El documento, presentado el pasado 31 de marzo, apunta que “el GIEI solicitó en varias ocasiones tener acceso a toda la información relativa a los CRFI [Comando Regional de Inteligencia] de Iguala. Al no haber contado con ella, el propio presidente ha pedido la información. Tanto el GIEI como la justicia han tenido información y prueba de que dichos documentos, cuya existencia se niega, fueron movidos y concentrados en un lugar determinado. Sin embargo, la respuesta de Sedena ha sido que dicho traslado no se ha llevado a cabo, que dichos documentos no existen y que se debe denunciar a quienes están informando de ello”.
El Quinto informe indica que se tiene prueba testimonial de que desde 2014 se llevaban a cabo monitoreos de actividades telefónicas y radiocomunicación que se enviaban al Centro Militar de Inteligencia, a través de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa. En dichas actividades, se asegura, también intervino el S-2.
Agrega que en esas evidencias se afirma la vinculación de varios miembros del Ejército con el cártel Guerreros Unidos. “Asimismo es claro que existe prueba documental reciente, del segundo semestre de 2022, en donde Sedena ordena que las respuestas que se den en este caso ‘se acuerden’ entre diferentes secciones y ‘se otorgue en los términos que se acuerde’”.
Ocultamiento de pruebas
El reporte del Grupo Interdisciplinario expone que la Sedena ha negado incluso las informaciones que ya se habían entregado, sobre todo aquellas que evidencian su actuar durante la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, así como los días previos y posteriores a la desaparición forzada de los estudiantes.
Al respecto, señala que la Defensa Nacional “tenía conocimiento en tiempo real de lo que estaba sucediendo a través de interceptaciones telefónicas, cuya transcripción parcial fue encontrada en sus archivos en documentos. Reportes existentes en los archivos militares dan cuenta de parte de conversaciones del día 26 de septiembre entre personas que decían que tenían a los muchachos y el 4 de octubre de parte de conversaciones, entre quienes identifican como un miembro de Guerreros Unidos y un policía, sobre posible destino de los normalistas. Ninguna acción en ese momento se dio para proteger o rescatar a los jóvenes o buscarlos a pesar de ello”.
Agrega que, ante dicha evidencia, la respuesta de la Sedena ha sido que “no existe esa información, que no se realizan interceptaciones telefónicas ni monitoreos, que desconoce los autores de dichas transcripciones y reportes. Ninguna de esas respuestas se corresponde con la realidad que está en documentos del CRFI de Iguala y el DN1 [Defensa Nacional Comando General], EMDN [Estado Mayor de la Defensa Nacional] y CMI [Centro Militar de Inteligencia]”.
El informe acusa que, a pesar de que numerosos mensajes y documentos que así lo acreditan, la Sedena ha negado la existencia de los mensajes como propios e incluso la existencia del Centro de Fusión de Inteligencia de Iguala, que llevó a cabo esas y otras acciones. “El GIEI ha puesto en conocimiento de la Fiscalía dichas respuestas para que se investigue a los responsables de dichas comunicaciones que ocultan la verdad y que muestran una respuesta negativa a las órdenes del propio presidente de México de que se debe proporcionar toda la información existente que ayude a la investigación y búsqueda de los desaparecidos. Incluso en una respuesta, Sedena negó que exista documentación que pidió la UEILCA, que sin embargo el GIEI y la COVAJ obtuvieron de los propios archivos de Sedena”.
Más expedientes negados
Otro ejemplo de la resistencia que ha manifestado sistemáticamente la Sedena en cooperar con el Grupo y otras áreas que buscan esclarecer el crimen. Al respecto, señala que “se realizaron investigaciones internas en Sedena, pero no se han entregado los expedientes ni la investigación completa. Siete años después de los hechos, mediante la revisión de archivos de Sedena, se encontró que esta se debió a que dos miembros del 27 Batallón no habían compartido parte de la información de los lugares donde estuvieron en la noche, pero se desconoce el contenido de dicha investigación. Muchos de los soldados fueron interrogados por la Justicia Penal Militar, algunos de ellos varias veces, y esa información no ha sido proporcionada a la investigación”.
En este tema, se apunta que el GIEI ha pedido en reiteradas ocasiones acceso al contenido de dichos procesos, debido a que ello permitiría conocer su alcance y consecuencias. “El solo hecho de que se dieran esas investigaciones muestra que la versión de que ‘no había habido ningún problema’ no se sostiene y es contraria a la realidad. Hecho que se ha podido documentar ampliamente y que se ha exigido se realicen las investigaciones sobre las omisiones, mentiras y versiones acordadas que restan información vital para dar con el paradero de los estudiantes”.
fuente.-Nancy Flores/
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