Casi 13 años después y a más de 2 mil kilómetros de las violentas calles de Medellín, Carlos Mario Aguilar ha reconstruido su vida en el sur de Florida. El presunto jefe criminal colombiano, conocido con el alias de Rogelio, ha escapado de su sangriento pasado para disfrutar de la vida en un exclusivo condominio y de un trabajo en una empresa de logística.
Mientras que las familias de las víctimas de los cárteles pocas veces obtienen justicia, Rogelio es un hombre libre gracias a lo que los capos colombianos solían temer: enfrentarse a la justicia estadounidense.
El narcotraficante colombiano Pablo Escobar acuñó la conocida frase “prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos". Pero entregarse a las autoridades y la extradición son mecanismos que se convirtieron en un pase expedito hacia la libertad para algunos capos sagaces con buenos abogados.
Después de 50 años de la declaración de la llamada Guerra contra las Drogas por el presidente Richard Nixon, el caso de Rogelio recuerda con crudeza cómo una estrategia clave en la política antidrogas de Estados Unidos se ha transformado en algo irreconocible respecto a su objetivo inicial.
Los primeros esfuerzos se enfocaron en interrumpir la distribución de drogas en Estados Unidos. Con el tiempo, la táctica evolucionó hacia la eliminación de los poderosos jefes de los cárteles, intentando que rindieran cuentas en Estados Unidos, ya que rara vez eran castigados en sus países.
Sin embargo, los narcotraficantes han aprendido a manipular este proceso, conservando parte de su fortuna para sus familias y obteniendo sentencias más leves. Una parte del dinero confiscado compensa los costos de los esfuerzos antidroga de Estados Unidos, pero los países de origen a menudo ven pocos beneficios.
Una investigación realizada por OCCRP y sus socios, a partir de datos recopilados en Colombia y México, muestra que la extradición se ha convertido en un mecanismo que a menudo favorece a los criminales con buenos contactos. Mientras tanto, el negocio de las drogas sigue intacto y floreciente.
OCCRP recopiló una muestra de 37 casos de narcotraficantes mexicanos y colombianos de nivel medio y alto extraditados en el período 2005-2015. Los datos muestran cómo algunos de los grandes capos del mundo han sido tratados con compasión. De esos 37 casos, 23 pasaron o pasarán 10 años o menos bajo custodia de Estados Unidos. Sólo dos fueron condenados a cadena perpetua. Los periodos más cortos de detención oscilaron entre uno y tres años. Incluso un acusado de alto rango pasó sólo ocho meses tras las rejas antes de ser deportado a Colombia, donde pasó otro breve período en prisión.
El resultado final de esta indulgencia es que caer en manos de los estadounidenses -décadas después de que Escobar le declarara la guerra al Estado colombiano para evitar ese mismo destino– ya no es algo que muchos capos tratan de eludir a toda costa. En vez de esperar a ser acorralados, muchos ahora optan por moverse sigilosamente y cooperar con las autoridades estadounidenses entregando información sobre sus aliados y enemigos. Algunos incluso sortean por completo el proceso de extradición, entregándose en terceros países y llegando a sus propios acuerdos secretos con Estados Unidos.
"Captaron la fórmula, sobre todo los capos más grandes", dijo David Zapp, un abogado penalista de Nueva York que ha representado a narcos de alto nivel. "Se corrió la voz de que si cooperas y ayudas al Team America te irá muy bien".
Antiguos altos funcionarios de organismos de seguridad insisten que la práctica de dictar sentencias menos severas a quienes cooperan - algunos incluso sospechosos de cometer atrocidades en su país de origen - puede ayudar a desarticular grupos criminales.
"Es crucial, es crítico, no se podría hacer sin cooperación", dijo Michael Nadler, exfiscal federal del Distrito Sur de Florida.
Pero varios veteranos de estas cinco décadas de la Guerra contra las Drogas señalan que la extradición y otras estrategias se han quedado cortas, ya que los cárteles han evolucionado hasta convertirse en organizaciones de varios niveles que ya no están centralizadas. También trafican mujeres, contrabandean mercancías, extorsionan empresas, e incluso financian minas de oro ilegal.
