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lunes, 28 de septiembre de 2020

EN el EJERCITO de AMLO "NO BATALLAN y ENTREGARON TODO el BATALLON" LIGADO a la DESAPARICION de 43 NORMALISTAS en IGUALA...se resistían y al final no resistieron.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puso a disposición de las autoridades a todos los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala [Guerrero] para presentar las declaraciones ministeriales necesarias y en su caso iniciar los procesos penales correspondientes, informó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Al cumplirse seis años de la desaparición, indicó que la Sedena también proporcionó a la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa ha entregado la información de los batallones 27 y 35 establecidos en Iguala respecto de personal castrense, antecedentes militares, bitácoras, estructura de los batallones y bases de operaciones, fotografías y videos y órdenes de operación.

Al “rendir cuentas de los avances de la investigación” de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el también presidente de la Comisión de la Verdad indicó que con ello la Sedena dio respuesta a los requerimientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

En el informe espacial del caso Ayotzinapa, Encinas agregó que se han fortalecido los convenios con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU para el restablecimiento “del GIEI, sin restricción ni limitación: abiertos al escrutinio internacional”. También se cuenta con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense y de la Universidad de Innsbruck.

Ello, indicó, para que los padres y madres de los jóvenes normalistas conozcan la verdad, sepan el paradero de los estudiantes y obtengan justicia, pues la Comisión de la Verdad busca esclarecer el caso.

Agregó que la investigación se encuentra en la etapa más compleja, pues se está judicializando el “crimen de Estado”, por lo cual las fuerzas que aún defienden la llamada verdad histórica han entorpecido los procesos, filtrado información, desacreditado los avances, pero esto no va a detener que se rompa el pacto de silencio e impunidad y la justicia alcance a todos los involucrados.

No obstante, indicó que no se generarán falsas expectativas ni se generará otra verdad histórica. Y se comprometió a encontrar la verdad por dolorosa que ésta sea. Aseguró que este gobierno no está cansado y no descansará hasta saber el paradero de cada uno de los 43 estudiantes normalistas.

fuente.-


EL GOBIERNO CIERRA el PENAL FEDERAL de PUENTE GRANDE" de DONDE se FUGO el "CHAPO" por la PUERTA GRANDE...el 19 de Enero de 2001.


El gobierno federal anunció el cierre del penal federal de Puente Grande, en Jalisco.

La desincorporación de esa cárcel, conocida formalmente como Centro federal de Readaptación Social Número 2 Occidente, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación este 28 de septiembre de 2020.

El documento señala que “las personas privadas de la libertad que alberga el Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello, respetando en todo momento sus derechos humanos”.

También indica que “los derechos de los trabajadores adscritos laboralmente al Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente, serán respetados conforme a la ley, por lo que serán reubicados en otros centros penitenciarios federales que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, de acuerdo a las necesidades del servicio de la Institución”.

El acuerdo del cierre fue firmado por Alfonso Durazo, secretario federal de Seguridad y Protección ciudadana.

Aquí el acuerdo íntegro:

ACUERDO por el que se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente”.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SEGURIDAD.- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2 fracción I, 26 y 30 Bis fracciones IX y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3, fracción III y 14 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 3, apartado C, fracción IV, 6 fracción II, XI y XII, 53 y 54 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 8, fracción II del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como 6, fracción II, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, y CONSIDERANDO
Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad
Que el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, de las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y su persecución; así como la sanción de las infracciones administrativas, en términos de la ley;
Que en el artículo 6, fracción II del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, establece que el Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente” ubicado en el Complejo Metropolitano de Puente Grande, Jalisco, es un integrante del Sistema Penitenciario Federal;
Que el Plan Nacional de Desarrollo en su objetivo número 7, señala que la Recuperación y Dignificación de las Cárceles, precisando la necesidad de que las instalaciones penitenciarias cuenten con la infraestructura, recursos humanos y materiales suficientes para atender a la población penitenciaria que se alberga en los centros penitenciarios federales;
Que es necesario generar acciones para la modernización y reingeniería en materia penitenciaria, privilegiando lo establecido en el artículo 18 de nuestra Carta Magna que señala que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, por lo cual, con esta acción de desincorporación se facilitarán los mecanismos y actividades para lograr la reinserción social de las personas privadas de su libertad, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DESINCORPORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL EL CENTRO
FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 2 “OCCIDENTE”
ARTÍCULO PRIMERO.- Se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Prevención y Readaptación Social, realizará las acciones tendientes al cierre del Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente”, ubicado en el Complejo Metropolitano de Puente Grande, Jalisco.
ARTÍCULO TERCERO.- Las personas privadas de la libertad que alberga el Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente” serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello, respetando en todo momento sus derechos humanos.
ARTÍCULO CUARTO.- Los derechos de los trabajadores adscritos laboralmente al Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente”, serán respetados conforme a la ley, por lo que serán reubicados en otros centros penitenciarios federales que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, de acuerdo a las necesidades del servicio de la Institución.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Los trámites, procedimientos y procesos a cargo del Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente” que por el presente se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal, que se encuentren pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Acuerdo, continuarán su trámite conforme a las disposiciones legales vigentes al momento de su inicio, ante la autoridad penitenciaria correspondiente.
TERCERO.- El Comisionado de Prevención y Readaptación Social, a través de la Dirección General de Administración de Prevención y Readaptación Social, realizará las acciones conducentes para el destino final de los bienes muebles pertenecientes al Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente”, haciendo uso de los recursos materiales, financieros y humanos que sean necesarios para tal fin.
CUARTO.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana determinará en su momento el destino final del bien inmueble que ocupa el Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente”.
Dado en la Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2020.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño.- Rúbrica.

