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martes, 28 de julio de 2015

ESTRATEGA GENERAL "COLOMBIANO" viene a BUSCAR al "CHAPO"... y el estaba en la LUPA de la "DEA"


Baruch Vega, veterano intermediario de la DEA y del FBI, ofreció a varios narcotraficantes dispuestos a denunciar las presuntas actividades ilegales del general Rosso Jose Serrano, un trato favorable en el sistema judicial de EU.

Al enterarse de las propuestas de Vega, Serrano expresó su indignación al director general de la DEA, Donnie Marshal, en una reunión en Argentina en abril.
Donnie Marshal, director encargado de la DEA, desmintió que hubiera alguna operación en ese sentido, según explicó el entonces jefe de inteligencia de la policía colombiana coronel Oscar Naranjo.
Nos dijo (Marshal) que la DEA no patrocinaba ni respaldaba ese tipo de arreglos , comentó Naranjo. Para nosotros eso era suficiente prueba de que la historia de Vega no era oficial sino de su propia iniciativa .
Conversaciones Terry Parham, vocero de la DEA en Washington, dijo que las conversaciones entre ambos funcionarios, quedan entre ellos .
Aunque se negó a hablar sobre este tema con El Nuevo Herald, Vega sostuvo que todas sus actividades eran conocidas por agentes de la DEA y éstas podrían salir a relucir en una corte federal de Miami si prospera un juicio en su contra por obstrucción de la justicia y lavado de dinero.
En una conversación en la cárcel de La Picota de Bogotá, el narcotraficante convicto Fabio Ochoa confirmó a El Nuevo Herald que Vega expresó su interés en conocer detalles de una presunta complicidad de Serrano con un poderoso cartel de la droga.
Yo hablé unas cinco veces con Baruch , dijo Ochoa. No sé si en la segunda o en la tercera, él sí me habló de que estaban muy interesados, los americanos, de conocer las vainas de corrupción de Serrano. Yo le dije que yo había oído pero no tenía argumentos sino chismes .
Ochoa agregó que de cualquier manera no hubiera aceptado la propuesta porque su familia nunca se ha involucrado en actividades de sapos (soplones).
Organización Vega trabajaba bajo las órdenes del agente de la DEA, David Tinsley, un veterano agente experto en la estructura y los movimientos de una temida organización de narcotraficantes que deriva su fortuna principalmente del trasiego de heroína y que es conocida como el cartel del Norte del Valle.
Tinsley se encuentra bajo investigación interna de la DEA junto con el agente Larry Castillo. Los abogados de ambos agentes se han negado a hablar con la prensa. Vega y su socio Román Hernando Suárez López están acusados en Miami de obstrucción a la justicia y lavado de dinero como resultado de presuntos arreglos ilícitos con narcotraficantes a cambio de grandes sumas.
Al menos dos narcotraficantes dijeron a El Nuevo Herald que entre los prerrequisitos para ingresar al programa, Vega les propuso comprometer a Serrano en actividades de complicidad con un cartel llamado de los diablos .
El cartel estaría formado, según la versión que les dio Vega, por un extraña alianza de oficiales de la policía, empleados de la Embajada de E.U., miembros del Cartel de Norte y paramilitares. Esa alianza se habría formado a mediados de los 90 a raíz de que todos ellos lucharon juntos en la captura y muerte de Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín. Naranjo calificó la versión de lunática y ridícula .
Aunque antes no se había mencionado el cartel de los diablos, sí existió una organización que, con el nombre de Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar) se atribuyó acciones contra la organización del jefe del Cartel de Medellín muerto en diciembre de 1993.
Considerado como el gran aliado del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio, Serrano se retiró con honores de su cargo a mediados de junio. Acciones como el desmantelamiento de los carteles de Medellín y Cali y una implacable operación de moralización de la fuerza policial, lo convirtieron en el mejor policía del mundo ante el gobierno de E.U. Según las encuestas, Serrano es uno de los hombres públicos en quien más confían los colombianos.
En octubre del año pasado, el general concluyó una amplia operación antinarcóticos, conocida como Milenio, con el arresto de algunos de los supuestos cabecillas de una banda de narcotraficantes que despachaba un promedio de 30 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos a través de México, según los cargos formulados en Miami. Entre los arrestados estaba Fabio Ochoa.