"Destruimos cultivos ilícitos, destruimos laboratorios, incautamos precursores (químicos), incautamos grandes toneladas de droga", dijo Wilson Martínez, exvicefiscal general de Colombia. "Pero seguimos en el mismo punto".
De la “Oficina” a la logística
En un exclusivo condominio de Boca Ratón, en el sur de Florida, padres en autos BMW y coches deportivos esperan fuera de la escuela primaria contigua para recoger a sus hijos. No hay señales evidentes de que el notorio Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio vivió durante varios años en una de las costosas casas cercanas.
Rogelio es un funcionario corrupto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía colombiana. En los noventa y en los 2000 trabajó con la Oficina de Envigado, el escuadrón de sicarios y la agencia de cobro de deudas del capo de Medellín Diego Murillo, alias Don Berna. Durante esta época, Rogelio también trabajó con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un escuadrón de la muerte paramilitar de 30.000 miembros que se asoció con la Oficina.
"Rogelio es muy poderoso y nadie se quiere meter con él", dijo un defensor de los derechos humanos en Medellín, pidiendo el anonimato, pues se sabe que tanto la Oficina como las AUC han desaparecido a cientos de víctimas. “Ese miedo aún se mantiene".
Cuando alias Don Berna fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008, documentos del gobierno colombiano muestran que Rogelio heredó el liderazgo del grupo al ser el siguiente en la cadena de mando. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que el grupo criminal sigue especializándose en "lavado de dinero, extorsión y sicariato".
Rogelio duró poco tiempo en la cima del crimen de Medellín, pero fue por decisión propia. En 2008, se entregó a Estados Unidos tras haber llegado a un acuerdo secreto de cooperación.
Este no fue un acuerdo bidireccional entre Estados Unidos y Colombia, indicó una fuente con conocimiento del caso. El jefe del cártel se dirigió primero a Argentina y luego a Panamá, donde tomó un vuelo comercial a Estados Unidos y se entregó sin que las autoridades colombianas lo supieran.
"Lo hicimos todo a sus espaldas porque no confiábamos en ellos", dijo la fuente, quien pidió el anonimato debido a la sensibilidad del caso.
En 2015, según registros, Rogelio ya había salido de una prisión estadounidense tras cumplir una pena de un poco más de siete años. El expediente de su caso ha permanecido en un profundo secreto, sellado por un juez. Las autoridades no respondieron a los repetidos intentos por contactarlas.
El trato indulgente hacia Rogelio no es una anomalía, según Michael S. Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la Administración para Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
"El acuerdo, por ejemplo, (era) que no iba a pagar mucho tiempo (en la cárcel) si cooperaba, lo que obviamente hizo, y el hecho de que se le permitiría permanecer en Estados Unidos", dijo Vigil, quien se retiró en 2004 y sigue activo como consultor.
Vigil agregó que "enviarlo de vuelta a Colombia sería una sentencia de muerte automática".
Este tipo de tratos son necesarios, sugirió Bonnie S. Klapper, exfiscal federal que ahora defiende a narcos acusados.
"Si vas a 'cooperar' con alguien, vas a tener que cumplir tu palabra y asegurarte de que esa persona no tenga que volver a su país y probablemente sea asesinada", le dijo a OCCRP.
Hoy, lejos de la guerra en las calles de Medellín en la que participó, Rogelio parece mantener un perfil bajo en el sur de Florida.
Documentos legales obtenidos por OCCRP muestran que declaró trabajar como asistente de servicio en una empresa de transporte terrestre de carga, donde gana menos de 50 mil dólares al año. Tiene una tarjeta de crédito con una importante institución financiera, una licencia de conducir de Florida y, después de que salió de prisión, vivió en la lujosa residencia de Boca Ratón por varios años.
Rogelio le debe mucho a su hermana Cruz Elena Aguilar, indican varias fuentes. Ella fue fiscal en Colombia en la década de los noventa. Luego se mudó a Estados Unidos, pero antes de irse, se vio envuelta en un escándalo público por su supuesta cercanía con personas que debía investigar. Incluso hay grabaciones de eso, según informaron medios colombianos.