fuente.-

HABLA el "ZAR" de la INTELIGENCIA FINANCIERA a la MEXICANA de las PESQUISAS a CALDERON y PEÑA NIETO...los suyo es parlar y parlar.


El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, revela que investigan a los expresidentes Felipe Calderón Enrique Peña Nieto por el caso de los sobornos por parte de Odebrecht.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Nieto Castillo explica que estas pesquisas son el resultado de lo que planteó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en su denuncia y lo que está haciendo la UIF es corroborar que los datos presentados en esta acusación sean ciertos. Prevé que la indagatoria finalice en tres meses.

Nieto Castillo explica que Calderón Hinojosa y Peña Nieto son dos de las 70 personas mencionadas por Lozoya Austin, por lo que se está revisando la ruta para comprobar que sean ciertas las afirmaciones del exdirector de Pemex y recalca que se está analizando operación por operación en el sistema financiero para ver si hay elementos o no que procedan y presentar la denuncia.

El funcionario acepta que su destitución como titular de la (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) FEPADE en octubre de 2017 se debió, principalmente, a las órdenes de aprehensión que consiguió contra los exgobernadores priistas Javier Duarte César Duarte, y por el caso Odebrecht, pero rechaza una venganza contra el peñanietismo: “No es mi culpa que sean corruptos”.

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Informa que presentó cinco denuncias relacionadas contra la administración Lozoya en Pemex y se prepara una sexta relacionada con Odebrecht y el pago de 3 mil millones de pesos. Adelanta que aún faltan concluir los casos Fertinal El Astillero.

Destaca que descubrieron una Estafa Maestra en Pemex en 2016, cuando Lozoya era director y que involucra a la Universidad de la Chontalpa, la cual fue utilizada como vehículo para sacar dinero de una empresa mercantil de una persona vinculada a Pemex; el monto de la operación fue de 83 millones de pesos.

Sobre las acusaciones de que la UIF se ha convertido en el brazo represor de la 4T, Nieto Castillo niega que los temas de seguridad tengan un tinte político-partidista e insiste en que no es su culpa que sean corruptos. Si hay actividades presuntamente delictivas, añade, se denunciarán.

El funcionario reconoce, eso sí, que tiene lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador y considera que las “lealtades son de ida y vuelta” y eso es lo que ha procurado con él, dice, al informarle de las investigaciones y apoyar su proyecto de gobierno, combatiendo la corrupción.

¿Cómo va el caso Odebrecht desde la UIF?

—Presentamos cinco denuncias relacionadas con la administración del señor Lozoya en Pemex. Estamos preparando la sexta y última, relacionada con el pago por parte de Pemex a Odebrecht por 3 mil millones de pesos, y a partir de ahí la diseminación de los recursos hacia empresas que tienen pocas transacciones financieras y que presentan características de empresas fachada.

Estas compañías en muchos casos terminaban sacando recursos en efectivo en varias entidades de la República durante 2015 y 2016, y recordemos que durante esos años hubo proceso electoral federal en 2015 y locales en el año 2016. Entonces, nosotros estamos terminando esta parte de la investigación, falta Fertinal, la parte de El Astillero y con ello estaremos cerrando esa sección de la investigación en torno a Emilio Lozoya y a sus actividades.

