«TIENE RAZON GUTIERRITOS»: EL «PAN PROTEGE a CABEZA de VACA pero NO DICE que IGUAL lo HACE MORENA con los SUYOS al ESTILO de la MAFIA ITALIANA»…esta ha sido una lucha por ver quien se queda con la caja registradora.

La propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en abril de 2024,dejó escrito que Cabeza de Vaca no es un perseguido político, sino un prófugo con pedigrí constitucional, y ese párrafo es la metralla que ayer disparó Sergio Gutiérrez Luna contra el PAN,como argumento de protección del partido al fugitivo entre comillas.

Pero en Tamaulipas y el pais, no se están peleando superhéroes contra villanos: se están disputando quién se queda con la caja registradora del poder, y a cada capo político lo protege su propia «famiglia» partidista, sea azul o guinda, tal y como lo hace la mafia italiana con los suyos.

Cómo protege el PAN a Cabeza de Vaca

El PAN ha hecho todo lo posible por mantener a Francisco García Cabeza de Vaca dentro del tablero político, incluso colocándolo en el primer lugar de la lista plurinominal y luego buscando reactivar su candidatura pese a que el TEPJF la revocó por su condición de prófugo en abril de 2024.

Los señalamientos surgen tras su reciente nombramiento como representante del PAN en América del Norte, lo que funciona como una burbuja política en torno a un personaje al que la justicia mexicana no ha podido tocar porque ha sido mas abusado (…y mas abusivo) pero al que su partido sigue proyectando como figura central. 

A partir de ese sello de “prófugo constitucional”, el diputado de Morena arma el alegato político: si el PAN insiste en hacerlo diputado, lo que busca no es representatividad sino blindaje, fuero como escudo antibalazos judiciales. 

La resolución le dio munición: el TEPJF revocó el acuerdo del INE y fue asi como ordenó al PAN sustituir al candidato, cuya curul finalmente le fue otorgada Cesar Verastegui,alias El Truko, dejando claro que mientras no resuelva sus cuentas con la justicia, Cabeza de Vaca no tiene pase de entrada a la Cámara, por más que su partido lo cobije. 

Cuando desecharon la candidatura de CDV

En abril de 2024, el TEPJF tiró a la basura el registro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como candidato plurinominal del PAN porque no cumplía un requisito básico: no estar prófugo ni bajo órdenes de aprehensión vigentes. El tribunal sostuvo que se actualizaban las dos condiciones del artículo 38 fracción V: existen dos órdenes de aprehensión por delitos graves que siguen vivitas y coleando, y el exgobernador se ha sustraído de la acción de la justicia para no pisar el banquillo. 

Asi lo resolvió la ex-Magistrada Janine Otálora en Abril de 2024 y escucharla no es ningun desperdicio.

Morena y sus propios blindados

Del otro lado, Morena no es una congregación de monjes: también ha levantado murallas para proteger a gobernantes y figuras cuestionadas cuando le resulta políticamente rentable, lo mismo al gobernador de Sinaloa ,Ruben Rocha Moya,que al de Tamaulipas Americo Villarreal o el Senador Adan Augusto Lopez,tan solo tres ejemplos de manzanas podridas, ya sea frenando desafueros, matizando acusaciones, pidiendo mas pruebas sobre las pruebas a EE.UU o moviendo piezas legislativas que reducen riesgos penales para funcionarios. 

En los hechos, el reproche morenista al blindaje panista de Cabeza de Vaca convive con una cultura de protección similar hacia sus propios cuadros cuando son útiles para conservar poder territorial o mayorías legislativas. 

La Mafia italiana y mafia política

Como en las guerras entre familias mafiosas de Sicilia o Calabria, el enfrentamiento entre las facciones de Tamaulipas no es una cruzada moral sino una pugna entre clanes por el control del territorio, de los contratos, de los flujos ilegales y del relato público que justifica quedarse con el botín, todos pretenden lo mismo, solo que algunos creativos se les ocurrió aderezar el saqueo con humanismo y enarbolando transformacion.

Con informacion: TRIBUNAL ELECTORAL/

LO «HALLARON en ESTADO en DESCOMPOSICION»: «LEVANTAN a CHEFF para MATARLO en el PAIS donde CARPETAS de INVESTIGACION e IMPUNIDAD debieran COTIZAR en BOLSA»…ya son casi 31 mil muertos del segundo piso y 1% resuelto.