El nombre La utilización del nombre de Serrano para atraer a los sospechosos de Milenio y otros narcotraficantes es un nuevo capítulo de la saga de Vega, un extrovertido fotógrafo profesional que se movía como pez en el agua entre agentes del FBI y la DEA así como entre narcotraficantes colombianos.
Su nombre se convirtió en sinónimo de pasaporte hacia la libertad para varios narcotraficantes en problemas. Algunos de los sospechosos de Milenio o sus familiares fueron contactados por Vega o lo buscaron para gestionar acuerdos ante la justicia norteamericana a cambio de un insólito método de cooperación bautizado por Vega como programa de socialización del narcotraficante colombiano .
La confianza que la DEA depositó en Vega quedó en evidencia cuando el intermediario se convirtió en el patrocinador y promotor de una cumbre de los acusados en la operación Milenio y otros presuntos narcotraficantes que se realizó en Panamá en noviembre de 1999. En la reunión participaron agentes de la DEA de Miami, Colombia y Panamá para acordar el procedimiento de la entrega de los narcotraficantes a la justicia.
Algunos detalles de la cumbre aparecen en la denuncia criminal contra Vega, y el propio acusado se ha encargado de ampliarlos.
Entre los asistentes se encontraba, según Vega, Hernando Gómez, alias Rasguño , miembro del Cartel de Norte del Valle, considerado por las autoridades de E.U. como uno de los mayores exportadores de drogas de Colombia.
En esa reunión, recuerda Vega, Rasguño propuso que como gesto de buena voluntad estaba dispuesto a reducir en un 50 por ciento las exportaciones de drogas de Colombia a E.U.
El control de la promesa se haría, agregó, con el seguimiento del precio de la cocaína en las calles de Estados Unidos.
Ellos (los narcotraficantes) quieren que sus hijos puedan ir a Disney World y están cansados de tener que dar regalos a las esposas de los policías que cumplen años tres veces al año , dijo Vega. Están cansados de vivir escondidos y de pagar sobornos a todo el mundo .
Al conocerse en abril la investigación del FBI, las conversaciones con los narcotraficantes quedaron inconclusas.
La propuesta relacionada con Serrano no es mencionada en la denuncia criminal del FBI, una denuncia que en las próximas semanas podría convertirse en un encausamiento formal. Si se produce, dijo Vega, él estará dispuesto a confrontarlo.
Esto va a ser muy malo para el gobierno de Estados Unidos, muy malo , dijo Vega, porque aquí van a salir a relucir muchas cosas delicadas .
*Tomado de la edición del lunes 31 de julio de 2000 de El Nuevo Herald.
Serrano se defiende El general Rosso José Serrano, ex director de la Policía de Colombia, dijo ayer que existe una conspiración en su contra para afectar su imagen.
Según Serrano, los narcotraficantes sólo tienen dos formas de llevar a cabo su plan: Lo que quieren es matarme o desprestigiarme y como aún no han podido matarme, entonces me desprestigian haciendo públicos artículos como el de El Nuevo Herald, que es una especulación morbosa, maquiavélica y perversa .
Según el ex director de la Policía, es infame que un medio de comunicación le dé credibilidad a una persona que está en libertad condicional y que ha negociado ilegalmente con los narcotraficantes.
Baruch Vega, del que dicen los medios es un intermediario de la DEA y el FBI, para mí no es más que un mercader al que los narcotraficantes le están pagando para que desprestigie al ex director de la Policía colombiana. Pero a mí no me preocupa porque yo a este señor sólo lo conozco por antecedentes penales , afirmó Serrano.
Serrano se mostró indignado por la forma cómo se ha cuestionado su nombre y su gestión frente a la lucha contra el narcotráfico por parte de los enemigos propios de su oficio a quienes les pagan no sólo por engañar a narcotraficantes colombianos sino de otros países.
Estoy bajo la lupa de todo el mundo hace muchos años y no bajo la lupa de la DEA como asegura El Nuevo Herald , dijo.
Según Serrano, lo único que ha construido con la DEA en los últimos 10 años es una leal amistad y por eso hace sólo una semana ese organismo de seguridad le realizó el más grande homenaje que le hayan podido hacer a un funcionario transparente y honorable , como quedó consagrado en una placa que le regaló la DEA al otorgarle el título más alto dado por ese organismo a personaje alguno.
Serrano dijo que sólo les pide a los medios de comunicación no desprestigiar a las personas que han trabajado arriesgando su vida por este país, porque eso se llama ingratitud. Hoy soy yo el atacado y desprestigiado por los narcotraficantes, pero mañana será otro funcionario que caerá en manos de los malos . Según Serrano, no desearía otra cosa que seguir viviendo en Colombia, pero tiene que irse para que no lo maten.