En un programa de la emisora W Radio, Cruz Elena reconoció estar ayudando al capo de Medellín Don Berna -el antiguo jefe de su hermano- a encontrar un abogado estadounidense. Fuentes jurídicas estadounidenses reconocen que Cruz Elena ha trabajado como una facilitadora para narcotraficantes que, o han sido capturados y enfrentan la extradición, o que desean entregarse.
Aunque Cruz Elena declinó responder a las preguntas enviadas por los periodistas, Klapper, la fiscal que ahora es abogada penalista, ofreció una visión más comprensiva, insistiendo en que el trabajo de Cruz Elena era legítimo.
"Confío plenamente en ella. Nunca la he visto pasarse de la raya y no estaría trabajando con ella si este fuera el caso", dijo Klapper, quien ayudó a desarticular el cártel del Norte del Valle de Colombia. "No voy a poner mi reputación en juego por ningún caso”.
En la actualidad, Cruz Elena trabaja como asistente legal estadounidense. Su hija Daniela Posada, criada en Estados Unidos, es miembro del Colegio de Abogados de Florida y ha trabajado en casos de defensa de traficantes de alto perfil, como Daniel Barrera Barrera, alias El Loco, quien controló los Llanos Orientales colombianos antes de su capturado en 2012.
Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, no respondió al cuestionario que le fue enviado por correo electrónico y a través de abogados.
La extradición del Mata Amigos
Durante la presidencia de Vicente Fox, entre 2000 y 2006, el gobierno mexicano se opuso de forma repetida a la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos por la posibilidad de que los acusados se enfrentaran a la pena de muerte, la cual está prohibida por la Constitución mexicana.
En 2006, Felipe Calderón reemplazó a Fox y declaró su propia guerra al narcotráfico. En 2008, se asoció con Estados Unidos en la Iniciativa Mérida, un acuerdo de seguridad transnacional destinado a "interceptar las drogas, detener el lavado de dinero, reducir la producción y desmantelar las organizaciones criminales".
Como embajador de México en Estados Unidos entre 2007 y 2013, Arturo Sarukhán firmó numerosas extradiciones como parte de una estrategia para remover a los capos de sus cárteles, cuyos tentáculos se extendían hasta las cárceles mexicanas.
"Las debilidades estructurales y la corrupción en el sistema penitenciario mexicano les permitían seguir operando desde la cárcel", dijo Sarukhan en una entrevista en Washington. "Al extraditarlos, se degrada esa capacidad. Prefiero tenerlos aquí".
Para demostrar que México se tomaba en serio la Iniciativa Mérida, Calderón extraditó de un sólo golpe a más de una docena de narcotraficantes, antes de que se firmara el acuerdo. Entre ellos estaba Osiel Cárdenas Guillén, quien dirigía el cártel del Golfo, que surgió en el estado fronterizo oriental de Tamaulipas.
Cárdenas se ganó el apodo de "MataAmigos" tras supuestamente haber asesinado a un socio. Creó el brutal grupo de Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo. Al ver el rastro de violencia de este grupo, el gobierno estadounidense decidió negociar.
A cambio de información relevante, Cárdenas fue extraditado en 2007. En 2010, fue condenado a una pena de 25 años y le confiscaron 50 millones de dólares en dinero y propiedades. Está previsto que lo liberen en 2024.
No sólo Cárdenas disfrutó de un trato clemente, sino que su familia mantuvo su privilegiado estilo de vida en México. Las fotos de sus hijas en redes sociales muestran que siguieron con sus viajes al extranjero en aviones privados. En 2018, el hijo de Cárdenas fue arrestado por sacar un arma en un bar en Texas, mientras agitaba una placa de la Fiscalía.
La noticia de que Osiel, tras la extradición, delató a sus colegas, llevó a los Zetas a separarse del cártel del Golfo, con consecuencias catastróficas.
