Parece que en Tamaulipas harto humanista y trasformador los viejos discursos no se tiran: se guardan en un cajón, se desempolvan segun sea el momento y se vuelven a vender al mismo publico, como si fueran plan maestro. El ahora flamante Fiscal General que en breve tomara posesión del cargo y mas del encargo, Jesús Eduardo Govea Orozco —sí, el mismo que estuvo 7 meses mascando barrotes en el penal federal, ahora llamado Altiplano,donde son enviados los reos mas peligrosos del pais como Osiel Cardenas ,el mismo al que el hoy fiscal General,antes de Anticorrupción y que como Ministerio Publico le sirvió en 2001, terminó por no servir y terminó en el tambo.
Pero ahora el flamante funcionario ligado a Americo Villarreal, otro gobernador de Morena manchado por la sospecha, pero mas embadúrnado por las evidencias de componenda con el crimen organizado que ya lo llevaron a ser fichado por narcopolitico, vuelve reciclar la receta que nunca cocinó: prometer una “cacería” de prófugos y un análisis “exhaustivo” de la institución.
Nada nuevo bajo el sol, salvo que ahora el libreto viene con una capa de solemnidad y otro toque de burocracia: tres a seis meses para “diagnosticar” el desastre que dice querer arreglar. Lo que no precisa es si al final del semestre nos entregará resultados o un nuevo PowerPoint con gráficas de colores y mucho verbo institucional.
Govea, que antes cambió a un criminal de peso por otro de medio kilo —según aquella joya de historia en 2002 recien recalentada por la prensa nacional—, regresa al escenario con la misma coreografía de guerra contra su rival del CDV, tanto o cuanto mas peligroso que el CDG.
Asegura que dará seguimiento personal, que pondrá lupa y bisturí en cada área, algo que suena más a un reencuentro con su vieja retórica que a una ofensiva real.
La pregunta es simple: ¿cómo se le llama a eso cuando quien no pudo capturar a los peces gordos ahora promete vaciar el océano? En política mexicana, la respuesta es predecible: promoción por insistencia, la esperanza muere al ultimo o cuando el querer no es poder.
Cuatro elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí terminaron no como héroes del 911, sino vinculados a proceso por presuntamente abandonar siete cadáveres en Zacatecas, tras ser hallados en una patrulla sin rotular, con manchas de sangre y a unos metros de los cuerpos. La escena da para película de narcopolicía: unidad “discreta”, muertos regados y un juez que les dicta prisión preventiva mientras intenta descifrar qué diablos pasó el 23 de noviembre.
“Auxilio 911”… pero para quién
La versión oficial potosina dice que los agentes solo acudieron a un llamado de emergencia entre Santo Domingo y Villa de Cos, como si fueran simples paramédicos con placa perdida. El secretario de Seguridad de San Luis Potosí se apresuró a negar “cualquier acto irregular”, porque en este país primero se limpia la imagen, luego —si acaso— la escena del crimen.
Guerra fría entre gobernadores
El gobernador potosino , Ricardo Gallardo Cardona, quien estuvo recluido 11 meses en un penal federal y segun informes del ejercito esta vinculado a la delincuencia organizada, no tardó en aplicar la jugada clásica: echarle la culpa al vecino y decir que en Zacatecas solo están “moviendo el tema” para no sumar muertos a su cuenta. Después, muy diplomático, aseguró que ya “limaron asperezas” con el gobernador zacatecano, como si un puñado de cadáveres y cuatro policías detenidos se arreglara con una llamada y una foto de coordinación.
Víctimas con nombre… y siete desaparecidos
Mientras los políticos se reparten culpas, la fiscalía de Zacatecas piio coordinación entre estados para hacer algo tan básico como garantizar justicia a las víctimas. Solo dos cuerpos han sido identificados y el hallazgo coincide con la desaparición de siete hombres en Sauceda de Borda, a 80 kilómetros, recordando que detrás del espectáculo mediático hay familias contando ausentes, no solo titulares escandalosos.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/PAULINA FLORES RAMIREZ
El gobierno federal se equivoca una y otra vez, pues pudiendo articular alguna estrategia contra la extorsión, esa conducta delictiva que les da recursos a carteles para comprar armas y estructura, prefiere la estrategia del topon,la persecución y el tiroteo, para luego presumir abatimientos, que no son otra cosa que la cancelacion del castigo, ignorando que ademas son desechables y fácilmente reemplazables.
Tan asi ,que la nueva estrategia, igualita que la vieja, pero seguida de un periodo donde los empodero el primer piso, los dejó preparados para resistir ese embate que aun no les pega donde les duele, el bolsillo.