fuente.- El Tiempo de Colombia.



ATRAPARON a "PABLO ESCOBAR" y vienen a MEXICO a la CACERIA del "CHAPO"...el éxito no será su fuga,sino mantener la "libertad".

Un cuerpo de élite de Colombia, encabezado por tres generales en retiro y seis oficiales activos, viaja a México para incorporarse a la búsqueda del capo.

Bogota,Col.-28/Jul/2015  Colombia se unió a México con un grupo élite para buscar al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el marco de los acuerdos decooperación en asuntos de seguridad, reveló este martes el diario local El Tiempo.
Tres generales en retiro y seis oficiales activos de la Policía Nacional de Colombia forman parte “de la comisión élite que esta institución envió a México para apoyar (en) la cacería del capo”, informó el periódico.
En el sistema Platinum de Colombia, que consigna información de los viajeros, se incluyeron datos biométricos del capo mexicano
El diario confirmó con fuentes oficiales que la comisión estuvo encabezada por los generales en retiro Rosso José Serrano, Ismael Trujillo Polanco y Luis Enrique Montenegro, quienes permanecieron una semana para apoyar a las autoridades mexicanas.
Serrano y Trujillo Polanco fueron directores de la Policía, y Montenegro director de la policía secreta de Colombia, quienes fueron los oficiales que golpearon a los capos de los cárteles de Medellín, Cali y Norte del Valle.
Los tres generales retirados diseñaron la estrategia para la caída de los hermanos Rodríguez Orejuela –del cártel de Cali– y de Pablo Escobar, máximo jefe de las drogas de Colombia, quien murió en un operativo en diciembre de 1993.
Fuentes oficiales explicaron al diario que “si bien los generales en retiro ya están de vuelta, en México D.F. permanece el equipo de oficiales activos, entre los que hay uniformados de Inteligencia y Antinarcóticos, quienes vienen trabajando de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública de México (sic)”.
“La misión básicamente consiste en transmitir las claves con las que la Policía (Nacional) consiguió propinar golpes a lamafia colombiana, especialmente en los (años) 80 y 90, cuando el narcotráfico puso en jaque al Estado”, señalaron las fuentes.
Las autoridades mexicanas desplegaron desde el pasado 11 de julio, cuando se fugó el capo de las drogas, una gran operación en la que la DEA y el FBI de Estados Unidoscooperan con la Armada mexicana para lograr la recaptura.
El director de Migración de Colombia, Cristian Krüger, confirmó al diario El Tiempo que en el sistema Platinum, que consigna información de los viajeros, se incluyeron además datos biométricos del capo mexicano.
Aunque entre las hipótesis cercanas no está que el capo pueda entrar al país, los oficiales migratorios fueron alertados de un eventual ingreso de “El Chapo” Guzmán.

Migración ordenó a sus agentes “detectar si algún visitante tiene rasgos similares a los del capo. En caso de duda, especialistas en grafología, dactiloscopia y documentologíaentrarán a examinar las identidades que se presenten”, agregó el periódico.

Fuente.-

"DESAPARECEN" los "EQUIPOS de COMUNICACION" CONFISCADOS al NARCO en 9 AÑOS....se esfumaron,nadie los tiene.