En este país, donde las carpetas de investigación ya deberían cotizar en la Bolsa Mexicana: se abren, se acumulan, se archivan… pero nunca se concretan, los muertos siguen apareciendo como si fueran parte del paisaje, cuerpos ornamentales en la gran escenografía del fracaso.

Ahora fue el chef Eliel Abner Cisneros Vázquez. Treinta y pocos años, oficio de darle sabor a la vida, desaparecido mientras conducía rumbo a un restaurante en Acapulco, ese paraíso que ya parece una zona de guerra con palmeras. Tres días después, lo hallaron dentro de una camioneta abandonada en la carretera que lleva a El Salto —nombre perfecto: el país entero cayó hace rato y seguimos en caída libre.

Las cifras oficiales, generosas con su propio cinismo, dicen que apenas 250 asesinatos han sido “esclarecidos” entre 25 mil ejecuciones (…ya casi 31 mil,crecen muy rápido). O sea, el 1% de justicia; si esto fuera un examen, el Estado tendría que repetir el año. Pero aquí los burócratas del crimen organizado y los del gobierno parecen haber firmado una tregua tácita: nadie molesta a nadie, sólo a los ciudadanos.

Y lo más grotesco: Acapulco presume cuarteles de la Guardia Nacional, más de 10,000 elementos “efectivos”. Efectivos sólo en cobrar, porque en proteger no dan una. Uno se pregunta si patrullan o se esconden, porque ni la presencia militar parece frenar la coreografía diaria del plomo, tan abundante como la retórica oficial pletórica en babosadas.

Así seguimos: cocineros, estudiantes, madres buscadoras… todos ingredientes de esta receta de muerte perpetua. Y mientras tanto, las autoridades “activan alertas”, “coordinan esfuerzos”, “reelaboran carpetas”. Un país donde hasta los comunicados tienen más vida que las personas que intentan recordar.

Con informacion: ELNORTE/

«BOMBARDEOS QUIRURGICOS ?»: TRUMP PRELUDIA DIAS de MADURO estan CONTADOS y MADURA ATAQUES de FUERZAS ESTADOUNIDENSES contra NARCOS en MEXICO»…las dos son posibles, una primero que la otra y sin despeinarse el copete.

Donald Trump volvió a apretar el gatillo de las declaraciones explosivas —su especialidad desde que la diplomacia pasó a segundo plano. En una entrevista con Politico, el presidente estadounidense aseguró, muy a su estilo, que no le temblaría la mano para ordenar bombardeos “quirúrgicos” contra los cárteles en México, una estrategia geopolítica con drones y fuegos artificiales de alta precisión.

“¿México? ¿Colombia? ¡Claro que sí!”, contestó sin despeinar su copete, mientras el eco de la pregunta rebotaba entre las paredes de la Casa Blanca. En su lógica de sheriff global, los problemas del fentanilo se solucionan con misiles, no con tratados ni inteligencia conjunta. Total, ¿qué podría salir mal?

Entre tanto, el exmagnate neoyorquino también afinó su lenguaje sobre Venezuela y lanzó su última profecía: los días de Nicolás Maduro «están contados». Dijo no confirmar ni negar una intervención militar, lo que en lenguaje trumpiano significa: “me encantaría y no van a esperar mucho».

Mientras tanto, en los despachos diplomáticos, los asesores mexicanos siguen insistiendo que Mexico copera mas que nunca con la Administración Trump,lo que no garantiza que no ocurra.

Si de señales se trata, Washington parece apuntar con una mano y saludar con la otra, mientras el sur observa, con una mezcla de alarma y resignación, cómo el libreto de 2025 se vuelve a escribir con la tinta incendiaria del siempre impredecible Donald Trump.

Con informacion: ELNORTE/

«SI son BIEN PINCHES TERRORISTAS»: AL «GOBIERNO HUMANISTA y TRANSFORMADOR le DUELE MAS la PALABRA TERRORISMO que los BOMBAZOS»..pero no hay vuelta de hoja, son terroristas.