Porque ya va siendo hora, con la nueva ley antiextorsion o sin ella, que se deben de aplicar para frenar los brutales actos de extorsión de que son objeto los ciudadanos de a pie (.. y los de carro también), hoy presos de un sistemático cobro de piso donde ninguna actividad licita e ilícita escapa de su control,es mas,no solo extorsionan con ayuda del gobierno,el gobierno también les paga cuota.
Asi lo afirmó el bien informado periodista Salvador García Soto en EL UNIVERSAL en su articulo; «Cuando la autoridad paga piso,se acabo el estado», en alusión a Tamaulipas bajo el nefasto gobierno de Morena y Americo Villarreal.
Aunque los ciudadanos ya saben que estas redes de extorsión no operan sin la complicidad del estado y que a los autores del cobro de piso les importa muy poco el ser identificados con nombre, rostro y apellido,es mas ,se burlan públicamente,ese el caso de Alvaro Noe Morfin y sus carnales,tres sabandijas de cuidado.
Alvaro Noe Morfin y 3 fotos
Dos imagenes disponibles, una publicada en reciente acusaciónpor parte de EE.UU , otra mas exhibida en redes tirando al piso el dinero que deja someter a cuota a Reynosenses,ademas de una tercera editada con herramientas digitales, presumen podria tratarse de la misma persona o su hermano Remigio, si nos basamos en los rasgos faciales visibles.
En qué coinciden:
Estructura facial: La forma de la nariz, el arco de las cejas y la forma de los ojos son muy consistentes entre ambas fotos.
La sonrisa: La manera en que se marcan las mejillas y las líneas de expresión alrededor de la boca al sonreír es casi idéntica.
Frente y cabello: Aunque en la segunda foto lleva gorra, la línea del cabello y las entradas visibles en la primera imagen coinciden con el tipo de rostro.
La gran diferencia es obviamente la barba y el estilo más informal de la segunda foto, pero «debajo» del vello facial, la fisonomía parece ser la misma y aunque todo indica que se trata del mismo sujeto en dos etapas o momentos diferentes, apremia identificarlo con claridad.
La extorsión: deporte exclusivo de Carteles y gobierno
Apenas habian llegado al cargo de Gobernador ,Morena y Americo Villarreal y Breitbart en Texas ya lo culpaba a este y su hijo del crecimiento de estas redes de extorsion a cambio de votos.
Pero cuando hablamos de la mas perjudicial de las extorsiones, no hablamos de la variante telefonica que también agravia,sino de ese trabajo de campo que hace el Cartel «bigote a bigote o bigote a pestaña».
Porque van de negocio en negocio sometiendo a cuota a todos y con todo el descaro,pues les dejan el «papelito» con nombre, numero telefónico y hasta cuenta bancaria anotados a la víctima,que no tiene de otra, pagar,cerrar o morir.
Aunque,ahora y con el pretexto de la seguridad de ciudadanos ,las sabandijas que abrazan al gobernador se les acaba de ocurrir la adquisición de cuatrimotos nuevecitas de paquete para ir ahora casa por casan los sectores elegidos y cobrales una cuota para protegerlos, de quien,pues del Cartel del Golfo,pues nadie mas roba sin permiso.
De acuerdo con la mas reciente encuesta del INEGI,la de Octubre de 2025 ,un 81.4% de ciudadanos de Reynosa se sienten inseguros,claro esta, gracias los malos oficios del gobernador que los consecuenta,los abraza y cena con ellos.
Mientras tanto,Omar García Harfuch parece andar muy ocupado,volteando para otro lado, pero ademas,porque asi como «perro no traga perro», tampoco Morena lo hace y hay calculo politico por delante antes que cualquier embestida.
Tan solo basta observar la «impunidad litro por litro» en materia de combate el huachicol,para confirmar que la regla casi siempre es «SIN DETENIDOS», porque simple y llanamente nos creen idiotas.
Aunque tambien influye que a esos niveles la charola,ni el nivel de su salario le alcanzan para alcanzar esos capos que a kilometros huelen a «Lopez».
Mientras, la demora en la captura de trio de sabandijas se siga posponiendo, el capo seguirá extorsionando a Reynosa ,levantando y matando ,no importa si son Delegados de la FGR y desde la comodidad de una guarida serrana entre jalisco y Colima, con esporádicas salidas al pueblo que es de su propiedad,tambien facturado por el gobierno y continuas ayudas de la Marina donde mas que amigo$,ha tenido complices,pero,la suerte se acaba.
La declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero” e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, marca un momento clave en la ofensiva de Estados Unidos contra la cúpula del Cártel de Sinaloa.
La consigna de Washington es clara y viene con eslogan de serie de narcos: dos caídos, faltan dos. Y esos dos no son extras, son Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los herederos incómodos de la marca “Chapo Guzmán”.