Quiero recordar que Lozoya recibe a Pemex con 40 mil millones de dólares de pérdidas y lo deja con 100 mil millones de dólares, ese es, digamos, el impacto que estamos viendo en el ámbito energético, es producto de esa mala administración. Ahora bien, recientemente se hizo público en los medios de comunicación de la denuncia que presentó, en realidad es una confesión de hechos propios del señor Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República (FGR).

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Una instrucción del Presidente, la convicción personal, es investigar a las 70 personas que se encuentran relacionadas en el documento para verificar si existieron las transacciones financieras que se mencionan en el texto o no existieron y, en su caso, cuando la FGR o la Secretaría de la Función Pública (SFP) hagan los requerimientos correspondientes, poder informar.

¿Estas cinco denuncias que presentaron contra quiénes son y por qué?

—Básicamente cuatro de ellas involucran al señor Lozoya, a sus familiares cercanos, han tenido que ver con un esquema de defraudación fiscal, de lavado de dinero local, otro internacional, con el caso de Agro Nitrogenados y con sobornos de Odebrecht.

La quinta denuncia tiene que ver con una especie de Estafa Maestra en Pemex relacionada con la Universidad de la Chontalpa, que fue utilizada como vehículo para sacar dinero de una empresa mercantil de una persona vinculada con Pemex, y estamos preparando la última que tiene que ver con estas extracciones de dinero en efectivo a partir de la contratación de Pemex con Odebrecht.

Esta Estafa Maestra en Pemex cómo fue, ¿está involucrado Emilio Lozoya?

—No tenemos el dato de que en ese caso en particular haya estado Lozoya Austin involucrado

¿Y específicamente en este caso cuánto dinero extrajeron de Pemex?

—En particular eran 83 millones de pesos por un contrato.

¿Qué consecuencias o qué ha tenido que enfrentar para investigar el caso Odebrecht, ha encontrado resistencias o de pronto amenazas?

—Parte de mi salida de la FEPADE tenía que ver con varios hechos, las órdenes de aprehensión conseguidas contra Javier Duarte y contra César Duarte, los asuntos relacionados con el despliegue ministerial, la situación de secretarios de Estado, del Estado de México durante el proceso 2017, y finalmente Odebrecht fueron los motivos de mi salida.

Necesitamos confiar en los diseños institucionales, en las instituciones y que los organismos funcionen para lo que fueron diseñadas. La FEPADE en ese entonces para perseguir y prevenir los delitos electorales se llevaba una UIF para recibir, analizar y diseminar información, presentar denuncias, congelar cuentas en aquellos casos en donde se haya cometido un delito precedente que implique lavado de dinero.

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¿No es una venganza contra el peñanietismo?

—No en lo absoluto. Siempre he actuado con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, no es mi culpa que sean corruptos.

¿Las investigaciones a Odebrecht alcanzan a Calderón y a Peña Nieto?

—Eso es lo que ha estado planteando el señor Lozoya en su denuncia y nosotros lo que tenemos que hacer es corroborar que los datos de la denuncia sean ciertos, estamos en este momento en el proceso de investigación.

O sea, ¿sí se les está investigando a ambos?

—A 70 personas relacionadas.

¿Y entre ellas están ellos dos?

—Efectivamente. Lo que estamos viendo es… llevando la ruta para efecto de ver si resultan ciertas las afirmaciones del documento de Lozoya. Entonces [analizamos] operación por operación descrita, haciendo la revisión del sistema financiero en los sujetos obligados por actividades vulnerables para efecto de determinar si hay elementos para poder, en su caso, presentar la denuncia.

¿Y qué tiempo le llevará esto?

—La primera parte es un proceso de revisión rápida, tiene que ver con nuestra base de datos; sin embargo, para poder verificar este tipo de actividades es necesario contar con información del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y esto nos puede tardar dos o tres meses poder tener la información.

¿Han encontrado algo contra Ricardo Anaya?

—Es una de las 70 personas, hasta el momento no hemos concluido la investigación, no podría adelantar ningún juicio al respecto.

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¿Y qué le dice a las personas que dicen que la UIF es el brazo represor de la 4T?