En Michoacán, todos los días se cruzan líneas rojas: el crimen organizado eleva la presión al Estado mexicano y a la población con actos intimidatorios. Poco de un mes después de los asesinatos de Carlos Manzo y de Bernardo Bravo, un coche bomba estalló frente a la sede de la policía comunitaria de Coahuayana, Michoacán. El atentado dejó cinco muertos, incluidos tres policías, y una decena de heridos.

Los ataques directos contra el ex alcalde de Uruapan y contra el líder del gremio limonero en Apatzingán confirmaron que el gobierno comparte la soberanía del territorio con una pléyade de cárteles violentos, notablemente el Cártel Jalisco Nueva Generación y la constelación conocida como Cárteles Unidos. Michoacán vive una guerra paramilitar de alianzas fugaces y traiciones constantes que disputan una economía criminal de extorsión y compiten por la protección del Estado.

Ahora, el estallido del coche bomba reabre un debate que el gobierno, en sus tres niveles, ha decidido ignorar: ¿los cárteles siguen operando como “delincuencia organizada” o han mutado a estructuras paramilitares con lógicas y capacidades terroristas?

En febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, incluyendo al CJNG y a Cárteles Unidos. En un contexto en el que la administración de Donald Trump asegura haber iniciado una cruzada contra las organizaciones globales del narcotráfico, esta designación otorga nuevas facultades jurídicas y militares para sancionar, procesar y neutralizar a los cárteles.

En México, con la llegada al poder de Claudia Sheinbaum, la política de seguridad ha virado de manera silenciosa desde un régimen de tolerancia (y en algunos casos complicidad) a uno de decomisos, arrestos masivos y cooperación con Washington. El artífice de la nueva estrategia es el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

Sin embargo, en el discurso, la administración de Sheinbaum evita confrontar la narrativa que rodeó a la política de seguridad en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la de “abrazos no balazos”. Bajo esta lógica, el gobierno ha evitado a toda costa la discusión de una posible designación de los cárteles como organizaciones terroristas. La senadora del PAN, Lilly Téllez, critica que esta decisión no sólo implica ignorar el problema, sino que pone en evidencia la complicidad de una parte de la coalición oficialista con grupos del crimen organizado.

La explosión del coche bomba en Coahuayana representa el primer caso de seguridad nacional de alto perfil para Ernestina Godoy, la nueva titular de la Fiscalía General de la República y un perfil políticamente conectado con Presidencia. Pocas horas después del ataque, la FGR anunció que atraería el caso y lo investigaría como un potencial acto terrorista. Un día más tarde corrigió: la carpeta fue integrada por delincuencia organizada. La fiscal Ernestina Godoy atribuyó el giro a una “confusión” derivada de que la unidad que atrajo el expediente depende de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, pero lleva en su nombre el delito de terrorismo. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió públicamente a la FGR explicar esa marcha atrás, subrayando que la tipificación correcta depende de conocer móviles, modus operandi y responsables del atentado.

En los hechos, el episodio condensa un dilema jurídico y político que México arrastra desde los ‘granadazos’ de Morelia en 2008: el Código Penal Federal ubica el terrorismo como delito contra la seguridad de la nación y exige una finalidad de intimidar a la población o presionar a la autoridad, un umbral que las fiscalías rara vez se atreven a cruzar cuando los autores son cárteles, no células ideológicas.

FGR determinará si el coche bomba fue un acto terrorista
La decisión de reclasificar el caso Coahuayana como delincuencia organizada no es un tecnicismo menor. En México, reconocer un atentado como terrorismo implica activar herramientas jurídicas excepcionales, modificar la narrativa oficial del conflicto y admitir que la violencia criminal ha adquirido un carácter abiertamente político, aunque su motivación inmediata sea el control territorial o económico.

La FGR ha sido consistentemente reacia a cruzar esa línea. Pese a episodios de violencia indiscriminada -el coche bomba en Ciudad Juárez en 2010, los ataques coordinados con granadas en Morelia en 2008 o los bloqueos carreteros en Sinaloa en 2019-, sólo contadas veces ha sostenido la etiqueta de terrorismo hasta una sentencia. Juristas de la propia institución han advertido que el tipo penal fue diseñado pensando en grupos subversivos de los años setenta, no en organizaciones criminales de nueva generación.