En octubre de 2011, la Marina decomisó en el estado de Veracruz un moderno sistema de comunicación, formado de antenas, radios, computadoras y celulares, que funcionan con energía de celdas solares.
A pesar de que entre 2008 y 2014, las autoridades federales han reportado el desmantelamiento de al menos 306 antenas de radiocomunicación y 225 antenas repetidoras de frecuencia, todas al servicio del crimen organizado en distintas entidades del país, la Procuraduría General de la República (PGR) reveló que el destino de dichos equipos de transmisión es desconocido.
Según los oficios SJAI/DGAJ/3199/2015 y SJAI/DGAJ/07510/2015, emitidos en marzo y junio de este año, respectivamente, ninguna de las áreas relacionadas con el combate al crimen organizado adscritas a la PGR cuenta con registro alguno sobre el paradero de esas 531 antenas decomisadas en el marco de la lucha contra el crimen organizado, tanto por la Procuraduría, como por el Ejército y la Marina.
Por ley, toda labor de aseguramiento de evidencias realizada por el Ejército y la Marina es sólo de coadyuvancia en el marco del combate a delitos federales que ponen en riesgo la seguridad nacional, como la delincuencia organizada, por lo que el material decomisado es siempre entregado a la PGR, organismo federal encargado de la persecución de dichos delitos.
De hecho, en distintos comunicados en los que el Ejército y la Marina dan cuenta del decomiso de antenas del crimen organizado, se hace explícito que dichas evidencias fueron entregadas al “Ministerio Público de la Federación”, que forma parte de la Procuraduría General de la República.
A pesar de ello, ninguna de las 531 antenas de radio y repetidoras que han sido reportadas como desmanteladas han ingresado oficialmente a las bodegas de evidencia bajo custodia de la PGR, tal como reconoció su misma Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos, la cual informó, el pasado 18 de junio de 2015, que el “aseguramiento de instalaciones ilegales de telecomunicación y radiocomunicación, torres y repetidoras en el periodo que va del año 2006 a 2014″ es igual a “0 (cero)”.
Las otras áreas de la Procuraduría que negaron tener conocimiento sobre las antenas decomisadas al crimen organizado desde el sexenio pasado y hasta la fecha son: la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional; la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas; y la Dirección General de Comunicación Social.
Contradicciones…
La localización y desmantelamiento de antenas de radiocomunicación al servicio del crimen organizado es una acción reiteradamente publicitada por los organismos federales encargados de la seguridad, y no sólo a través de boletines de prensa, sino también por sus mismos funcionarios, en actos públicos.
Hace poco menos de un año, por ejemplo, el pasado 27 de junio de 2014, Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, anunció el rescate de 39 migrantes que se encontraban secuestrados en un rancho de Sonora, acción durante la cual “se inhabilitó una antena de radiocomunicación, que era utilizada por los traficantes como una repetidora, para informar sobre la presencia de autoridades y fuerzas federales”.
Sin embargo, esa antena desmantelada a finales de junio de 2014 en Sonora no está inscrita en los registros de la Dirección de Aseguramientos de la PGR.
Asimismo, la Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría ha reportado en al menos siete ocasiones el decomiso de antenas.
En total, la Procuraduría General de la República ha publicitado el decomiso de 16 antenas y 23 repetidoras.
Por su parte, el Ejército ha notificado el aseguramiento de 230 antenas de radiotransmisión, y 157 antenas repetidoras.
Por último, la Marina ha dado cuenta de otras 60 antenas desmanteladas, junto con otras 45 repetidoras.
Sin embargo, ninguna de ellas obra en las listas de evidencias bajo custodia de la PGR.

Valor

Según expertos en comercialización de equipos de transmisión consultados Animal Político, el costo de todos estos equipos varía según sus características. Una torre arriostrada (fijada mediante cables para evitar movimientos pendulares, de 50 metros de longitud –como la encontrada por la Marina en Tamaulipas, en 2012–, podría costar hasta 100 mil pesos, ya que cada tramo de torre, de 3 metros de longitud, se valúa entre dos mil 500 y 15 mil pesos, según su material, diseño, resistencia al viento, capacidad de carga, y recubrimientos contra la lluvia, el polvo y los deshechos biológicos.