Faltan dos
Tras la caída y el “me declaro culpable” de Joaquín Guzmán López, El Güero, la narrativa oficial en Estados Unidos se acomodó para venderlo como una victoria épica contra el Cártel de Sinaloa. La fiscal general Pamela Bondi habló de “gran victoria”, pero el remate lo dio el fiscal Adam Gordon: dos caídos, faltan dos, como si estuviera narrando un marcador de partido.
La frase resume la nueva temporada de la cacería: con Ovidio y Joaquín ya en el banquillo, el guion apunta directo a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, señalados como los operadores centrales de Los Chapitos. Para hacer más atractivo el casting, Washington pone hasta 10 millones de dólares por cada uno, recompensa incluida como anuncio de “se busca” en plena era digital.
El costo del “game over”
El Güero admitió que movió toneladas de fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana hacia Estados Unidos usando de todo: autos, trenes, túneles, aviones y hasta submarinos. A cambio de intentar salvar algo de su futuro, aceptó entregar 80 millones de dólares y enfrentar una pena que va de mínimo 10 años hasta cadena perpetua, según qué tanto cuente y a quién delate.
Ovidio está en la misma ruleta: se declaró culpable de cuatro cargos de crimen organizado y narcotráfico, también pactó entregar 80 millones y cooperar, con la amenaza de cadena perpetua si se le ocurre guardar silencio. El mensaje es transparente: hablar es caro, pero callar sale peor.
Viejos capos, nuevas prioridades
Mientras tanto, el histórico Mayo Zambada, 78 años y décadas en las sombras, también se alineó al libreto de los acuerdos con la Fiscalía de Estados Unidos. Se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico y de dirigir una empresa criminal bajo la Ley RICO, aceptó pagar 15 mil millones de dólares y aun así podría acabar de por vida en prisión.
Desde febrero, el gobierno de Donald Trump etiquetó al Cártel de Sinaloa como “organización criminal extranjera”, lo que abrió la puerta para acelerar la maquinaria judicial y financiera contra el grupo. La DEA y el FBI repiten que no se van a conformar con las cabezas visibles, que la ofensiva va contra las redes logísticas y el dinero, pero el lema comercial sigue siendo el mismo: ya cayeron dos… y faltan dos.
El anuncio del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de emprender operaciones terrestres contra cualquier país con infraestructura vinculada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos volvió a colocar a México en el centro de la atención internacional
Aunque el mandatario estadounidense no mencionó directamente al país, sus declaraciones resonaron en la región porque, semanas atrás, había señalado tener identificados los domicilios de los principales narcotraficantes mexicanos y no descartó una incursión militar. Esa afirmación contradijo incluso a su propio secretario de Estado, Marco Rubio, quien había asegurado que Washington no contemplaba acciones unilaterales contra México.
El mensaje de Trump, emitido durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, dejó entrever su intención de ampliar el alcance de su política antidrogas más allá de los operativos marítimos. Si bien hizo referencia a Venezuela como el eje de su ofensiva, advirtió que cualquier nación donde se fabriquen o distribuyan drogas que terminen en Estados Unidos sería susceptible de ataques.
En México, las palabras del expresidente fueron interpretadas como una advertencia directa. En un momento en que la violencia asociada al narcotráfico sigue siendo un tema sensible, la posibilidad de incursiones militares extranjeras evocó viejas tensiones sobre soberanía y cooperación bilateral en materia de seguridad.
El tono beligerante del discurso de Trump reflejó una visión de la lucha antidrogas centrada en el uso de la fuerza y en la extraterritorialidad de la política estadounidense, marcando un nuevo episodio de presión sobre los países latinoamericanos involucrados en el combate al narcotráfico.
Las empresas de seguridad privada con las que operaba la red de tráfico de armas y huachicol en la que participaba Raúl Rocha Cantú, dueño del concurso Miss Universo, obtuvieron en el anterior sexenio decenas de contratos millonarios para labores de vigilancia de instalaciones gubernamentales, incluso de la propia Fiscalía General de la República que ahora las investiga, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Este es uno de los 30 contratos que la FGR otorgó una empresa que ahora investiga de traficar armas.
De acuerdo con un análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, con base en la información disponible en el portal de ComprasMx de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Compranet) y datos obtenidos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la compañía Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V. (SEICSA) recibió entre 2020 y 2022 al menos 30 contratos por parte de la FGR por más de 300 millones de pesos para el resguardo de sus inmuebles.
SEICSA es una de las cinco empresas empleadas para adquirir, rematricular y traficar armamento de la red de Rocha Cantú, de acuerdo con el expediente de la causa penal al que MCCI tuvo acceso.
De acuerdo con el material firmado por material firmado por Verónica Ayala e Iván Alamillo, la organización distribuía armamento a grupos criminales, los cuales recibían las armas con una licencia de portación a nombre de las empresas de seguridad, lo que impedía que los portadores fueran detenidos en flagrancia.