Michoacán representa un ejemplo exacto de cómo los ataques directos generan pánico masivo, paralizan municipios enteros y buscan disciplinar tanto a autoridades como a comunidades, pero que se siguen encuadrando bajo la rúbrica genérica de delincuencia organizada. El coche bomba de Coahuayana, estallando frente a una fuerza de seguridad comunitaria que disputa al CJNG el control de una zona estratégica por plátano, minería y metanfetaminas, encaja en esa zona gris.

Para las víctimas, la diferencia entre “terrorismo” y “delincuencia organizada” puede parecer semántica. Para el Estado no lo es: aceptar que se trata de terrorismo doméstico obliga a replantear el diseño de seguridad nacional, la coordinación con aliados y la propia imagen internacional de México.

Cárteles paramilitares: espejo del terrorismo
Las organizaciones criminales en México han dejado atrás el perfil clásico del “narco” armado con fusil de asalto. Un estudio reciente de la organización estadounidense Violence Policy Center, que analiza el impacto de los rifles Barrett calibre .50 en México, documenta cómo estos fusiles -capaces de perforar blindajes y derribar aeronaves a baja altura- se han convertido en “las armas más codiciadas por los cárteles y las más temidas por las fuerzas de seguridad mexicanas”, en palabras de la analista Kristen Rand.

Paralelamente, la Secretaría de la Defensa Nacional ha reconocido que los principales usuarios de drones armados son el CJNG, Cárteles Unidos y el Cártel de Santa Rosa de Lima, que emplean aeronaves con cámaras térmicas y cargas explosivas industriales o militares para reconocimiento, hostigamiento y ataques de precisión. Informes oficiales citados por la prensa internacional contabilizan al menos 605 ataques con drones explosivos entre 2020 y mediados de 2023, concentrados en estados como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.

En un ensayo reciente sobre la “revolución militar de los cárteles”, la periodista Biviana López describe organizaciones equipadas con drones kamikaze, minas caseras, lanzacohetes y vehículos blindados artesanales, siguiendo la senda de militarización trazada hace dos décadas por Los Zetas. Citando a especialistas como Robert J. Bunker y John P. Sullivan, así como a la investigadora Vanda Felbab-Brown, del Brookings Institution, el texto concluye que México ya no enfrenta sólo redes de traficantes, sino fuerzas paramilitares capaces de resistir y repeler operativos oficiales.

Coahuayana ofrece un ejemplo concreto de esa mutación: la policía comunitaria opera con camionetas blindadas y se organiza como milicia local -ante lo que percibe como omisiones de Ejército y Guardia Nacional-. Esto la vuelve un blanco de ataques con características de un conflicto armado interno, según especialistas.

La reacción en México ha sido desigual. La senadora Lilly Téllez, una de las voces más estridentes en la oposición, presentó en febrero de 2025 una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional y el Código Penal a fin de que los cárteles sean reconocidos como “organizaciones terroristas nacionales” y “enemigos internos”. En la exposición de motivos, celebró que Estados Unidos los haya designado como terroristas y sostuvo que cualquier político que se oponga a hacer lo mismo en México “tiene vínculos con el crimen organizado”.

Sus críticos -incluidos juristas y expertos en seguridad- advierten que una política espejo con Washington podría legitimar un uso aún más expansivo de las Fuerzas Armadas en tareas internas, endurecer el trato a comunidades estigmatizadas y reducir el espacio para salidas negociadas en contextos de captura institucional. Al mismo tiempo, conceden que la negativa sistemática a usar la palabra “terrorismo” frente a coches bomba, drones explosivos o ataques masivos contra población civil erosiona la credibilidad del Estado.

El atentado de Coahuayana coloca a la autoridad mexicana frente a ese espejo. Si un coche bomba que detona frente a una fuerza de seguridad, en una zona disputada por cárteles con armamento de guerra y drones kamikaze, no es terrorismo, ¿qué tendría que ocurrir para que el Estado lo reconozca como tal? La respuesta no es sólo jurídica. Es, sobre todo, una decisión política sobre el tipo de conflicto que México está dispuesto a admitir que vive.

Con informacion: CODIGO MAGENTA/

EL «CDV lo ORIGINÓ pero…AMERICO le SIGUIO ?»: «INDIGNACION RETROACTIVA de DIPUTADO de MORENA ACUSA al GOPES del CDV de TRAFICAR HUACHICOL»…y casi pide misa por víctimas del combustible contrabandeado, pero castigo a puras camisas azules.

