El 18 de diciembre de 2017 cuatro colombianos fueron detenidos por policías de Cancún, Quintana Roo, en un hecho similar al de los tres italianos desaparecidos hace mes y medio en Tecalitlán, Jalisco.
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Uno de esos sudamericanos apareció decapitado dos días después de la detención. Proceso entrevistó en Colombia a familiares de las víctimas y también tuvo acceso al expediente que ese país armó del caso. Los testimonios obtenidos y la información recabada dejan al descubierto una cadena de irregularidades de las autoridades mexicanas que rayan en la corrupción y en el encubrimiento.
BOGOTÁ.- El expediente que han recopilado autoridades colombianas sobre la desaparición de tres de sus ciudadanos en Cancún es demoledor.
La información indica, basada en testimonios, que policías municipales del destino turístico detuvieron el 18 de diciembre de 2017 a cuatro colombianos que fueron subidos a dos patrullas. Horas después, los habrían entregado a un grupo criminal identificado como el “Cártel de Jalisco”; 48 horas más tarde sólo uno de los arrestados fue hallado, muerto.
A lo largo de estas 12 semanas, la Fiscalía General de Quintana Roo, encargada de la investigación, no ha realizado una sola captura pese a todas las evidencias y testimonios que involucran a los policías locales en el arresto de los colombianos Yesly Tatiana Góez Guisao, Joan Sebastián Espinoza Urrego, Óscar Alexander Zuluaga Macías y Néstor Espinoza Castañeda.
“Tienen videos de las cámaras cercanas al lugar del arresto, saben a qué patrullas los subieron, saben que eran ocho policías hombres y dos mujeres los que fueron por ellos y no han hecho nada”, se lee en una parte del expediente conocido por Proceso.
Según la documentación a la que este semanario tuvo acceso, funcionarios de la Cancillería colombiana se vieron tan desbordados por “todas las irregularidades de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo” que pidieron ayuda a la Policía Federal, lo que hasta ahora no ha dado ningún resultado.
Además, al ver la sospechosa incompetencia de la Fiscalía de Quintana Roo, personal diplomático de Colombia acreditado en México solicitó la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero tampoco ha servido.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de Medellín, ciudad de la que son oriundas las víctimas, considera que se trata de un caso de “desaparición forzada” y que debe ser tratado como un crimen de lesa humanidad.
Por ello, pidió al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intercedan ante al gobierno mexicano para dar celeridad a la investigación y se castigue a los responsables.
Daniela Bermúdez, pareja de Óscar Alexander Zuluaga Macías, uno de los desaparecidos, y Santiago Espinoza Urrego, hermano del colombiano que apareció muerto, presentaron el 5 de enero en Bogotá una pormenorizada denuncia de lo que ocurrió en Cancún.
La declaración, que se prolongó 10 horas, la hicieron ante la agregada de la Procuraduría General de la República (PGR) de la embajada de México en Colombia, Tisbe Cázares Mejía.
Daniela, quien vivía en Cancún con su pareja y los otros desaparecidos, denunció que pagó 20 mil pesos a un funcionario de la Fiscalía de Quintana Roo que le exigió la suma para agilizar la investigación. También acusó que esa institución judicial “encubrió a los policías” municipales que “levantaron” a los colombianos y que “los del cártel” siempre estaban al tanto de cada palabra que decían ante los fiscales que les tomaban declaración.
“Uno busca la plata y paga lo que piden porque lo que uno quiere es volverlos a ver. Pero sólo nos estafaron, nunca hicieron nada, nunca investigaron a los policías que se los llevaron, nunca mostraron un poco de interés en buscar a nuestra gente”, denuncia Daniela.
Juan Pérez, comandante de la Policía Ministerial de la fiscalía, se hizo cargo del caso. La joven colombiana le preguntaba si ya había revisado las cámaras cercanas al lugar de la detención para saber qué patrullas se los llevaron.
“Él nos decía que eso era un proceso que lleva tiempo, que no todo se puede hacer de la noche a la mañana. Pérez lo único que quería era que nos fuéramos de Cancún para dejar morir el caso. No quiso ni rastrear llamadas de celulares ni investigar las cuentas donde hicimos los depósitos (a los presuntos secuestradores)”, señala.