—Nosotros hemos presentado denuncias en todos los casos en donde hemos encontrado responsabilidad, sea de personas vinculadas con Morena o de otros partidos políticos, sea de grupos vinculados con la delincuencia organizada, trata de personas, robo de hidrocarburos, empresas fachada, factureras.

Lo que no podemos permitir es que las cosas se mantengan como estaban en materia de corrupción, de delincuencia organizada o de defraudación de naturaleza fiscal. Respecto al caso de Chihuahua, que ha sido de los más mencionados, en realidad tengo que responder cuando cualquier autoridad del Estado mexicano me solicite información y yo encuentre que hay personas que han incurrido en presuntas conductas delictivas.

Tengo que ejercer mis facultades de denunciarlos y de hacer los acuerdos de congelamiento de cuentas, de lo contrario, se estaría utilizando políticamente a la institución y eso no lo podemos permitir. La instrucción del Presidente es muy clara, la UIF y los temas de seguridad no tienen tinte político-partidista.

Pero, insisto, no es mi culpa que sean corruptos, no es mi culpa ver cuando cualquier instancia del Estado mexicano, incluyendo los gobiernos locales con los que tenemos un convenio de colaboración, me soliciten una información, yo evidentemente tengo que entregarla y, segundo, si hay algún tipo de actividad presuntamente delictiva, denunciarlo y hacer los acuerdos de congelamiento de cuentas.

Y en el caso de Ricardo Anaya muchos dicen que usted lo trata de inhabilitar porque también le interesa la gubernatura de Querétaro...

—No, en este momento estoy trabajando de forma monotemática en la UIF, el planteamiento del Presidente es muy claro al respecto, tengo una instrucción que es tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, y mis esfuerzos están enfocados a que la unidad funcione para lo que fue diseñada.

¿Entonces no le interesa ser gobernador de Querétaro?

—Todas las personas que provenimos de una entidad federativa, que nos hemos dedicado al servicio público, tenemos ese honor de ser considerados, pero finalmente los que determinan quién es gobernador son los ciudadanos que votan en los procesos electorales. Mi prioridad número uno es la UIF.

¿Hay una lealtad ciega con el presidente López Obrador?

—Es una persona que me ha dado la oportunidad de servir a mi país desde esta trinchera y por supuesto que hay una lealtad hacia el Presidente; las lealtades son de ida y vuelta y es lo que he procurado con él, en todo momento informarle de las investigaciones, apoyar su proyecto de gobierno porque soy un convencido que hay que combatir la corrupción.

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"ASI SUBSANAMOS INCOMPETENCIA OFICIAL": "DON AMLO" BUSCA que DETENIDOS por CASO AYOTZINAPA sean "TESTIGOS PROTEGIDOS" y ASI LLEGAR a la VERDAD...asi sea transitando por brechas y veredas pedregosas.


El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que se está buscando que los detenidos en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sean testigos protegidos.

El mandatario nacional comentó que esto se busca porque se debe romper el pacto de silencio que se instauró.

"Se está buscando también que los detenidos puedan ser considerados como testigos protegidos porque hubo como un pacto de silencio para que no se hablara y hay que romper ese pacto de silencio", indicó López Obrador en la conferencia matutina.

Agregó que ha habido avances, como órdenes de aprehensión y que algunos detenidos ya estén hablando sobre lo que sucedió.

"Como hay nuevas detenciones, yo hago el llamado a los detenidos, a sus familiares de que ayuden dando a conocer información veraz sobre los hechos y, si ellos colaboran, van a tener consideraciones de carácter legal", añadió el presidente de México.

Sobre el caso, que cumplió seis años el 26 de septiembre, López Obrador dijo el sábado que se ejecutarán órdenes de aprehensión contra miembros del Ejército.

"Se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar, cero impunidad", aseguró.

SUPREMA CORTE DICIDIRA la CONSTITUCIONALIDAD de las FUERZAS ARMADAS en las CALLES en LABORES de SEGURIDAD...derivado de la queja "panista hipócrita".


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará el miércoles próximo si procede la reclamación promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de la decisión de la ministra Margarita Ríos Farjat, de aceptar a trámite la controversia constitucional presentada por la ex presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, en contra del acuerdo que regula la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

El Ejecutivo afirma que Rojas no tenía facultades para promover dicha controversia, pues la legisladora se escudó en el artículo 233 del reglamento de la cámara, donde se establece que la presidenta de la mesa directiva puede “Presentar demanda de controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los intereses de ésta, aún en los periodos de receso”, lo cual, afirma la parte quejosa, no era el caso.

