La Fiscalía General de Justicia Militar (FGJM) no tiene ningún expediente abierto sobre los 16 elementos del Ejército relacionados con el caso Ayotzinapa y cuya orden de detención por delincuencia organizada y desaparición forzada fue concedida el pasado 21 de junio por Raquel Ivette Duarte, juez segunda de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca.
Hasta el momento, para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la actuación de los elementos castrenses la noche del 26 de septiembre de 2014 se llevó conforme a lo establecido por los códigos militares, afirma en entrevista el titular de la FGJM, general de brigada J.M. Alejandro Flores Ramos.
En septiembre de 2022, el juez federal Enrique Beltrán Santés dictó auto de formal prisión contra el general brigadier José Rodríguez Pérez, exjefe del 27° Batallón, y del capitán José Martínez Crespo, así como del subteniente Fabián Alejandro Pirita y del soldado de infantería Eduardo Mota; sin embargo, esas órdenes de captura fueron canceladas a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), generando inconformidad y protesta de los padres de los normalistas desaparecidos, así como de las organizaciones de organismos de derechos humanos como Miguel Agustín Pro.
Todos acusaron al gobierno federal y al presidente Andrés Manuel López Obrador de proteger al personal militar como se hizo en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Así, la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, se vio obligada a solicitar nuevamente este mandamiento judicial.
Entre los militares que se busca detener se encuentran el coronel Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41° Batallón de Infantería, en Iguala, Guerrero; los soldados Eloy Estrada, Uri Yashiel Reyes, Joel Gálvez, Omar Torres, Ramiro Manzanares, Juan Andrés Flores, Ezequiel Carrera, Gustavo Rodríguez, Felipe González, Roberto de los Santos, Oscar Cruz, Juan Sotelo, Santiago Muñoz, Francisco Narváez y Enrique Martínez, integrantes de los batallones 27° y 41° de Infantería. Tres de esos militares ya fueron detenidos e ingresados a la prisión militar del Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México.
–¿Por qué nunca se les investigó internamente a pesar de los señalamientos? –se le pregunta al fiscal militar.
–En principio los señalamientos tienen que ver con las acciones, supuestamente en contra de personas civiles. Como usted sabe, la jurisprudencia de la Corte Interamericana como la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la reforma de 2014 al Código de Justicia Militar, establecieron que, cuando hay un civil involucrado, la justicia militar no puede conocer sobre el particular.
“Si hubiese alguna denuncia respecto a algún delito del orden militar, la FGJM iniciaría una averiguación previa, dentro de la cual haría las diligencias necesarias y a partir de eso determinar lo que en derecho correspondiera. En caso de que se determinara una posible responsabilidad, se consignaría ante un juez militar del sistema tradicional para los efectos correspondientes."
Yo quisiera ser muy claro. El tema de Ayotzinapa no está en la justicia militar. Será la justicia ordinaria la que resuelva lo que corresponda sin ninguna repercusión ni interferencia respecto a la justicia militar, la cual no tiene en este momento ninguna acción en contra de este personal”.
–¿Ni la van a tener?
–No, a menos que se denuncie un hecho que sea de la competencia de los tribunales militares. En este momento todo está en el ámbito federal y lo que resuelva el ámbito federal tendrá que cumplirse.
–Entonces, ¿la actuación de los elementos castrenses en el caso Ayotzinapa, se llevó conforme a lo establecido por los códigos militares?
–Sí. Hasta el momento, lo que tenemos es que este personal actuó siempre conforme a la información que se fue recibiendo y a la disponibilidad del personal que se encontraba del 27 Batallón de Infantería. No tenemos datos de que hayan intervenido en la detención de los estudiantes o que ellos hayan tenido algún contacto más allá con los estudiantes en la clínica Cristina y, en ese sentido, todo lo que haya ocurrido respecto de esos estudiantes, siendo civiles, sería competencia de la justicia ordinaria y no de la justicia militar.
El general Flores Ramos asegura que, hasta este momento, tampoco tienen conocimiento de que algún elemento estuviera involucrado con la banda Guerreros Unidos.