Proceso contactó vía telefónica al comandante Pérez y le planteó el cúmulo de irregularidades que han denunciado las propias autoridades colombianas, pero él aseguró que nunca ha llevado el caso de los desaparecidos y que sólo, “al principio”, estuvo “verificando unos datos”.
Sin embargo, los dichos del comandante mexicano se desmienten con unos chats y llamadas de WhatsApp en los que él escribe a la familia durante varios días de diciembre de 2017 y de enero de 2018. Su principal interés fue siempre conducir el caso a la hipótesis de un “ajuste de cuentas” del crimen organizado.
Al respecto, la directora de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Gabriela Martínez, consultada vía telefónica por este semanario, declinó referirse a las acusaciones contra la institución que constan en la denuncia de Daniela y de Santiago ante la PGR; dijo desconocer por qué no se ha ejercido acción penal contra los policías que detuvieron a los colombianos.
“No tengo información que en estos momentos pueda compartir. Y no estamos dando información sobre la investigación porque no queremos entorpecerla”, dijo.
La banda de Los Gota a gota
Joan Sebastián Espinoza Urrego, conocido como Sebas, viajó a Cancún en 2015 para dedicarse al negocio ilegal de los préstamos “gota a gota”.
El joven, de 21 años en ese entonces, se involucró en esa actividad en su natal Medellín y, según sus amigos, el grupo con el que trabajaba en esa ciudad colombiana le financió el viaje y le entregó dinero para ponerlo a “trabajar”.
Los créditos “gota a gota” se pagan en abonos diarios con tasas de interés de hasta 20% mensual, son una modalidad delictiva que Colombia comenzó a exportar a todos los países latinoamericanos.
Detrás de esa actividad en la que se lava dinero suele haber narcotraficantes y extorsionadores que usan la violencia cuando los deudores se atrasan con los pagos.
A Sebas le fue bien en Cancún. Comenzó como “cobrador” y ascendió a “administrador de ruta”. Tras un año, le propuso a su amigo Óscar Alexander Zuluaga Macías, también de Medellín y de 21 años, viajar a México para ayudarlo en el “negocio”. Alexander, conocido como Alex, llegó a ese centro turístico el 17 de septiembre de 2016. Después, el 28 de mayo de 2017, Sebas se trajo a su novia, Yesly Tatiana Góez Guisao. En agosto de ese año también llegó la pareja de Alex, Daniela Alejandra Bermúdez Puche. Los cuatro, que provenían de familias colombianas humildes, vivían en un amplio departamento en Cancún.
En entrevista con Proceso, Daniela asegura que en ese balneario de arenas blancas y mar azul vivían bien, dice que nunca creyó que estuvieran en peligro.
A principios de diciembre pasado, también llegaron a Cancún los padres de Sebas, Carmen Urrego y Néstor Raúl Espinoza Castañeda, para pasar unas semanas de vacaciones. Era la primera vez que los dos modestos vendedores de tamales viajaban al extranjero. La pareja se hospedó en el departamento donde vivían los cuatro jóvenes colombianos.
“Éramos felices en Cancún. Yo trabajaba medio tiempo en un restaurante y como asesora de ventas, y Yesly Tatiana era estilista (en el Bella Dama Salón)”, relata Daniela.
Yesly Tatiana, de 25 años, mantenía una comunicación diaria con su mamá, Aleida Guisao Gil, a través de WhatsApp. La señora, quien vive en Medellín, dice que nunca le preocupó demasiado la actividad de Sebas. “Aquí en Medellín eso es muy común. Conozco a muchos jóvenes que se están yendo a Brasil, a Perú, a Chile y a otros países a trabajar en eso”, afirma.
La desaparición
El lunes 18 de diciembre, pocos minutos antes de las dos de la tarde, Sebas llamó a Alex a su celular y le dijo que fuera a casa de Brayan Castelano, un “cobrador” mexicano que trabajaba con ellos, porque descubrió “que se estaba quedando con la ruta y con dinero del cobro” y le iría a pedir cuentas, según una de las declaraciones de Daniela ante la Fiscalía de Quintana Roo.
La joven colombiana explicó que su novio (Alex), Yesly y Néstor Raúl, el papá de Sebas, se fueron en taxi a la casa de Brayan, donde el mexicano vivía con su mamá, María Helena Castelano.