Cada tramo de torre emplea coples, pernos y cableado de fijación, que también pueden ser comercializados, incluso como material de reúso.
“Al ser estructuras metálicas, generalmente galvanizadas, o con recubrimientos que fueron fijados industrialmente, químicamente, son equipos que tienen un valor alto, aún cuando sean de segunda mano, hay un mercado para todo esto, siempre pueden reutilizarse –explica un ingeniero en telecomunicaciones, empleado en un centro de venta e instalación de antenas arriostradas, cuya identidad pidió resguardar–. Generalmente son de tubo industrial de acero, aunque también hay de aluminio o metales livianos, eso se determina según el peso del equipo que desees elevar, porque una torre puede tener equipo de radiocomunicación, de raditransmisión, y de recepción de datos digitales… y dependiendo del tipo de emisión-recepción que requieras, es el equipo que requiere la antena”.
El ingeniero pone un ejemplo: “Si tú requieres equipo de radiofrecuencia, por ejemplo, si quieres enlazar varios puntos sólo por voz, con un transmisor a 300 wats tienes, una fuente de poder, tu antena montada en tu torre, tu amplificador y lo pones a andar, no necesitas ni siquiera una computadora o software especial, conectas todo y a transmitir… si quieres líneas de transmisión, si quieres una comunicación cifrada, encriptada, igual se puede, pero requieres software especializado y antenas digitales… todo cuesta y todo vale”.
Fuente.-AnimalPolitico./

En MEXICO al "PODER MILITAR" NO lo CONTROLA el "PODER CIVIL": revela análisis de InSight CRIME


Una serie de hechos ocurridos en las últimas semanas plantean dudas sobre la manera de actuar de los soldados en la “guerra al narcotráfico” en México. Estos interrogantes no solo cuestionarían la legalidad de las reglas que siguen en los enfrentamientos con civiles, sino también el peso de la institución militar en la democracia mexicana.
Recientemente, en Zacatecas, un estado importante en el trasiego de drogas por su frontera con Durango y su corredor que le une a Jalisco, varios militares han sido detenidos, incluido un teniente coronel. Se les acusa de la ejecución extrajudicial de siete campesinos. La presión ciudadana habría conducido a una actuación de inusitada rapidez, en la que el propio ejército ha reconocido que hay indicios de esos crímenes.
Además, en el asediado estado de Michoacán, individuos acusan al ejército de haber acabado con vida de un menor de edad y herido a otros cinco individuos. Los hechos habrían ocurrido presuntamente para dispersar unos bloqueos en Ostula, lugar simbólico para las autodefensas en la lucha contra Los Caballeros Templarios. Su desencadenante fue la detención de un líder indígena por portación de armas de uso exclusivo del ejército. Mandos militares niegan el ataque y acusaron a un grupo de civiles armados.
Estos ejemplos se suman a la manera en que las fuerzas militares mexicanas actuaron en el conocido como caso Tlatlaya, donde la principal testigo ha reiterado la tesis de la ejecución extrajudicial de 22 por personas por el ejército. Con anterioridad,informaciones de la organización de derechos humanos Centro Prodh señalaban que sectores de las fuerzas armadas mexicanas habrían aprobado órdenes de abatir a todos aquellos individuos etiquetados como delincuentes. De ser cierto, este caso mostraría como se habría sobrepasado la simple militarización del combate al narcotráfico, típica en la región y  una pauta habitual en México. Más bien, los soldados habrían adaptado, por la vía de los hechos, su propio manual de uso de la fuerza.
Al respecto, frente las carencias de la policía federal y las reclamaciones del ejército mexicano (encabezadas por el Secretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos) para que el gobierno regule las funciones civiles que realizan, la institución castrense se presenta como un actor que genera sus propias reglas, difíciles de controlar por la sociedad debido a la opacidad de las violentas políticas de seguridad.

