El titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional, la corporación castrense-policial nacida al amparo del actual Gobierno, es un militar vinculado a casos de tortura. Se trata del general de brigada retirado David Enrique Velarde Sigüenza, que asumió el cargo en enero de este año. Designado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, Velarde comandó anteriormente la desaparecida Policía Judicial Federal Militar (PJFM), brazo investigador de la Fiscalía castrense. Bajo su mando, agentes de la PJFM fueron acusados de tortura, retención arbitraria y detención ilegal.
Polémica desde su advenimiento, la guardia, que cumple ahora dos años en operación, nació como un híbrido entre lo civil y lo militar. Desde el principio, la oposición y organizaciones de la sociedad civil criticaron que su aparición profundizaba en realidad la militarización de la seguridad pública en México, proceso iniciado durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006) y generalizado durante los de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). En estos 18 años, el Ejército se ha hecho cargo de la seguridad en espacios cada vez mayores del territorio. Al mismo tiempo, las quejas de ciudadanos por abusos cometidos por militares han aumentado.
Generar contrapesos a la jerarquía de la Guardia Nacional surgió así como una exigencia al Gobierno. Olvidada en los primeros borradores de la ley de la corporación, la Unidad de Asuntos Internos apareció por las presiones de la oposición. Igual que ocurría con la extinta Policía Federal, el presidente tendría la facultad de nombrar a su titular. Su autonomía resulta una incógnita hasta la fecha. En casos de presunta mala praxis de su personal, la corporación suele apuntar que el comandante de la guardia, el general en retiro Luis Rodríguez Bucio, “instruye” u “ordena” a la Unidad de Asuntos Internos que investigue.
Velarde llegó al cargo el 16 de enero de este año tras pasar por la policía ministerial de la Fiscalía de Quintana Roo. Figura polémica, el general ha pasado buena arte de su carrera en la PJFM. En el registro de Servidores Públicos de la Secretaría de la Función Pública, Velarde figura como comandante de la corporación desde enero de 2012 hasta febrero de 2014. Fuentes especializadas en el mundo castrense consultadas por EL PAÍS señalan sin embargo que su posición en la jefatura de la judicial venía, al menos de manera interina, desde 2009. Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la aparición de Velarde en la Guardia Nacional es muy preocupante. “Que exmilitares posiblemente implicados en violaciones a derechos humanos estén en la corporación nos preocupa”, ha dicho un portavoz.
Fue justo en el año 2009 cuando explotó el vergonzoso caso del Pelotón de la Muerte. En plena ofensiva del Ejército contra el crimen organizado, militares de una guarnición de Chihuahua comandados por su mayor, uno de los agentes de mayor rango del cuartel, desaparecieron o asesinaron supuestamente al menos a siete personas. Avisados, agentes de la PJFM comandados por Velarde llegaron a la guarnición y detuvieron a dos decenas de militares. El mayor y otros dos denunciaron posteriormente torturas cometidas por parte de los agentes de la PJFM y acusaron a Velarde de inventarse una denuncia anónima contra ellos.
En esos años, las acusaciones contra agentes de la PJFM fueron relativamente comunes. En 2011, una docena de militares adscritos al batallón de Saltillo, la capital de Coahuila, señalaron que integrantes de la PJFM les retuvieron durante días y torturaron para que aceptaran una acusación de trabajar con el grupo criminal Los Zetas. Este caso fue documentado por EL PAÍS y detallado en el podcast La Lista, difundido el año pasado.
Otras acusaciones
A lo largo de los años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha detectado igualmente otros casos de tortura cometidos supuestamente por agentes de la PJFM durante los años de Velarde. En un informe divulgado en 2018, la oficina del ombudsman dio por probado que el brazo investigador de la fiscalía militar torturó y retuvo ilegalmente a un cabo, un sargento y un subteniente adscritos a un cuartel de Durango en enero de 2013. Los militares declararon que los agentes de la PJFM les obligaron a confesar que trabajaban para el crimen organizado. En otro publicado el año pasado, la CNDH probó la tortura cometida por elementos de la corporación contra un soldado en Michoacán, en abril de 2010. Los agentes de la PJFM le acusaban de trabajar para La Familia Michoacana. Lo tuvieron retenido durante 17 días, tiempo en que le dieron golpes en todo el cuerpo, bofetadas y descargas eléctricas en pies y tobillos.
Fuera ya de la PJFM, Velarde asumió la comandancia de un regimiento blindado a las afueras del penal del Altiplano, la cárcel de máxima de seguridad de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Según narró el periodista Juan Veledíaz en la revista Proceso en julio de 2015, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) consideraba que Velarde era el militar responsable de la “seguridad perimetral de ese centro penitenciario”. Fue durante su guardia cuando Joaquín El Chapo Guzmán y sus secuaces cavaron un túnel bajo su celda hasta una casa a varios centros de metros del penal. El Chapo escapó. Veledíaz explicó que el cuartel de Velarde figuraba a apenas unos cientos de metros de la casa donde llegaba el túnel del narcotraficante.
Preguntado al respecto cuando asumió la jefatura de la policía ministerial de la Fiscalía de Quintana Roo en 2018, Velarde contestó: “Es el internet. Si yo subo a Elvis Presley, quedará en la memoria informática para siempre. Mi labor era ser el policía investigador del Ejército mexicano, jamás he estado en el ámbito federal, en la seguridad de los penales ¿Cuál es la realidad? Tenía yo vecindad con la población, porque tenía un centro de adiestramiento de tanques. Mi actividad era capacitar soldados en la conducción y el manejo de tanques”.
fuente.-Diario Español/Pablo Ferri (imagen,EstadoMayor.Mx)
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