El bufete de abogados 1800 Migrante denunció el jueves el secuestro de 95 ecuatorianos cerca de Tapachula, ciudad chiapaneca en la frontera con Guatemala. Los criminales tomaron el miércoles los buses en los que los migrantes querían seguir su viaje al norte, a Estados Unidos. Su rumbo cambió hacia una casa de Puerto Chiapas, donde los secuestradores pidieron rescates a las familias de los ecuatorianos.
Uno de ellos logró ponerse en contacto con William Murillo, vocero de la organización jurídica, quien hizo público el caso y recibió amenazas por ello. “Si sigue informando se los devolvemos en bolsas”, ha explicado el abogado en conversación telefónica con EL PAÍS. Los retenidos consiguieron huir el pasado jueves por la noche antes de una redada de la que los captores se enteraron a tiempo.
La odisea del casi centenar de migrantes ecuatorianos comenzó el miércoles por la tarde a las afueras de Tapachula. “Contacté con la familia [del chico secuestrado] hace unos minutos y me dice que no fue violento. Los llevaron a una bodega en los buses que los transportaban desde la frontera con Guatemala”, explica Murillo.
Uno de los migrantes, al darse cuenta de que estaba secuestrado, logró pasarle su ubicación a 1800 Migrante, que radica en Estados Unidos. “Automáticamente contacté al cuerpo consular ecuatoriano en Nueva York. Ellos coordinaron la información para pasar estos datos hacia las oficinas consulares de México”, relata el abogado. El cónsul general del país sudamericano decide entonces ponerse en contacto con la Fiscalía de Chiapas para que organicen un operativo en la casa donde están secuestrados los migrantes.
Al llegar el jueves por la noche a la bodega de Puerto Chiapas, agentes federales, estatales y municipales no encontraron a nadie, según un comunicado de la Fiscalía de Chiapas. El activista y director del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey Villagrán, acompañó la redada y hablo con las personas del lugar. “Los vecinos dicen que tenía más de dos horas que había habido un gran movimiento y se percataron de que mucha gente salió corriendo de ese lugar donde supuestamente estaban ellos retenidos”, explica el activista. Murillo también ha confirmado con uno de los familiares de los secuestrados que los migrantes huyeron. “No había nadie porque los secuestradores se fueron corriendo y dijeron ‘viene la migra’. Todo el mundo salió corriendo y por eso no encontraron a nadie. Parece que se filtró el operativo”, explica el abogado. La Guardia Nacional y otros cuerpos policiales desplegaron un dispositivo de búsqueda del que no se tienen noticias hasta el momento.
Durante el tiempo que los migrantes estuvieron retenidos, los criminales trataron de extorsionar a las familias pidiéndoles dinero por la liberación. Según Murillo algunas de estas personas llegaron a pagar el rescate. Al mismo tiempo, los secuestradores intentaron amedrentar al abogado por hacer público el caso. “Me llamaron los secuestradores a amenazarme, a decirme que no me meta. Que si hacía algo nos los iban a entregar en bolsas de plástico”, explica el letrado. También denuncia el cambio de esquema en el tráfico de personas que los migrantes sufren por parte por el crimen organizado en Chiapas, una región que está en disputa entre los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. “Los coyoteros tradicionales están siendo desplazados por narco-coyoteros que utilizan armas de grueso calibre, asesinando sin piedad”, explica.
El abogado ecuatoriano ha confirmado a EL PAÍS que 19 migrantes ecuatorianos están bajo custodia en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula. Rey Villagrán afirma que las autoridades migratorias detuvieron a una treintena de migrantes de ese país en el barrido posterior al operativo. Este medio ha tratado, sin éxito, de contactar por vía telefónica al INM y el Consulado de Ecuador en México para saber si los migrantes se escaparon de sus secuestradores. La Fiscalía de Chiapas se remite al comunicado que publicaron en sus redes sociales.
El Gobierno de Ecuador tampoco ha sido informado por ninguna autoridad mexicana hasta el momento, según ha asegurado la ministra de Asuntos Exteriores, Gabriela Sommerfeld. “Ante la noticia del presunto secuestro de 95 ciudadanos ecuatorianos en México, se ha contactado a las autoridades mexicanas y no hay información oficial”, ha mantenido, informa Carolina Mella.
Tanto el activista como el abogado coinciden en que la opacidad de las instituciones sobre el caso es un problema que perjudica únicamente a los migrantes. “El escape, que nos confirmó también el chico que contactó con nosotros, es algo que las autoridades no quieren decir. Nos sorprende a nosotros esa actitud cómplice de las autoridades”, denuncia Murillo. “Es la competencia del INM, y ni ellos ni la Fiscalía General de la República han dado una posición oficial de los hechos. Para nosotros están poniendo una cortina de opacidad que una vez más pone en riesgo a los migrantes y a los que estamos sobre el tema”, explica el activista Rey Villarán.
El bufete 1800 Migrante fue el primero en denunciar el pasado 17 de febrero un ataque armado contra un grupo de migrantes cerca de la localidad de Saric, Sonora, a tan solo 80 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Gracias a las desgarradoras narraciones de los testigos del ataque, la Fiscalía del Estado se vio obligada a salir a dar explicaciones, en un país en el que muchas veces los crímenes quedan impunes. Admitieron el asesinato de Jonzi, un niño ecuatoriano de cuatro años, y dos mujeres de Perú y Ecuador.
Un número que la procuraduría de justicia nunca actualizó, a pesar de que 1800 Migrante informó días después del fallecimiento de otra migrante hondureña. “Dicen y se mantienen en que son tres muertos y nosotros hemos publicado hasta la foto y el nombre del cuarto muerto”, explica Murillo. Hasta el momento, en el sur las autoridades tampoco se pronuncian sobre el secuestro y la liberación de los 95 ecuatorianos.