El ejército mexicano habría consolidado una posición de autonomía respecto al poder civil, una ausencia de control que otorga a la institución militar su propia agenda de seguridad

Incentivar una política de este tipo en las fuerzas armadas es algo más que un patrón de fuerza excesiva y letalidad. Esa desproporcionalidad sí podría haber sucedido, por ejemplo, en Ostula, combinada el conflicto entre autodefensas y templarios, con sectores de civiles que rechazan desarmarse ante la persistencia de organizaciones criminales.
Por el contrario, en Zacatecas o Tlatlaya se trataría, más bien, de identificar qué hay de sistemático en algunas acciones promovidas por el ejército. Esta última posibilidad es especialmente grave. Superadas la aleatoriedad y la negligencia, se trata de claros indicios de una posible comisión de crímenes de lesa humanidad.
Aunque la prueba de crímenes internacionales es un difícil camino procesal, los nuevos datos proporcionan una perspectiva sólida para conectar hechos aparentemente dispersos e indagar si existen contextos parecidos. En este sentido, para prosperar jurídicamente, han de buscarse directrices similares que condujeron a asesinatos, torturas o privaciones de libertad.
Esto significa que probar que los militares cometieron abusos sitemáticos sería dificil si se toman como ejemplo casos en los que el papel del ejército haya sido poco claro, como en Ayotzinapa, en el que desaparecieron 43 estudiantes. En este caso se vio una relación entre instituciones municipales y criminales especialmente compleja.
Pero sí, por ejemplo, se percibe una conducta similar a la de Tlatlaya en las denuncias de algunas organizaciones en el período 2006-2013 en la península de Baja California, al norte del país. El denominador común que conecta ambos casos es el incentivo de presentar avances en la lucha contra el narcotráfico con medios violentos, una variante que se ha visto con inaudita crudeza en los "falsos positivos" en Colombia. Por el perfil de las víctimas, los hechos de Zacatecas también podrían encuadrarse en estos parámetros.
Todo esto va más allá de cuestiones jurídicas y obliga a preguntarse por el papel del ejército en la democracia mexicana. Usualmente, el debate resalta que el ejército, ante la incapacidad de las fuerzas policiales, ayuda como última opción a las autoridades civiles.

Incentivar una política de este tipo en las fuerzas armadas es algo más que un patrón de fuerza excesiva y letalidad

Sin embargo, podría necesitarse una perspectiva distinta. Según esta, el ejército mexicano habría consolidado una posición de autonomía respecto al poder civil, una ausencia de control que otorga a la institución militar su propia agenda de seguridad. Los mandos castrenses pueden no haber tomado la decisión política de primar el combate militar narcotráfico, pero lo cierto es que el ejército se ha convertido en una institución que marca la pauta de la política contra las drogas, con resultados insospechados, como el establecimiento de alicientes que debilitan al Estado. Algunos de estos ejemplos son evidentes, como la presión para mantener la discutida figura legal del fuero militar, para asuntos donde las víctimas son civiles.
Ello es parte de un desafío mayor. Con unos índices de impunidad elevados, México podría ser incapaz de tratar casos como el de Tlatlaya con la rapidez y profundidad que requieren los derechos de las víctimas. Esa incapacidad, en conjunción con la observación de crímenes internacionales en el país, podría requerir la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Sin una institución como la polémica Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, y sin una unidad que investigue los contextos más problemáticos de violencia, como sí posee la Fiscalía de Colombia, aquellos casos donde hay una violencia sistemática o generalizada desbordan a las instituciones enMéxico.
Solo más investigaciones dirán si México tiene equivalencia con otros entornos regionales donde hay pruebas de abusos a gran escala. Pero cada vez hay más pruebas de las consecuencias de un conflicto no convencional en el que las fuerzas de seguridad actúan con parámetros contrainsurgentes, y donde los poderes civiles, independientemente de su nivel de gobierno, son incapaces de generar nuevos paradigmas que eviten la repetición de la violencia.
*Jesús Pérez Caballero tiene un PhD en Seguridad Internacional del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (Madrid, España) y trabaja como investigador independiente en temas de crimen organizado, tráfico de drogas y derecho penal en Latinoamérica.
fuente.-

ORDENAN en "EU" DETENER al "MENCHO" del C.J.N.G...empezo la OFENSIVA LEGAL.



El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado una ofensiva legal en México contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mexico,D.F 28/Jul/2015 A petición del Departamento de Justicia, un juez federal del DF ordenó la detención provisional con fines de extradición de Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", considerado como el líder máximo de la organización, a quien requieren por diversos cargos de narcotráfico.