El Diputado Federal de Morena,Sergio Gutiérrez Luna se vende como sabueso anticorrupción, pero en su “visión de rayos X” sólo aparece Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca; el resto del expediente del huachicol fiscal que aun practica su gobernador de Morena en Tamaulipas,Americo Villarreal Anaya, convenientemente, se le pixelea. 

El héroe selectivo del huachicol retroactivo

En la mas reciente entrevista del morenista con el periodista Alejandro Cacho,publicada desde sus redes, el Diputado que CDV llama «Gato protegido», presume que “descubrió” que el huachicol fiscal nació en el sexenio de Cabeza de Vaca, con los GOPES como brazo policiaco dedicado a extorsionar traileros y a meter combustible chueco al país.

Gutierrez Luna remata diciendo que se llevó 100 mil firmas a la Corte, exige extradición, justicia total y casi falta que pida misa por las víctimas del diesel adulterado, siempre y cuando el señalado traiga camisa azul, no guinda.

El pasado sí, el presente no

Gutiérrez Luna se indigna con furia retroactiva por los huachicoleros de ayer, pero se queda mudo con los huachicoleros de hoy, esos que operan bajo el manto del gobierno de Américo Villarreal y de las redes que heredaron al “rey del huachicol” Sergio Carmona y sus amigos aduanales. 

No es que el diputado no tenga datos; las investigaciones sobre la red de combustible ilegal que salpica al actual gobierno de Tamaulipas están en todos lados, sólo que al parecer su lupa de fiscal ciudadano viene calibrada para ver únicamente a los enemigos políticos, nunca a los correligionarios y ya es estrategia nacional.

Huachicol de memoria corta

Cuando habla de huachicol fiscal, el diputado narra la historia como si el negocio se hubiera apagado solito cuando Cabeza de Vaca cruzó el puente internacional, ignorando que el trasiego sigue vivo en puertos, aduanas y carreteras bajo el sexenio morenista con ayuda Militar,afirma Televisa.

Su denuncia a la FGR parece más un recurso de propaganda que un intento serio de desmontar la industria del combustible ilegal, porque el libre tránsito sólo se le concede a un tipo de impunidad: la que viste de guinda y despacha en Ciudad Victoria.

«Por favor, diganle al Diputado que no abuse de la inteligencia colectiva,esta bien que todos somos ignorantes,pero no todos ignoramos lo mismo». 

Con informacion : @SergeLuna_S

«EFECTOS de AUSENCIA de AFECTOS»: EL «BRONCO y la EX-PRIMERA DAMA se DIVORCIAN en el REGISTRO PUBLICO de la PROPIEDAD»…el amor por el patrimonio se convirtio en trámite notarial .

Quién diría que aquel matrimonio que cabalgaba orgulloso entre campañas políticas y fotos oficiales terminaría desmontando a golpes —judiciales, claro— sobre la misma casa que alguna vez compartieron. Jaime Rodríguez “El Bronco” y Adalina Dávalos ya no discuten sobre quién dejó los platos sucios, sino sobre quién se quedó con la casa del amor (o de los recuerdos, según el acta).

El ex Gobernador, curtido en pleitos más duros que una silla de montar, denunció a su ex esposa por despojo —como si ella fuera una invasora en un terreno del oeste— mientras ella, con más temple que rodeo, lo acusó de violencia familiar. En García, el pueblo donde empezó la historia política del Bronco, ahora se libra la telenovela legal de su ocaso sentimental.

Adalina, que ayer compareció ante la Fiscalía como quien asiste a un déjà vu jurídico, asegura que no hubo despojo alguno, sino un intento de mantener la paz doméstica frente a un hombre “en estado inconveniente”. Tradúzcase: llegó pasadito de copas y salió a empujones. La escena, dice ella, quedó grabada. No es Netflix, pero casi.

El pleito ha alcanzado niveles surrealistas. Abogados, denuncias cruzadas, videos, testigos, medidas cautelares y la sombra de un poder que, aunque ya no está en el Palacio de Gobierno, todavía deja huella en el Código Penal. Ella pide protección. Él pide la casa. Los dos piden justicia, aunque da la impresión de que lo que más buscan es ganar la narrativa.

