En el pais donde colectivos patean la tierra o clavan una varilla y brotan cadaveres,como mero saldo del actuar del crimen que te levanta,te mata y esconde el cuerpo, para que luego el gobierno lo llame reduccion de homicidios: La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que un total de 60 cuerpos fueron localizados y recuperados en una fosa clandestina ubicada en la carretera 26, al poniente de Hermosillo.
Aunque la noticia ya no sorprende en este país donde los desaparecidos germinan como maleza, donde la tierra se levanta reseca y en vez de agua brotan huesos; en el país que presume estadísticas mientras se hunde entre tumbas sin nombre, la Fiscalía de Sonora confirmó lo que todos sabían y nadie quería decir en voz alta: sesenta cuerpos salieron de una fosa clandestina en la carretera 26, al poniente de Hermosillo.
Sesenta hombres, sesenta historias apagadas, sesenta silencios recién desenterrados. Los halló primero un colectivo de madres —porque aquí las búsquedas las hacen las que paren, no las que gobiernan—. Después, como si fuera un trámite burocrático más, la autoridad salió a «aclarar» la información. El vicefiscal Jesús Francisco Moreno Cruz, con la serenidad de quien lee un parte meteorológico, informó que los 60 fueron identificados, algunos por ADN, otros por fotografía. Que todos eran hombres. Que todos participaron “en la dinámica” del crimen organizado. Qué descanso, ¿no? Un país respira tranquilo cuando el muerto tiene la culpa de estar muerto.
Las fosas florecieron entre enero y febrero de 2025, justo cuando el termómetro subía y el pudor público bajaba. Cinco presuntos responsables ya están presos —Sergio, Roberto, Ángel, Jesús José alias “El Siete” y Daniel—, nombres huecos en un expediente más. Otros dos andan prófugos, lo suficiente para mantener viva la ilusión de que la justicia “sigue trabajando”.
El lugar, un predio olvidado al kilómetro 20, ya era un secreto a voces entre las buscadoras. En enero, una llamada anónima bastó para que la pesadilla tomara forma de cementerio: 26 fosas primero, luego más, hasta llegar a sesenta hombres apilados bajo el polvo. Cada fosa, una nota al pie del horror.
Porque en Sonora —como en Tamaulipas, Guerrero, Jalisco, Sinaloa o cualquier otro punto del mapa manchado— el suelo ya no sirve para sembrar maíz, sino para enterrar el desastre donde Tamaulipas también ocupa una posición en lo mas alto de la tabla vergonzosa.
Tomás Yarrington sigue en prisión, y no parece haber forma de darle la vuelta a este capítulo: el exgobernador de Tamaulipas acaba de ser formalmente imputado por nexos con el Cártel del Golfo, y un tribunal ratificó la prisión preventiva. La Fiscalía se amparó en cinco testigos protegidos, incluido un informante de la DEA, para sostener que el cartel financió su campaña en 1998 y lo respaldó durante su mandato, pero sospechosamente usó una óptica distinta con Francisco Javier García Cabeza de Vaca,quien pese a ser imputado en el mismo expediente y por uno de los mas importantes testigos contra TYR,nunca fue judicializado por estos señalamientos porque a la entonces PGR se le perdio ese fragmento de la carpeta y aseguraba su abogado que testimonios eran falsos.
Qué se sabe de Yarrington
Auto de formal prisión confirmado: el juez de Tamaulipas dictó la prisión por delitos contra la salud en la modalidad de colaboración para facilitar actividades narcotraficantes, y el Tribunal de Alzada no encontró motivos para eximirlo de responsabilidad. Esto firma la continuidad del proceso penal en su contra.
Presunta ayuda del Cártel del Golfo: testigos protegidos aseguran que el cartel entregó dinero para la campaña de Yarrington en 1998 y que el apoyo continuó durante su Gobierno. Los montos y fechas exactas han sido cuestionados por la defensa, pero el relato aparece como columna vertebral de la imputación.
De regreso a México y deportación: Yarrington fue deportado desde Estados Unidos en abril de 2025 y entregado a la FGR, que posteriormente formalizó su primer proceso en el Altiplano.
