La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados redujo la lista de delitos que ameritan prisión preventiva automática: de nueve aprobados previamente por el Senado a solo tres.
El proyecto elaborado por los diputados, del que tiene copia Animal Político y que será discutido en el periodo extraordinario que se ha convocado para el próximo 16 de enero, propone ampliar la prisión oficiosa a tres ilícitos: uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito, y delitos en materia de robo de hidrocarburos.
En tanto, se eliminan los otros seis delitos que venían incluidos en la minuta del Senado y son: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada y delitos en materia de armas de fuego y explosivos (como transporte o portación de armas).
El proyecto de dictamen, que primero tendrá que ser aprobado por la mayoría de diputados de la referida Comisión y luego por el pleno de la Cámara Baja, argumenta que la situación de “emergencia” que atraviesa el país amerita modificar el artículo 19 constitucional para fortalecer las herramientas que tiene el Estado en contra de algunos delitos.
No obstante, los diputados sostienen que son conscientes de las críticas que en los últimos días han vertido especialistas y activistas, los cuales argumentan que ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es violatorio de derechos humanos, pues se priva de la libertad a personas que no han sido sentenciadas de cometer delito alguno.
“Esta comisión dictaminadora, en relación a la Minuta de mérito (del Senado) ha considerado el mínimo posible de afectación a esa perspectiva respetable y legítima de los derechos humanos, debido que se pondera que la situación en México es de emergencia y se justifica (…) Por lo anterior, esta dictaminadora propone modificar la Minuta de mérito de la Cámara de Senadores”, indican el proyecto de dictamen.
Actualmente, la Constitución Política del país solo contempla seis delitos que ameritan prisión automática: homicidio doloso, delincuencia organizada, violación, secuestro, trata de personas, y aquellos que se cometan de forma violenta con armas de fuego.
Si la Cámara de Diputados aprueba el dictamen con modificaciones a lo que ya había avalado previamente el Senado, ésta tendrá que regresar nuevamente a la Cámara Alta para ser analizada y votada.
¿Por qué se avala prisión a tres delitos nuevos?
El proyecto de dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constituciones de la Cámara Baja avala que la medida de prisión preventiva oficiosa (automática) se aplique a tres delitos relacionados con temas electorales de hidrocarburos y corrupción.
En el caso de los delitos electorales, se propone que solo se avale la prisión oficiosa en los relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales.
“Es ponderable incluir únicamente los delitos en materia de uso de programas sociales con fines electorales, para que sean estos los que amerite prisión preventiva oficiosa, dado que son los que más profundamente impactan en la sociedad, al utilizarse programas que tienen fines muy distintos a la materia electoral”, señala el proyecto.
En cuanto a hechos de corrupción, el dictamen plantea que la prisión oficiosa se aplique en las modalidades de enriquecimiento ilícito y abuso de confianza. En este caso se justifica la medida de prisión oficiosa no por el peligro que representa el posible involucrado, sino como un “mensaje” de rechazo a la corrupción.
“Ante la situación de emergencia en la que se encuentra en Estado mexicano, resulta ponderable mandar un mensaje claro sobre el trato que recibirán aquellos funcionarios públicos, como la pérdida de su libertad para enfrentar procesos penales, por prestarse a la comisión de actos de corrupción, en su modalidad de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de sus funciones”, se detalla en el proyecto.
Y en el caso del robo de hidrocarburos los legisladores consideran que se trata de una actividad ilícita en crecimiento, que es peligrosa y en contra de la cual el Estado se ha encontrado limitado en su margen de actuación.
“Esto resulta atractivo para las bandas delincuenciales, que les generan grandes ingresos y en consecuencia se agrava el daño patrimonial para la industria petrolera, lo que representa un peligro para nuestro país, lo que se debe considerar grave si su medida aritmética es igual mayor a cinco años, o si son cometidos por servidores públicos, y como consecuencia, restringir la libertad del imputado”, expone el proyecto.
Modificaciones al dictamen son insuficientes: ONG
La organización no gubernamental Borde Político, que forma parte del colectivo #SeguridadSinGuerra, dijo que si bien el proyecto de dictamen de los diputados es una señal positiva en cuanto a que se limita el catálogo de delitos a los que se pretende extender la prisión oficiosa, este esfuerzo es aún insuficiente.
De acuerdo con la organización cualquier medida que implique ampliar la prisión oficiosa es un retroceso en materia de derechos humanos no solo porque se tipifiquen más delitos, sino porque se limita al juez a decretar en automática una medida cautelar de prisión sin que éste tenga libertad de jurisdicción para analizar si es necesaria o no.
“Es necesario que exista control judicial ya sea con puesta a disposición ante juez de control o sencillamente que los jueces puedan decidir en cada caso que amerita prisión preventiva. Básicamente que lo oficioso no sea igual a automático” indicó Ernesto Peralta, integrante de la organización.
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