Junto con las aduanas terrestres y marítimas, el presidente López Obrador entregó a la Sedena y a la Semar la operación de otro fideicomiso ajeno al control civil y a las obligaciones de transparencia: el FACLA, el cual disponía hasta el año pasado de 113 mil millones de pesos provenientes de las tarifas aduanales. Ambas instituciones castrenses han tomado de ahí más de 800 millones de dólares para adquirir escáneres con rayos X y Gamma destinados a las aduanas del país. La empresa beneficiaria es la estadunidense Rapiscan, luego de que Washington presionó al gobierno de la 4T para que vetara a la compañía china Nuctech.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Cuando entregó el control de las aduanas terrestres a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de las marítimas a la Secretaría de la Marina (Semar), el presidente Andrés Manuel López Obrador también dejó a las instituciones castrenses el control de un fideicomiso dotado de recursos multimillonarios provenientes de las tarifas aduanales; en escasos meses, la Sedena y la Semar gastaron una parte de esos recursos en contratos por cerca de mil millones de dólares para la instalación de escáneres de rayos X.
Por los montos y los intereses en juego, las licitaciones de los escáneres de rayos X implicaron maniobras diplomáticas de Estados Unidos para evitar la entrega de contratos a una empresa paraestatal de China, así como ataques entre empresas del sector a través de columnas de negocios. Finalmente, la estadunidense Rapiscan resultó la gran ganadora de esta contratación, pues vendió su tecnología al gobierno mexicano por más de 800 millones de dólares.
En diciembre de 2021 López Obrador entregó, por decreto presidencial, la administración de 21 aduanas terrestres a la Sedena –19 de ellas en la frontera con Estados Unidos–, la administración de 17 aduanas marítimas a la Semar y el control de 12 aduanas interiores a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), una institución que él mismo creó en julio de 2021 y que responde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Con ello, el mandatario quitó la gestión de las aduanas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el argumento de que estaban plagadas por la corrupción. Pero la transición no sólo tuvo un carácter administrativo, sino financiero: además de ceder a los militares el control de los vaivenes de personas y mercancías en el país, el presidente ofreció a la Sedena y la Semar la operación de facto del Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), un instrumento creado en mayo de 2004 en el cual se amasan los miles de millones de pesos producto del cobro de comisiones a los agentes aduanales que operan en los puntos fronterizos.
Según un informe elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en febrero de 2022 –y consultado por Proceso entre los millones de documentos internos de la Sedena hackeados por el colectivo Guacamaya–, el FACLA disponía de 113 mil millones de pesos y era presidido por la SHCP. Sus gastos, aprobados por un comité técnico, estaban etiquetados para la operación y la infraestructura de las aduanas.
La SHCP planteó que, de los 113 mil millones de pesos previstos entre 2022 y 2024, 28 mil 100 millones de pesos se gastarían para modernizar las aduanas, mientras que 53 mil 615 millones de pesos se invertirían para financiar algunas “obras prioritarias” de la administración de López Obrador: 28 mil millones de pesos fueron aprobados para el Tren Transístmico y otros proyectos del Istmo de Tehuantepec; 21 mil 399 millones de pesos para la “frontera norte”, 3 mil 927 millones de pesos para el Proyecto Integral de Guaymas; mil 20 millones de pesos para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y 500 millones de pesos para el Tren Maya.
En otras palabras: la Sedena y, en menor medida, la Semar disponen de un nuevo fideicomiso multimillonario. De hecho, el poder castrense ha escapado a la política de cesación de fideicomisos implementada durante el sexenio de López Obrador: al 31 de diciembre de 2022, la Sedena disponía de 42 mil 433 millones de pesos en su Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar –con el que compra armamento, vehículos y material tecnológico–, mientras la Semar seguía manejando 17 mil 586 millones de pesos en el Fideicomiso de Administración y Pago.
Caja del Ejército
En los hechos, el gobierno vació de su sustancia el FACLA y lo convirtió en una caja grande, en la cual la Sedena y la Semar pueden agarrar recursos para sus proyectos.
Lo hizo mediante una estrategia para quitar a la SHCP el control de los recursos del FACLA y entregarle a las Fuerzas Armadas: el gobierno creó, al interior del FACLA, tres fideicomisos públicos de Administración y Pago para la Contratación de Servicios y Obra Pública (Fapas); entregó uno de ellos a la Sedena, otro a la Semar y un tercero –anecdótico– al SAT. Estos Fapas, a su vez, pueden sacar dinero del FACLA para invertir en proyectos, y desde el 3 de marzo de 2022 sus administradores –es decir, los militares– pueden operar sin la autorización del Comité Técnico del FACLA. Bajo este esquema, en los Fapas se deciden los gastos y toman dinero del FACLA.
**Fragmento del reportaje publicado en la edición 2420 de la revista Proceso
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