Según la versión de María Helena, Sebas y Brayan arreglaron rápido el asunto. El “cobrador” se comprometió a pagar lo antes posible al “administrador” del negocio 30 mil pesos que omitió reportar en las cuentas. Sin embargo, la señora de la casa tuvo que llamar a la policía cuando Yesly se puso agresiva y entró a la habitación de su hijo a llevarse pertenencias como garantía del pago.
Cerca de la tres y media de la tarde, Román Hernández Tzet, otro “cobrador” mexicano que trabajaba con Sebas, se acercaba a casa de los Castelano cuando vio dos patrullas de la Policía Municipal estacionadas. Luego observó, según su declaración ante la Fiscalía de Quintana Roo, que unos 10 policías sacaron a los cuatro extranjeros de la vivienda.
A las cinco de la tarde Román llegó al departamento de los colombianos y contó lo sucedido a Daniela y a Carmen Urrego, la mamá de Sebas. Daniela se comunicó por WhatsApp con María Helena Castelano y ésta le confirmó la versión de Román.
El 19 de diciembre, muy temprano, Román llamó a Daniela para comunicarle que los colombianos fueron entregados por la Policía Municipal de Cancún “al Cártel de Jalisco”. Según explicó, un “intermediario” de ese grupo delictivo le llamó a su celular para darle esa noticia e informar a la familia que tenían que depositar 80 mil pesos en una cuenta a nombre de una persona de apellido “Rouche”.
Daniela y la señora Carmen juntaron el dinero con los muchachos de la ruta de Los gota a gota. Román dio aviso a los secuestradores y estos le dijeron que en una hora soltarían a los cuatro colombianos en la Plaza de las Américas, pero no ocurrió.
El jueves 21 de diciembre, a sólo dos cuadras del apartamento donde vivían los sudamericanos, apareció el cadáver de Sebas, decapitado y con sus genitales en la boca. Junto al cuerpo estaba una manta con una leyenda contra el entonces director de la Policía Municipal, Víctor Manuel Hernández Olivas, por apoyar “a los de Jalisco”.
El pasado miércoles 7, el alcalde de Cancún, Remberto Estrada, anunció que Julio Ricardo Carballo reemplazaba a Hernández Olivas en la Policía Municipal. En los últimos meses, Cancún y la Riviera Maya han sido escenario de una violenta disputa entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y grupos afines al Cártel del Golfo y a Los Zetas.
Resignados
El 22 de diciembre llegó a Cancún, procedente de Brasil, donde radica, Santiago Espinoza Urrego, hermano de Sebas. Junto con su madre identificó el cadáver del joven. Después, Santiago, su mamá y Daniela se hospedaron en Cancún para concentrarse en la búsqueda de los demás.
Daniela afirma que la condición de prestamistas “gota a gota” de Sebas y de Alex “le dio pretexto a las autoridades mexicanas para tratarnos como si fuéramos peores que los cárteles que matan a tanta gente en Cancún”.
El 27 de diciembre un “intermediario del cártel” llamó por teléfono a Santiago y le dijo que los tres colombianos estaban bien y que los liberarían a cambio de 200 mil pesos.
Santiago le dijo al “intermediario” que sólo juntó 80 mil pesos. Los secuestradores dijeron que sólo liberarían a un hombre, porque a Yesly “le estaban sacando mucho provecho” y tenía “una hemorragia de tan violada” que estaba. Depositaron el rescate en un banco de una cadena de tiendas de electrodomésticos, pero no pasó nada.
Daniela, Santiago y doña Carmen huyeron el 29 de diciembre hacia Colombia. Antes de partir, un coyote les dijo que Yesly, Alex y Néstor Raúl podían estar muertos porque escuchó que los habían enterrado “en una fosa común en el barrio Bonfil”.
Daniela cree que Óscar está muerto. “Así lo siente mi corazón”, dice la joven.
Santiago y doña Carmen ya no guardan esperanzas de que Néstor Raúl aparezca con vida. Ellos enterraron a Sebas el 5 de enero en un cementerio de Medellín, y Santiago comentó que ese sepelio valía para su hermano y para su padre.
Pero Aleida Guisao Gil, la madre de Yesly, cree que su hija está viva. Tiene la ilusión de que alguno de sus secuestradores se haya enamorado de ella o que quizás esté recluida en un burdel del Caribe, del que algún día escapará. Aleida piensa viajar a México a demandar personalmente justicia.
Daniela concluye que “de lo único de lo que estoy segura es de que ya no confío en nadie de México y de que Cancún no es el paraíso”.
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