Al mismo tiempo, los estadounidenses presentaron al juez la petición formal de extradición en contra de Abigael González Valencia "El Cuini", cuñado de "El Mencho", jefe del clan de "Los Cuinis" y número dos del CJNG, preso desde febrero.

Conforme a informes judiciales, Rubén Angulo Garfias, Juez Décimo Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales del DF, giró la detención provisional contra "El Mencho", quien ya es rastreado por la Procuraduría General de la República (PGR) para ser sujeto de extradición.

En marzo de 2014, un Gran Jurado acusó ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, a Oseguera y González Valencia, contra quienes giró las capturas por cargos de delincuencia organizada y tráfico de cocaína y metanfetaminas, entre otros.

Con esta orden, el 30 de enero pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó su solicitud de detención formal con fines de extradición a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que el mismo día remitió los documentos a la PGR.

A diferencia de otras extradiciones de alto perfil, la PGR judicializó de inmediato la solicitud de detención estadounidense y la tramitó el mismo día ante el juez federal Raúl Angulo Garfias, quien giró los mandatos de captura.

"El Mencho" sigue en calidad de prófugo de la justicia y la última vez que estuvo cerca de ser detenido fue el pasado 1 de mayo, durante un operativo de las fuerzas federales en el camino de Casimiro Castillo-Villa Purificación, Jalisco, donde fue derribado un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana.

Cuando ocurrió esta acción policial, las autoridades federales ya tenían en la mano la orden de detención provisional con fines de extradición contra "El Mencho", pero fallaron en su captura.

Una suerte distinta ocurrió con "El Cuini", quien fue detenido el 28 de febrero del presente año en Puerto Vallarta, Jalisco, cuando se encontraba en compañía de cuatro supuestos cómplices.

Al momento de asegurarlo, la PGR también tenía en sus manos la orden de detención provisional con fines de extradición contra González Valencia, pero a pesar de ello, optó por arraigarlo por 40 días.

Finalmente, el 26 de marzo, casi un mes después de su captura, fue internado en el Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México, indican los registros de la PGR.

A partir de esa fecha, se abrió un plazo de 60 días para que Estados Unidos presentara la petición formal de extradición, es decir, para que enviara al juez Angulo los documentos completos de la imputación por la que pretenden juzgarlo en Washington.

El Departamento de Justicia formalizó dicha petición, dos días antes de que se venciera el plazo mencionado, por lo que fue a partir de ese momento en que inició el juicio de extradición.

Recién detenido, "El Cuini" promovió tres amparos para suspender cualquier posible intento de entrega "express" y lo consiguió.

Pero el miércoles pasado el juez federal Fernando Córdova del Valle le negó el amparo contra el pedido formal de extradición presentado por Estados Unidos, lo que significa que deberá ser sometido al proceso donde se determinará su entrega.

Al final de este procedimiento, el juez Angulo emitirá una opinión jurídica respecto a si recomienda o no la extradición de González Valencia y la remitirá a la Cancillería para hacer lo propio en una resolución que el presunto narcotraficante también puede litigar.

En esta ofensiva legal, se inscribe la captura de Rubén Oseguera González "El Menchito", registrada el pasado 23 de junio en Zapopan, Jalisco, y su recaptura al ser liberado del Penal Federal del Altiplano por falta de pruebas, el 1 de julio.

El hijo de "El Mencho" se encuentra sujeto a arraigo domiciliario en el Centro de Investigaciones Federales de la Colonia Doctores.

"El Menchito" se había librado hasta en tres ocasiones de quedar detenido.

Fue detenido por vez primera el 30 de enero de 2014 y encarcelado en el Penal del Altiplano, donde fue procesado por portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, lavado de dinero y delitos contra la salud.

El 16 de octubre pasado un juez federal de Toluca lo absolvió y ordenó su libertad, pero al salir del Penal la PGR lo detuvo y lo sometió a un arraigo.

El 18 de diciembre la PGR lo encarceló en el Penal Federal de Occidente, en Jalisco, por delitos contra la salud, delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas, pero el día 28 del mismo mes un juzgado le dictó la libertad por falta de elementos.

Fuente.-

Los "CINCO ESTADOS" en "PEOR ESTADO" en "CONTROLES de CONFIANZA POLICIAL".