Crítica y defensa: la defensa ha señalado lagunas en la cuantificación de entregas y fechas, procurando cuestionar la solidez de las pruebas basadas en testigos protegidos. En este tipo de casos, las inconsistencias en los testimonios pueden ser determinantes, pero el tribunal ya dio por validas las imputaciones, que en algunos casos corresponden a testigos protegidos ya muertos y cuyos testimonios casualmente,fueron recogidos por Irving Barrios Mojica,el hoy fiscal de Tamaulipas, en su etapa de funcionario en la putrefacta PGR.
Que dijo Cesar García alias El Pollo (+) : identificado como el testigo «OSCAR» y quien fue asesinado dentro del penal de Altamira como represalia por haber declarado también contra Cabeza de Vaca.
Que dijo Oscar/ElPollo:
“Durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 1998 se hicieron entregas a Jesús Vega Sánchez [operador político y enlace del gobierno priista con el narcotráfico] para la campaña de Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba [Gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2005] y las cantidades oscilaban entre 400 [mil] y 800,000 dólares cada vez que se le entregó y los lugares donde se le hizo las citadas entregas fueron diversos.
“Entre los meses de julio a octubre de 1998, entregué, en compañía de Rubén Ignacio Cavazos Salazar, un maletín con aproximadamente 500,000 dólares en billetes de veinte y cien dólares americanos en el lobby del Hotel Residencial que se ubica en Matamoros, Tamaulipas, en donde se encontraban Jesús Vega Sánchez, Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba […], Baltazar Hinojosa [Ochoa, candidato del PRI al Gobierno de Tamaulipas en 2016] y otras personas que no conocí, y le entregué el dinero en un portafolios plateado en mano propia a Jesús Vega Sánchez”.
Situación procesal actual: con la prisión formal en curso, la próxima etapa implica desarrollo de la causa y posibles nuevas imputaciones o pruebas, dependiendo de como se desenvuelva el proceso y de la evidencia adicional que aporte la Fiscalía.
Que dijo el Testigo Angeles que también declara contra Cabeza de Vaca y la PGR se hizo taruga
El testigo protegido de nombre clave Ángeles,cuyas declaraciones ante la entonces PGR estan contenidas en un interactivo de El Universal fechado en Mayo de 2016, implican directamente tanto a Tomás Yarrington Ruvalcaba como a Francisco García Cabeza de Vaca en una serie de maniobras que, según su declaración, combinaron política, narcotráfico y dinero del Cártel del Golfo. Su testimonio, contenido en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, describe con detalle reuniones, llamadas, entregas de dinero y favores políticos entre 2004 y 2005.
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Quien es el TESTIGO ANGELES:
Una de las acusaciónes a Yarrington incluye el testimonio íntegros de Antonio Peña Argüelles, a quien se le asigna el nombre clave Ángeles, que ofreció ante el Agregado Regional Adjunto de la PGR con sede en San Antonio, Texas, entre el 23 de mayo de 2011 y el 5 de junio de 2012, menos de un mes antes de las elecciones presidenciales de ese último año en que el PRI recuperaría la Presidencia de la República.
El puente entre Yarrington y Cabeza de Vaca
En su testimonio Ángeles dijo ser el enlace entre Yarrington y el Cártel del Golfo, encargado de gestionar “asuntos directos” del entonces gobernador de Tamaulipas.
Uno de los fragmentos mas importantes de la declaración de «Angeles» es ,al igual que con Yarrington,es una entrega de dinero no castigada penalmente.
La entrega del dinero: 500 mil dólares
«…..El día siguiente, Ángeles contactó a Héctor Sauceda Gamboa, alias El Caris, hermano de El Metro 2, jefes del Cártel del Golfo en Reynosa. Se reunieron, según su relato, en el estacionamiento de una Soriana en el bulevar Hidalgo. “El Caris” le entregó un paquete con 500 000 dólares en efectivo destinados a financiar la campaña de Cabeza de Vaca.
«….Ángeles se hospedó en el Holiday Inn de la colonia Del Pradoy desde ahí citó a Cabeza de Vaca. Según su testimonio, este llegó acompañado de su hermano José Manuel García Cabeza de Vaca. En el restaurante del hotel, Ángeles les entregó la bolsa llena de dinero y les explicó que provenía del Cártel del Golfo, por instrucción directa de Yarrington. El candidato, dice el declarante, respondió “que estaría a las órdenes para lo que se ofreciera”…»
Ya en el poder: favores y vínculos
El testigo refirió que, tras ganar la elección en noviembre de 2004, Cabeza de Vaca mantuvo contacto con el Cártel del Golfo a través suyo. Relató que el alcalde le pidió mantener comunicación constante y que accedía a peticiones del grupo criminal, entre ellas:
Nombramientos de policías municipales sugeridos por el cartel.