El capitán Martínez Crespo ha sido relacionado con el exalcalde de Iguala José Luis Abarca por aparecer a su lado en actos públicos, así como por el testigo protegido de la FGR, El Cabo Gil, lugarteniente de Sidronio Casarrubias y quien acusó al capitán de ser operador de la desaparición de los 43 estudiantes y de mantener relación con el grupo criminal. Antes, ya lo había señalado a través de un mensaje escrito en una manta que apareció colgada en la preparatoria de la Uagro en Iguala el 31 de octubre de 2014.
Según documentos encontrados en Guacamaya Leaks, Crespo ha sido defendido incluso por el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, en misivas enviadas al presidente López Obrador.
Acerca de la negativa de la Sedena a dar acceso a todos los expedientes del caso Ayotzinapa, Flores Ramos dice: “Yo entiendo que se ha colaborado ampliamente y que habido plena apertura para que tengan acceso a la información disponible. Lo que no está disponible, pues no puede proporcionarse”.
Y al preguntársele sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales de miembros de la delincuencia organizada en Nuevo Laredo, en mayo pasado, como se muestran en un video difundido en redes sociales un mes después, el general responde: “Cuando se da este tipo de eventos en actos de servicio como este que estamos comentando, la FGJM, a través del Ministerio Público militar, inicia una investigación por cuanto hace a los delitos del orden militar, porque, volvería a insistirle, respecto de los delitos de los que las personas civiles son víctimas, como es el homicidio, no es competencia de nosotros.
“Cooperamos con la FGR en todas aquellas diligencias con información que nos requiera para su propia investigación. En la parte militar indagamos delitos militares, como una desobediencia, una cuestión de infracción de deberes establecidos en nuestras leyes y reglamentos en que hubiera incurrido este personal. En este caso se actuó en contra del personal por la desobediencia en que incurrieron respecto a la de las órdenes de cómo deben de conducirse durante este tipo de operaciones de apoyo a la seguridad pública”.
Ese procedimiento, afirma, permite que el personal que pudo participar en esos hechos esté actualmente sujeto a prisión preventiva. La FGR puede ejercer las acciones correspondientes, pero hasta el momento no lo ha hecho; sin embargo, 16 elementos están detenidos y sujetos a procedimiento penal militar por el delito de desobediencia en que pudieron haber incurrido en esa ocasión.
Explica que aparentemente los militares realizaron una persecución en los vehículos oficiales y eso no está autorizado porque genera accidentes: “Al llevar a cabo la persecución de los civiles que iban en esta camioneta, que todos vimos que se impactó en un muro y de donde después pudieron sustraer las armas, incumplieron órdenes expresas; lo mismo en cuanto hace al uso de las armas letales, en contravención de las disposiciones que se les giraron respecto del uso racional de la fuerza y de la aplicación de la Ley de Uso Racional de la Fuerza”.
Estas conductas, independientes del daño que les causaron a las personas que iban en el vehículo, sí pertenecen al fuero militar. El general dice que la FGR le solicitó al Ejército información sobre el personal y las armas utilizadas, pero desconoce si la institución civil promovió ante un juez la orden de detención.
Sobre el caso del 26 de febrero, también en Nuevo Laredo, en el cual a media noche un grupo de militares dispararon contra una camioneta, matando a cinco de sus tripulantes y dejando a otro herido, el fiscal militar explica:
“La FGJM, desde que tomó conocimiento de los hechos, inició la investigación por los delitos militares y consignó por el delito de desobediencia a cuatro elementos que, se acreditó, utilizaron sus armas. Fueron internados bajo prisión preventiva justificada. Posteriormente la FGR solicitó la colaboración para llevar a cabo también la aprehensión de este personal por los delitos del orden federal”.
–¿En su opinión hay una desventaja de los militares frente a los delincuentes en actividades de seguridad pública?
–Nosotros tenemos que ajustarnos a la ley y ellos comúnmente actúan al margen de ella, entonces pareciera que ellos no tienen ninguna limitación y nosotros, que somos parte del Estado mexicano, tenemos que actuar en todo momento ajustándonos a las disposiciones legales. En cuanto a si hay ventaja o desventaja, no podría yo pronunciarme sobre ese particular.
Fuente.-
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