La legisladora presentó su controversia el 21 de junio pasado, y cinco días después fue aceptada a trámite por la ministra Ríos Farjat.

Ante esta decisión es que el Ejecutivo Federal presentó su recurso de reclamación, el cual será votado el próximo día 30 de septiembre en la sesión de la Segunda Sala de la SCJN.

Si la mayoría de los cinco ministros de la sala niega la reclamación del Ejecutivo, el trámite de la controversia seguirá pero, si le otorga la razón a la queja, todo este juicio constitucional quedará sin efectos.

fuente.-


"RAFAEL ADVANCED SYSTEM y la MULTI-MILLONARIA TRANSA con el VI$TO BUENO del EJERCITO y la MARINA"...tambien les gusta el olor de los dolares.



Durante el sexenio de Felipe Calderón la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems vendió material bélico y de espionaje a Pemex –para combatir la ordeña de ductos– valuado en 110 millones de dólares. Al margen del contrato, transfirió más de 140 millones de pesos a cuatro compañías mexicanas, tres de las cuales pertenecían a destacados panistas: el exprocurador Antonio Lozano Gracia y los hermanos José Luis y Jorge Salas Cacho.

La operación confidencial movilizó a varios actores. Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y la propia Presidencia dieron su visto bueno; Pemex pagó a Rafael y éste a sus operadores en México: los hermanos Salas Cacho, valiéndose de sus conexiones al más alto nivel en la petrolera, fueron los brókers; una empresa llamada Petrolatin fungió como enlace, y el despacho de Lozano Gracia pulió el aspecto jurídico.

ROBOS DESCARADOS:


La administración de Enrique Peña Nieto nunca utilizó la tecnología para frenar el robo de combustible, pero continuó los negocios con la empresa de Israel. En un contrato firmado el 23 de diciembre de 2015, en plenas vacaciones y a dos días de Navidad, la Policía Federal le compró una plataforma de espionaje por 2 mil 459 millones de pesos.

En junio pasado Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que el contrato tuvo un sobrecosto e irregularidades, y dejó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador un adeudo de mil 300 millones de pesos. Durazo indicó que denunció el caso ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública.

El primer contrato de Rafael en México, firmado el 18 de noviembre de 2009 por Pemex Exploración y Producción (PEP) y los ejecutivos israelíes, incluía la instalación de sensores en ductos, así como la compra de una decena de aviones y lanchas no tripulados, que serían controlados desde dos Centros de Comando (C4) en Monterrey y Villahermosa.

El documento no contemplaba ningún pago para los intermediarios mexicanos. Las transferencias de Rafael fueron producto de un trato con Petrolatin, que a su vez subcontrató a los panistas. Héctor de la Garza Poinsot, fundador de Petrolatin, estima que su empresa cobró alrededor de 40 millones de pesos, el despacho de Lozano Gracia cerca de 45 millones, y los hermanos Salas Cacho, 60 millones.

“A mí no me convenía fiscalmente que me pagaran todo; negocié con Rafael, que mejor les pagaran ellos. Ahí está todo en orden”, dice De la Garza.

El documento del Deutsche Bank

Los depósitos debían permanecer en secreto. Sin embargo, en abril de 2013 el equipo antilavado de la oficina del Deutsche Bank en Estados Unidos envió un reporte de actividad sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen), sobre una serie de 312 transferencias extrañas realizadas por Rafael Advanced Defense Systems Ltd entre enero y marzo de 2013, por un total de 135 millones de dólares.

Casi todos los receptores eran otras empresas israelíes, excepto cuatro mexicanas: Antonio Lozano Gracia y Asociados; Petrolatin, SA de CV; Grupo Empresarial Saca, SA de CV y Gestión y Desarrollo, SA de CV –de José Luis y Jorge Salas Cacho, respectivamente–.

El documento forma parte de los más de 2 mil 100 reportes de actividad sospechosa de Fincen obtenidos por BuzzFeed News, que compartió los archivos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que durante 16 meses coordinó a 400 periodistas de 110 medios en el mundo –entre ellos Proceso– en la investigación global llamada Fincen Files.

En entrevistas separadas, Lozano Gracia y De la Garza defienden la adquisición del material y su papel en la operación. La tecnología era eficiente, sostienen ambos; incluso aseguran que el gobierno de Peña Nieto no la usó para combatir el huachicoleo.

