Por unanimidad, el Senado de la República aprobó una reforma al Código Penal Federal para castigar con hasta 18 años de prisión a funcionarios que graben, difundan y distribuyan imágenes de cadáveres de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia.
La reforma amplía el tipo penal de los delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos.
"Este producto legislativo busca sancionar a quien difunda, entregue, revele, publique, exponga, distribuya, grabe, fotografíe, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie, copie o comparta a quien no tenga derecho imágenes, audios, videos o cualquier tipo de información o evidencia que esté contenida en una carpeta de investigación o en un proceso penal, que por disposición de la ley sea reservada o confidencial.
"Asimismo se busca un incremento en las penas cuando las víctimas sean niñas, niños, adolescentes, mujeres o que la información corresponda a cadáveres, la propuesta plantea garantizar la seguridad, intimidad y dignidad de las víctimas", planteó Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado.
La medida reforma el artículo 225 del Código Penal Federal Delitos. Este artículo tipifica delitos cometidos por los servidores públicos y está contenido en el Título Decimoprimero del Código referido a Delitos contra la administración pública.
Los legisladores aprobaron también, con 87 votos a favor y una abstención, una reforma que busca eliminar cualquier forma de discriminación y odio racial, así como establecer un tipo penal que sancione estas conductas.
El dictamen adiciona el artículo 149 del Código Penal Federal, con el fin de aplicar una sanción de dos a cinco años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, y hasta 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al que fomente ideas basadas en la superioridad de una raza.
El proyecto de decreto, que fue turnado a la Cámara de Diputados, plantea que a los servidores públicos que cometan alguna de las conductas previstas en las fracciones anteriores, se le incrementará en una mitad la misma pena, además se le impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión y se le inhabilitará de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, indicó que esta propuesta busca dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial al armonizar la legislación nacional.
Otras aprobaciones
Además, los senadores aprobaron por unanimidad un dictamen que tiene por objeto aumentar, hasta en una mitad más, las penas ya establecidas para los delitos de lenocinio, intimidación, abuso sexual, violación, amenazas y lesiones, cuando la víctima esté embarazada al momento de la comisión del ilícito.
El proyecto, que modifica los artículos 206, 219, 260, 265, 282, 291, 292 y 293 del Código Penal Federal, refiere que si bien el castigo por estas transgresiones ya lo estipula la Ley, las penas no contemplan como agravante del delito la condición de embarazo.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, explicó que estas reformas obedecen a que "lamentablemente" se ha demostrado que las mujeres durante su embarazo sufren de violencia física, sexual, amenazas de tipo sexual o psicológico/emocional.
Avanza solución a doble Congreso
En Comisiones del Senado, por mayoría, fue aprobada la minuta que turnó la Cámara de Diputados para evitar que de manera simultánea operen las legislatura LXV (en funciones) con el inicio de la LXVI en 2024.
La modificación aprobada establece que los actuales senadores y diputados federales dejarán el cargo el 31 de agosto del próximo año. La siguiente Legislatura iniciará 1 de septiembre de 2024 y concluirá el 31 de agosto de 2027. En el caso de los senadores, comenzarán el 31 de septiembre de 2024 y concluirán el 31 de agosto de 2030.
En una reforma impulsada en 2014, se había dispuesto que cuando haya elección presidencial, la instalación del nuevo Congreso sería el 1 de agosto y no el 1 de septiembre, como se hace cada año, lo que implicaría que se empalmen un mes los diputados y senadores de la actual Legislatura.
El pleno del Senado revisará mañana la minuta aprobada en comisiones.
El senador morenista José Narro explicó que la minuta aprobada busca armonizar una "antinomia jurídica", además de establecer una regulación coherente y armónica respecto al inicio de los primeros periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unión.
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