Veracruz encabeza la lista de estados con mayor porcentaje de policías reprobados en las pruebas de confianza, pues 38.55% de sus elementos falló en los exámenes, según un informe de la organización civil Causa en Común.
El estado tiene 12,736 policías, tanto municipales como estatales. De ellos, 4,907 tuvieron una calificación no aprobatoria en los controles de confianza, señala el informe ¿Tenemos la policía que merecemos? Una radiografía de las policías en las entidades federativas.
La segunda posición la ocupa Sinaloa, donde 34.42% de sus 8,374 policías no acreditó el nivel de confianza necesario, mientras en el tercer lugar está Baja California Sur, con un porcentaje de reprobados de 34.38%.
Nayarit es el cuarto con 26.87% y San Luis Potosí el quinto con 24.42%.
Del lado opuesto, los cinco estados con mayor porcentaje de policías confiables fueron Campeche, Coahuila, Guanajuato, Distrito Federal y Puebla.
"Solo Campeche, Coahuila, Querétaro, Tamaulipas, Nuevo León y Puebla han dado de baja a la totalidad de los policías estatales no aprobados", indicó Causa en Común.
La organización realizó el informe con base en datos oficiales del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Su investigación también encontró cuáles son las condiciones adversas que enfrentan los policías del país.
Los peores sueldos
Los policías peor pagados son los de Chiapas, pues ganan 4,374 pesos mensuales, en promedio. Les siguen los de Puebla (7,200), Yucatán (8,105), Tlaxcala (8,400) y Oaxaca (8,400).
Por el contrario, Baja California es el estado que mejor paga a sus elementos, con un salario promedio de 19,800.
Jornada de hasta 24 horas
Solo en Baja California, Baja California Sur y Querétaro un policía trabaja las ocho horas que marca la Constitución como jornada laboral; en el resto se aplican horarios de hasta 24 horas.
En Campeche, Chiapas, Colima, DF, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas, los policías trabajan 24 horas por 24 horas de descanso.
Otro modelo es el de Nuevo León, donde los policías trabajan 12 horas y descansan 12, con 15 días de servicio por cinco de descanso. Y en Veracruz, los policías están en los cuarteles de 15 a 20 días, y reciben de tres a seis días de descanso al mes.
Habitantes sin policías
Colima es la entidad que menos policías tiene respecto del tamaño de su población, pues hay un elemento por cada 500 habitantes. En Coahuila hay poco más de uno (1.26) por cada 500, y en Tamaulipas, la proporción llega a casi dos policías (1.78).
En cambio, Chihuahua es el estado que tiene más policías por habitante. Ahí hay casi 20 policías por cada 500 personas, mientras que en Morelos hay casi 10, y en la capital mexicana hay una proporción de 9.76 policías por cada 500 habitantes.
Los mejores estados
Causa en Común consideró cuatro factores para determinar qué estados cuentan con mejor desarrollo de sus policías: sistema profesional de carrera, profesionalización, certificación y régimen disciplinario.
De ahí encontró que los estados que mejor articulan esos cuatro componentes son Baja California, DF, Guanajuato, Nuevo León y Querétaro.
"Se ha incumplido con la dignificación de la policía ya que se les sigue denostando, se les intenta corromper y tienen menos herramientas para hacer frente a los grandes delincuentes, cuando la realidad es que muchos de los guardianes del orden son ciudadanos con gran vocación", dijo María Elena Morera, fundadora de la organización, en la presentación del informe.
"Trabajan en turnos de 24 horas, con un bajo salario, sin mucha capacitación, con escasa seguridad en su carrera, con mandos que abusan de ellos y con autoridades estatales que mal invierten el dinero destinado a su profesionalización", señaló.
La organización planteó que debe haber combate al "ciclo de simulación-corrupción-impunidad", pidió que haya implementación efectiva del desarrollo policial, sanciones a quienes incumplan responsabilidades, y que haya un diagnóstico desde el gobierno para construir una estrategia nacional de desarrollo policial.
La Legislatura que iniciará funciones en septiembre tendrá entre sus pendientes la reforma en seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, que plantea disolver las policías municipales para crear policías estatales de mando único.
Fuente.-