Con la suspensión de amparo que le otorgó un juez federal en Reynosa contra órdenes de aprehensión y actos de cualquier autoridad para privarlo de la libertad a él y a 11 integrantes de su familia, el Gobernador Samuel García también se protegió de la Fiscalía General de la República (FGR).
En su petición de amparo, el Gobernador se "blindó" contra 68 autoridades, 15 de ellas federales en materia penal, como la FGR, las Fiscalías Especializada de Control Competencial, en Materia de Delincuencia Organizada, la Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la de Anticorrupción, así como la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros.
La suspensión concedida a García el 14 de septiembre, que se reveló este miércoles, ocurre en medio de versiones que señalan que tiene carpetas de investigación abiertas en la FGR relacionadas con factureras y uso de recursos de procedencia ilícita.
Incluso, durante un evento en Monterrey el 14 de septiembre, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que la cercanía entre García y el Presidente Andrés Manuel López Obrador se debía a que el Gobernador, junto con su familia, es facturero y podría terminar en la cárcel.
En total, García y su familia quedaron protegidos ante actuaciones de 68 autoridades.
Además de las 15 autoridades federales en materia penal, tampoco podrán ejecutar acciones en su contra ocho autoridades federales en materia penal del ramo judicial especializadas en el sistema acusatorio penal y oral, 30 Juzgados de Distrito de Nuevo León y Coahuila, y 15 autoridades locales.
Según la petición de amparo de García, se le habría informado de manera anónima que las cúpulas del PRI y del PAN en el Estado buscan apoyarse con sus "relaciones" y "nexos" con funcionarios y autoridades del orden federal para actuar en su contra.
"Le fue informado al quejoso por fuentes de otro tipo", se establece, "que se busca entablar y fabricar acusaciones en su contra y sus familiares, acusaciones que se buscan entablar fuera del Estado y desde autoridades federales pertenecientes a la Fiscalía General de la República, para ordenar una detención y privación de su libertad apenas no se encuentre protegido por la figura del fuero constitucional".
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