Andrés Manuel López Obrador entra en la boca del lobo. Otra vez. Una semana después de haber visitado a Donald Trump en la Casa Blanca, en una gira calificada de exitosa por varios sectores, el presidente se alista para pisar el México más violento.
El mandatario viajará esta semana a Jalisco, Guanajuato y Colima, tres entidades con altos índices de homicidios y que han sufrido la violencia de la delincuencia organizada recientemente. El reto que enfrenta el presidente en esta breve gira es aún más desafiante que el que encaraba en Washington. López Obrador aguarda reclamos por parte de los gobiernos locales por la descoordinación y la falta de resultados contundentes en su política de seguridad.
Esta mañana, López Obrador ha reconocido que la seguridad es el tema que lo obliga a visitar esas regiones. “Vamos a eso, para enfrentar la violencia, garantizar la paz, la tranquilidad y proteger a los ciudadanos”, ha asegurado. Guanajuato, en el centro de México, lleva meses convertido en un polvorín. La lucha entre dos cárteles, uno local, Santa Rosa de Lima, y otro nacional, Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha dejado una explosiva violencia que incluye matanzas de decenas de personas y espectaculares despliegues de terrorismo local, entre ellos la quema de negocios y vehículos de la población civil. Guanajuato registra 1.903 víctimas de homicidio en los cinco primeros meses de 2020 y aún a la espera de las cifras de junio. Su tasa es de 69 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la cuarta peor de todo México y superior a la de El Salvador (2017), una de las naciones más violentas del mundo.
Recientemente, durante un festejo por los dos años de su triunfo electoral, López Obrador afirmó que su estrategia de seguridad -que nunca ha especificado de qué se trata- “empieza a dar resultados”. “Hemos podido mantener, sin aumento sensible, el delito de homicidio y hemos roto la tendencia histórica de su crecimiento”, aseguró el mandatario. La realidad, no obstante, es otra. En sus primeros 18 meses de mandato, el país ha registrado más de 53.600 víctimas de asesinato, con una tasa superior al mismo periodo del sexenio de Felipe Calderón y un 71% más que el arranque de Enrique Peña Nieto. La frase de López Obrador coincidió con un ajuste de cuentas entre carteles que dejó 27 fallecidos en Irapuato (Guanajuato).
Colima, el Estado más violento de México con una tasa de 92 homicidios por cada 100.000 habitantes, será otra de las escalas del mandatario. La pequeña región de Occidente ha sido el escenario de macabras noticias recientes. Allí fue ejecutado, a mediados de junio, el juez federal Uriel Villegas y su esposa, presuntamente por sicarios en la nómina del CJNG. Se calcula que 6 de cada 10 homicidios en el país son cometidos por el crimen organizado. A principios de junio, fue hallado el cuerpo de la diputada Anel Bueno en una fosa clandestina. La legisladora local de Morena, el partido del presidente López Obrador, había sido secuestrada en abril por un grupo de hombres en varios vehículos que irrumpieron en medio de una jornada de desinfección contra el coronavirus.
Jalisco es un caso aparte. Su violencia es más soterrada. El cuarto Estado más poblado de México había contabilizado, hasta mayo, 1.094 víctimas de homicidio (tasa de 29 asesinatos). Este lunes se ha revelado que 487 cuerpos han sido exhumados de fosas clandestinas en la entidad, el 30% del total nacional. El CJNG es la organización hegemónica del país y es una de las más sangrientas de la actualidad. El Gobierno de López Obrador la ha puesto en el centro de la diana con una ofensiva en el terreno y para vaciar los profundos bolsillos del capo Nemesio Oseguera, El Mencho. En junio, la Administración le congeló cerca de 2.000 cuentas bancarias, por cerca de 900 millones de dólares. Era el segundo gran golpe del año después de que 600 de sus operativos fueran detenidos en marzo en Estados Unidos en un operativo coordinado por la DEA.
López Obrador se parará en el corazón del avispero a menos de tres semanas de que el CJNG haya atentado contra Omar García Harfuch, el jefe de la policía de Ciudad de México, quien salvó la vida. El ataque dejó tres muertos y mostró que no existen rincones adonde no lleguen los tentáculos del crimen organizado. El episodio sacudió a la Administración de Morena, que se vio obligada a admitir que informes de inteligencia recogían que los criminales planeaban atentar contra funcionarios del Gabinete, entre ellos el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. El ministro ha comunicado este lunes que no acompañará a López Obrador durante su gira. “Agradezco la autorización del presidente para ausentarme esta semana de actividades oficiales”, escribió el funcionario sin revelar sus motivos. El subsecretario Ricardo Mejía será quien acompañe al jefe del Ejecutivo en su recorrido, además de los secretarios de Defensa, Marina y el comandante de la Guardia Nacional.
Gobiernos de oposición
La visita a los Estados encierra además otro reto. Las tres entidades que López Obrador visitará están gobernadas por políticos de la oposición. Guanajuato, por el PAN (derechas); Jalisco está controlado por Movimiento Ciudadano (centro) y Colima por el PRI. El encuentro entre los gobiernos estatales y federal se dará después de severas críticas por la politización de la violencia. Diego Sinhué Rodríguez, el gobernador de Guanajuato, culpó recientemente al presidente de lincharlo mediáticamente a él y a su partido por la inseguridad.
Algo similar ocurre con Enrique Alfaro, el hombre que encabeza el Gobierno de Jalisco. El mandatario local ha cruzado severas críticas con López Obrador por diversos temas, que van desde la crisis de seguridad hasta la gestión del coronavirus y la depresión económica. Las tensiones entre ambos disminuyeron la semana pasada, cuando el presidente ordenó reforzar la seguridad de Alfaro, quien ha comunicado públicamente el haber recibido amenazas de muerte de parte del CJNG tras el ataque a García Harfuch.
“Estoy seguro de que [los gobernadores] van a asistir a la reunión de seguridad, porque vamos a tratar los temas de violencia en los estados”, afirmó el presidente, quien dijo que trabajará “de manera coordinada” con los gobiernos locales. El presidente López Obrador puede dar un nuevo ejemplo de gobernabilidad tras el mostrado en Washington.
Fuente.-Diario Español/
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