Y así, el amor que alguna vez fue de agenda pública terminó reducido a carpeta de investigación. Porque cuando los afectos se evaporan, los bienes inmuebles se vuelven campos de batalla y las promesas de “hasta que la muerte nos separe” dejan paso a “hasta que la Fiscalía nos cite”.

Con informacion: ELNORTE/

«VAN CONTRA RIVALES,NADA Vs MORENA»: EL «GOBIERNO USA la FGR en MODO SELECTIVO que NO se MIRA al ESPEJO para VER al ENEMIGO de la LEY y el ORDEN»…una organización criminal y politicamente organizada.

Será el sereno, pero apenas se deshicieron del Fiscal Alejandro Gertz Manero y el gobierno de la Cuarta Transformación se lanzó a abrir expedientes empolvados y hasta descongelar cosas juzgadas.

Detuvieron ayer a César Duarte, el ex gobernador priista de Chihuahua y en Tamaulipas iniciaron una cacería judicial local contra el ex gobernador panista Francisco Javier Cabeza de Vaca. 

Y a esos recientes golpes se suman los casos judicializados de los también ex gobernadores Silvano Aureoles, de Michoacán,  y Roberto Sandoval, de Nayarit. Ni qué decir de la insistencia sobre el Cártel Inmobiliario del PAN, en el que ya fueron vinculados a proceso Luis Vizcaíno y Christian von Roerich, director jurídico y ex alcalde de la Benito Juárez, respectivamente.

Muy prestas las fiscalías morenistas para ir sobre los supuestos “pecados del pasado”, pero nada de poner una mano encima a las multimillonarias corruptelas del presente cuatroteísta. Sí, las de los cómplices y protegidos morenistas de la nomenklatura de Tabasco, la que dirige Andrés Manuel López Obrador.

Nada de tocar ni con el pétalo de una presunción de sospecha a Andy López Beltrán y a su séquito de amigos, comandados por Daniel Asaf y por José Antonio Martínez Dagnino, aquellos que todavía controlan el huachicol desde Pemex, la ayudantía de la Palacio Nacional y protegen a sus factureros a través del Sistema de Administración Tributaria. Peor aún, la presidenta Claudia Sheinbaum ya salió al rescate de Andy López Beltrán, a quien traía apestado detrás de las vallas de los festejos del primer año de gobierno y el sábado pasado, sí lo placeó y lo presumió en el mitin por el séptimo aniversario de la fundación de Morena. Lo mismo sucedió con Adán Augusto López. Mucho beso, mucha sonrisa. No hay duda de que tuvo su efecto el manotazo desde Palenque.

Tampoco conocemos nada -desde su traslado de Paraguay a México- de los avances en las investigaciones de Hernán Bermúdez Requena, el jefe policial de Tabasco al servicio del cártel de “La Barredora” y de su jefe cómplice, Adán Augusto López. Sí, el mismo líder de Morena en el Senado que fue el mensajero que le llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum el ultimátum de acelerar la “renuncia” del “Fiscal Independiente”. O lo hacía ella “por la buena” o la operaría el inculpado e investigado Adán Augusto López “por la mala”. Volvieron a ganar los pavorreales que se pasean en La Chingada.

¿Alguien sabe por qué tiene una semana silenciado el espinoso caso del casinero, huachicolero y presunto traficante de armas, Raúl Rocha Cantú, del que nada se sabe a partir de la salida del Fiscal Alejandro Gertz Manero? ¿Es testigo protegido o no? ¿Está en México o ya lo sacaron del país para evitar que diga todo lo que sabe? Les dio pánico que el dueño del concurso de Miss Universo involucrara a todo Bucareli y a medio Tabasco en todos los actos de corrupción, operados con Pemex y con la Secretaría de Gobernación, en los días que ahí despachaban Adan Augusto López y Ricardo Peralta Saucedo. ¿Cuántas decenas de millones de pesos por semana recolectaban de su protección a los centros de apuestas?

Nadie sabe, nadie supo, en qué terminaron las complicidades de Manuel y Fernando Díaz Laguna, los sobrinos del Almirante Rafael Ojeda, protectores portuarios y aduaneros en la introducción de millones de litros de huachicol por Tampico y Tuxpan, todo bajo el amparo y protección de altos personajes del morenismo.