Cuando llegó a Los Pinos, dicen, el mexiquense nombró al frente de la seguridad de Pemex a su exjefe de escoltas, al general Eduardo León Trauwitz, quien se encuentra prófugo desde mayo de 2019, acusado de delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos.

Lozano Gracia, quien reivindica una “amistad” de muchos años con Calderón –fue secretario general del PAN cuando el michoacano era presidente del partido–, asegura: “Jamás traté un asunto profesional” con él.

Tanto él como De la Garza aseguran que se distanciaron de los hermanos Salas Cacho. El primero dice que por un pleito legal privado; el segundo, porque “no me gustan sus formas de operar”.

José Luis Salas Cacho es un empresario polémico y ha sido un personaje influyente en el PAN en las últimas cuatro décadas. Fungió como operador financiero en diversas campañas electorales, notablemente la de Vicente Fox, durante cuyo sexenio fue asesor externo de Pemex y a la vez integrante del consejo de administración de Transportación Marítima Mexicana, una empresa que recibió 219 millones de dólares de la petrolera.

Cercano a Lozano Gracia, ambos participaron activamente en la campaña de Manuel Clouthier en 1988, representaron el PAN ante el entonces Instituto Federal Electoral en los noventa; en 2007 el periodista Roberto Rock señaló que Salas Cacho y Lozano Gracia estuvieron involucrados en gestiones dentro de Pemex para construirle un “patrimonio clandestino” a la familia de Fox.

Salas Cacho participó en polémicos megaproyectos, como el fracasado centro Dragón Mart, en Cancún, y actualmente forma parte de un litigio para controlar el parque industrial gigante Logistik en San Luis Potosí.

Después del contrato con Pemex y durante el gobierno de Peña Nieto, los hermanos Salas Cacho continuaron el negocio del espionaje con Rafael Advanced Defense Systems. Proceso los buscó, sin éxito, primero a través de un abogado y después a sus celulares; también buscó vía correo electrónico la versión de Rafael en Israel y en México. No hubo respuesta.

La embajada de Israel también se negó a responder un cuestionario. Durante semanas esta revista buscó a la SSPC pero no recibió una respuesta formal, y cuando preguntó a Pemex sobre el estado del material, tampoco tuvo suerte.

La trama

Los negocios de Rafael son secretos: la empresa sólo vende a autoridades públicas, pero ningún contrato aparece en sus registros. Todas las instituciones a las que Proceso mandó solicitudes de información dijeron que no encontraron contratos, incluyendo la SSPC y la Guardia Nacional –que sustituyó la Policía Federal–, aun cuando Durazo Montaño denunció el contrato entre Rafael y esta policía.

De la Garza rememora que en 2007 el colombiano Moisés Jacobo Bibliowicz Volovitz, quien representaba a Rafael en América Latina, lo contactó.

“Me dice: ‘Héctor, ¿por qué no nos ayudas a Rafael y a mí para hacer negocios en México?”, recuerda el empresario petrolero, quien durante dos décadas representó al gigante suizo Glencore en México.

Y añade: “Hicimos varios intentos, pero el mundo de la venta de inteligencia es muy complicado, muy cerrado; es solamente para un grupito de gente”.

Las tecnologías extranjeras se mueven en un círculo de agentes, militares en función o retirados e intermediarios que operan en completa opacidad y siempre al borde de la ilegalidad, a veces incluso en configuraciones de delincuencia organizada. El negocio despegó durante el sexenio de Fox y tuvo su auge durante los de Calderón –con el impulso de Genaro García Luna– y de Peña Nieto.

Miles de millones de pesos fueron gastados en productos de las empresas israelíes Verint Systems, Nice (NiceTrack) y NSO (Pegasus), Teletron, Nice Systems o Elbit Systems, así como a la alemana Gamma Group (FinFisher) o la italiana Hacking Team (Remote Control Systems).

Acceder a los compradores requiere conexiones en las administraciones. Para De la Garza éstas fueron los hermanos Salas Cacho. Recuerda que José Luis le dijo: “‘Oye, Héctor, ¿tú conoces a una empresa de inteligencia y seguridad? Porque en Pemex están interesados en un sistema para evitar el robo de combustible’.