"Eso creó la fractura del cártel del Golfo y los Zetas, creó más violencia y esta violencia se extendió por todo México", dijo Arturo Fontes, un consultor de seguridad quien se retiró después de 28 años en el FBI combatiendo a los cárteles. "Y mucha gente murió en ambos lados de la frontera".
El mexicano Alejandro Hope, experto en seguridad, también comparte esta opinión. Afirmó que la extradición del líder del cártel del Golfo tuvo un efecto "detonante" que desató las llamas de la violencia.
Los detalles exactos del caso de Cárdenas -al igual que el del colombiano Rogelio- siguen siendo un gran misterio.
Félix Jiménez, un exfuncionario de la DEA que dirigió la oficina de Nueva York, insistió que los acuerdos de culpabilidad, como el que se hizo con el líder del cártel del Golfo, han ayudado a debilitar a las organizaciones criminales.
La extradición ha sido una "estrategia extremadamente útil" contra los traficantes que están "aterrorizados" de ser enviados al norte, dijo Jiménez, y por lo tanto ofrecen información confidencial a cambio de condenas reducidas.
Un abogado estadounidense que representa tanto a Cárdenas como a su hijo Osiel Jr. le dijo a OCCRP en un correo electrónico que la familia no responde a las preguntas de los medios de comunicación.
Incluso si México quisiera construir un caso contra narcos como Cárdenas, es poco probable que las autoridades estadounidenses compartan la información que han obtenido a cambio de clemencia, indicó Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, analista de seguridad mexicano.
"Aquí hay una relación asimétrica", dijo.
Aunque el gobierno estadounidense y departamentos de policía local le confiscaron a Cárdenas unos 50 millones de dólares - y agentes federales fueron vistos posando en fotos con su cuota de 29.5 millones de dólares-, México no recibió ni un centavo.
A diferencia de Colombia, México no cuenta con un fondo central a través del cual los activos de los delincuentes puedan ser confiscados y compartidos entre los países emisores y receptores en los casos de extradición.
Colombia y Estados Unidos tienen un convenio para la distribución de los activos criminales incautados con base en el nivel de participación de cada país, indicó Martínez, exvicefiscal general de Colombia.
De Escobar a El Chapo
Desde la muerte de Escobar en 1993, la estrategia de Estados Unidos en Colombia -y luego en México- se ha centrado en la extradición de los capos que acaparan los titulares. En los últimos años, el goteo de figuras del crimen organizado que han sido extraditadas, tras su entrega o captura, se ha convertido en un torrente.
Las extradiciones de colombianos no siempre fueron tan robustas. Tras una campaña de terror contra el Estado colombiano de los llamados "extraditables", un grupo de narcos liderados por Escobar, la nueva Constitución de 1991 prohibió la extradición de nacionales colombianos. Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2001 indicaba que sólo 12 colombianos habían sido enviados a Estados Unidos entre 1997 y 2001, la mayoría por delitos relacionados con las drogas.
Sin embargo, unos años más tarde, la presión de Washington llevó a Colombia a reimplantar un proceso de extradición parcial. A medida que la persecución de Escobar se acercaba a su fin en 1993, las autoridades estadounidenses comenzaron a centrarse en la llamada kingpin strategy, enfocándose en la captura de los líderes de los cárteles y tratando de desmantelar las estructuras jerárquicas de estos grupos, más que en sus actividades del día a día criminal.
Desde principios de la década de 2000, Colombia ha enviado a Estados Unidos a numerosos narcotraficantes de alto perfil, siendo quizás el caso más conocido el de 14 jefes paramilitares de las AUC -una lista que incluía a Don Berna- en mayo de 2008.
Datos recopilados en Colombia muestran que entre 2008 y 2018, Estados Unidos hizo mil 156 solicitudes de presuntos traficantes de Colombia, de las cuales casi todas fueron aprobadas. El 76 por ciento de estas tuvo relación con delitos vinculados a drogas.
