voces falsas, así como la creación de ofertas de empleo aparentemente legítimas pueden ser mecanismos de engaño cada vez más sofisticados; lo mismo pasa con relaciones afectivas simuladas que terminan siendo la puerta de entrada a la privación de la libertad y de ahí, a las distintas formas de explotación.

Por ello, en la Fiscalía General de la República la protección de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas es una tarea de Estado que nos exige comprender cómo evolucionan la tecnología y también las formas de operar de la delincuencia. En la Agencia de Investigación Criminal, contamos con la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas, especializada en el análisis de evidencia digital y el combate a las redes criminales que operan en el entorno digital. Por su parte, en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), trabajamos para que las víctimas reciban una atención integral y especializada colocando siempre en el centro la dignidad y los derechos de las personas.

Este año la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, puso énfasis en el uso de la inteligencia artificial para facilitar la captación de víctimas; se trata pues de un reto global.

En la FGR asumimos la responsabilidad de participar activamente en esta lucha, fortaleciendo nuestras capacidades institucionales en favor de la Ley y del pueblo de México.

Fiscal general de la República/El Universal+

En resumen, el artículo no propone soluciones concretas, no presenta evidencia verificable y no distingue entre prevención legítima y potencial censura. Lo que sí hace, con bastante eficacia, es preparar el terreno narrativo: si mañana hay más control sobre redes, más monitoreo o más restricciones, ya quedó instalado el marco moral para aceptarlo.

Porque en política, como aquí se sugiere entre líneas, el miedo bien administrado es más útil que cualquier dato.

Con información: ELUNIVERSAL+/ERNESTINA GODOY/FISCAL DE LA FGR

"CARICATURA de PRESIDENTA: con SOLO CHASQUEAR los DEDOS SEMÁNTICOS se CONVIRTIÓ HUACHIREFINERÍA en CENTRO de PROCESAMIENTO… no es lo mismo ATRÁS que en ANCAS.


No es lo mismo regar gasolina que regar el discurso, pero este gobierno ya hizo ciencia: convirtió una narcorrefinería en “centro de procesamiento” con solo chasquear los dedos semánticos.

En el nuevo diccionario de la 4T, ya no hay huachicol, hay “procesamiento alternativo de hidrocarburos”; ya no hay refinerías clandestinas, hay “centros de procesamiento”, casi casi parques industriales temáticos. 

La presidenta Sheinbaum nos dice no es escándalo, es un simple “centro de procesamiento de combustible”, como Dos Bocas… nada más que éste sí procesa algo y no costó un mundo en propaganda.

La historia oficial suena así: la Guardia Nacional vivió años pared con pared con el negocito de huachicol, pero se dio cuenta apenas “hace poquito”, como vecino que descubre en 2026 que junto a su casa hay un Oxxo. Y para rematar, desde el púlpito presidencial se nos sermonea que criticar eso es “desinformar”, porque una refinería “de verdad” lleva procesos muy complejos… no como este changarro, que apenas si calificaba para maquilita de combustibles pirata.

La escena es surreal: mientras el gabinete de seguridad se cuelga la medalla por “descubrir” lo que tenían enfrente, la narrativa oficial se dedica a pulir el eufemismo, no los datos. Hoy el crimen organizado no monta refinerías ilegales, invierte en “centros de procesamiento” con nombre de proyecto federal y vista panorámica a la Guardia Nacional. 

Y si alguien se atreve a señalar la contradicción, la respuesta es sencilla: no confunda, ciudadano, refinería es lo que presume el gobierno; lo demás, aunque huela, parezca y funcione como refinería, es solo semántica… procesada.

Con información: CAMACHO/REFORMA