“José Luis es un político y conoce a mucha gente en México. Estaba muy bien relacionado; tenía acceso a que lo recibieran subdirectores, gerentes, que le platicaran cosas; fue asesor ahí en Pemex, conocía a todos los directores. Muchos de ellos empezaron con Fox y se quedaron con Calderón. No el director general, pero sí los de abajo, el de PEP, de Refinación, de PMI.

“Y Javier, su hermano, estaba muy bien relacionado a nivel más bajo. Tenía mucha información sobre qué iban a comprar, qué requerían; información importante para una compañía como Rafael”, señala De la Garza.

Dice que la oferta de Rafael recibió luz verde de los militares, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y del propio presidente Calderón, quien estuvo presente en una muestra en el C4 de Monterrey. La Sedena iba a utilizar los aviones no tripulados y la Marina las lanchas, no sólo para combatir el robo de combustible, sino para sus actividades propias.

“Acuérdate que en esa época Pemex estaba muy rico, porque el barril de petróleo estaba en 100 dólares. Y el que tenía más dinero era PEP; entonces PEP financiaba muchas cosas de Sedena y de Marina; los compraba, pero era para ellos, porque no tenían presupuesto”, explica al reportero.

De la Garza agilizó el contrato de Pemex con Rafael: uno, el principal, por 80 millones de dólares “y algo”; otros tres anexos por 12, 10 y siete millones de dólares. respectivamente A cambio, Petrolatin representó a Rafael en México, y subcontrató a los Salas Cacho y a su amigo Antonio Lozano Gracia para la supervisión.

De la mano de su mentor Diego Fernández de Cevallos, Lozano militó en el PAN entre 1979 y 2012 y llegó a formar parte de su cúpula; fue procurador general durante el sexenio de Ernesto Zedillo; a la par se involucró en negocios. Él y sus socios fueron funcionarios: uno de ellos, César Nava Vázquez, fue secretario particular de Calderón y abogado general de Pemex durante el sexenio de Fox.

Llevaron casos penales, como la defensa del exgobernador sonorense Guillermo Padrés Elías, pero también asuntos fiscales, administrativos, de “obra pública”, civiles o mercantiles, entre otros.

Cuando recibe a Proceso, el abogado tiene los contratos con Rafael, pero se niega a enseñarlos al reportero –“firmamos un convenio de confidencialidad”, dice–. Afirma que él y sus colaboradores trabajaron como “pinches peones que arrastramos el lápiz”. 
Los primeros pasos en México

El penalista afirma que “se juntó una propuesta inteligente, integral, a un problema ingente, pues el robo de combustible costaba 2 mil millones de dólares. También pesaba que fueran representantes del gobierno de Israel. Tecnológicamente, los señores israelitas son realmente top”.

Top, y con una sólida presencia en México. Según un informe de la organización palestina Stop The Wall publicado en junio pasado, las empresas israelíes Elbit Systems, International Security and Defense Systems, Israel Aerospace Industry, Nice Systems o Plansan Sasa operan en el país.

El documento no menciona a Rafael, pero dice que las empresas empezaron a vender material bélico en 1972; en las décadas siguientes su tecnología fue usada tanto en tareas de contrainsurgencia –contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional–, en labores de inteligencia –y sus derivas del espionaje ilegal– y en la militarización de la frontera sur.

El negocio de los ductos de Pemex fue el primer paso de Rafael en México: en 2014 la empresa paraestatal abrió una filial, llamada Rafael Sistemas de Seguridad, SA de CV. Petrolatin hizo el trámite y sus empleados consiguieron el local, rentaron departamentos y plancharon la contabilidad.

Su primer apoderado legal fue Rogelio López-Velarde Estrada, el presidente del despacho Dentons en México, el cual representa a decenas de empresas extranjeras en el país. López-Velarde –quien ya no es empleado de Rafael– tiene fuertes conexiones en el sector energético mexicano, pues ha representado a numerosas petroleras. Actualmente es consejero externo de la Comisión Reguladora de Energía.

Después de la creación de la filial de Rafael, la empresa dejó de trabajar con Petrolatin. “Didi (Eddy Lieberman) ni siquiera me llamó para darme las gracias ni nada”, lamenta De la Garza.

Y añade: “Luego siguieron ellos con los Salas Cacho, hasta la fecha. Y te digo que lo siguen haciendo, porque me los he encontrado aquí con los israelitas en varios restaurantes, en hoteles de la Ciudad de México”.

