La amenaza del presidente a quienes secuestraron funcionarios públicos del gobierno de Chiapas, -de que si no los devolvían los acusaría con sus papás-, es indignante en boca de la máxima autoridad gubernamental del país y responsable de la seguridad ciudadana.
Si lo dijo de broma es de muy mal gusto tratar con tal frivolidad el dolor de las familias de los secuestrados, -pero si lo dijo en serio-, presupone no tener conciencia de la gravedad de la situación que se vive en varias zonas del país por el empoderamiento del crimen organizado.
Frases como ésta han provocado la pérdida del respeto a la autoridad, que hoy ha colocado en posición vulnerable a las instituciones del Estado Mexicano y sin capacidad para restablecer el orden en todo el territorio nacional.
Si hoy aún prevalece el orden en la mayor parte del país, no se debe a ninguna política de este gobierno, sino a que los mexicanos “de buena fe” somos más y no queremos que nuestro país se nos vaya de las manos y por ello hay más conciencia y responsabilidad ciudadana.
Esta frase evidencia el poco interés que la seguridad le merece, pues su prioridad son sus obras favoritas y el montaje de su gran “performance”: la campaña presidencial estelarizada hoy por sus corcholatas.
Simplemente con calificar a este grave problema como herencia de gobiernos pasados, muestra que se está deslindando de su ineludible responsabilidad de atacar el problema. Pareciera ser que los cinco años de gobierno no fueron suficientes para asumir que en este tiempo el problema se podría haber controlado.
Si los gobiernos anteriores cometieron errores que desataron la violencia, la responsabilidad suya será por “omisión” e inacción, lo cual es aún más grave.
El video que circula donde el obispo de Apatzingán, Michoacán, Cristóbal Ascencio García recrimina al presidente de que en lugar de festejar los cinco años de “su llegada al poder”, debiese decretar luto por los 125 mil asesinatos acumulados en lo que va de este gobierno y los más de 100 mil desaparecidos, es un testimonio de primera mano.
La cercanía de la diócesis de Apatzingán con una de las zonas más violentas del país y donde recientemente fueron quemados vivos en su camioneta blindada el líder de las autodefensas Hipólito Mora y tres de sus escoltas, refleja el dolor que se deriva de la cercanía del obispo con sus feligreses, lo que no sucede ni con el presidente, el gobernador ni quienes debiesen combatir al crimen organizado.
Mientras tanto, para el presidente todo va muy bien en este país. El presidente que exigió disculpas a la corona española por acontecimiento sucedidos hace 500 años, no reconoce que su política de seguridad ha fracasado y se niega a cambiarla, asegurando que con acusar a los sicarios con sus papás la violencia desaparecerá.
Quizá no se está dando cuenta de que conforme pasa el tiempo, el problema se complica, pues permite el surgimiento de nuevos cárteles regionales, -que son aún más violentos que los tradicionales-, y los grandes fortalecen su infraestructura, convirtiéndose hoy en grupos paramilitares que ya tienen la capacidad tecnológica para enfrentar a las fuerzas armadas de México. Esto no es una suposición, pues estos grupos se han encargado de filtrar en redes sociales información sobre el equipo que van adquiriendo, como el que exhibe a un fusil Barret calibre 50 disparando contra la camioneta de Hipólito Mora.
Sin embargo, el punto más relevante es el impacto social de esta violencia, pues ya se perdió el respeto a la autoridad. No sólo los grupos armados retan y agreden a las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, sino que pobladores de las zonas de conflicto expulsan a los representantes de la autoridad, lo cual hace poco tiempo no hubiese sido imaginado.
Rescatar la autoridad moral del Estado Mexicano y el respeto a sus instituciones será el reto más importante para el próximo presidente de la república.
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