Permisos para eventos públicos, como un festejo del Día del Niño en el parque Adolfo López Mateos, autorizado “de inmediato”.
Protección a personal clave dentro de la Dirección de Tránsito Municipal solicitado por Héctor Sauceda (El Caris)
Incluso, relató encuentros posteriores, como uno en febrero de 2005, en el restaurante “La Fogata” de Reynosa, donde presentó personalmente a Cabeza de Vaca y a El Caris, reunión que —según él— duró unos quince minutos .
***Una vez funciones de Gobernador (2016-2022) Cabeza de Vaca nombró Director de Servicios Periciales,aun en funciones al funcionario que desde la Procuraduría de Justicia robo el Cadaver del capo que se reunió con Cabeza de Vaca, en aquel enfrentamiento de Reynosa del 07 de febrero de 2009.
Un cierre con sabor a escándalo
Ángeles afirma que Cabeza de Vaca siguió siendo “leal” tanto al Cártel del Golfo como a Yarrington durante toda su administración. “Siempre estuvo a sus órdenes”, dice. El testimonio se suspendió tras horas de narración, pero quedó asentado que el testigo ratificó sus declaraciones ante la autoridad, estampando su firma y huellas dactilares.
El relato de Ángeles tiene plena vigencia, pues ya pintaba a Tamaulipas como un tablero donde los políticos y los capos han venido jugando del mismo lado del tablero —solo que unos con chaleco antibalas y otros en traje,lo mismo azul que tricolor y últimamente guinda humanista.
Con una remuneración mensual bruta de $19.444.03, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, la delegada estatal de Bienestar en el Municipio poblano de Libres, Anallely López Hernández, presume en sus redes viajes y autos de lujo.
El perfil de Instagram de López Hernández, quien apenas en diciembre del año se graduó como licenciada en Derecho, revela que a inicios de este mes recibió como obsequio una camioneta Jeep Wranger Rubicon de color gris, valuada en más de un millón y medio de pesos.
Este mismo mes subió fotos de un viaje a Las Vegas,.
También aparece rodeada de regalos de marcas como Van Cleef & Arpels y Louis Vuitton, así como usando el servicio de Celebrity Helicopters en Los Ángeles, California.
También destacan al menos dos visitas a Colombia.
En sus redes sociales, la funcionaria se define como «empresaria» y presume fotografías al interior de su tienda de ropa y accesorios, D Herlo Boutique, ubicada en el municipio Libres.
Luego de que se le involucra con el líder sindical, López Hernández aseguró que las fotografías donde aparece junto a Ramírez no «reflejan vínculos personales ni relaciones más allá del ámbito laboral».
«En cuanto al señor Nazario ‘N’, mi conocimiento hacia su persona fue algo muy reciente y únicamente relacionado con temas de gestión y trabajo comunitario en su localidad. Como parte de mis funciones, suelo coincidir con diferentes actores sociales y políticos, y en muchas ocasiones se toman fotografías al finalizar reuniones o eventos, algo completamente normal dentro de la vida pública», afirmó.
El reporte sobre desapariciones en Mazatlán y Sinaloa no es un simple comunicado oficial, sino una auténtica radiografía de la descomposición, tanto del tejido social como de las estructuras estatales de seguridad. Los números mas que hablar, gritan, y ponen a bailar a los burócratas de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad en una coreografía grotesca de simulación e impotencia que no esconde su tufo a la ineficiencia que comparten con la estrategia federal militarizada.
Números como metralla: horror estadístico
Entre el 1 de septiembre de 2024 y el 14 de octubre de 2025, 656 personas han desaparecido solamente en Mazatlán, lo que da un promedio de 1.6 desapariciones diarias. No es un error de dedo ni un lapsus de cifras: es una sistematicidad propia de epidemia, no de excepción.
Siete de las víctimas ni siquiera vivían en Sinaloa, sino en Durango. Porque aquí la violencia no pide visa, ni domicilio fijo; cualquiera puede ser borrado del mapa.
En la cuenta estatal, los desaparecidos suman 2,635, de los cuales 1,851 siguen sin rastro alguno. Las “buenas noticias” presumen 568 localizados vivos y 216 muertos: la ruleta rusa cierra con un tiro en la cabeza de la esperanza.