No se dispone de datos similares sobre extradiciones para el caso de México, que es el mayor punto de tránsito de los narcóticos que llegan a Estados Unidos. Sin embargo, los datos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, que maneja la mayoría de los casos de extradición, son un indicador útil. Los datos de la agencia que fueron compilados por la Universidad de San Diego muestran que hubo 770 extradiciones de México a Estados Unidos entre 2003 y 2016, casi la mitad relacionadas con narcóticos. Antes de ese periodo, sólo ocho personas fueron extraditadas de México a Estados Unidos entre 1980 y 1994, bajo todas las categorías de delitos.
En los últimos años México se ha puesto al día, culminando con la extradición de Joaquin El Chapo Guzmán en 2017. Con este caso, los funcionarios estadounidenses no siguieron con la tendencia de otorgar clemencia y lo condenaron a cadena perpetua.
A pesar de la condena de El Chapo, algunos expertos consideran que la atención que se presta a los capos es obsoleta.
Yesid Reyes, exministro de Justicia de Colombia, indicó que los grupos criminales abandonaron el modelo de los mega cárteles, como el de Medellín y Cali, y que Colombia ahora contaba con una multiplicidad de mini cárteles.
"Seguimos utilizando una única fórmula, que es la represión contra todos los eslabones de la cadena del narcotráfico", dijo, pero "los narcotraficantes han cambiado sus estilos".
Sarukhan, el exembajador de México, sostiene que cortar la cabeza de una organización hace poco para acabar con el tráfico de drogas en general. Esto requiere una estrategia de reducción de la demanda de estupefacientes en los países consumidores y el despliegue de un ejército de investigadores cualificados que puedan desbaratar los medios financieros de estos grupos. Tal como se hizo de manera exitosa después del 11-S con la financiación del terrorismo.
A Óscar Naranjo, exdirector de la Policía y exvicepresidente de Colombia, se le atribuye el mérito de haber derribado a varios traficantes de alto nivel. Considera que los grupos criminales ya no dependen de estructuras de mando verticales sino que operan como holdings criminales fragmentados, "con muchos responsables, algunos de ellos invisibles".
Incluso cuando un narco de primer orden cae, a menudo simplemente es reemplazado, dijo María McFarland Sánchez-Moreno, abogada y autora de Aquí no ha habido muertos, un libro sobre la infiltración de los cárteles y los paramilitares en el gobierno colombiano. Ella destacó el caso de Rogelio.
"Terminó siendo el jefe de la Oficina después de que Don Berna fuera extraditado, y luego él fue extraditado. Pero sigue habiendo una Oficina", dijo.
Una bala y una pausa
Jair Sánchez, sospechoso de enviar toneladas de cocaína desde la costa del Pacífico colombiano, tenía prisa por ser extraditado. Le habían disparado en el estómago en Cali, ciudad al suroccidente de Colombia, y creía que lo tenían en la mira, pues corrían rumores de que buscaba cooperar con Estados Unidos. Quería ser capturado por los estadounidenses lo más pronto posible.
Detenido en un hospital en marzo de 2015, el antiguo cabecilla del cártel del Norte del Valle conocido como Mueble Fino -por su lujoso estilo de vida- fue rápidamente enviado a Estados Unidos.
Sus abogados estadounidenses pidieron clemencia. En un documento judicial se citaron factores atenuantes como el papel supuestamente "menor" que desempeñó en un negocio de 450 kilos de cocaína y el hecho de que él "había solicitado una extradición acelerada". En ese mismo documento, la defensa admitió que la información que Mueble Fino entregó a las autoridades era obsoleta.
En este caso, los fiscales estadounidenses acordaron no aplicar la cadena perpetua y Mueble Fino apostó por la discrecionalidad que tienen los tribunales frente a las directrices federales para la imposición de penas. Cooperar aumentaba sus posibilidades de tener una sentencia más ligera. Mueble Fino fue enviado de vuelta a Colombia en marzo de 2019, tras cumplir menos de cuatro años en prisión.
De regreso en Colombia, Mueble Fino se unió a otra organización criminal llamada La Gran Alianza, según las autoridades colombianas. Lo recapturaron en 2021 y fue acusado de homicidio y secuestro.
