El Diagnóstico del Sistema Penitenciario Federal, que se realizó en abril de 2013, concluye que el penal de El Altiplano (Cefereso 1) requiere una “atención inmediata”, y evalúa el grado de urgencia para ello en 71%.
Tras ser calificado en diversos aspec-tos, que abarcan desde la infraestructura hasta la educación, el rubro de seguridad obtiene un estatus deficiente, ya que al tratarse de una penitenciaría de máxima seguridad sólo obtiene una calificación de 50%. En resumen: ninguno de los apartados evaluados del penal de El Altiplano —del que se fugó Joaquín El Chapo Guzmán — tiene una “situación controlable” o “normal”.
Una ficha técnica que acompaña al diagnóstico, el cual incluye 15 Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), concluye que la norma general en los penales del país es “la corrupción, el quebrantamiento de la norma (Manual de seguridad), la distribución ineficiente de recursos humanos y, en resumen, un sistema penitenciario federal devastado, que podría tardar años en recuperarse”.
En el documento interno de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, se sugiere llevar a cabo una “atención inmediata” a las fallas de seguridad detectadas en El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
En el diagnóstico, que fue realizado por un grupo multidisciplinario integrado por 18 servidores públicos que encabezó Sara Elena Izazola Licea, quien entonces ocupaba la Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario, se especifican los motivos por los que se otorgó esa calificación:
“Existen carencias de equipo tecnológico de apoyo para las labores de seguridad en el Centro número 1 (El Altiplano). Se encontraron equipos de seguridad que no operan adecuadamente, como puertas eléctricas y equipos de videovigilancia insuficientes. En el centro número 1 únicamente operan 687 de las mil 280 cámaras instaladas (es decir, 53%) y fallan los equipos para la revisión de visitas (…) Se realizan distintas obras civiles donde se encuentran materiales, herramientas de construcción y maquinaria al alcance de los internos, mismos que pueden ser utilizados por éstos en perjuicio del personal o de las instalaciones...”.
La ficha técnica señala que “en general se detectó falta de personal, relajamiento de los controles internos, y no estaba funcionando bien el equipo tecnológico que incluye detector de objetos, de drogas, análisis de documentos oficiales como cédulas profesionales y credenciales oficiales que hacen búsquedas inmediatas, detectores de movimientos y ruidos. Todo esto a pesar de que el penal de máxima seguridad ya contaba con la certificación de la Asociación de Correccionales de América, ACA, que a pesar de ser una institución de mucho peso en Estados Unidos certifica los procesos, más no la operación; es decir, que todo esté bien en el papel, pero no en la praxis”, se agrega en las anotaciones al margen del documento. En este apartado, la seguridad en El Altiplano fue evaluada con un riesgo muy alto: de 75%, aunque en el promedio general de seguridad haya salido con 50%, es decir, con una menor necesidad global de atención.
El diagnóstico, que se hizo a partir de recorridos por los penales y 2 mil 377 cuestionarios a internos y personal penitenciario, contempla cinco calificaciones que ameritan estas acciones: Atención Urgente (100%), Atención Inmediata (75%), Atención Media (50%), Situación Controlable (25%) y Operación Normal (0%).
En cuanto a Infraestructura e Instalaciones, El Altiplano requiere una “atención inmediata”; en Separación por Procesados y Sentenciados, una “atención media”; en Trabajo y Capacitación, “atención urgente”; en Educación, “atención media”; en Salud, “atención inmediata”, y en Deporte, “atención urgente”.
Control “uno a uno” a reos
Respecto a otros apartados, en el diagnóstico de El Altiplano se identificaron dos casos de violaciones flagrantes a los derechos humanos: “En el centro 1 se encontraron internos desnudos con esposas metálicas en muñecas y tobillos, provocando posiciones forzadas, durmiendo y comiendo en el piso, orinando y defecando en envases, lo que constituye una flagrante violación a los derechos humanos.
“Además, 43% de los entrevistados manifestó haber recibido malos tratos por parte de los custodios, y los hacen colocarse en posiciones forzosas, lo que vulnera su dignidad”. Se aclara que la situación más grave está en los Ceferesos 2 de Occidente (Jalisco), 3 Noreste (Tamaulipas), 5 Oriente (Veracruz), 6 Sureste (Tabasco), 8 Norponiente (Sinaloa), 9 Norte (Chihuahua), y en el penal femenil de Nayarit.
En cuanto a la Clasificación Clínico-Criminológica, el reglamento de los Ceferesos establece que se tienen 30 días para realizar dicha evaluación a los internos de nuevo ingreso. La Contraloría dice que hay que definir un programa para la separación de los internos según su peligrosidad y perfil clínico-criminológico, y en algunos penales no se aplican criterios de selección según su peligrosidad. En ese punto se infiere que el penal de El Altiplano no hace una separación rigurosa, ya que obtiene una calificación de 50%.