***Reportaje publicado en la edición 2291 de la revista Proceso, ya en circulación.

"NEPOTISMO JUSTICIERO": CRECE en el TRIFE la "FAMILIA JUDICIAL de MANTENIDOS del ERARIO"...igualitos que en la otra Justicia Federal.

Los cargos obtenidos por recomendación, influencias, nepotismo e intercambio de favores en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) tienen un impacto en la nómina que podría alcanzar 21.6 millones de pesos anuales.

Fuentes del organismo revelaron que ahí trabajan 35 funcionarios que tienen al menos un familiar laborando en la institución o que poseen lazos de consanguinidad con figuras públicas influyentes en el Tribunal.

Considerando el salario neto mensual que perciben de un millón 803 mil 019 pesos, en un año suman 21 millones 636 mil 228 pesos.

LAVAN LA ROPA SUCIA EN CASA:


Ejemplos de cómo se reparten los cargos están en la misma oficina del presidente del Tribunal, el magistrado Felipe Fuentes Barrera.

Con él trabajan los esposos Marcos Fuentes Hernández, secretario técnico de la presidencia, y Karla Arce Vences, oficial de servicios. 

A su vez, Fuentes Hernández, que percibe un sueldo de 118 mil 812 pesos, tiene un hermano Ismael que trabaja como técnico operativo en la Dirección General de Mantenimiento y Servicios Generales.

También adscrito a la Ponencia del Presidente está Salvador Mondragón Cordero, que se desempeña como secretario de ponencia, con un sueldo mensual de 28 mil 274 pesos. 

Mondragón Cordero es hijo del magistrado Salvador Mondragón Reyes, que el 5 de agosto fue inhabilitado por el Consejo de la Judicatura Federal por la venta de exámenes para juez de Distrito realizada en el 2018 cuando era director del Instituto de la Judicatura Federal (IJF).

Otro caso es el de Fernando Flores Olmedo, que se desempeña como chofer de Fuentes Barrera con un salario mensual de 29 mil 247 pesos. 

Flores Olmedo logró colocar a su hermano Noé como oficial en la Dirección General de Protección Institucional, con un sueldo de 20 mil 940 pesos, y a su esposa, Gabriela Alamilla Ortiz, en la Secretaría Técnica de la Presidencia, que gana 29 mil 247 pesos.

En la ponencia de Fuentes Barrera trabaja Fanny Avilez Escalona, que es secretaria de ponencia, con un sueldo de 28 mil 275 pesos mensuales. 

En la nómina del Trife están la mamá de Avilez, Fanny Escalona Porcayo, y a su tío Humberto Escalona Porcayo con sueldos de 56 mil 297 y 33 mil 310 pesos, respectivamente.

Escalona Porcayo es esposa del magistrado de la Sala Regional de Toluca, Alejandro David Avante Juárez, que, según los informantes, habría intercedido ante Fuentes Barrera para colocar a sus familiares.

fuente.-

"HAY le HABLAN al CONTADOR TERAN y EDUARDO VELA": PRESIDENTE AFIRMA que en el SAT "MANDABAN POTENTADOS y NO PAGABAN IMPUESTOS"...2 compadres evasores de altos vuelos.


En el contexto de su gira ayer por Veracruz,el Presidente Andres Manuel Lopez Obrador fustigo la corrupción y hablo de los privilegios de los potentados que se sentían dueños del gobierno, “eran los que mandaban en el SAT (Servicio de Administración Tributaria), miles de condonaciones (de impuestos).

EL NEGOCIO DE NO PAGAR:



"Eso se terminó, se prohibió la condonación de impuestos. Ahora todos tienen que pagar, por eso tenemos finanzas públicas sanas, por eso no recurrimos a créditos, ni gasolinazos porque estamos financiando con no permitir la corrupción y terminar con los lujos".

LA CONCIENCIA COMPENSADA CON ALTRUISMO:


"Ya el presidente no tiene ocho mil personas para que lo cuiden", dijo, en alusión al desaparecido Estado Mayor Presidencial. "Que sepan también mis adversarios los conservadores que no voy a usar guardaespaldas, tengo mi conciencia tranquila, voy a seguir recorriendo el país con la frente en alto".

Antes se decía que si se apoyaba a gente pobre era populismo, paternalismo. En este marco, aprovecho para darle otro espaldarazo al gobernador Cuitláhuac García, porque Veracruz ha estado conducido por gobernadores "ladrones y mediocres".

Con información :