La administración del desastre: respuestas huecas y lugares comunes
Según la SSPM de Mazatlán, todos los días verifican los “eventos” de privaciones de la libertad y aseguran coordinación “de los tres niveles de gobierno”. El mantra burocrático de siempre: mesas de paz, análisis de incidencia, recorridos de prevención.
“Nosotros somos los primeros respondientes”, se dice, como si la rapidez bastara, cuando la efectividad es casi nula y la impunidad es la regla madre.
En la narrativa oficial, la zona turística tiene “menos casos,” y la Marina y Guardia Nacional cuidan cuando hay mucha gente… o sea, cuando hay negocio. Pero fuera de ese paraíso para turistas, el territorio es tierra de nadie.
Cifras, narrativas y omisiones
Mazatlán es apenas el segundo lugar estatal: Culiacán rebasa los mil casos. Ahome y Navolato se cuecen aparte, pero el mal es estructural y atraviesa toda la geografía sinaloense.
Tan sólo en la primera quincena de octubre de 2025, en todo el estado se abrieron 81 nuevas carpetas de investigación, y apenas cuatro víctimas fueron localizadas vivas.
El discurso oficial nunca aborda, y menos explica, la raíz: una pugna entre facciones del cártel de Sinaloa desbordada desde septiembre de 2024, que deja más de 2,000 homicidios dolosos y miles de millones en daños. El contexto de guerra no declarada nunca se reconoce en voz alta, pero transpira cada línea del comunicado.
El infierno detrás del protocolo
Cada cifra implica familias rotas, colectivos que buscan cuerpos, madres que pegan fichas y rezan. Ejemplo: el caso de María de los Ángeles Valenzuela, buscadora desaparecida, o del joven de Durango, absorbidos por la noche mazatleca sin que la maquinaria estatal logre otra cosa que oficinas saturadas y declaraciones hueca.
El reporte promete «análisis de incidencia» y «recorridos de seguridad», pero la realidad es que las desapariciones, lejos de disminuir, se sostienen con la misma constancia con que los funcionarios reciclan frases.
Aquí no hay Estado presente: hay un parte de guerra cotidiano disfrazado de boletín técnico, donde la ineficiencia institucional es la música de fondo y la desaparición, el estribillo que no deja de sonar.
Un enfrentamiento entre civiles armados y personal del Ejército Mexicano se registró la mañana de este jueves en la zona centro de la sindicatura de Tepuche, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, dejando como saldo preliminar un Mayor del Ejercito fallecido y dos militares más lesionados, de acuerdo con reportes extraoficiales.
De acuerdo con los primeros reportes citados por Noroeste, los hechos se registraron entre las 4:00 y 5:00 horas de este jueves. La agresión ocurrió a aproximadamente un kilómetro de la cabecera de la sindicatura, en la falda de un cerro conocido como La Pista, donde personal del Ejército Mexicano fue atacado por civiles armados, lo que derivó en un intercambio de disparos que se prolongó por varios minutos.
Según los primeros reportes, el personal castrense acudió a la zona para verificar reportes sobre detonaciones de arma de fuego y, al llegar, fue agredido por civiles armados, lo que derivó en un intercambio de disparos.
De manera extraoficial trascendió que, durante la agresión, un Mayor del Ejército Mexicano perdió la vida y dos más resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a un hospital en Culiacán para recibir atención médica. Asimismo, una unidad oficial fue incendiada frente a una preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), lo que generó alarma entre vecinos debido a las explosiones causadas por cargadores que permanecían en el interior del vehículo.
La zona del ataque se encuentra a escasos metros de la plazuela central y del templo de la localidad. Tras lo ocurrido, fuerzas del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal desplegaron un operativo terrestre y aéreo con apoyo de helicópteros Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana, que brindaron vigilancia desde el aire.
Como medida preventiva, fueron suspendidas las clases en escuelas de nivel preescolar, primaria y preparatoria. Asimismo, habitantes de Tepuche permanecieron en sus domicilios ante el clima de incertidumbre generado por los hechos y por el despliegue de elementos armados en la comunidad.
Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte de las autoridades militares ni de seguridad pública, y no se ha confirmado el número de personas afectadas. Se espera el arribo de personal de la Fiscalía General de la República (FGR) para llevar a cabo el levantamiento de indicios y continuar con las diligencias correspondientes.