Los días en los que personas como Escobar preferían la muerte a la extradición parecen haber quedado atrás. Y los casos de Mueble Fino y Rogelio muestran cómo un sometimiento o una extradición oportuna pueden beneficiar a narcos de alto nivel.
“Muchas veces nos dicen cosas que ya sabemos, que hacen muy poco en términos de impacto en las operaciones en curso", explicó Jack Riley, un exadministrador interino de la DEA que coordinó los esfuerzos para capturar a El Chapo en México.
Añadió: "No quiero oír cosas históricas. Quiero escuchar cosas procesables, que podamos hacer ahora para desbaratar o desmantelar estas organizaciones”.
La extradición se ha convertido en su propia microindustria de narcotraficantes oportunistas, abogados hipnotizados por el signo del dólar y soplones que buscan ganar favores, dijo Riley.
“Hay literalmente miles de informantes que rastrean (a los delincuentes) que Estados Unidos quiere y trabajan proporcionándonos información sobre ellos", dijo. "Eso es importante porque necesitamos esa información... pero ha generado su propia economía oscura para la extradición".
Laura Borbolla, fiscal mexicana a cargo de las extradiciones en la era Calderón, explicó que Estados Unidos tiene "reglas muy fáciles" de cumplir: declárese culpable, devuelva las ganancias ilícitas y le irá bien.
"Si tú además, me das información de colaboradores tuyos, para que yo siga combatiendo este tipo de conductas en mi país, entonces te puedo permitir que te quedes con ciertas propiedades", añadió.
¿Cuáles resultados?
Los acuerdos con Estados Unidos, como el que pactaron con Rogelio, complican los esfuerzos para que las víctimas en Colombia obtengan justicia. Por ejemplo, varios de sus colegas investigadores del CTI en Medellín fueron asesinados a finales de los noventa mientras luchaban contra los grupos criminales para los que él terminó trabajando.
"Creo que los investigadores colombianos deben tener muchas preguntas para él sobre los asesinatos de finales de los años noventa", dijo McFarland, abogada y autora. "Creo que Rogelio tiene muchas preguntas que responder en torno a eso. Este es sólo un ejemplo de la verdad que ya no es posible conseguir luego de que se ha (enviado) a alguien a Estados Unidos".
Tras cinco décadas de Guerra contra las Drogas, el campo de batalla ha cambiado poco.
"Ha crecido la producción, ha crecido el consumo, ha crecido la violencia asociada al narcotráfico y a la producción, ha crecido la corrupción", dijo Naranjo, el general retirado de la Policía.
Datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señalan que la producción potencial anual de cocaína en Colombia alcanzó las 1.228 toneladas en 2020, frente a las 695 toneladas métricas de 2000.
Sarukhan, el exembajador de México en Estados Unidos, dijo que hay que atacar a los traficantes a nivel estructural: los contadores y lavadores de dinero, o los que contratan y entrenan a los sicarios. Los limitados gastos de la DEA en investigadores financieros que rastrean el dinero electrónicamente equivalen a “un pedo de gorrión en un tifón”.
Su consejo: "Poner el lavado de dinero en el más alto nivel del kit de herramientas”.
Vigil, el exjefe de operaciones internacionales de la DEA, indica que la estrategia permanente de atacar la cima de la pirámide seguirá dando resultados incompletos.
"No me refiero a esta como la Guerra contra las Drogas. La llamo la campaña permanente contra las drogas", explicó. Y añadió que siempre habrá un país proveedor mientras persista un mercado fuerte.
"A menos que reduzcamos la demanda de drogas, si no es México o no es Colombia, será otro país", advirtió Vigil.
***Karina Shedrofsky (OCCRP ID) y Laura Sánchez Ley contribuyeron con la reportería.
Una guerra adictiva es un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo sobre
las paradojas que han dejado 50 años de política de drogas en América Latina, a cargo
del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Dromómanos, Ponte
Jornalismo (Brasil), Cerosetenta (Colombia), El Faro (El Salvador), El Universal y
Quinto Elemento Lab (México), IDL-Reporteros (Perú), Organized Crime and
Corruption Reporting Project (OCCRP).
