El viernes pasado, el titular de investigación de feminicidios de la fiscalía de Morelos fue aprehendido por elementos de la Marina bajo el cargo de que “posiblemente contribuyó a desacreditar el delito de feminicidio” en el caso de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue encontrado por un ciclista el 31 de octubre de 2022 a un costado de la carretera La Pera-Tepoztlán, en el estado de Morelos.
Según el comunicado de la Fiscalía de la CDMX, el director de feminicidios, Joel “N”, fue detenido “en las inmediaciones de la fiscalía estatal, en apego a los protocolos de actuación policial”.
Los testigos tienen otra versión: sostienen que el funcionario fue aprehendido dentro de las instalaciones de la fiscalía de feminicidios, y sin que se hubiera exhibido la orden de cateo correspondiente.
Fue un operativo a gran escala, con cierre de calles y movilización de efectivos armados: el mismo modelo en que el pasado 4 de agosto elementos de la Marina, policías de investigación de la ciudad de México, y agentes de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos, así como de la Fiscalía General de la República, sitiaron el domicilio del fiscal estatal Uriel Carmona, acusado entonces de retardo en la investigación, detenido a pesar de contar con fuero constitucional, y a quien le fue imposible demandar garantías en juzgados federales de Cuernavaca porque, justo al momento en que se llevaba a cabo el operativo, en perfecta sincronía, se denunció una supuesta amenaza de bomba en las oficinas locales del Poder Judicial de la Federación.
Los servicios periciales de Morelos, integrados en su mayor parte por mujeres con más de 18 años de experiencia, determinaron que el deceso de la joven de 27 años había ocurrido por broncoaspiración “secundario a intoxicación etílica”. La fiscalía de la CDMX alegó que Ariadna Fernanda presentaba contusiones múltiples que le habían quitado la vida.
Todo esto ocurrió en el contexto de la crisis que el gobierno de Claudia Sheinbaum tenía con diversos colectivos feministas y en el marco del conflicto político que el fiscal Carmona sostenía desde 2018 con la administración del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco.
El 5 de agosto Carmona, detenido en el reclusorio sur, obtuvo un amparo otorgado por el juez noveno de distrito, el cual lo protegía contra cualquier acto privativo de la libertad y ratificaba su fuero constitucional. El abogado Rodrigo Ugalde expresó que para retirarle la inmunidad procesal sería preciso entablar un procedimiento en la cámara de diputados local.
A Carmona, sin embargo, se le vinculó a proceso un día después por delitos contra la procuración de justicia y se le acusó de brindar información falsa y maliciosa sobre el feminicidio de Ariadna Fernanda. La fiscal capitalina Ernestina Godoy dijo que Carmona tenía conocimiento “de las evidencias de la investigación y aún así decidió culpar a Ariadna de su propia muerte”.
Aunque el Congreso estatal entabló una controversia según la cual la detención era inconstitucional y violaba la soberanía del estado de Morelos, el recurso cayó en manos del ministro Arturo Zaldívar.
Como era de esperarse, Zaldívar lo desechó como “notoriamente improcedente”. El 1º de septiembre, sin embargo, el décimo tribunal colegiado de la ciudad de México ordenó su liberación.
Esa noche, Carmona salía por la aduana del reclusorio sur, pero solo estuvo en libertad un minuto y solo alcanzó a dar unos cuantos pasos. Agentes de la policía de investigación lo aguardaban con una nueva orden de aprehensión por el delito de encubrimiento.
El 4 de septiembre fue trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya, por supuestas “valoraciones” que indicaban un posible riesgo de fuga. El 8 de septiembre un tribunal federal ordenó su inmediata libertad, luego de considerar que no se había respetado su fuero, y que la medida impuesta era excesiva.
Esa misma noche, le informaron, sin embargo, que había una tercera orden: esta vez por feminicidio en su calidad de “auxiliador”. Según el vocero Ulises Lara, Carmona hizo un desvío de información que “posiblemente se tradujo en ayuda para los activos del delito, Rautel “N” y Vanessa “N”, dado que su intención no era otra que evitar que fueran investigados por ese hecho”. Lara aseguró que “es palpable” la ayuda que el fiscal brindó a los acusados, “al no existir en Morelos una investigación sobre el comportamiento de los servidores públicos, lo que se conoce como ‘auxiliar del delito’”.
De acuerdo con la defensa del funcionario, queda claro que fiscales y jueces “están cometiendo delitos para sostener, con falacias y alfileres, lo que no es sino una persecución política”.
“En Morelos –dice la defensa de Carmona–, yo no había visto nada así. Nunca había visto nada así. La pregunta es: ¿quién está detrás?”.
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