Si alguien intenta comprobar el anillo de protección sobre Morena, basta recordar que en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron seis los gobernadores de todos los partidos que pisaron la cárcel. Algunos todavía están purgando sentencias. Y en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el primer año de su sucesora, ninguno. Ni pez grande, ni pez chico. A Ignacio Ovalle, el titular de Segalmex, le crearon un capelo político en Gobernación, para que no rindiera cuentas de los 17 mil millones de pesos malversados en su malograda “Conasupo cuatroteísta”.

De lo que fuimos testigos ayer, con la detención del ex gobernador chihuahuense César Duarte, es de la enésima maniobra distractora desde Palacio Nacional. Dejar en claro que el ex Fiscal Alejandro Gertz Manero protegía a personajes, que hoy, bajo la nueva fiscal Ernestina Godoy, sí son aprehendidos de inmediato.

En la realidad, los asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum ya no quieren que se hable de la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ni de la represión a la protesta en el Zócalo de la Generación Z, como tampoco quieren que los espacios mediáticos -tradicionales y digitales-, continúen invadidos de imágenes de las protestas de campesinos y agricultores, lo mismo por el “madruguete” con la Ley de Aguas 2025 que por los precios de garantía al maíz.

Está claro que, el discurso desde Palenque, surtió su efecto: A los pollitos de mi corral morenista me los cuidas y me los maiceas. A los pavorreales de la oposición, me los enjaulas y me los desplumas. ¡Cuánta “grandeza”!

Con informacion: CODIGO MAGENTA/

«HAMPON SIN VISA que FINGE de JEFAZO en ADUANAS con SHEINBAUM es GENTE de ADAN AUGUSTO el AUN IMPUNE SENADOR de MORENISTA»…gracias al calculo politico del segundo piso,cuyo tope donde tope nunca ha sido el tope.

El gobierno de Estados Unidos le ha retirado la visa al primer funcionario de alto nivel del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es Alex Tonatiuh Márquez Hernández, Director General de Investigación Aduanera y de quien escribí en este espacio hace seis meses en la columna titulada: “Los vecinos incómodos de Polanco”.

En aquel texto revelé que la policía de la Ciudad de México, del sector Miguel Hidalgo, había recibido distintos reportes de queja por la actuación prepotente de un vecino que llegaba acompañado de un dispositivo de seguridad compuesto por al menos dos camionetas Suburban de modelo reciente, de las cuales bajaban alrededor de 12 elementos fuertemente armados y lo escoltaban en círculo para que caminara los dos metros que hay de la banqueta a la entrada del edificio que visitaba frecuentemente y donde aparece registrado como inquilino.

Desde aquel entonces señalé, con base en otras notas periodísticas, que estaba en la mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado en operaciones de huachicol fiscal.

Esta semana, el periodista Arturo Ángel, en Milenio y el periódico Reforma confirmaron que Alex Tonatiuh ya no tenía visa y que comenzó un proceso para aclarar dudas e información solicitada por la administración Trump, en medio de cuestionamientos por posible enriquecimiento ilícito y adquisición de artículos como relojes con valor superior a los siete millones de pesos.

Desde junio que abordé el asunto, la pregunta era la misma: ¿Quién está detrás de este personaje al cual, en México, nadie le ha pedido rendir cuentas? Con el paso de los meses, la historia ha ido tomando curso.

Un par de fuentes y sucesos atribuyen el manto de impunidad de Alex Tonatiuh ni más ni menos que a Adán Augusto López y eso explica por qué la presidenta Sheinbaum tampoco ha podido actuar en consecuencia.

Desde hace seis meses que comenzaron a surgir nuevos medios afines al régimen con estudios, cámaras y equipo de buen nivel, los propios conductores propagandistas revelaron en sobremesas que Adán Augusto los financiaba, que él financió el montaje de los sets y que las igualas corrían a través de Alex Tonatiuh.

A la par, el polémico funcionario bajó su perfil en el condominio de Polanco donde generó las molestias. Ya no se ve movimiento en su departamento, aparece contadas ocasiones, sus camionetas, a diferencia de antes, ya traen placas, y sus escoltas, a diferencia de antes, ya traen chalecos y ropa con insignias que los identifican como trabajadores de Aduanas.

Tantos problemas y todo por no querer mover sus camionetas.

Con informacion: claudio8ah@gmail.com/ELUNIVERSAL/