El estado policiaco que en su momento instauro “Genarco” Garcia Luna,el “arquitecto fallido de la Guerra al Narco” de tiempos nefastos y militarizados de Felipe Calderón,alias el “señor de las 68 masacres”,quien entonces contaba entre sus pupilos mas destacados a la “charola mañosa” de Omar García Harfuch,” alias “Omarcito” para la Presidenta Claudia Sheinbaum,la acaba de convencer de volver a implementar la estrategia de su expatron,el tristemente celebre “padrón de celulares”, muy y pese a que en 2022 la corte declaro inconstitucional un padrón de este tipo.
La creación de registros nacionales de usuarios de telefonía móvil en México tiene un historial marcado por controversias legales, fracasos operativos y resistencias sociales.
La reciente propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum revive un debate que se remonta a 2009, cuando el gobierno de Felipe Calderón implementó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), el cual colapsó por filtraciones de datos a crimianles que detonaron falta de eficacia contra el mismo crimen.
Antecedentes clave:
- RENAUT (2009-2012):
- Obligaba a registrar líneas con la CURP, pero fue desmantelado tras filtraciones masivas de datos y un aumento del 26% en extorsiones.
- La base de datos se vendía ilegalmente, incluso con información de figuras públicas como Felipe Calderón.
- Panaut (2021-2022):
- Propuesto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, exigía datos biométricos (huellas, iris) y personales.
- La Suprema Corte lo declaró inconstitucional en 2022 por violar derechos a la privacidad y protección de datos, al no superar el test de proporcionalidad. Los ministros argumentaron que existían medidas menos invasivas para combatir delitos.
La nueva propuesta de Sheinbaum (2025):
A pesar del precedente judicial, el gobierno actual presentó una iniciativa para crear un registro nacional de líneas móviles bajo estos términos:
- Documentación obligatoria: Vinculación de líneas con identificación oficial (INE, CURP) o pasaporte para extranjeros.
- Exclusión de datos biométricos: A diferencia del Panaut, no se requerirán huellas o reconocimiento facial.
- Acceso directo para autoridades: Las instituciones de seguridad pública podrán consultar el registro sin orden judicial.
- Plazo de dos años: Los usuarios existentes deberán registrar sus líneas antes de 2027, bajo amenaza de suspensión.
Críticas y riesgos recurrentes:
- Vulnerabilidad a filtraciones: Experiencias como el RENAUT y el Panaut demostraron que los registros masivos son blancos de hackeos. En 2010, 12,000 líneas se registraron fraudulentamente a nombre de Calderón.
- Uso arbitrario por autoridades: Organizaciones como R3D advierten que el acceso sin control judicial podría facilitar abusos, especialmente considerando vínculos históricos entre autoridades y crimen organizado.
- Ineficacia contra el crimen: Expertos señalan que delincuentes evaden estos sistemas usando líneas extranjeras, clonación de SIM o tecnologías como VoIP.
Contradicción con el fallo de 2022:
La Corte determinó que cualquier registro obligatorio debe ser proporcional y respetar la privacidad. Aunque la nueva iniciativa excluye datos biométricos, organizaciones civiles argumentan que aún representa una intromisión innecesaria, replicando errores de diseño del Panaut. Además, la falta de claridad en los protocolos de acceso a datos podría reactivar batallas legales similares a las de 2022.
En conclusión, este proyecto, seguramente de la autoria de García Harfuch, revive un modelo que ha fracasado dos veces en México, ahora bajo un marco legal aún frágil. La historia sugiere que, sin garantías robustas de protección de datos, sin transparencia y la sempiterna colusión de autoridades , el registro enfrentará no solo resistencia social, sino también nuevos desafíos constitucionales.
Con informacion: ELNORTE/