Otra ficha técnica que acompaña al diagnóstico de este rubro indica que a los internos de alta peligrosidad o líderes de los grupos de la delincuencia organizada hay que darles un seguimiento especial llamado “uno a uno”, lo que quiere decir que por cada interno de este tipo hay que poner a un custodio que sólo esté observándolo a él y no a un grupo de reclusos. Eso es con el fin de que los custodios conozcan los hábitos del interno que tienen a su cargo.
En otro apartado se infiere un par de casos de corrupción en El Altiplano. Uno de ellos dice: “Las promociones del personal a mejoras escalafonarias no se realizan tomando en cuenta el tiempo activo del personal, ni la capacitación, sino que se dan por compadrazgo”. Y en el apartado de Disciplina y Sanciones asegura que éstas son impuestas de manera discrecional por custodios y directores, siendo esa una atribución del Consejo Técnico Interdisciplinario. Existe falta de espacio por el exceso de sanciones. Aquí la calificación de El Altiplano es de “atención urgente”, la más grave. Pasa lo mismo en los demás Ceferesos del 1 al 12.
En cuanto a los uniformes de los custodios, el informe indica que “se les renueva sólo una vez al año y ellos tienen que comprar, con sus medios, algunos implementos. Sobre todo en lo que se refiere al caso de que se efectúen traslados, no cuentan con pasamontañas y botas”.
En el apartado de Sobrepoblación se requiere “atención urgente”, pues a pesar de tener una capacidad instalada de 836 reclusos, se encontró una población de mil 211 internos: “Presenta una sobrepoblación de 45% con respecto a la capacidad instalada”.
Además, “es urgente instrumentar acciones de capacitación al personal de seguridad y custodios, y de técnicas antimotín, uso legítimo de la fuerza con apego a los derechos humanos y brindar sesiones de atención sicológica”.
En cuanto a la Infraestructura de los penales, menciona que en El Altiplano se detectó desabasto de agua potable y diversas fallas en instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias. En este inciso el penal tuvo un requerimiento de “atención inmediata”.
De la tabla final del informe con las calificaciones de cada uno de los reclusorios se concluye que en materia de Seguridad, únicamente 20% de los centros evaluados está en una situación “controlable” y “operación normal”, mientras que el 80% restante requería de algún tipo de acción para mejorar.
El diagnóstico del equipo de Izazola fue entregado en abril de 2013 al entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Manuel Mondragón y Kalb.
Sara Elena Izazola renunció a su cargo como directora general de Política y Desarrollo Penitenciario en julio de 2013, tres meses después de entregar el Diagnóstico del Sistema Penitenciario Federal. En su carta de dimisión —en poder de este diario— dirigida al entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la funcionaria argumenta que “al descubrir las tendencias perversas de los círculos articulados en torno a usted, me negué a ingresar a la corriente de informes superfluos y amañados orientados a ‘agradar al jefe’; muy por el contrario, asumí una postura crítica y combativa, que quedó plasmada en documentos, en donde denuncié las innumerables inconsistencias (en los Ceferesos) a corregir, lo que en forma paralela, como usted comprenderá, me generó por un lado desavenencias con aquellos a quienes no les di el gusto de bajar la mirada y de caminar por una senda perversa”.
Izazola, doctora en Ciencias Penales y quien inició su carrera en el sistema penitenciario en 1984, agrega que su lealtad se basa en no dejar pasar desapercibida “la enorme cantidad de problemas existentes en los centros penitenciarios, lo que para mi tranquilidad está perfectamente documentado en los reportes que le remití durante mi gestión (…) No está en mis bases morales, como servidora pública, cobrar un sueldo, engañar a mi superior y pasarla bien, como considero que está aconteciendo en varias áreas bajo su responsabilidad”.
En la carta, Sara Elena Izazola recuerda que durante su larga trayectoria en el sistema penitenciario federal tuvo el “honor de elaborar la normatividad vigente desde 2006 (Reglamento de los Ceferesos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 2006, así como sus manuales e instructivos). Quedan asentados, además del diagnóstico presentado a usted, las bases para dirigirlo a la consecución de la reinserción social incluida la Estrategia Nacional Penitenciaria…”.
“ Así —concluye quien también fuera integrante del grupo de Supervisión a Centros Federales de Máxima Seguridad entre 2003 y 2005— prefiero en todo caso salir con dignidad, con la frente en alto y con el convencimiento del deber cumplido”.
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