Detalles de otros contratos asignados por la FGR a SEICSA.
De la descripción de los contratos se desprende que SEICSA debía otorgar los servicios de seguridad y vigilancia en diversas sedes de la Fiscalía General de la República, así como en unidades administrativas y delegaciones de la FGR en los distintos estados del país.
Tan solo en 2021, la FGR otorgó un contrato por 181 millones de pesos a SEICSA para otorgar el servicio de vigilancia a las instalaciones de la dependencia.
SEICSA ha tenido como representante legal a Jorge Enrique Alberts Ponce, quien de acuerdo con la propia FGR era uno de los líderes de la organización y se encargaba de coordinar que las armas fueran rematriculadas y posteriormente distribuidas a otros grupos criminales.
Como lo dio a conocer MCCI, Alberts Ponce también participó en el desfalco multimillonario a Segalmex con otra empresa de su propiedad llamada Acurgen S.A. de C.V., la cual ya había sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de haber participado en los desvíos de la Estafa Maestra.
En la acusación de la FGR se menciona a Jorge Enrique Alberts Ponce como administrador de las empresas de seguridad utilizadas para traficar armas. En un acta mercantil de SEICSA consta que su nombramiento como apoderado se otorgó desde 2017.
Pero la Fiscalía General de la República no es la única que contrató a SEICSA para vigilar sus inmuebles, pues la compañía acumula entre 2018 y 2024 decenas de contratos con dependencias del Gobierno federal como CFE, Profeco, IMSS, SAT, Banjercito, Banco del Bienestar, IMSS, INEGI, Capufe, Lotería Nacional, INEA, Infonacot, INBAL, INDEP, ASIPONA de Guaymas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco Nacional de Comercio Exterior.
Esto sin contar los otorgados por el Instituto Nacional de Migración para la vigilancia de estaciones migratorias que, aunque han sido documentados por medios, no se encuentran en su totalidad en las plataformas de contrataciones.
Contratos que el SAT asignó a SEICSA para custodiar las aduanas de Tijuana y Nogales, dos de los puntos que han sido conflictivos en el contrabando de combustible.
MCCI constató que el SAT le otorgó contratos a SEICSA para custodiar puntos fronterizos que han servido para el paso de combustible de contrabando, esquema conocido como huachicol fiscal, como es el caso de las aduanas de Tijuana, en Baja California, y Nogales y Guaymas, en Sonora.
Lluvia de contratos con CFE
Durante la gestión de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), SEICSA –administrada por Jorge Enrique Alberts Ponce– vivió una bonanza que le dejó contratos por hasta 264 millones de pesos para otorgar el servicio de vigilancia y seguridad para los inmuebles de CFE Distribución en el Valle de México.
MCCI reveló que Acurgen S.A. de C.V., en la que Alberts Ponce es accionista mayoritario, ha reportado como su domicilio el número 350 de la calle de Séneca en la colonia Polanco, inmueble que es propiedad del hijo de Julia Abdalá Lemus, empresaria y pareja de Manuel Bartlett.
El domicilio de Séneca 350 también es compartido con Servicios Profesionales de Seguridad Privada (SERPROSEP), otra compañía de seguridad cuyo director general es Christian Pablo Varela Escobedo.
En el expediente de la causa penal 495/2025 que se sigue contra la red criminal del dueño de Miss Universo, Varela Escobedo es mencionado como representante legal de Servicios Terrestres de Seguridad Privada (SETER), una de las cinco compañías que eran usadas por la organización criminal para traficar armas.
Alberts Ponce, el operador de SEICSA, también fungió como representante de Acurgen SA de CV en un contrato suscrito con Segalmex. En ese contrato declaró que el domicilio de la empresa estaba en Séneca 350, inmueble que tiene en usufructo Julia Abdalá, pareja de Bartlett.Este es uno de los mayores contratos que la CFE otorgó, durante la gestión de Bartlett, a SEICSA.
Y también contratan a otras empresas de la red
Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V., otra de las empresas señaladas por las autoridades por su participación en la red de tráfico de armas de Rocha Cantú, acumula entre 2021 y 2024 al menos 12 contratos que suman casi 57 millones de pesos con dependencias federales como Capufe, IMSS, ISSSTE, Fonatur, Lotería Nacional y con la Sociedad Hipotecaria Federal.
Mientras que Servicios Terrestres de Seguridad Privada, S.A. de C.V. (SETER), otra de las compañías implicadas en las actividades delictivas del , también obtuvo al menos tres contratos con Liconsa, en 2019 y 2020, por cerca de 5 millones de pesos.
Con información: LASILLAROTA/ Unidad de Investigación Aplicada de MCCI/
